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Dos asaltantes de origen magrebí atacaron con un machete a un agricultor de El Ejido que el pasado miércoles trató de evitar que robasen posesiones de su finca. «Por las cámaras de seguridad pude ver a dos individuos intentando entrar en mi cortijo», relató entonces transmitiendo su miedo a algunos medios locales y añadiendo que una tercera mujer procedente de Marruecos fue la que les ayudó a huir en coche. Ahora, varios días más tarde, Alejandro se ha puesto en contacto con LA GACETA para revelar sucesos desconocidos y cargar contra la «impunidad» de la que gozan cada vez más inmigrantes ilegales.
«Aquí hay muchísimos robos y la administración lo niega, pero más no pueden haber crecido las cifras. La Policía no da a basto, no tienen medios y no pueden hacer más, pero no es su culpa», ha señalado criticando a la clase política y confesando que, tras su agresión, pensó que había algún español implicado porque el coche estaba a nombre de alguien de aquí (luego descubrió que el vehículo había sido robado).
Respecto a la creciente inseguridad, considera que hay un claro problema con la ley, ya que les otorga impunidad a quienes se dedican a delinquir: «Si fuese más dura, aquí no robaba ni Dios. Muchos inmigrantes que llegan en patera no tienen para comer y se dedican a robar, pero el problema es que se permite», ha remarcado incidiendo en que si la noche en la que fue agredido no habría tenido su coche para refugiarse, no sabe qué le hubiese ocurrido.
«No tengo claro que vayan a entrar en la cárcel. Ahora mismo están libres a la espera de juicio, y la realidad es que los trabajadores estamos vendidos porque el acceso a nuestros cortijos es fácil de franquear y los tenemos hechos pedazos», añade explicando que esta es la tercera vez en la que han intentado robarle —las dos primeras, con éxito—.
El truco del GPS y la indiferencia de la Policía
Una de las veces en las que sufrió un saqueo decidió no denunciar porque, días antes, había colocado un GPS en uno de sus productos. Éste le dio señal del paradero de los ladrones: un invernadero de la zona lleno de inmigrantes de origen magrebí. «Llegué a la Guardia Civil y al decirles que sabía dónde estaban me dijeron que no podían hacer nada porque no tenían autorización judicial y, para más inri, me dijeron que el GPS no era del todo legal. ¡Cómo no va a ser poner un GPS dentro de mi almacén, que me lo roben, y me acusen de estar rastreando a una persona», explica completamente indignado.
«Esto se ha convertido en el pan de cada día. Hoy me roban a mi y mañana a mi compañero porque la gente ya ni denuncia. Sabemos que la Guardia Civil no tiene capacidad y está totalmente desarmada, y ya de base nos piden esperar cinco días para poner las denuncias. Cada día más, y no sé a dónde vamos a llegar. He pasado varios días sin dormir y cada vez somos más los que estamos aterrados ante esta situación», ha concluido Alejandro.