Gracias al PP,es posible que Puigdemont ni siquiera sea extraditado por malversación

  1. #1
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    Gracias al PP,es posible que Puigdemont ni siquiera sea extraditado por malversación

    El Gobierno dice al juez que la Generalitat no gastó nada en el 1-O en base a un informe de una detenida en septiembre

    Otro informe de la Interventora General acredita que sólo se gastaron 25.500 euros en el mantenimiento de un programa informático ya existente.

    MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

    El Gobierno ha entregado varios informes al titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, José Antonio Ramírez Sunyer, en los que se dice que la Generalitat de Cataluña no gastó dinero público en el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. Entre esos informes está el de Natalia Garriga, directora de Servicios del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, que fue detenida el pasado 20 de septiembre en el marco de la 'operación Anubis', llevada a cabo por la Guardia Civil, contra los organizadores del 1-O.

    El juez había pedido al Gobierno el pasado 24 de noviembre al Gobierno, dado que es el actual responsable de la Generalitat de Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución, que le informara sobre los gastos en los que había incurrido el Ejecutivo catalán para llevar a cabo el citado referéndum ilegal.

    El Gobierno de Rajoy ha tardado más de dos meses en enviar la primera respuesta al Juzgado ya que la Delegación del Gobierno en Cataluña no dio traslado de la petición del juez hasta mes y medio después de haberla recibido. La remitió a la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales, según consta en el escrito enviado al juez por la citada Delegación, al que ha tenido acceso Europa Press, y ésta, a su vez, a los Ministerios de Hacienda, del Interior y de Presidencia del Gobierno.

    EL GOBIERNO TARDA MAS DE DOS MESES EN RESPONDER

    El Ejecutivo pidió informes a Natalia Garriga y a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal Planella. Finalmente, el Gobierno de Rajoy envió el pasado 29 de enero al Juzgado los informes de ambas.

    Natalia Garriga, autora del primero de los informes, fue detenida el pasado 20 de septiembre por la Guardia Civil, por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona en el marco de la 'operación Anubis'. En aquel momento resultaron detenidas 14 personas, entre ellos, varios cargos de la Generalitat, acusados de participar en el organización del referéndum ilegal.

    Además, ese día y en respuesta a la orden judicial, se produjo una concentración de unas 40.000 personas ante el Departamento de Economía que retuvo durante horas a la comitiva judicial y destrozó varios vehículos del Instituto Armado.

    Pues bien, el primero de los informes que remite el Gobierno es el realizado por Natalia Garriga a petición de la Directora General de Política Interior del Ministerio del Interior. En este documento, Garriga acredita que desde su Dirección de Servicios no se ha tramitado ningún expediente de gasto para financiar la organización "de la consulta del 1 de octubre de 2017".

    A lo largo de cuatro folios expone que "por imperativo" del Tribunal Constitucional no se realizó ninguna disposición de las partidas presupuestadas en su departamento para el 1-O y cita los 5 millones previstos para procesos electorales y consultas populares y otros 800.000 euros para procesos electorales y participación ciudadana.

    EL GOBIERNO GASTÓ LO PRESUPUESTADO PARA EL 1-O EN EL 21-D

    Además alega que el Gobierno utilizó los 5 millones presupuestados y bloqueados por el TC para las elecciones autonómicas que tuvieron lugar en Cataluña el pasado 21 de diciembre. De hecho, en la respuesta se incluye el acuerdo de Consejo de Ministros por el que se aprueba un gasto de 25 millones para los comicios regionales, de los que se preveía gastar 17,3 millones de euros en 2017.

    En el citado acuerdo del Gobierno, firmado por Cristóbal Montoro, se explica que se aprueba una modificación presupuestaria de 12,3 millones de euros ya que había otros 5 millones previstos en las cuentas de la Generalitat.

    Garriga recuerda también en su respuesta un informe de la Generalitat a requerimiento del Director General de la Asesoría Jurídica de vicepresidencia del Gobierno autonómico realizado el pasado 17 de noviembre y que ya había sido remitido al Juzgado. Este documento, que se incluye, recogía las respuestas de todos los directores de servicio de los distintos departamentos de la Generalitat en los que se acreditaba que no se habían destinado ninguna partida presupuestaria para el 1-O.

    El citado informe va firmado por Pere Aragonés, secretario en funciones del Departamento de Economía de la Vicepresidencia de la Generalitat, y mencionado en la agenda del 'procés' realizada por Josep María Jové, como una de las personas que participan en las reuniones.

