Hilo para descojonarse de los independentistas

Artículo 155: así se aplicaría el último recurso del Gobierno contra el 1-O
Se trata de una medida extraordinaria que da poderes al Gobierno para intervenir una autonomía bajo el control del Senado





La convocatoria de un referéndum sobre la independencia en Catalunya, suspendido por el Tribunal Constitucional, y el consecuente agravamiento del conflicto institucional y político han vuelto a colocar a un artículo de la Constitución en primera línea informativa. El 155 quizás ya sea el más comentado y debatido –a excepción quizás del 2– durante estos años de proceso soberanista. Y lo ha sido a pesar de que nunca se ha desarrollado legalmente ni aplicado, lo que de hecho abre muchas dudas sobre su uso.

Por otro lado, su redactado es sencillo. Permite al Gobierno “adoptar las medidas necesarias para obligar” a una Comunidad Autónoma a “cumplir sus obligaciones con la Constitución” y a restablecer la normalidad si esta comunidad “atenta gravemente contra el interés general”. Estas medidas facultarían al Gobierno “la protección del interés general”.
El artículo deja claro que debe haber un “requerimiento previo” por parte del Ejecutivo al presidente de dicha comunidad. Es decir, Mariano Rajoy debería advertir previamente a Carles Puigdemont. Si el presidente catalán no atendiera a las advertencias, entonces el Gobierno pediría autorización al Senado para intervenir directamente. La cámara debe aprobar las medidas que le presente el Ejecutivo por mayoría absoluto.

El texto faculta a Rajoy para que, con la autorización del Senado, adopte “las medidas necesarias para obligar” a una Comunidad Autónoma a “cumplir sus obligaciones con la Constitución”
Naturaleza política

Expertos consultados por La Vanguardia remarcan que el artículo 155 tiene su equivalente en la mayoría de constituciones de países del entorno con una estructura federal o “casi federal”, como sería el caso de España. De hecho, la redacción del artículo es casi idéntica al 37 de la llamada Ley Fundamental de Bonn, es decir, la carta magna alemana. También recuerdan que en países como Italia, el artículo equivalente se ha usado más a menudo y a veces con consecuencias más graves para la región que lo que la propia Constitución española permite.

Para saber del alcance del 155, hay que entender su naturaleza política. “La Constitución prevé un control jurídico de las comunidades mediante el artículo 153. Se aplica mediante el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o la jurisdicción contencioso-administrativa para conflictos ordinarios”, explica Javier García Roca, catedrático de Derecho Constitucional de la Univesidad Complutense de Madrid. En contraste, “el 155 supone ya un control político y tiene lugar en una situación extraordinaria”, mantiene, por lo que, ”se le suele llamar coacción federal, lo que ya implica fuerza”. De esta manera, esta aplicación se podría interpretar un cambio de estrategia del Gobierno popular que, hasta el momento, ha optado siempre por judicializar la cuestión.

Los límites del 155 no están claros: posiblemente el Gobierno no podrá suspender la autonomía, porque eso supone cambiar la estructura del Estado
Medidas y sus límites

Al ser un mecanismo de control político, no están previstas las medidas que puede tomar el Gobierno. En este sentido, el abanico sería muy amplio aunque hay división de opiniones sobre los límites que tendría el Ejecutivo. García Roca mantiene que el margen es casi total siempre y que se someta al propio control del Senado y rija el principio de proporcionalidad. Dentro de estos márgenes, cabría desde el control de las cuentas de la Generalitat, órdenes y toma de control de conselleries o la destitución de cargos de la administración a incluso la disolución del Parlament, argumenta.

¿Entra dentro de esas posibilidades la suspensión de la autonomía? Eduardo Vírgala, catedrático también de Constitucional de la Universidad del País Vasco considera que esa es “la única excepción”. “No cabría la suspensión de la autonomía porque eso supone transformar el Estado autonómico, modificar el modelo de Estado, que ya está consolidado por el artículo 2”, mantiene. En este sentido, subraya que el artículo 155 “no puede ser un procedimiento de reforma constitucional”.

Está de acuerdo en este punto Xavier Arbós, constitucionalista de la Universitat de Barcelona, quien discrepa, en cambio, de que la disolución de la cámara catalana sea posible por el 155. “Se habilita al Gobierno para dar instrucciones a todas las autoridades de la comunidad autónoma, pero no puede modificar el Estatut, que sería lo que ocurriría si ordenase disolver el Parlament”, alega.

Sí existe consenso en que el Gobierno no tendría un límite de tiempo aplicar sus medidas excepcionales. Estaría sujeto al cumplimiento de los objetivos, es decir, a “corregir la situación” y “volver a una situación de normalidad constitucional”.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, debería pedir autorización al Senado, que debe aprobar las medidas excepcionales por mayoría absoluta. El PP tiene la mayoría absoluta en la Cámara Alta
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, debería pedir autorización al Senado, que debe aprobar las medidas excepcionales por mayoría absoluta. El PP tiene la mayoría absoluta en la Cámara Alta (Kiko Huesca / EFE)
¿Sería aplicable ahora?




Los expertos entienden que la “gravedad” de la situación puede justificar jurídicamente el uso del 155. “Lo ocurrido en el Parlament es muy grave. Las dos leyes aprobadas suponen situarse al margen de la Constitución, es un quebramiento constitucional que podrían justificar cualquier medida –opina García Roca–. No creo que nadie, en terminos estrictamente jurídicos, pueda defender que el Gobierno estaría vulnerando la Constitución si lo aplicara”.

De la misma opinión es Vírgala. A su juicio, “un parlamento que aprueba esta ley de transitoriedad ya ha roto la Constitución”, por lo que “el presupuesto del 155 ya se da”. Pese a no negar la situación de ruptura, Arbós es más prudente: “La lógica de todo el sistema es que lo que es excepcional no se aplique hasta que antes no se hayan intentado todas las vías menos gravosas”. Además, “el redactado es tan genérico que, forzándolo, se podría haber aplicado al no cumplirse el objetivo de déficit, por ejemplo”, pero, a su juicio, no se trata de cuando, sino de “haber intentado antes otras actuaciones que tengan menor interferencia en el derecho a la autonomía”

En todo caso, hay consenso en que se tratará de una decisión política y que, por lo tanto, debería valorarse en terminos de oportunidad y conveniencia para solucionar el problema. “Una cosa es que jurídicamente esté plenamente justificado, a mi no me cabe duda, otra es si es oportuna y si no calentaría los ánimos demasiado en Catalunya”, subraya García Roca, que se pregunta pues si aplicar el 155 no sería malo para el “necesario diálogo” que debe producirse a partir del 2-O.

Abunda en ello Arbós: “El 155 ya ha alcanzado una dimensión simbólica. Cuando se aprobara, el titular sería Se ha suspendido la autonomía, y se interpretaría como un mensaje tanto a independentistas como a los sectores del PP que piden más mano dura”.

