Iniciado por
Dark Gandalf
Nadie pretende que las personas sean máquinas.
Pero la empresa es (o debe ser) un ente privado sin una responsabilidad social especial.
Es el Estado, en representación del conjunto de los Españoles, quien debe asumir la protección social de las personas.
Y nunca la empresa en su lugar, realizando el trabajo del Estado (la empresa no cobra impuestos para ello).
Un elemento improductivo no es que vaya solo contra el beneficio del empresario (cosa que, al contrario de lo que creeéis, me la pela) sino que perjudica al compañero que habrá de currar el doble. Y, si son muchos, perjudican a la viabilidad de la empresa, que es donde todos tenemos el ganapán.
Los despidos procedentes, también están dotados de indemnización. Una anualidad, si no recuerdo mal, a razón de 20 días por año trabajado.
La indemnización se contabiliza como un coste laboral más (como también se hace con las bajas). Pero no es salario del trabajador.
Y al final el coste laboral que permanece oculto acaba siendo sustancial (entre SS, bajas, despido, absentismo, formación, etc).
La cosa es muy sencilla. Si yo contrato a una persona para que me limpie la casa, y en un momento dado deseo prescindir de sus servicios sin más justificación (puede que ya no quiera la casa limpia, puede que me mude, puede que haya encontrado otro individuo mejor para la tarea) no veo qué daño tengo que indemnizar. Y si yo me siento libre de dejar de comprar un servicio, por coherencia debo reconocer el mismo derecho de mi empresario cuando él desee dejar de comprar los servicios por los que me paga.
Todo ello sin suponer maldad en el empleado, que también conozco alguno que voluntariamente no da un palo al agua mientras permanece está agarrado a su antigüedad con cola.
Todo ello es como cuando un okupa se te mete en casa.
Cierto es que el ocupa tiene derecho constitucional a un techo, pero no a costa del de un particular.
En todo caso, la labor de otorgar los derechos constitucionales corresponde al conjunto de los Españoles, y nunca ha de cargarse sobre el patrimonio de un único particular.
El Estado puede cargar a los propietarios con tal tarea, y presumir de que en España no hay sintecho. E igualmente carga a las empresas los costes de la improductividad, para descargarse él del problema del paro. Pero ni propietarios ni empresas somos funcionarios encargados de tirar del bienestar social de nadie. Eso es tarea del Estado.