    Precisamente ese informe negando cualquier gasto por parte de la Generalitat, junto con los informes de la Guardia Civil en los que se advertía de la opacidad de esa administración autonómica, fueron los que motivaron que el Juzgado de Instrucción número 13 se dirigiera al Gobierno de Mariano Rajoy para pedirle que le informara sobre el gasto real de dinero público en que había incurrido el gobierno catalán para llevar a cabo el referéndum ilegal.

    LA INTERVENTORA NIEGA GASTOS EN EL 1-O

    El Gobierno también acompaña su respuesta de otro informe de la Interventora General de la Generalitat, Rosa Vidal, en el que informa que no le consta ningún expediente de gasto con cargo al programa 132 del Presupuesto de la Generalitat para consultas populares y que fue bloqueado por orden del Tribunal Constitucional.

    Y añade que no le consta expediente alguno al respecto ni presupuestario ni extrapresupuestario en ninguna de las fases contables que haya destinado al proceso refrendario.

    Las únicas obligaciones de pago reconocidas que admite la interventora son dos gastos de 19.366.68 y 6.154,66 realizadas por el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) para mantenimiento "ordinario y evolutivo" de programas ya existentes desde hace años en el Departamento de Gobernación, Administración Pública y Vivienda.

    En su informe precisa que una vez analizados los dos expedientes considera que "no contravienen el ordenamiento jurídico vigente ni la resolución del Tribunal Constitucional".

  2. #2
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    menudos faxas d estrema derexa ls dl puto pp¡¡¡¡¡¡

  3. #3
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  4. #4
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    Es una puta burla que el gobierno aún intente a esta altura hacernos creer que no se gastó dinero en los intentos secesionistas de los indepes... pero si van a extraditar al golpista para únicamente ser juzgado por malversación, prefiero que se quede en el exilio 10 años!

  5. #5
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    Menos mal que españa no es rajoy como muy bien recordaba arrimadas.

  6. #6
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    El Gobierno dice al juez que la Generalitat no gastó nada en el 1-O en base a un informe de una detenida en septiembre

    Otro informe de la Interventora General acredita que sólo se gastaron 25.500 euros en el mantenimiento de un programa informático ya existente.

    MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

    El Gobierno ha entregado varios informes al titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, José Antonio Ramírez Sunyer, en los que se dice que la Generalitat de Cataluña no gastó dinero público en el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. Entre esos informes está el de Natalia Garriga, directora de Servicios del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, que fue detenida el pasado 20 de septiembre en el marco de la 'operación Anubis', llevada a cabo por la Guardia Civil, contra los organizadores del 1-O.

    El juez había pedido al Gobierno el pasado 24 de noviembre al Gobierno, dado que es el actual responsable de la Generalitat de Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución, que le informara sobre los gastos en los que había incurrido el Ejecutivo catalán para llevar a cabo el citado referéndum ilegal.

    El Gobierno de Rajoy ha tardado más de dos meses en enviar la primera respuesta al Juzgado ya que la Delegación del Gobierno en Cataluña no dio traslado de la petición del juez hasta mes y medio después de haberla recibido. La remitió a la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales, según consta en el escrito enviado al juez por la citada Delegación, al que ha tenido acceso Europa Press, y ésta, a su vez, a los Ministerios de Hacienda, del Interior y de Presidencia del Gobierno.

    EL GOBIERNO TARDA MAS DE DOS MESES EN RESPONDER

    El Ejecutivo pidió informes a Natalia Garriga y a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal Planella. Finalmente, el Gobierno de Rajoy envió el pasado 29 de enero al Juzgado los informes de ambas.

    Natalia Garriga, autora del primero de los informes, fue detenida el pasado 20 de septiembre por la Guardia Civil, por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona en el marco de la 'operación Anubis'. En aquel momento resultaron detenidas 14 personas, entre ellos, varios cargos de la Generalitat, acusados de participar en el organización del referéndum ilegal.

    Además, ese día y en respuesta a la orden judicial, se produjo una concentración de unas 40.000 personas ante el Departamento de Economía que retuvo durante horas a la comitiva judicial y destrozó varios vehículos del Instituto Armado.

    Pues bien, el primero de los informes que remite el Gobierno es el realizado por Natalia Garriga a petición de la Directora General de Política Interior del Ministerio del Interior. En este documento, Garriga acredita que desde su Dirección de Servicios no se ha tramitado ningún expediente de gasto para financiar la organización "de la consulta del 1 de octubre de 2017".

    A lo largo de cuatro folios expone que "por imperativo" del Tribunal Constitucional no se realizó ninguna disposición de las partidas presupuestadas en su departamento para el 1-O y cita los 5 millones previstos para procesos electorales y consultas populares y otros 800.000 euros para procesos electorales y participación ciudadana.