La mayoría de los expertos cree que la gravedad de la situación actual, con la aprobación de las leyes de ruptura, justifica la aplicación del 155; otra cosa distinta es si sería oportuno políticamente
El papel del Senado

En la aplicación del citado artículo, el Senado adquiriría un verdadero protagonismo al que los españoles no están nada acostumbrados. Como ya se ha dicho, sería la única cámara que autorizaría las medidas extraordinarias del Gobierno y podría ejercer el control parlamentario.

El procedimiento sería sencillo. El Gobierno debería presentar una proposición clara cada una de las medidas concretas que pensara adoptar y cabría la posibilidad de enmiendas. ”No puede ser una carta blanca al Gobierno”, subrayan los constitucionalistas consultados. Sin embargo, hay que recordar que el PP domina la Cámara Alta con mayoría absoluta.

Respecto al debate que hubo este verano sobre de los plazos de la tramitación –el PP llegó a decir que no podría aplicarse en el caso del 1-O por falta de tiempo y después rectificó–, tanto García Roca como Vírgala recuerdan que no existen plazos por lo que “la aplicación podría ser exprés”. “Lo razonable sería un procedimiento de urgencia ante una amenaza excepcional”, subraya el catedrático de la Complutense.

Control de las cuentas: ¿155 por la puerta de atrás?

El 155 ha suscitado otro debate estos últimos días. La Generalitat ha acusado al Gobierno de Rajoy de ya estar aplicándolo “por la puerta de atrás” al ya haber tomado el control de las finanzas de la administración catalana. Los constitucionalistas consideran que, en este caso, la interpretación del gobierno de la Generalitat podría estar en lo cierto.

Sin embargo, Eduardo Vírgala va más allá y cree que es “exagerado jurídicamente” entenderlo como una aplicación del 155 y considera que la ley de Estabilidad Presupuestaria ya habilita al Ejecutivo para intervenir las cuentas de la Generalitat.

Los plazos de tramitación en el Senado no están fijados, de manera que la aplicación podría ser exprés

http://www.lavanguardia.com/politica...cacion-1o.html

LA AUTORIDAD JUDICIAL TENDRÁ LA DECISIÓN FINAL
El dilema de la policía: "Si la gente se abraza a las urnas, quizá no podremos sacarlas"
Los independentistas saben que una presencia masiva en los locales de votación puede retrasar la retirada de urnas. Guardia Civil, Policía y Mossos d'Esquadra valoran esa opción





Es el gran dilema de las fuerzas de seguridad para el 1 de octubre. ¿Cómo ejecutar la orden judicial de requisar las urnas si hay 50, quizá 100 personas abrazadas a ellas en cada local de votación? Es un escenario muy probable y genera dudas en los distintos cuerpos policiales. La principal: cómo llevarse una urna de la que cuelgan varias personas respetando la proporcionalidad en el uso de la fuerza. Los partidarios del referéndum conocen esa pequeña grieta ética y la quieren explotar, tal como demuestran los mensajes de WhatsApp que ya circulan por toda Cataluña, en los que se pide a la gente acudir muy temprano a votar para impedir con su presencia masiva la actuación policial.
Quizá sería peor el remedio que la enfermedad. No puedes entrar a un sitio repartiendo palos a personas no violentas
"Es un asunto muy complejo", reconoce Francesc Vidal, secretario del Sindicato Independiente de los Mossos d’Esquadra (USPAC). "Nuestras actuaciones se rigen por un código ético, y en este caso quizá sería peor el remedio que la enfermedad. No puedes entrar a un sitio repartiendo palos a personas que no ejercen violencia. Si una patrulla llega a una mesa con un censo de 5.000 votantes, como pasará en muchas ciudades grandes, y a las nueve de la mañana se encuentra a 200 personas ahí dentro protegiendo las urnas, quizá no procede realizar la orden judicial en ese momento sino actuar pasadas unas horas. No podemos provocar un desorden público cuando encima no tenemos efectivos suficientes para controlarlo".



Los Mossos d'Esquadra protegen una operación de la Guardia Civil en Sant Feliu de Llobregat. (EFE)

Vidal dibuja el procedimiento policial más probable para el 1 de octubre: "Si una patrulla llega a un colegio y no puede retirar las urnas, los pasos a seguir son, primero, comunicar a tu mando que hay mucha gente y que no procede realizar la orden que se ha dado, y tomar fotografías para adjuntar en las diligencias. Luego abandonas el lugar y mandas un informe al estamento que te ha hecho el requerimiento, diciendo que debido al gran número de personas no se han podido retirar las urnas, ya que podría comportar un agravante de seguridad. Luego ese estamento, en este caso el juez, puede decidir si hay que volver a ese lugar y emplear el uso de la fuerza o esperar, ya que mediante las fotos puedes identificar y sancionar a mucha gente".
Si un 'mosso' encuentra resistencia en un colegio y lo adjunta en las diligencias, Fiscalía no le puede reprochar que no ejecute la orden
Todo apunta, pues, a que el 1 de octubre todo ocurrirá muy temprano. Los votantes con más celo acudirán en masa a primera hora y las fuerzas de seguridad tendrán que hacer lo mismo si quieren tener margen de maniobra para ejecutar la orden judicial. "Si por ejemplo una patrulla acude a las 10 de mañana a un colegio, a las 11:30 ya pueden tener las diligencias listas en Fiscalía y en el juzgado que te manda, y ya ellos decidir si hay que usar la fuerza o dejar que se vote hasta el finalde la jornada. Habrá muchos jefes de Mossos d’Esquadra pendientes de ver qué se están encontrando sus agentes en el territorio para poder actuar con agilidad en cada caso", prosigue Vidal. Y subraya: "Si un 'mosso' encuentra resistencia en un colegio, toma fotografías de lo que se encuentra y lo adjunta en las diligencias, ni Fiscalía ni nadie le pueden reprochar que no haya ejecutado la orden".



La Fiscalía del TSJC ha requerido al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, retirar las urnas. (EFE)


El ejemplo del País Vasco

Fuentes de Policía Nacional y Guardia Civil son algo más optimistas sobre la capacidad de requisar las urnas. "Hay que evitar en la medida de lo posible entrar en situaciones de violencia, pero las urnas se van a retiran. Tenemos experiencia en casos similares mucho más delicados. En los astilleros, en las minas, en el País Vasco con el terrorismo. Hay muchas manifestaciones en las que hemos encontrado actitudes mucho más agresivas, gente que se está jugando su puesto de trabajo y otros derechos, y hemos podido controlar la situación y preservar la ley. No creo que en Cataluña, con una gran mayoría de población no violenta, vaya a ser imposible retirar las urnas aunque haya resistencia", considera José Antonio Méndez, presidente de la Asociación Independiente de la Guardia Civil (ASIGC Profesional).
"No comparto que el hecho de sacar a las personas una a una vaya a provocar un problema de seguridad ciudadana mayor. Estamos para eso, las fuerzas de seguridad tenemos el derecho de coerción y el monopolio de la violencia siempre que esta sea proporcional, congruente y oportuna", indica Méndez. ¿Cómo de proporcional sería ese uso ante ancianos y adolescentes abrazados a una urna? El presidente de ASIGC lo tiene claro: "Se identifica y se retira a las personas una a una y se detiene a aquel que muestre una actitud violenta. Otra cosa es que la autoridad judicial nos acompañe a retirar las urnas y diga ‘de momento no las vamos a quitar’. En ese caso, no se hará nada".



