Torra declara ante el juez que la orden de retirar los lazos amarillos era "imprecisa

EN PLENA CAMPAÑA ELECTORAL


Torra declara ante el juez que la orden de retirar los lazos amarillos era "imprecisa"


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El presidente de la Generalitat sostiene que la Junta Electoral Central no era competente para acordar esa medida
El mandatario no responde a las preguntas de Vox, que ejerce la acusación popular, por "decencia democrática"
J. G. Albalat / Fidel Masreal




El 'president' Quim Torra, argumentó ante el juez que la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos era "imprecisa", a la vez que subrayó que este organismo electoral no era el competente para acordar esa medida, sino las juntas provinciales catalana. El equipo jurídico del mandatario considera que ese requerimiento es legalmente nulo. El jefe del Ejecutivo ha invocado a la libertad de expresión y pensamiento político consagrada en los derechos humanos para mantener los lazos y símbolos de apoyo a los independentistas presos.


Torra estaba citado a declarar a las 10.30 horas por su imputación a raíz de la querella por desobediencia presentada por la fiscalía al haber desoído en marzo la orden de la JEC de retirar los lazos amarillos. Desde primera hora de la mañana, el magistrado del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) e instructor de la causa, Carlos Ramos, le estaba esperando para su interrogatorio como imputado. El presidente ha acudido al Palacio de Justicia de Barcelona arropado por los miembros de su Gobierno, excepto los titulares de los departamentos de Justícia e Interior, así como por diputados soberanistas.


Frente al edificio judicial de Lluis Companys, la comitiva han sido recibida por unas doscientas personas convocadas por la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, la Associació de Municipis per la Independència (AMI) y la Associació Catalana de Municipis (ACM), que han denunciado, según un comunicado conjunto, que se haya vuelto "a poner en evidencia la vulneración de los derechos y las libertades fundamentales por parte de las instituciones judiciales".


Torra ha expresado a primera hora de esta mañana vía Twitter las intenciones con las que acude al TSJC: "Iré a acusar al Estado de esta deriva autoritaria" y a "defender la libertad de expresión hasta las últimas consecuencias".


La declaración de Torra ha durado 45 minutos. El 'president', según las fuentes consultadas, ha respondido a cinco preguntas del fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, y a las de su abogado, Gonzalo Boye. En cambio, ha rechazado contestar al letrado de Vox, que ejerce la acusación popular, por "decencia democrática". Según fuentes de la defensa del presidente, el magistrado Carlos Ramos les ha conminado a no desvelar a los medios de comunicación datps sobre el interrogatorio del jefe del Ejecutivo "hasta después de las elecciones". Boye, eso sí, ha asegurado que su representado ha sido "coherente" con las afirmaciones realizadas hasta ahora respecto a la polémica de los lazos.


Informe del Síndic de Greuges
Después de la declaración, el juez Carlos Ramos ha requerido al gabinete de comincación del presidente que entregue una copia de dos comunicados de prensa relacionados con los requerimientos de la Junta Electoral precisando la hora y los medios en que fueron publicados. También ha pedido al Síndic de Greuges copia del informe que realizó sobre la exhibición de símbolos.


La querella interpuesta por el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, acusa a Torra de desatender "reiteradamente" las órdenes de la Junta Electoral Central cuando mantuvo simbología "partidista" en edificios públicos, entre ellos el Palau de la Generalitat, lo que en su opinión reviste "especial gravedad en cuanto incide directamente en el derecho de participación política de la totalidad de la ciudadanía".


Mensaje desafiante
En una comparecencia posterior en el Palau de la Generalitat, Torra subrayó el tono político desafiante contar el Gobierno y el Estado español, a los que acusóa de perpetrar una "maniobra" represiova contra el independnetismo usnado las instituciones y aparatos de poder. Aseguró que "si la democracia española no aguanta esta defensa [de derechos y libertades] pagaré el precio que haga falta" y en este sentido djo que iría "hasta las últimas consecuencias", obviando que finalmente sí obedeció a la JEC y retiró los lazos y 'estelades'. Y en términos jurídicos destacó que la resolución de la JEC prohibiendo los lazos era nula porque no era el órgano competente.


Actitud consciente y deliberada
Por su parte, la acusación pública sostiene que el mandatario catalán desoyó "consciente y deliberadamente" el requerimiento "claro y expreso" emitido por la JEC y mantuvo los elementos que la Junta le pedía retirar, "aunque fuera de manera encubierta y simbólica".


Tras recibir el ultimátum de la Junta Electoral, el pasado 18 de marzo, Torra anunció que seguiría las recomendaciones del Síndic de Greuges sobre el asunto y, tres días después, sustituyó la pancarta por los dirigentes independentistas presos del Palau de la Generalitat por otra con el mismo mensaje, pero con un lazo blanco con una franja roja, en vez de amarilla. Ello motivó una nueva resolución de la JEC, que acordó llevar el caso a la fiscalía y abrir un expediente sancionador al presidente catalán. El delito de desobediencia está castigado con multa e inhabilitación.

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