    EL GOBIERNO GASTÓ LO PRESUPUESTADO PARA EL 1-O EN EL 21-D

    Además alega que el Gobierno utilizó los 5 millones presupuestados y bloqueados por el TC para las elecciones autonómicas que tuvieron lugar en Cataluña el pasado 21 de diciembre. De hecho, en la respuesta se incluye el acuerdo de Consejo de Ministros por el que se aprueba un gasto de 25 millones para los comicios regionales, de los que se preveía gastar 17,3 millones de euros en 2017.

    En el citado acuerdo del Gobierno, firmado por Cristóbal Montoro, se explica que se aprueba una modificación presupuestaria de 12,3 millones de euros ya que había otros 5 millones previstos en las cuentas de la Generalitat.

    Garriga recuerda también en su respuesta un informe de la Generalitat a requerimiento del Director General de la Asesoría Jurídica de vicepresidencia del Gobierno autonómico realizado el pasado 17 de noviembre y que ya había sido remitido al Juzgado. Este documento, que se incluye, recogía las respuestas de todos los directores de servicio de los distintos departamentos de la Generalitat en los que se acreditaba que no se habían destinado ninguna partida presupuestaria para el 1-O.

    El citado informe va firmado por Pere Aragonés, secretario en funciones del Departamento de Economía de la Vicepresidencia de la Generalitat, y mencionado en la agenda del 'procés' realizada por Josep María Jové, como una de las personas que participan en las reuniones.

    Precisamente ese informe negando cualquier gasto por parte de la Generalitat, junto con los informes de la Guardia Civil en los que se advertía de la opacidad de esa administración autonómica, fueron los que motivaron que el Juzgado de Instrucción número 13 se dirigiera al Gobierno de Mariano Rajoy para pedirle que le informara sobre el gasto real de dinero público en que había incurrido el gobierno catalán para llevar a cabo el referéndum ilegal.

    LA INTERVENTORA NIEGA GASTOS EN EL 1-O

    El Gobierno también acompaña su respuesta de otro informe de la Interventora General de la Generalitat, Rosa Vidal, en el que informa que no le consta ningún expediente de gasto con cargo al programa 132 del Presupuesto de la Generalitat para consultas populares y que fue bloqueado por orden del Tribunal Constitucional.

    Y añade que no le consta expediente alguno al respecto ni presupuestario ni extrapresupuestario en ninguna de las fases contables que haya destinado al proceso refrendario.

    Las únicas obligaciones de pago reconocidas que admite la interventora son dos gastos de 19.366.68 y 6.154,66 realizadas por el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) para mantenimiento "ordinario y evolutivo" de programas ya existentes desde hace años en el Departamento de Gobernación, Administración Pública y Vivienda.

    En su informe precisa que una vez analizados los dos expedientes considera que "no contravienen el ordenamiento jurídico vigente ni la resolución del Tribunal Constitucional".

    Ahora ves lo que digo de lo importante que es perseguir la malversacion y expolio que sufren las arcas?

    Con el PP toda malversación va a intentar ocultarse, sea de ellos o sus socios.

  7. #7
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    Es una puta burla que el gobierno aún intente a esta altura hacernos creer que no se gastó dinero en los intentos secesionistas de los indepes... pero si van a extraditar al golpista para únicamente ser juzgado por malversación, prefiero que se quede en el exilio 10 años!
    Si mucha gente se cree que el PP no roba dinero publico. Porque no iban a creerse también eso?

  8. #8
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    Ahora ves lo que digo de lo importante que es perseguir la malversacion y expolio que sufren las arcas?

    Con el PP toda malversación va a intentar ocultarse, sea de ellos o sus socios.
    Nunca he negado que no sea importante perseguir la malversación, y a mí el PP me la suda, nunca les he votado. No se me movería un músculo si desapareciera. Y el PSOE, e IU...cualquiera que haya metido la mano en la caja.

  9. #9
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    Nunca he negado que no sea importante perseguir la malversación, y a mí el PP me la suda, nunca les he votado. No se me movería un músculo si desapareciera. Y el PSOE, e IU...cualquiera que haya metido la mano en la caja.
    El problema no solo meter la mano en la caja.

    Si no construir como organización criminal ciertos negocios, que se ha visto en distintas tramas de corrupcion. Ahora mismo se esta viendo como el PP regalaba títulos como pagos por corrupción, uno de los que colabora y destapo la púnica, dijo que a el le habían ofrecido si quería algún titulo universitario.

  10. #10
    Último Navegante
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    El problema no solo meter la mano en la caja.