Muro solidario de Segi en Vitoria, un ejemplo de escenario policial para el 1-O. (EFE)

"Por mucho que haya gente atrincherada en locales de votación, no van a estar 12 horas allí, y las patrullas no tienen una hora fija y simultánea de llegada. Además, en muchos núcleos pequeños va a ser difícil emplear esa estrategia. Estoy seguro de que se va a poder cumplir la orden de la Fiscalía", indica Antonio Labrado, secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP). "El proceder de las patrullas será muy claro: identificar a las personas que han organizado el colegio electoral, identificar al bedel para ver si ha recibido órdenes de abrirlo y de quién, y luego requisar urnas y papeletas. Todo eso, con el objetivo de poner a disposición judicial indicios y pruebas de la comisión de un delito".
Labrado espera, como el resto de sus colegas, "una resistencia pasiva". Y pone como ejemplo gráfico las 'murallas solidarias' del País Vasco, donde cientos de personas sentadas ejercían de barrera humana para evitar que la Ertzaintza detuviera a un acusado de terrorismo. "Esto es igual. Hay que ir identificando y sacando a la gente. Hay sitios donde se tardará un minuto en poder acceder a las urnas y otros en los que habrá problemas más grandes. Pero yo no espero reacciones violentas".
Hay sitios donde se tardará un minuto en poder acceder a las urnas y otros en los que habrá problemas más grandes
A este respecto, el presidente de ASIGC advierte: "La resistencia ciudadana no va a pasar de ahí. Será una situación de estrés como las que vivimos siempre: habrá voces, insultos, escupitajos, algún que otro empujón… Son cosas que vivimos en cualquier desahucio, sin ir más lejos. Si hay un conato de violencia, solo será la excepción que confirma la regla".
Pedro (nombre ficticio) lleva 24 años trabajando en el País Vasco y conoce muy bien la sensación de acudir a un lugar masificado y hostilpara cumplir un mandato judicial: "No se puede hacer un paralelismo con el País Vasco, pero hay ciertas cosas extrapolables. Hace tres o cuatro años hubo varios en los que se emitió una orden de arresto, y ya desde el día siguiente había hasta 1.000 personas protegiendo al acusado, como ocurrió en Ondarroa. La Ertzaintza tuvo que ir una a una sacando a la gente y al final lograron el objetivo. En Pamplona recuerdo que pasó igual. En estos casos tienes que usar la fuerza, pero no la proporcionalidad, porque para eso necesitarías a cientos de policías".


GUARDIAS CIVILES DURMIENDO EN COLCHONETAS Y CON LOS "NERVIOS A FLOR DE PIEL" ANTES DEL 1-O

DAVID BRUNAT
Miles de agentes se mentalizan ya para lo que consideran "el servicio más duro" de sus carreras. Y lo hacen denunciando el maltrato de sus superiores y exigiendo mejor salario


En el caso del 1 de octubre, Pedro opta por actuar con paciencia pero sin titubeos. "¿Qué hacemos? ¿Llevamos una UIP [unidad antidisturbios] a cada mesa electoral? Es imposible, cada patrulla tendrá que enfrentar sola momentos de tensión. Emplear la fuerza es muy desagradable, genera una tensión enorme y tratas de evitarla siempre, pero tampoco podemos permitir que la gente haga lo que le dé la gana, sean ancianos o jóvenes. Habrá que identificar a todas las personas que se resistan, citarlas judicialmente y ponerles multas de 500 u 800 euros. El problema es que eso lleva tiempo y hay que disponer de personal, y las fuerzas de seguridad estamos en cuadro".
Aunque también existe la posibilidad de que nada de todo esto ocurra si, como comienzan a circular ya los rumores, la Guardia Civil está convocando a sus efectivos el 1 de octubre a las siete de la mañanapara interceptar las urnas antes de que entren en los locales de votación. Otra opción que se baraja es entrar con la orden judicial en esos locales desde antes de su apertura y evitar el referéndum.








https://www.elconfidencial.com/espan...ossos_1445606/

Flores indepes a la guardia civil

nen que pupita

ENVIADOS POR EL MINISTERIO DE INTERIOR
"Fuera las fuerzas de ocupación": la Policía sufre escraches nocturnos en Cataluña
Aunque este martes es el primer día que aparecen grafitis en las paredes de su hotel, los agentes llevan sufriendo escraches desde el pasado miércoles, cuando llegaron a Reus

Fuera las fuerzas de ocupación". Con este cántico han recibido decenas de manifestantes independentistas a los antidisturbios de la Policía Nacional que el Ministerio del Interior ha enviado a Cataluña ante la escalada del proceso independentista. Alojados en un hotel de Reus, los agentes han tenido que aguantar desde el pasado miércoles varios escraches que se han organizado frente a las puertas del edificio, donde también han aparecido la mañana de este martes pintadas en las que puede leerse "fuera policía".
En un vídeo al que ha tenido acceso este diario y que ha sido grabado por uno de los policía, se ve cómo decenas de personas se concentraron el pasado viernes frente a su hotel y ondearon esteladas mientras gritaban consignas contra ellos. "Los escraches duraron hasta la 1:30 de la madrugada y allí no apareció ni Mossos ni policía local. En el hotel se encuentran dos grupos de la UIP, unos 100 policías, y las pintadas han aparecido en la fachada del edifico esta mañana [martes]", explican a El Confidencial desde la Unión Federal de Policía (UFP) de Cataluña.


Aunque este martes es el primer día que aparecen grafitis en las paredes, los agentes llevan sufriendo escraches desde el pasado miércoles, cuando llegaron a la ciudad. En este sentido, fuentes del cuerpo critican que ese mismo día se subió a las redes sociales una grabación desde una cuenta anónima en la que se les veía entrar al hotel, lo que habría permitido a los manifestantes organizarse desde el mismo momento en el que pusieron un pie en Cataluña.
1200 antidisturbios, rumbo a Cataluña
Según ha podido saber El Confidencial, el Ministerio de Interior va a desplazar hasta 24 grupos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) a Cataluña por el referéndum. Teniendo en cuenta que cada uno de ellos está formado por alrededor de 50 agentes, esto supone movilizar a alrededor de 1.200 antidisturbios antes del 1 de octubre.


En lo que se refiere a los lugares de los que proceden, cinco grupos forman parte de las unidades que trabajan en Valencia y otros tres de las de Zaragoza, a los que se sumarán en los próximos días otros procedentes de Asturias, Galicia, País Vasco y Andalucía.

https://www.elconfidencial.com/espan...aluna_1445924/

Peligro spray

Cuelgan carteles falsos de C's, PSC y PP a favor del 'no' para incentivar la participación
En el cartel del PSC puede leerse 'Vota 'no' y construyamos una nueva España'; en el de Cs, 'Vota 'no'. Ciudadanos unidos, ciudadanos mejores', y en el del PP, 'Por España, vota 'no'






Carteles falsos de Cs, PSC y PP a favor de votar 'no' en el referéndum del 1 de octubre han aparecido la mañana de este martes en varias localidades. A falta de que se conozcan nuevos datos sobre los responsables de esta acción, todo apunta a que forma parte de una campaña para incentivar la participación.
Según fuentes socialistas, el PSC llevará este martes a la Fiscalía "la usurpación de las siglas y la marca en una campaña ilegítima", ya que el posicionamiento del partido es el de no tener nada que ver con una votación que ve ilegal y que por eso llama a la ciudadanía a no ir a las urnas.

