Iniciado por
Caballerosis
Durante los años 1999 y 2007, los bajos tipos de interés propiciaron la entrada masiva de recursos financieros, debido a la gran liquidez internacional que había durante los primeros años de siglo, potenciada tras la implantación de la moneda única.
La entrada de capitales trajo consigo un fuerte aumento de la demanda interna, la cual crecía a un ritmo superior al de la oferta, por lo que se produjo un considerable aumento de los precios, muy por encima de los demás países de la zona euro.
La banca española daba préstamos a bajos tipos de interés para prestar a largo plazo, lo que les proporciona tipos más altos que a corto. De esta forma, la banca acumula mucha deuda a corto plazo mientras tiene invertidos sus activos a largo plazo, lo que conlleva un alto riesgo de impago, pero un suculento beneficio.
Este comportamiento es simulado también por familias y empresas, que se contraerán deuda por encima de su capacidad ante las grandes perspectivas de crecimiento y la facilidad del crédito otorgado por las entidades financieras, que se ven capaces de asumir grandes riesgos bajo el paraguas del Banco Central y la protección del Estado, el cual es también financiado a su vez por la banca, protegerá a esta del posible riesgo de suspensión de pagos.
Lo hará, por una parte, a través de la actuación del Banco Central que refinanciará la deuda de los bancos a corto plazo mediante políticas de expansión monetaria: Debido a que el BCE es capaz de refinanciar la deuda de la banca, esta podrá de expandir el crédito con bajos tipos de interés de manera ilimitada.
Por otro lado, mediante la creación un fondo de garantía de depósitos (Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito) con el fín de proteger a ahorradores y acreedores ante, una posible quiebra de la entidad bancaria.
Estos dos elementos, hacen que tanto la banca como los acreedores pudieran asumir grandes riesgos que sin dicha intervención, no habrían podido llevar a cabo. La consecuencia del endeudamiento masivo fue el crecimiento de la demanda interna, que como habíamos dicho antes, provocó una gran subida de los precios (crecimiento del deflactor del pib de un 40% entre 1999 y 2007)
Esta subida de los precios hizo que se produjera una pérdida de competitividad respecto a los demás países de la zona euro.
Consecuencia del crecimiento de la demanda interna, fue también el incremento de las importaciones para satisfacer dicha demanda, lo que provocó un alto déficit en la balanza de pagos (exportaciones menos importaciones) y un alto endeudamiento con el exterior.
Dicha deuda contraída por entidades de crédito, familias y empresas, se canalizó principalmente hacia el sector de la construcción, lo que daría lugar a una gran burbuja inmobiliaria que terminó por explotar en el año 2008: Aunque la oferta no hacía más que crecer gracias al abundante crédito, la demanda crecía más rápido ante las perspectivas de crecimiento del sector y la constante revalorización al alza de los activos inmobiliarios.
La burbuja inmobiliaria tuvo efectos positivos de manera colateral en muchos otros sectores empresariales: El crecimiento de la demanda en viviendas e inmuebles, provocó un aumento de la demanda en otros mercados.
El auge de la construcción y la vigorosa creación de puestos de trabajo, trajo también consigo un aumento de la recaudación impositiva por parte de las administraciones públicas, lo que propició otra burbuja de gasto público, que en muchas ocasiones fue dirigido a actividades con poca o nula rentabilidad, fundamentalmente en infraestructuras.
El superávit de las administraciones públicas propició además una incremento en las partidas presupuestarias destinadas a la oferta de servicios públicos (sanidad, educación…) difícil de mantener en un escenario de recesión como el que llegó tras el final de la burbuja.
La fuerte inversión que se había llevado a cabo en actividades poco rentables o incapaces de generar rendimientos, hizo que fuera imposible pagar las deudas contraídas, lo cual provocó una caída de la demanda interna que llevó a la quiebra de innumerables empresas, sobre todo pequeñas y medianas con una reducida capacidad de financiación.
La quiebra de dichas empresas trajo consigo la destrucción de 3,5 millones de empleos, con lo que la tasa de paro llegó a situarse por encima del 25%
Consecuencia de todo ello fue la contracción de una fuerte deuda por parte del Estado, ya que éste dejó de percibir los grandes ingresos derivados de la fuerte actividad económica de la burbuja. De este modo se llevaron a cabo recortes en muchas partidas presupuestarias, con el consecuente empeoramiento de la calidad de los servicios públicos.
Los problemas de solvencia llegaron a las entidades de crédito, que se encontraron con multitud de activos inservibles y una alta morosidad ante la incapacidad de sus clientes para afrontar los pagos de sus préstamos.
Dichos problemas se solventaron mediante la fusión de entidades y las ayudas percibidas por parte del BCE, que inyectó liquidez al sistema bancario para detener la desconfianza y la salida de capitales, para resolver así la incapacidad de las entidades financieras y administraciones públicas para encontrar de nuevo financiación en los mercados internacionales.
Mientras que los costes internos de las empresas que vendían en el interior, han experimentado un aumento de los costes a lo largo de los años de la burbuja (provocando con ello una pérdida de la competitividad), los sectores dedicados a la exportación no han experimentado grandes pérdidas.
De este modo, las exportaciones han estado constituyendo el principal motor para la recuperación de la economía española y la corrección de los desequilibrios en la balanza de pagos.
Tras varios años de recesión y ajustes prespuestarios, familias y empresas han logrado desapalancarse en gran medida, lo que ha permitido un repunte de la actividad económica gracias a u incremento del gasto y el saneamiento de las entidades financieras que se ven de nuevo en condiciones para prestar crédito. Mientras tanto, la deuda pública ha alcanzado máximos históricos, sobrepasando el 100% del PIB