    Si no construir como organización criminal ciertos negocios, que se ha visto en distintas tramas de corrupcion. Ahora mismo se esta viendo como el PP regalaba títulos como pagos por corrupción, uno de los que colabora y destapo la púnica, dijo que a el le habían ofrecido si quería algún titulo universitario.
    Sobre el tema del máster voy a ser claro: lo que ha hecho Cifuentes lo hacen muchos en algunas universidades privadas, en España y fuera. Eso quiere decir que esté disculpándola o que piense que no debería haber dimitido ya? En absoluto. En otros países hay quien dimite por haber copiado una tesis, y esto no es menos grave. Lo que digo, es que aplicando la misma vara de medir estoy convencido, tengo la absoluta certeza, de que tendrían que dimitir más de la mitad de los políticos que hay en este país. Lo de la Univ.Rey Juan Carlos, por poner un ejemplo, lo llevo oyendo desde hace años.
    En resumen, que debería haber dimitido ya? Sí. Que no debería ejercer ningún cargo público ninguna persona que haya pagado para que le regalen una titutación? También. Pues si queremos atajar el problema, hay que meter mano en las universidades y ver cuáles lo son, y cuáles son tiendas de titulaciones. Y eso no es todo, o es que soy el único que ha oído lo del tráfico de influencias, por llamarlo así, en algunas facultades, respecto de familiares, amigos, en algunos departamentos...?
    Para acabar, todo lo que ha hecho el PP, todo lo que ha salido, es para que ese partido se hubiera disuelto y sus responsables encarcelados, por muy diversos motivos. Pero en algunos hechos delictivos, el PSOE le saca mucha ventaja, y no estoy seguro de que todos apliquen el mismo rasero. Hablo también de CiU (por muchas veces que se cambie el nombre). En otros partidos ha habido casos gordos pero diría que no es tanto una estructura que afecte a todo el partido, en esos tres casos que te he puesto, sin duda.

  11. #11
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    Sobre el tema del máster voy a ser claro: lo que ha hecho Cifuentes lo hacen muchos en algunas universidades privadas, en España y fuera. Eso quiere decir que esté disculpándola o que piense que no debería haber dimitido ya? En absoluto. En otros países hay quien dimite por haber copiado una tesis, y esto no es menos grave. Lo que digo, es que aplicando la misma vara de medir estoy convencido, tengo la absoluta certeza, de que tendrían que dimitir más de la mitad de los políticos que hay en este país. Lo de la Univ.Rey Juan Carlos, por poner un ejemplo, lo llevo oyendo desde hace años.
    En resumen, que debería haber dimitido ya? Sí. Que no debería ejercer ningún cargo público ninguna persona que haya pagado para que le regalen una titutación? También. Pues si queremos atajar el problema, hay que meter mano en las universidades y ver cuáles lo son, y cuáles son tiendas de titulaciones. Y eso no es todo, o es que soy el único que ha oído lo del tráfico de influencias, por llamarlo así, en algunas facultades, respecto de familiares, amigos, en algunos departamentos...?
    Para acabar, todo lo que ha hecho el PP, todo lo que ha salido, es para que ese partido se hubiera disuelto y sus responsables encarcelados, por muy diversos motivos. Pero en algunos hechos delictivos, el PSOE le saca mucha ventaja, y no estoy seguro de que todos apliquen el mismo rasero. Hablo también de CiU (por muchas veces que se cambie el nombre). En otros partidos ha habido casos gordos pero diría que no es tanto una estructura que afecte a todo el partido, en esos tres casos que te he puesto, sin duda.
    El problema no es que ella tenga o no un master.

    Es que otra vez mas el PP a utilizado instituciones publicas pagadas con el dinero de todos para actividades criminales.

    Mientras siga habiendo un gobierno que es una organización criminal seguirá pasando esto en TODOS los ámbitos.

    Y añado, ahora el PP hace una campaña de imagen en RTVE contra el rectos y a favor de Cifuentes, pagado con el dinero de todos.
    Última edición por Puro; 07/04/2018 a las 00:14

  12. #12
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    En el delito de malversación no sólo está el tema referéndum, debe entrar el tema de cuando este hijo de perra estaba en las aguas y se pilló para asuntos propios esos 10 millones de eur...

    Digo yo...

  13. #13
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    La justicia alemana cuestiona el delito de malversación de Puigdemont

    Tras descartar el delito de rebelión y levantar la prisión provisional para Carles Puigdemont, la justicia alemana estudia si extradita al expresidente de la Generalitat por malversación de fondos públicos, uno de los delitos por los que el Tribunal Supremo lo investiga y emitió la orden de detención internacional. El tribunal de Schleswig-Holstein ha solicitado información complementaria al Supremo para tomar una decisión final.