En el cartel del PSC puede leerse 'Vota 'no' y construyamos una nueva España'; en el de Cs, 'Vota 'no'. Ciudadanos unidos, ciudadanos mejores', y en el del PP, 'Por España, vota 'no''.



https://www.elconfidencial.com/espan...um-1o_1445899/

Los primeros alcaldes investigados por apoyar el referéndum se acogen a su derecho de no declarar

Los responsables de Oliana, Pont de Suert y Mollerussa ya han acudido a los juzgados





Los primeros alcaldes llamados a declarar por querer colaborar con el referéndum del 1 de octubre ya han pasado por los juzgados. Esta mañana han sido los responsables de Oliana y Pont de Suert los primeros en acudir a la Seu d’Urgell para responder a las preguntas del fiscal, mientras que el edil de Mollerussa, Marc Solsona, ha tenido que comparecer ante la Fiscalía Superior de Catalunya por su condición de aforado. Los tres se han acogido a su derecho de no declarar.

El edil de Oliana, Miquel Sala, ha sido el primero en tener que pasar por los juzgados. No lo ha hecho solo, le han acompañado hasta las puertas un centenar de políticos de la zona. Entre el público estaban la senadora del PDeCAT, Maite Rivero, y los presidentes de los consells comarcals de Alt Urgell y Alta Ribagorça.
Se han escuchado cánticos de “votaremos”, “no tenemos miedo” y hasta canciones como ‘L’Estaca’ o ‘Els Segadors’. Un apoyo que se ha repetido con la entrada en los juzgados de Josep Antoni Troguet, alcalde de Pont de Suert. Después de elegir no declarar fueron recibidos a la salida como héroes con aplausos y vítores.

Los tres alcaldes se han negado a prestar declaración, dado que consideran que el ministerio público se está extralimitando al imputarles, teniendo en cuenta que la causa del referéndum está judicializada.

Se investiga a los ayuntamientos que tienen previsto colaborar con el 1 de octubre
Ellos forman parte de los 37 alcaldes catalanes que ya han sido citados a declarar para los próximos días. Una cifra que ascenderá próximamente mientras se investiga en profundidad a los ayuntamientos que han declarado abiertamente que colaborarán con el 1 de octubre. Tienen previsto abrir locales públicos, pese a haber sido suspendido el referéndum por el Tribunal Constitucional.

Según informa en su página web la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), los alcaldes han sido citados a declarar entre hoy y el próximo lunes en las fiscalías territoriales de Tarragona, Lleida, Girona y Barcelona y, en el caso de los diputados del Parlament aforados, en la Fiscalía Superior de Justicia de Catalunya. Además, entre los próximos días 20 y 25 de octubre, han sido llamados a declarar otros 34 alcaldes de toda Catalunya, en las fiscalías territoriales o provinciales.

Forcadell apoya a los alcaldes
Por su parte, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha afirmado hoy que las querellas “no pararán la voluntad” de los alcaldes con el referéndum. Insiste en que los catalanes podrán votar y lo ha vuelto a decir mientras arropaba a Marc Solsona en el TSJC.

Forcadell ha reiterado que el referéndum cuenta con “garantías”, que vienen dadas a su juicio por la “voluntad” de los catalanes de votar y por el derecho internacional que reconoce, ha dicho, el derecho de autodeterminación de los pueblos: “El referéndum no es ilegal”, ha sentenciado.


http://www.lavanguardia.com/politica...ar-fiscal.html

LOS PRIMEROS IMPARAPLAS MUDOS

El TSJC creará un grupo de apoyo en los juzgados de guardia durante el 1-O
El órgano decide tomar esta medida ante la voluntad de algunos políticos de seguir adelante con el referéndum






El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) creará un grupo de seguimiento para dar apoyo a las actuaciones de los juzgados de guardia de Catalunya durante la jornada del 1 de octubre. Así lo acordó el pleno de la Sala del Govern del TSJC el pasado viernes, con la voluntad de garantizar que los jueces y magistrados catalanes actúen de “forma responsable con sometimiento pleno y exclusivo a la Constitución”.
El acuerdo de este órgano judicial detalla que con la creación de este grupo se quiere dar respuesta a los diversos escenarios en que se puedan encontrar los juzgados de guardia ante la voluntad de algunos políticos de seguir adelante con el referéndum.
Además, desde el TSJC explican que han decidido tomar esta decisión ante la suspensión de la ley del referéndum y de la de transitoriedad jurídica.


http://www.lavanguardia.com/politica...eferendum.html

Unipost, participada de forma mayoritaria por Anton Raventós Raventós y Pablo Raventós Sáenz, miembros de una de las familias más importantes de la burguesía catalana y propietaria de Codorniú, arrastra una deuda de alrededor de 50 millones de euros y está desde julio en concurso de acreedores.
En 2014, también después de recibir el 'no' de Correos, Unipost se encargó de buzonear la propaganda electoral para la consulta soberanista del 9-N.

Junqueras mantiene el pulso con Montoro: “Disponemos de los recursos para afrontar nuestras obligaciones”
El vicepresidente anuncia que el Supremo ha admitido a trámite su recurso y cree que tendrá “efectos suspensivos” sobre el control de las cuentas de la Generalitat




El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha anunciado este martes que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso del ejecutivo catalán contra la intervención del ministerio de Hacienda a las cuentas de la administración catalana. Aunque el Supremo ha dicho que la suspensión no es automática ni directa por la admisión a trámite, Junqueras cree que tendrá “efectos suspensivos” porque “así lo avala toda la jurisprudencia”.
Junqueras se ha mostrado muy crítico con la actuación “irresponsable” del Gobierno, que ha considerado que no tiene “ningún amparo legal”, ya que la ley de Estabilidad Presupuestaria, a su juicio, no contempla la intervención por los motivos que ha dado el Ejecutivo. “Están utilizando la ley de estabilidad para conseguir objetivos políticos. La ley se basa en directivas europeas. Nos dirigiremos a todas las instancias que correspondan”, ha subrayado, que considera que la actuación de Hacienda está “fuera del sentido común y de la ley”.


