Accountable Government: una institución basada en el principio de que los gobernantes son responsables de sus acciones ante los gobernados, con lo cual se someten a ciertos mecanismos y procedimientos que limitan su poder: corrupción, abusos, incompetencia. Lo opuesto a la rendición gubernamental de cuentas es el patrimonialismo. Las primeras formas de aquélla se efectuaban ante cuerpos o legislaturas de corte oligárquico, que se extendieron en el transcurso de los siglos en las sociedades modernas a la ciudadanía en general, que adquirió un sentido democrático.
Fukuyama expone la evolución del Estado absolutista en Europa, y señala que el desarrollo estatal estuvo vinculado fuertemente a la necesidad de financiar la guerra. A partir de un modelo que considera las distintas interrelaciones establecidas entre la monarquía, la nobleza alta, la nobleza baja (gentry) y el tercer Estado, así como la capacidad de acción colectiva de estos cuatro actores políticos, se identifican cuatro trayectorias de evolución estatal: 1) absolutismo débil (España y Francia); 2) absolutismo exitoso (Rusia); 3) oligarquía fallida (Hungría y Polonia), y 4) rendición gubernamental de cuentas (Inglaterra y Dinamarca).
El caso francés destaca por la fortaleza-debilidad del absolutismo. La fortaleza es medida por su capacidad para centralizar efectivamente el poder político a costa de una sociedad estratificada y con contradicciones internas, y su debilidad por la manera patrimonialista de dicha centralización. Francia destaca por la generalización de la venta de puestos públicos, desde los administrativos y hacendarios hasta los militares y, al mismo tiempo, por una permanente crisis de las finanzas del Estado. El Ancién Regime es prototipo de lo que hoy se denomina sociedad de rentistas.
El caso español es también un ejemplo de absolutismo patrimonialista en el que coexisten el Estado en constante bancarrota y renegociación de sus deudas, y la venta de todos los cargos públicos al mejor postor. España transfirió estas prácticas, signadas por la venalidad, al Nuevo Mundo.
Hungría y Polonia constituyen casos de oligarquía fallida. En ellos, particularmente Hungría, la nobleza terrateniente fue lo bastante fuerte como para obligar al monarca a un pacto constitucional en 1222. Pero hacia fines del siglo XV la nobleza revirtió el proceso de centralización llevado a cabo por la monarquía y con una visión estrecha debilitó al poder militar del Estado en benefi cio de sus ingresos y privilegios. Ese Estado débil terminó siendo derrotado en 1526 y dividido en tres porciones que quedaron bajo dominio de los Habsburgo, los otomanos y un Estado proturco en Transylvania.
Rusia representa el modelo más exitoso de absolutismo. Para ello se conjugan factores geográficos e históricos. Las peculiaridades del desarrollo político ruso se explican por la ocupación mongola, ya que ésta cortó durante casi 250 años (siglos XIII-XV) los lazos culturales de la Rusia asentada en Kiev con el Imperio de Bizancio y el Medio Oriente; también, por supuesto, se redujeron a lo mínimo todos sus vínculos con Europa. La ocupación mongola socavó asimismo cualquier tradición legal en la vida política. Después, el Estado ruso moscovita fue construido en torno a una clase terrateniente conformada en su mayoría por integrantes de la caballería retribuidos por el Estado con tierras y siervos. La nobleza se encontraba así subordinada directamente al Estado, en lugar de encontrarse “enfeudada” con márgenes de autogobierno y autonomía, como había ocurrido en Occidente.
Un último factor decisivo fue que la Iglesia ortodoxa nunca desempeñó el papel que tuvo la Iglesia católica en cuanto a mantener grados de independencia respecto del poder del monarca y desarrollar una tradición legal.
En Inglaterra, en contraste con todos los casos previos, se desenvuelve un cuerpo parlamentario fuerte y una tradición de respeto a la ley. No se trata de repetir la “visión de la historia whig”, en la que el desarrollo político inglés aparece como un resultado histórico-natural, lógico e inevitable, de un progreso que se remonta a las raíces griegas de la civilización occidental, sino que son factores culturales y políticos específicos: una fuerte tradición de solidaridad política –mas no social– que se concreta tempranamente en instituciones como el condado, la comarca y la “centena” (county, shire and hundred), demarcaciones donde se ejerce una administración local y en las que la población imparte justicia sin un control de la nobleza terrateniente. Los orígenes de las instituciones representativas inglesas, del respeto a la legalidad y de un sistema judicial independiente se encuentran en esos primeros cuerpos administrativo-judiciales.
Por su parte, los acontecimientos protagonizados por el Parlamento y la Monarquía desde la guerra civil, que estalla en 1641 y que termina con el decapitamiento de Carlos I en 1649 y que, posteriormente, dan lugar a la Glorius Revolution de 1688-1689, conducen a uno de los más importantes cambios en cuanto a la idea de legitimación política, al establecer con fi rmeza que ésta sólo se logra mediante el consenso de los gobernados.
El caso danés es peculiar porque el campesinado realizó un rápido proceso de alfabetización, organización y cohesión como grupo social gracias a la reforma luterana. Esto equilibró el poder de la monarquía frente a un campesinado que, de manera excepcional, fue capaz de llevar a cabo acción colectiva. En cuanto a los resultados de su dinámica general, la senda que siguió la conformación del Estado, la rendición gubernamental de cuentas y el gobierno de la ley en Dinamarca constituye una vía que converge con la experiencia inglesa.