    La euroorden “no contiene una descripción suficiente de las circunstancias en las que se produjeron los hechos con la necesaria concreción del supuesto delita que permita asociarlo con claridad a los comportamientos atribuidos al reclamado”, según la resolución alemana que reproduce este lunes La Vanguardia. El texto sigue: “Es cierto que la descripción permite reconocer con claridad que el reclamado fue corresponsable (al menos políticamente) de la generación de los costes del referéndum […] pero no queda aclarado si el Estado tuvo que hacerse cargo realmente de estos costes”.

    ¿Extradición por motivos políticos?

    Una vez destituido el Govern, considera el tribunal alemán, los costes asociados al referéndum del 1-O que había suspendido el Tribunal Constitucional no serán cubiertos con fondos públicos, sino por medios privados. Además, el tribunal de Schleswig-Holstein recuerda la “inadmisibilidad de la extradición por motivos políticos”.

    El escrito asegura que debe examinarse que “a pesar del carácter delictivo de las acciones enjuiciadas, quepa temer que el reclamado pueda ser objeto de un trato más riguroso que el habitual en la persecución de delitos de similar peligrosidad”.

  14. #14
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    La justicia alemana cuestiona el delito de malversación de Puigdemont

    Tras descartar el delito de rebelión y levantar la prisión provisional para Carles Puigdemont, la justicia alemana estudia si extradita al expresidente de la Generalitat por malversación de fondos públicos, uno de los delitos por los que el Tribunal Supremo lo investiga y emitió la orden de detención internacional. El tribunal de Schleswig-Holstein ha solicitado información complementaria al Supremo para tomar una decisión final.

    La euroorden “no contiene una descripción suficiente de las circunstancias en las que se produjeron los hechos con la necesaria concreción del supuesto delita que permita asociarlo con claridad a los comportamientos atribuidos al reclamado”, según la resolución alemana que reproduce este lunes La Vanguardia. El texto sigue: “Es cierto que la descripción permite reconocer con claridad que el reclamado fue corresponsable (al menos políticamente) de la generación de los costes del referéndum […] pero no queda aclarado si el Estado tuvo que hacerse cargo realmente de estos costes”.

    ¿Extradición por motivos políticos?

    Una vez destituido el Govern, considera el tribunal alemán, los costes asociados al referéndum del 1-O que había suspendido el Tribunal Constitucional no serán cubiertos con fondos públicos, sino por medios privados. Además, el tribunal de Schleswig-Holstein recuerda la “inadmisibilidad de la extradición por motivos políticos”.

    El escrito asegura que debe examinarse que “a pesar del carácter delictivo de las acciones enjuiciadas, quepa temer que el reclamado pueda ser objeto de un trato más riguroso que el habitual en la persecución de delitos de similar peligrosidad”.
    Esto se arregla fácil, saliéndonos del procedimiento de la euroorden y dejando que todos sus delincuentes se vengan de vacaciones aquí.
    Ya verás que risas nos vamos a dar.

  15. #15
    ForoParalelo: Miembro Avatar de Marraco
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    Veo que lo que menos os interesa es que salga la verdad y lo que más que gane vuestro equipo.

    Ese besamanos público de hoy a Llarena dice tantas y tan preocupantes cosas....

  16. #16
    Azotaprogres Avatar de Tortu
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    Veo que lo que menos os interesa es que salga la verdad y lo que más que gane vuestro equipo.

    Ese besamanos público de hoy a Llarena dice tantas y tan preocupantes cosas....
    Qué verdad? La de que un país de la supuestamente unida UE está protegiendo a un golpista de otro estado miembro porque no ceden a sus chantajes? Esa verdad?

  17. #17
    ForoParalelo: Miembro Avatar de Marraco
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    Qué verdad? La de que un país de la supuestamente unida UE está protegiendo a un golpista de otro estado miembro porque no ceden a sus chantajes? Esa verdad?
    Esa sin duda es la que te gustaría a ti. Creetelo con todas tus fuerzas y sin duda se hará realidad.

    La verdad que cabría esperar es si esos delitos se cometieron o no realmente. ¿No crees?

  18. #18
    Azotaprogres Avatar de Tortu
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    Esa sin duda es la que te gustaría a ti. Creetelo con todas tus fuerzas y sin duda se hará realidad.

    La verdad que cabría esperar es si esos delitos se cometieron o no realmente. ¿No crees?
    Hay quien también espera, para poder creérselo, que le demustren que la tierra no es plana... es tu caso quizás?

  19. #19
    ForoParalelo: Miembro Avatar de Marraco
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    Hay quien también espera, para poder creérselo, que le demustren que la tierra no es plana... es tu caso quizás?
    Vaya, una comparación. El argumento universal, que la llaman.