En este sentido, ha asegurado que su gestión al frente de las finanzas de la Generalitat ha sido “impecable” y ha sacado pecho por la reducción del déficit lograda, recordando que incluso el ministro Cristóbal Montoro elogió el pasado junio su gestión. Por ello, ha insistido en que el modo cómo ha actuado la Generalitat no justifica la intervención de las cuentas de la administración. “No aceptamos lecciones de un Gobierno que se está puliendo la caja de la Seguridad Social”, ha sentenciado.
También ha rechazado que la financiación del 1-O pueda justificar la intervención de Hacienda, cuyo alcance –el Gobierno pide controlar factura por factura– también ha censurado . “¿Qué tendrá que ver la factura del paracetamol con un referéndum?”, se ha preguntado.
El vicepresidente ha advertido de que el Govern “dispone de todos los recursos para hacer frente a todas sus obligaciones” y ha indicado que se pone a disposición de terceros, ya sea proveedores o entidades bancarias, para asesorarles en el caso de que “se vean perjudicados”. Por ello, ha anunciado que va a enviar notificaciones a las entidades para explicar su versión de la situación.
Preguntado sobre si la Generalitat va a enviar la lista de nóminas de los funcionarios a Hacienda, como el ministerio le requiere, Junqueras ha evitado contestar y se ha limitado a decir que actuará “con normalidad”.


http://www.lavanguardia.com/politica...n-cuentas.html

LOS INDEPENDENTISTAS CERCAN LA SEDE EN TERRA
La Guardia Civil registra Unipost y halla las notificaciones para las mesas electorales
Unipost es un servicio privado de mensajería que podría ser la alternativa a Correos, que avisó a sus trabajadores de que no debían enviar cartas relacionadas con el 1-O



La Guardia Civil ha registrado las sedes de la empresa de mensajería Unipost en L'Hospitalet de Llobregat y Terrassa en busca de material relacionado con el 1-O. Y los han encontrado. En una de ellas los agentes han hallado las notificaciones que la Generalitat debía haber enviado ya a los presidentes, vocales y suplentes que conformarán las meses electorales de cara al referéndum. Dichas notificaciones se han encontrado en sobres cerrados que no pueden ser abiertos sin una orden judicial. Además también han incautado otro material relacionado con el censo electoral, que podrían ser las tarjetas censales que la semana pasada el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, aseguró que los catalanes recibirían "muy pronto".
El teniente de alcalde de Terrassa, Miquel Samper, ha denunciado que el registro policial se ha hecho sin orden judicial. "Tienen 24 horas rectificar", ha dicho en Catalunya Ràdio.



Unipost, cuyo dueño (de la familia Raventós) es uno de los accionistas de Codorníu, es la misma que envió las notificaciones para la mesa electoral y la propaganda para la consulta del 9 de noviembre de 2014. Unipost, presidida por Antón Reventós Reventós y dirigida por Pablo Reventós Sáenz, presentó el pasado mes de julio un concurso de acreedores tras varios meses de impagos a trabajadores, proveedores y entidades bancarias. La empresa lleva años en números en rojos ya que acumula una deuda de más de 50 millones de euros y pérdidas por valor de 23 millones.
Hasta la sede de L'Hospitalet se han desplazado varios agentes, entre ellos una decena vestidos de paisanos. Lo primero que han registrado han sido las furgonetas que estaban preparadas para el reparto del día. Después han entrado en las instalaciones. Alrededor de las 8:45 horas han abandonado el recinto.

La Guardia Civil registra Unipost
Uno de los trabajadores de esta sede, Oscar, ha relatado a RAC1 que "he visto 10 furgonetas de la Guardia Civil y agentes con metralletas". En el interior, ha dicho, los agentes "estaban buscando las cartas de la gente que tenía que formar parte de la mesa."
Independentistas cercan la sede de Terrassa
La sede de Unipost en Terrassa también ha sido registrada. Hasta allí se han deplazado al menos seis dotaciones de la Guardia Civil.
+++++

https://www.elconfidencial.com/espan...rales_1445884/

El TSJC rechaza la recusación de los magistrados que hicieron Puigdemont y Turull




El Govern consideraba que "el tribunal llamado a dirimir esta causa no tiene entonces la imparcialidad exigible para enjuiciar el conflicto que nos ocupa"
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) no ha admitido la recusación de los magistrados que decidieron investigar por desobediencia el Govern que hicieron el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el conseller de Presidencia Jordi Turull. En su auto, el TSJC considera que la acción de los querellados "constituye un burdo intento de burlar el derecho al tribunal natural predeterminado por la ley para acometer la investigación y, en su caso, el enjuiciamiento de los hechos denunciados en la querella del Fiscal, que, como hemos dicho, no es otro que la Sala de lo Civil y Penal como Sala de lo Penal del TSJ de Catalunya, con el propósito de evitar que pueda darse la respuesta urgente que demanda en su querella el Ministerio Fiscal, y, precisamente, por esta tosca instrumentalización y por su absoluta falta de fundamento, integra un verdadero supuesto abuso de derecho y de fraude procesal tributario de la inadmisión a tramite".
Sobre el hecho de que también se quiera recusar a la magistrada que investigará esta denuncia, el tribunal también remarca que "el directo propósito de los querellados no es otro que el de dilatar injustificadamente la tramitación de la querella y el de procurar impedir el efecto ejecutivo inmediato del auto de admisión".
Puigdemont y Turll plantearon un incidente de recusación contra los cuatro magistrados, entre ellos el presidente del TSJC Jesús María Barrientos, al entender que no son imparciales y que la querella de la Fiscalía contra el Govern obedece a un "conflicto de naturaleza política". El incidente de recusación iba también contra los magistrados José Francisco Valls y Carlos Ramos, que formaban parte de la sala de admisión que acordó admitir a trámite la querella de la Fiscalía por el referéndum, así como contra Mercedes Armas, la juez que instruirá la causa contra los miembros del Govern.
En su escrito, Puigdemont y Turull mantienen que los tribunales españoles, en concreto el del TSJC, "no son imparciales para juzgar causas que tienen origen en un conflicto de naturaleza política", dado que en su opinión la independencia de los mismos ha sido cuestionada de forma expresa por "varios informes de organismos europeos". Para los querellados una prueba de esa falta de imparcialidad es la polémica causada por algunos de los más recientes nombramientos judiciales en Cataluña", por lo que adjuntan varios recortes de prensa relativas a la designación del presidente del TSJC y del de la Audiencia de Barcelona. "Queda entonces claro que la composición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no garantiza la imparcialidad de sus miembros para juzgar una causa que tiene origen en un conflicto de naturaleza política y que, en todo caso, afecta a políticos", añade el escrito del presidente y el portavoz del Govern

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/09/19/59c10b17ca474146138b45f2.htm

El Govern no se da por enterado de la intervención de las cuentas de la Generalitat





Montoro toma el control de las facturas y nóminas de la Generalitat y ordena a la banca que alerte de pagos ilegales
El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha dicho este martes por la mañana que la intervención de las finanzas catalanas que anunció el Gobierno el pasado viernes ha quedado suspendida. Ha asegurado que la admisión a trámite por parte del Tribunal Supremo del recurso de la Generalitat paraliza esas acciones.
Junqueras ha asegurado que "la jurisprudencia" del TS es clara al respecto, a pesar de que fuentes judiciales hacen una interpretación contraria, y aseguran que la admisión a trámite del recurso de la Generalitat no paraliza el cumplimiento de la orden del Gobierno.

