Desde hace más de un año, la imagen de un joven en bicicleta con casco, chaqueta y una gran mochila con el logotipo de Deliveroo repartiendo comida se ha convertido en habitual en las grandes ciudades. Sobre el papel, ese rider no forma parte de la plantilla de la empresa de reparto. Sería un “proveedor de servicios”, se lee en los contratos que Deliveroo ha firmado con unos 1.000 repartidores en toda España. En el encabezamiento de esos documentos intenta aclararlo más al afirmar que es un “contrato de servicios” de un “trabajador autónomo”.
Con este modelo laboral, la compañía se evita dar de alta en la Seguridad Social a los trabajadores y pagar las cotizaciones correspondientes en el régimen general, el de los asalariados. Ambas cargas las delega, obligatoriamente, en el repartidor. Pero la Inspección de Trabajo rechaza este modelo, según figura en un acta de liquidación concluida el 11 de diciembre a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Esta acta forma parte del expediente abierto por varias denuncias presentadas en Valencia y, por tanto, no afecta a todos los repartidores de la empresa en toda España. No obstante, hay más actuaciones de la Inspección abiertas sobre Deliveroo tras las denuncias promovidas desde Riders por derechos, articuladas a través de Intersindical, en Valencia, Barcelona y Madrid.
“En el presente supuesto, no obstante la existencia formal de contratos y facturas entre ambas partes, la relación civil que pretender crear esconde, en realidad una verdadera relación laboral”, expone la Inspección en la primera resolución sobre qué tipo de relación tienen empleado y empleador en empresas digitales de reparto. Que haya un contrato suscrito que diga que la relación es la propia entre un autónomo que presta sus servicios a Deliveroo, buscando la regulación mercantil, no es determinante. “Debe prevalecer el verdadero contrato sobre el pacto fingido o aparentado”, zanja.
Esta es la forma oficial de decir que, en opinión de la Inspección, los repartidores son falsos autónomos. Lo que le lleva a pedirle 160.814,9 euros por las cotizaciones no pagadas, más los recargos correspondientes de un centenar de trabajadores de la empresa en Valencia.