  20. #20
    Azotaprogres Avatar de Tortu
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    Vaya, una comparación. El argumento universal, que la llaman.
    La vergüenza de la evidencia... también llamada "Tumbaburros"

  21. #21
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    La credibilidad que puede tener el informe de la tesorera de la generalidad actualmente imputada por delitos y que encima tardó mas de dos meses en redactarlo es casi nula.

  22. #22
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    El Gobierno dice al juez que la Generalitat no gastó nada en el 1-O en base a un informe de una detenida en septiembre

    Otro informe de la Interventora General acredita que sólo se gastaron 25.500 euros en el mantenimiento de un programa informático ya existente.

    MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

    El Gobierno ha entregado varios informes al titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, José Antonio Ramírez Sunyer, en los que se dice que la Generalitat de Cataluña no gastó dinero público en el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. Entre esos informes está el de Natalia Garriga, directora de Servicios del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, que fue detenida el pasado 20 de septiembre en el marco de la 'operación Anubis', llevada a cabo por la Guardia Civil, contra los organizadores del 1-O.

    El juez había pedido al Gobierno el pasado 24 de noviembre al Gobierno, dado que es el actual responsable de la Generalitat de Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución, que le informara sobre los gastos en los que había incurrido el Ejecutivo catalán para llevar a cabo el citado referéndum ilegal.

    El Gobierno de Rajoy ha tardado más de dos meses en enviar la primera respuesta al Juzgado ya que la Delegación del Gobierno en Cataluña no dio traslado de la petición del juez hasta mes y medio después de haberla recibido. La remitió a la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales, según consta en el escrito enviado al juez por la citada Delegación, al que ha tenido acceso Europa Press, y ésta, a su vez, a los Ministerios de Hacienda, del Interior y de Presidencia del Gobierno.

    EL GOBIERNO TARDA MAS DE DOS MESES EN RESPONDER

    El Ejecutivo pidió informes a Natalia Garriga y a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal Planella. Finalmente, el Gobierno de Rajoy envió el pasado 29 de enero al Juzgado los informes de ambas.

    Natalia Garriga, autora del primero de los informes, fue detenida el pasado 20 de septiembre por la Guardia Civil, por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona en el marco de la 'operación Anubis'. En aquel momento resultaron detenidas 14 personas, entre ellos, varios cargos de la Generalitat, acusados de participar en el organización del referéndum ilegal.

    Además, ese día y en respuesta a la orden judicial, se produjo una concentración de unas 40.000 personas ante el Departamento de Economía que retuvo durante horas a la comitiva judicial y destrozó varios vehículos del Instituto Armado.

    Pues bien, el primero de los informes que remite el Gobierno es el realizado por Natalia Garriga a petición de la Directora General de Política Interior del Ministerio del Interior. En este documento, Garriga acredita que desde su Dirección de Servicios no se ha tramitado ningún expediente de gasto para financiar la organización "de la consulta del 1 de octubre de 2017".

    A lo largo de cuatro folios expone que "por imperativo" del Tribunal Constitucional no se realizó ninguna disposición de las partidas presupuestadas en su departamento para el 1-O y cita los 5 millones previstos para procesos electorales y consultas populares y otros 800.000 euros para procesos electorales y participación ciudadana.

    EL GOBIERNO GASTÓ LO PRESUPUESTADO PARA EL 1-O EN EL 21-D

    Además alega que el Gobierno utilizó los 5 millones presupuestados y bloqueados por el TC para las elecciones autonómicas que tuvieron lugar en Cataluña el pasado 21 de diciembre. De hecho, en la respuesta se incluye el acuerdo de Consejo de Ministros por el que se aprueba un gasto de 25 millones para los comicios regionales, de los que se preveía gastar 17,3 millones de euros en 2017.

    En el citado acuerdo del Gobierno, firmado por Cristóbal Montoro, se explica que se aprueba una modificación presupuestaria de 12,3 millones de euros ya que había otros 5 millones previstos en las cuentas de la Generalitat.

    Garriga recuerda también en su respuesta un informe de la Generalitat a requerimiento del Director General de la Asesoría Jurídica de vicepresidencia del Gobierno autonómico realizado el pasado 17 de noviembre y que ya había sido remitido al Juzgado. Este documento, que se incluye, recogía las respuestas de todos los directores de servicio de los distintos departamentos de la Generalitat en los que se acreditaba que no se habían destinado ninguna partida presupuestaria para el 1-O.