Referéndum Cataluña 1-O

El Govern no se da por enterado de la intervención de las cuentas de la Generalita






Oriol Junqueras, fotografiado en el Parlament. JORDI SOTERAS






Montoro toma el control de las facturas y nóminas de la Generalitat y ordena a la banca que alerte de pagos ilegales
El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha dicho este martes por la mañana que la intervención de las finanzas catalanas que anunció el Gobierno el pasado viernes ha quedado suspendida. Ha asegurado que la admisión a trámite por parte del Tribunal Supremo del recurso de la Generalitat paraliza esas acciones.
Junqueras ha asegurado que "la jurisprudencia" del TS es clara al respecto, a pesar de que fuentes judiciales hacen una interpretación contraria, y aseguran que la admisión a trámite del recurso de la Generalitat no paraliza el cumplimiento de la orden del Gobierno.



En cualquier caso, el vicepresidente de la Generalitat, que también es conseller de Economía y Hacienda, ha puesto al Govern como ejemplo de gestión comprometida con el descenso del déficit, y ha añadido que por ello no tiene sentido, "ni legalmente ni por sentido común", que se invoque la Ley de Estabilidad para intervenir las finanzas catalanas.
"No es una cuestión de eficiencia, sino lo contrario. Aquí quien actúa de forma eficiente es el Govern. Y si no, pregunten a cualquier proveedor. Los irresponsables e ineficaces quieren controlar a los responsables y eficaces", ha asegurado Junqueras.
Tras presumir de la labor de la Generalitat en el frente económico, el vicepresidente catalán ha anunciado que enviarán cartas "tanto por vía administrativa como por vía notarial" a las entidades bancarias para evitar el bloqueo de las cuentas del Govern.
En el mismo sentido, Junqueras ha afirmado que sería "ilegal" que el Gobierno tratara de sustituir a la Generalitat en el pago de nóminas a los funcionarios. " os recursos son nuestros, y están en cuentas bancarias que son del Govern.¿Cómo pueden apropiarse de algo que no es suyo? Hay alguna orden judicial que lo ampare? Estarían cometiendo un delito descomunal si lo intentasen hacer", ha dicho.

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/...9528b45df.html

EL VICEPRESIDENTE SE RESISTE AL CONTROL DE PAGOS

Junqueras desafía al Supremo: asegura que la intervención no entrará en vigor
Junqueras asegura que la jurisprudencia existente avala el criterio de la Generalitat. Sin embargo es el propio TS el que interpreta dicha jurisprudencia, no el vicepresidente catalán





19.09.2017 – 15:11 H
El vicepresidente económico de la Generalitat, Oriol Junqueras (ERC), ha defendido que al haber admitido a trámite hoy el Tribunal Supremo(TS) el recurso presentado por la conselleria de Economía, la propia admisión tiene carácter suspensivo, un criterio que no comparte el alto tribunal, tal y como ya ha explicado El Confidencial. Junqueras asegura que la jurisprudencia existente avala el criterio de la Generalitat. Sin embargo es el propio TS el que interpreta dicha jurisprudencia, no el vicepresidente catalán.

El TS ya ha dicho que no hay suspensión de la orden, diga lo que diga la Generalitat. Junqueras ha argumentado, según ha develado hoy en la rueda de prensa de los martes, tras el Consell Executiu, que para que la orden sea suspendida hace falta que lo diga un juez y que ningún tribunal se ha pronunciado al respecto.
Pero como la orden ministerial se apoya en la Ley de Estabilidad financiera que, por cierto, en su día fue votada por CiU en el Congreso, dicho pronunciamiento judicial no resulta preceptivo, tal y como establece dicha norma. En resumen, en dos o tres días Junqueras se encontrará con la realidad, y el Gobierno central tomará control de las finanzas públicas de la Generalitat.
Ante esta diferencia de criterio Junqueras ha optado por poner a los bancos en la primera línea de fuego por la intervención de las finanzas autonómicas que ha planteado el Ministerio de Hacienda, Cristóbal Montoro en la orden ministerial publicada por el BOE este fin de semana. Por ello se van a dirigir a las entidades financieras por la vía administrativa y notarial para recomendarles cumplir con sus obligaciones.


El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (EFE)

Junqueras presiona a las entidades con el requerimiento notarial, igual que los bancos fueron notificados ayer por el Ministerio de Hacienda para congelar los fondos y controlar las tarjetas de crédito en manos de altos cargos. La tesorería de la Generalitat está gestionada por el BBVAy La Caixa, que ganaron este servicio en concurso público.
“Nos dirigiremos a los bancos por vía administrativa y notarial para recordarles sus obligaciones”, ha manifestado hoy Junqueras para quien no es que se dude de la posición del Supremo sino que se hace “para reforzar y acompañar a las entidades en el cumplimiento de la legalidad”.
La intervención de Hacienda actúa en dos líneas. Por una lado veta la entrada de los adelantos provenientes del sistema de financiación autonómica, 1.400 millones. Por otro aplica un control de pagos sobre lo que la Generalitat tiene en caja. Fuentes financieras han cifrado la tesorería disponible de la Generalitat en este momento en más de 1.000 millones. Con la intervención de Hacienda, la Generalitat no podrá disponer ni de la primera, que será retenida por Hacienda; ni de la segunda, sobre la que se aplica un control de pagos previo a la intervención de la Generalitat. La administración catalana, por tanto, se queda sin fondos. Y Junqueras sin poder operativo sobre todo el aparato administrativo de su conselleria, en la que toda la responsabilidad quedará en manos de la interventora general.
El fondo de la cuestión

Mientras que en el tema de las cautelares el vicepresidente catalán lo tiene perdido en el fondo de la cuestión es muy posible que Junqueras y la Generalitat tengan toda la razón jurídica de su parte. Como ha explicado hoy en la rueda de prensa “hemos hecho una gestión ejemplar. Hemos reducido el 85% de todo el déficit que ha reducido toda la administración española. No hay razones legales y efectiva. Sólo se quiere castigar al conjunto de los ciudadanos de Cataluña por la convocatoria del referéndum”.



Reunión del Govern de hoy. (EFE)

“El Estado español tiene una situación de expediente abierto en la UE por exceso de déficit. En cambio nosotros hemos reducido el déficit y el Estado español no. No es una cuestión de estabilidad financiera”, ha argumentado Oriol Junqueras.
Seguir con el referéndum

Por otra parte tanto Junqueras como el portavoz Jordi Turull se han mostrado convencidos de que el referéndum del 1-O se celebrará tal y como esta previsto pese a la presión legal y policial del Gobierno. Sin embargo, igual que en pasadas semanas, no han dado ningún detalla de cómo se desplegarán los mecanismos para llevar a cabo la consulta






https://www.elconfidencial.com/espan...pagos_1446115/

ORDEN MINISTERIAL PDF




http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/1...2017-10609.pdf

EL RECURSO AL SUPREMO DA AIRE AL INDEPENDENTISMO
Junqueras araña días para evitar que Hacienda controle los pagos de la Generalitat
Los servicios jurídicos de la Generalitat y el Tribunal Supremo discrepan sobre un aspecto clave: si la orden ministerial queda suspendida o no cuando sea admitida a trámite





La estrategia legal que ha desplegado la Generalitat y que ha dirigido el vicepresidente económico, Oriol Junqueras, busca arañar días para que retrasar la entrada en vigor de la orden ministerial que implica el control de pagos de la Administración catalana por parte del Ministerio de Hacienda. Según publicaba el BOE, la intervención de la Generalitat empezaba este lunes, pero no ha sido así. Y a través de diversas estrategias, los servicios jurídicos de la Generalitat creen que podrían ganar hasta una semana.
La primera línea ha sido presentar el recurso ante el Tribunal Supremo(TS). Fuentes jurídicas consultadas han apuntado que lo más probable es que la sala acepte este martes a trámite el recurso. El primer paso para ganar tiempo ya estaría dado.

A partir de ahí no hay acuerdo sobre cuánto tiempo se puede ganar, puesto que los servicios jurídicos de la Generalitat y el Tribunal Supremo discrepan sobre la doctrina jurídica a aplicar. Así, fuentes de la Generalitat han avanzado que en la reunión que tuvieron los servicios jurídicos de la Administración catalana con el equipo de Oriol Junqueras se puso de manifiesto que si la sala de lo contencioso-administrativo del TS admitiera el recurso a trámite, se suspendería cautelarmente la aplicación de la orden ministerial, en función de la actual jurisprudencia, hasta entrar a fondo en la cuestión judicial o, más probable, hasta que se fallase sobre las medidas cautelares que también ha solicitado la Conselleria de Economía.

Sin embargo, fuentes cercanas al alto tribunal discrepan del todo. Estas fuentes jurídicas apuntan lo que señalaba este domingo El Confidencial, que como la Generalitat en su recurso solicita la suspensión cautelar y no cautelarísimas, eso obliga a dar traslado a las partes para que aleguen. Si hubieran solicitado cautelarísimas, entonces la sala sí tendría que resolver en el plazo de 48 horas. Pero como la Generalitat ha optado por solicitar la medida cautelar y no cautelarísima, eso implica abrir pieza de suspensión y que informe la Abogacía del Estado. Así que ni hoy ni en los próximos días habrá una resolución.
Estas fuentes consideran, al contrario que los servicios jurídicos centrales de la Generalitat, que las cautelares no son automáticas por el mero hecho de que un recurso se admita a trámite. Que justo por eso se han de solicitar. Así que la orden ministerial seguiría en vigor y el control de pagos sería efectivo a partir de mañana miércoles.
Al pedir cautelares y no cautelarísimas, la Generalitat ha desactivado el efecto urgencia del recurso presentado ante el Tribunal Supremo.
En todo caso, en una pieza de suspensión, la parte demandada tiene hasta 10 días de plazo para alegar, con lo que el fallo de las cautelares no sería rápido. Esta lentitud favorecería a la Generalitat si su lectura fuese la correcta o al Gobierno si la interpretación del TS fuese la que se imponga, lo cual resulta la opción más probable.
La carta Puigdemont

En el peor de los escenarios, a Junqueras todavía le quedaría la carta Puigdemont. La orden ministerial prevé que sea el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien firme el acuerdo de no disponibilidad de crédito, con el que arranca la intervención. Puigdemont se negará. Esta carta supondrá que Junqueras ganará un día más. Tras esta negativa, será el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el que firme este acuerdo, que ha definir de manera concreta y al detalle el alcance de la intervención.
En total, en el peor de los casos, la intervención financiera de la Generalitat no podría llevarse a cabo hasta este viernes. Junqueras querría evitarla como mínimo hasta el 1-O, pero esto parece poco probable según las fuentes jurídicas consultadas.
Alcance de la medida

El alcance de la medida implica que los servicios básicos y las nóminas de la Generalitat los pagaría Hacienda, por la vía de disponer de los 1.400 millones que cada mes percibe la Administración catalana por el adelanto de pagos que prevé el sistema de financiación autonómico.
La medida afecta a los 1.400 millones al mes que la Generalitat percibe por la financiación autonómica, pero también a la caja, que llegaría a 1.000 millones
La orden obliga sobre todo a la Generalitat: la interventora general de la Generalitat , Rosa Vidal, y su equipo no pueden ordenar ni tramitar pago alguno a través de los bancos, sino que lo han de enviar a la Hacienda de Madrid. Entonces Hacienda comprobará cada pago, se garantizará que sean nóminas, servicios o bienes no relacionados con el referéndum. Y después de eso se harán efectivos estos abonos de forma directa por Hacienda.
En la práctica, eso supone también congelar la tesorería de la Generalitat que tenga en cuentas bancarias. Los pagos que se hagan a través de este instrumento también quedan bajo la tutela de Hacienda. A cierre de 2016, las existencias de tesorería de la Generalitat sumaban 1.036 millones.








https://www.elconfidencial.com/espan...litat_1445850/

OPERACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL EN LA SEDE DE TERRASSA
La incautación en Unipost de material censal golpea de lleno al referéndum

El Govern deberá confiarlo todo a los voluntarios, ya que se ha quedado sin presidentes, vocales y suplentes para las mesas electorales. Ahora, el objetivo es encontrar las urnas y las papeletas

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el Parlament de Cataluña, en una imagen de archivo.

(EFE)Tras varios días de registros en distintos puntos de Cataluña, la Guardia Civil ha hecho este martes el hallazgo más importante hasta la fecha. Varios agentes se han personado en las sedes de Unipost en L'Hospitalet y Terrassa, donde han incautado abundante información relacionada con el censo del referéndum, lo que supone un duro golpe para sus promotores. Entre dicha documentación se encuentran las notificaciones de configuración de las mesas electorales,lo que aboca al Govern a hacer uso de los voluntarios para que el 1-O salga adelante
Según fuentes policiales consultadas por El Confidencial, se han requisado "todas" las cartas en las que se informaba a los elegidos por sorteo si eran presidentes, vocales o suplentes el próximo 1 de octubre. De esta manera, la Generalitat se ha quedado sin miembros para ninguna de las entre 6.000 y 8.500 mesas que supuestamente van a colocarse en colegios, institutos y otros locales de titularidad municipal; algo que supone todo un varapalo para el equipo de Carles Puigdemont, ya que no tiene apenas margen de maniobra para volver a hacer el sorteo, imprimir las notificaciones y enviarlas.

Una vez incautada toda esta documentación, la Guardia Civil está investigando de dónde ha sacado la Generalitat los datos censales. Es decir, los nombres y apellidos de los elegidos para estar en las mesas así como su dirección. Además, han requerido a los responsables de Unipost que les faciliten toda la información sobre quiénes, cómo y cuándo les han encargado el envío de las notificaciones para la constitución de las mesas electorales. Se les reclama también el contrato y cualquier factura para conocer cómo se pretendía costear este envío masivo.