    El citado informe va firmado por Pere Aragonés, secretario en funciones del Departamento de Economía de la Vicepresidencia de la Generalitat, y mencionado en la agenda del 'procés' realizada por Josep María Jové, como una de las personas que participan en las reuniones.

    Precisamente ese informe negando cualquier gasto por parte de la Generalitat, junto con los informes de la Guardia Civil en los que se advertía de la opacidad de esa administración autonómica, fueron los que motivaron que el Juzgado de Instrucción número 13 se dirigiera al Gobierno de Mariano Rajoy para pedirle que le informara sobre el gasto real de dinero público en que había incurrido el gobierno catalán para llevar a cabo el referéndum ilegal.

    LA INTERVENTORA NIEGA GASTOS EN EL 1-O

    El Gobierno también acompaña su respuesta de otro informe de la Interventora General de la Generalitat, Rosa Vidal, en el que informa que no le consta ningún expediente de gasto con cargo al programa 132 del Presupuesto de la Generalitat para consultas populares y que fue bloqueado por orden del Tribunal Constitucional.

    Y añade que no le consta expediente alguno al respecto ni presupuestario ni extrapresupuestario en ninguna de las fases contables que haya destinado al proceso refrendario.

    Las únicas obligaciones de pago reconocidas que admite la interventora son dos gastos de 19.366.68 y 6.154,66 realizadas por el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) para mantenimiento "ordinario y evolutivo" de programas ya existentes desde hace años en el Departamento de Gobernación, Administración Pública y Vivienda.

    En su informe precisa que una vez analizados los dos expedientes considera que "no contravienen el ordenamiento jurídico vigente ni la resolución del Tribunal Constitucional".

    Ahora a llorar y decirme que soy un pesado con el PP y que son lo mejor para el país y yo un paranoico.

  23. #23
    Último Navegante
    Avatar de Último Navegante
    Cita Iniciado por laucedo Ver mensaje
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    La credibilidad que puede tener el informe de la tesorera de la generalidad actualmente imputada por delitos y que encima tardó mas de dos meses en redactarlo es casi nula.
    Qué te apuestas a que igual que lo enviaron al juzgado, lo han enviado también a la fiscalía alemana?
    Que cuando decimos que el PP está al frente del golpe de Estado es por algo...

    El fiscal alemán ve difícil que el juez entregue a Puigdemont por malversación y más tras la ‘montorada’

    El trámite de la euroorden para la entrega de Carles Puigdemont avanza más rápido de lo que se preveía. La fiscalía y los tribunales alemanes ya disponen de toda la documentación necesaria para reconstruir los hechos y equipararlos a su propio código penal, y así comprobar si los delitos que se imputan al ex president por parte del Tribunal Supremo, están probados o no y, en consecuencia, si procede su entrega a las autoridades españolas para ser juzgado. Fuentes tanto de la fiscalía alemana como de los tribunales, confirman este martes a OKDIARIO que ya tienen los trabajos muy avanzados y, de forma extraoficial, dos voces distintas coinciden en que la orden de entrega va a ser rechazada.

    El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena marcó las casillas de rebelión y corrupción en la orden de detención y entrega europea para asegurarse, en caso de entrega, que podría ser juzgado por delitos con penas de cárcel muy altas: 30 años en el caso de rebelión. Pero el Tribunal de Schleswig-Holstein ya rechazó con la excarcelación de Puigdemont ese delito, que en Alemania se equipararía a la Alta Traición al Estado. Así, de lo que Llarena imputó a Puigdemont solo queda en pie el delito de corrupción, o lo que es lo mismo, la malversación de fondos públicos.

    Y aunque por este delito, con penas de prisión mucho menores que las de rebelión, sí se creía más factible la entrega de Puigdemont, la falta de pruebas que demuestren que el ex president catalán actuó de forma ilegal y perjudicando gravemente las finanzas de la Generalitat favorece a los intereses del líder independentista.

    A las pruebas iniciales que carecían de carga suficiente presentadas por la fiscalía española, la semana pasada el Ministerio Público envió más documentación a sus colegas alemanes para que emitiesen un informe favorable a la extradición por este delito. Pero las mismas fuentes, tanto de la Fiscalía como de los tribunales, aseguran que “la documentación aportada en los últimos días no prueban que haya cometido un delito de malversación de dineros públicos” por lo que concluyen que el fallo del tribunal que se hará público en las próximas semanas, será contrario a la orden de entrega del prófugo.

    Por si fuera poco, este martes el prestigioso ‘Frankfurter Allgemeine Zeitung’ publica una amplia información en la que incide en que la justicia española no ha conseguido presentar aún sólidas pruebas de la malversación. Y destaca las declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, asegurando que el referéndum del 1-O “no se pagó con dinero público”. El periódico alemán recuerda que el Ministerio de Hacienda comenzó a controlar las cuentas de la Generalitat un mes antes del 1-O.