Agentes de la Guardia Civil, a las puertas de la sede de Unipost en Terrassa. (Reuters)



Más de 46.000 voluntarios al servicio del 1-O


Ahora el objetivo es encontrar el resto del material relacionado con el referéndum. No solo lo relacionado con la propaganda, como carteles y octavillas, sino las urnas y las papeletas, que desde este martes ya se pueden imprimir. A 12 días para el referéndum, en ninguno de los registros se ha encontrado dicho material. De hecho, Puigdemont ha alardeado en los últimos días de tener no solo las 6.000 urnas necesarias para que la consulta sea viable sino el triple, 18.000, por si la Guardia Civil, Policía Nacional o los Mossos d'Esquadra dan con alguna de ellas.


De esta manera, al Govern solo le quedan los voluntarios para sacar adelante su referéndum. La mesa en cuestión debe estar configurada por un presidente y dos vocales. Para cada uno de ellos, se eligió a dos suplentes. Por tanto, por cada mesa debería de haber nueve personas notificadas por la Generalitat. Sin embargo, los organizadores lo tenían todo previsto, ya que en el punto 5 del artículo 31 de la ley del referéndum se recoge la posibilidad de que nadie acuda a la mesa, incluidos los suplentes. Ante esto, se podrá ordenar que formen parte de ella "el número de electores presentes en el local que sean necesarios en el orden en el que estén dispuestos para emitir el voto". Es decir, aunque no haya presidente, vocales y suplentes, los primeros que el 1-O vayan a votar serán los encargados de conformar la mesa electoral.

Y los voluntarios no serán un problema, ya que la Generalitat cuenta con los 30.000 inscritos con los que cuenta la Asamblea Nacional Catalana. A ellos hay que sumar la bolsa de voluntarios que activó el Govern en la web oficial del 1-O, a los que denominaba "personal colaborador". Según los últimos datos ofrecidos por el equipo de Puigdemont, los 'colaboradores' del referéndum por esta vía superan los 16.000.



https://www.elconfidencial.com/espan...arios_1446077/

LA SINDICATURA ELECTORAL, EN EL PUNTO DE MIRA
El TC aborda por primera vez multas de hasta 30.000 euros por desobedecer

La mayoría de magistrados, a favor de imponer sanciones ejemplares por la recurrente desobediencia

El pleno en el que se aprobó la ley del referéndum. (EFE


El pleno del Tribunal Constitucional estudia a partir de este martes y por primera vez en su historia la imposición de multas por la recurrente desobediencia a sus mandatos mostrada desde el Govern catalán. Los miembros de la sindicatura electoral se enfrentan a sanciones de hasta 30.000 euros por no atender las órdenes dadas por los 12 magistrados y continuar impasibles con la actividad de su pseudo junta electoral, un órgano que la Justicia considera absolutamente ilegal.

El tribunal de garantías debatirá así aplicar una de las nuevas armas de las que le dotó la polémica reforma aplicada en 2015. De entre las tres nuevas respuestas ante los incumplimientos a sus resoluciones que se incluyeron en aquella norma y que jamás se han empleado, esta es la más benevolente frente a otras posibilidades más severas, como suspender preventivamente a cargos políticos —baza que el Gobierno no ha sugerido en ninguno de sus escritos— o la sustitución de funciones para obligar al cumplimiento de la ley.

Hasta el momento, nunca se ha debatido la imposición de multas, ya que es poco común que las resoluciones del TC se topen con una falta de respuesta de este calibre, indican a El Confidencial fuentes jurídicas. Añaden que consideran al grupo de cinco personas designadas por el Parlamento una de las piedras angulares para luchar contra el desarrollo del referéndum a poco menos de 15 días para el día D. Las amenazas no parecen haber amedrentado a los juristas Marc Marsal, Marta Alsina y Josep Pagès, y a los politólogos Jordi Matas y Tània Verge, que ni siquiera han atendido en el plazo establecido de 48 horas la orden de que informaran sobre sus actos de los últimos días.

La web del referéndum que sigue aún activa (www.ref1oct.eu), por estar alojada en el extranjero, da cuenta de cuatro resoluciones adoptadas por la sindicatura. Ha aprobado una resolución sobre la campaña institucional de la Generalitat con motivo del 1-O que concluye que "reúne los parámetros de neutralidad exigidos por la normativa reguladora del referéndum". También ha adoptado otra resolución respecto al reparto de los espacios de propaganda electoral en los medios públicos.

Por ello, la mayoría del pleno quiere pasar a la acción y hacer uso de su prerrogativa. No solo el TC tiene a los síndicos en su punto de mira. También la Fiscalía, que se ha querellado en su contra y les acusa de delitos de desobediencia, malversación y usurpación de funciones. El procedimiento penal está pendiente de admitirse a trámite por la jueza de Instrucción número 15 de Barcelona, María Concepción Cantón. Los fiscales consideran que los querellados han realizado actos de ordenación, regulación e impulso de un proceso electoral previsto en una ley previamente suspendida por el Constitucional y amparándose en un nombramiento igualmente suspendido constitucionalmente, "careciendo así de toda facultad o habilitación para el desempeño de las funciones que se atribuyen".



Con funciones análogas a las de una junta electoral de cara al referéndum anunciado para el 1 de octubre, los cinco síndicos fueron elegidos de madrugada tras 16 horas de un pleno parlamentario absolutamente irregular, en una votación en la que no participaron los diputados de Ciudadanos, PSC y PPC. Con los votos de JxS y la CUP y la abstención de Catalunya Sí que es Pot, el trámite salió adelante.

La Cámara catalana les convirtió de un plumazo en un "órgano independiente, imparcial y permanente", encargado de validar el censo, las papeletas y las urnas, supervisar la campaña institucional, velar por el pluralismo en los medios de comunicación y realizar el escrutinio general, reza la ley del referéndum. Otras dos personas, Josep Costa y Eva Labarta, fueron elegidos como suplentes en esta sindicatura electoral.

Paradoja jurídica


La agenda del nuevo pleno ordinario del TC que se inicia este martes tenía otro asunto pendiente que no necesitará finalmente el debate de los magistrados. Los 12 integrantes del tribunal de garantías tenían previsto abordar una respuesta a la falta de publicación en el BOE catalán de las sucesivas suspensiones de leyes para la consulta que han ido decretando.



El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publicó hace solo unas horas, este lunes, la resolución del Tribunal Constitucional que anula de forma cautelar la ley del referéndum de autodeterminación aprobada por el Govern y el Parlamento catalán hace 13 días, el pasado 6 de septiembre. Fuentes jurídicas ponen de manifiesto que, tras la aparición de estas resoluciones, se da la paradoja jurídica de que ahora tanto el Govern como la propia sindicatura están tratando de aplicar unas leyes que ni siquiera están vigentes según su propio boletín oficial.

El pleno también tiene previsto pronunciarse sobre dos nuevos incidentes de ejecución planteados por el Gobierno de Mariano Rajoy contra la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell.



https://www.elconfidencial.com/espan...decer_1445817/

El señor es mi pastor, en el nada me falta.

Iniciado por viejuno

El mensaje está oculto porque el usuario está en tu lista de ignorados.

El señor es mi pastor, en el nada me falta.

walking dead temporada 11

A MAMARLA INDEPES

Up