  24. #24
    Último Navegante
    Avatar de Último Navegante
    El juez Llarena pide a Montoro que aclare por qué declaró a EL MUNDO que no se usó dinero público para el referéndum del 1-O

    El juez Pablo Llarena ha pedido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que le informe cuanto antes de en qué datos objetivos basó sus declaraciones en una entrevista a EL MUNDO, en la que dijo tener la certeza de que no se había gastado dinero público en la organización del 1-O. El magistrado del Tribunal Supremo destaca que esa afirmación del ministro contradice las pruebas acumuladas en la investigación.

    El instructor ha tomado la decisión de dirigirse al ministro después de que repetidamente los procesados que han comparecido ante él desde el lunes hayan citado sus palabras como prueba de que no cometieron un delito de malversación de caudales públicos. El juez acaba de procesar a los ex miembros del Govern por un delito de rebelión agravado por ese gasto de dinero público. Además, la Fiscalía y el Supremo están centrados en afianzar la imputación por malversación, que podría ser la única por la que Alemania aceptara juzgar al ex president Carles Puigdemont.

    Es previsible que la defensa de Puigdemont también esgrima las palabras de Montoro para pedir al tribunal alemán encargado de la euroorden que tampoco acepte la entrega por malversación.

    En la providencia dictada este lunes, el juez afirma:

    "habiéndose objetado por varios de los procesados, en las declaraciones indagatorias [...], la injustificación del delito de malversación de caudales públicos por el que han sido procesados y por el que se ha librado orden europea de detención contra otros, y fundado sus alegatos en unas declaraciones del Ministro de Hacienda en las que supuestamente se expresa la certeza de una ausencia de gasto público en la organización de la votación celebrada en Cataluña el 1 de octubre de 2.017, lo que contradice las fuentes de prueba recogidas en esta instrucción, requiérase al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, D. Cristóbal Ricardo Montoro Romero, a fin de que informe, a la mayor brevedad posible, sobre el concreto soporte objetivo de tales afirmaciones".
    En el auto de procesamiento dictado el pasado 23 de marzo, y que está comunicando estos días a los afectados, el juez sí sostiene que se gastaron fondos públicos. En esa resolución explica que "los gastos públicos, que necesariamente habían de realizarse o comprometerse para la realización del referéndum que convocaron los integrantes del Gobierno, conforme a la evaluación hasta ahora practicada" suman un total de 1.602.001,57 euros [lea el documento en PDF].

    El reparto que expone el juez es el siguiente:

    1. Los relativos al desarrollo de la campaña de registro de catalanes en el extranjero para la emisión de su voto, por un importe de 224.834,25 euros.
    2. Los relativos a la campaña de publicidad y difusión del referéndum, por importe de 277.804,36 euros.
    3. Los atenientes al suministro de papeletas, al censo electoral y a las citaciones a personas integrantes de las mesas electorales, realizados por Unipost, por un importe total de 979.661,96 euros.
    4. Por la participación de observadores internacionales, la cantidad de 119.700 euros.
    Las declaraciones de la discordia



    Montoro sabe que tendría un problema muy grave si llegara a demostrarse que la rebelión independentista se ha financiado con recursos públicos por falta de celo en el departamento de Hacienda. Su titular afirma que desde septiembre tiene el control sobre los 35.000 millones que maneja la Generalitat intervenida, y que el sistema finalista de control de pagos certificados funciona.

    "Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Carles Puigdemont. Pero sé que no con dinero público".
    Cuando se emplaza a Montoro a volver a prometer que ni un solo euro de los españoles ha ido a parar al procés desde que Hacienda intervino la autonomía, responde que eso sólo habría podido ocurrir por un delito de falsificación de un funcionario conchabado con algún proveedor de la causa.

    "Por eso hay una investigación judicial en marcha. Pero la malversación no requiere solamente desvío de fondos: es también abrir un recinto público para un acto político ilegal, por ejemplo".
    Afirma que su experiencia hasta la fecha es la de una interventora general en Cataluña que responde semanalmente y con lujo de papeles a sus requerimientos. Por una razón que nada tiene que ver con la lealtad constitucional: se arriesga a pena de cárcel si no lo hace. Y eso lo saben la interventora, el fisco y el fiscal.

    http://www.elmundo.es/espana/2018/04...a568b457e.html

  25. #25
    ForoParalelo: Miembro Avatar de laucedo
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    Además la malversación viene de muy atras a la intervención de las cuentas catalanas.

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