Hilo para recopilar noticias sobre el golpe de estado catalanista. VOL 2.

Rajoy pacta con Sánchez y Rivera mantener el 155 tras la designación de los consellers de Torra
El Gobierno comunica a la Generalitat que “analizará la viabilidad de publicación” del decreto de nombramiento de los consellers


El Gobierno mantendrá activo el artículo 155. Así lo acordaron este sábado el presidente, Mariano Rajoy, tras una conversación con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el de Cs, Albert Rivera. Rajoy no autorizará la publicación oficial de los nombramientos en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) y por tanto estos no se harán efectivos.

La decisión se debe a la inclusión en el nuevo ejecutivo de Quim Torra de consellers encarcelados o desplazados al extranjero, en referencia a Jordi Turull , Josep Rull, Lluís Puig y Toni Comín. Tras hacerse públicos los nombres, la Moncloa envió un contundente comunicado en el que tildó de “provocación” la designación de estos consejeros, y acusó Torra de mantener una estratégica de “confrontación”.

Ayer mismo Rajoy llamó a Sánchez y Rivera para abordar la continuidad del 155

como consecuencia del pacto de Rajoy con Sánchez y Rivera, el subsecretario de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, José María Jover, ha remitido al secretari del Govern, Victor Culell, una carta en la que se veta la publicación en el DOGC del decreto de nombramiento de los consellers. La misiva responde a la remitida este sábado por el secretario catalán en la que se adjuntaba el Decreto 1/2018, de 19 de mayo, de creación, denominación y determinación del ámbito de competencia de los departamentos de la Administración de la Generalitat, y el Decreto 2/2018, de 19 de mayo, por el que se nombraban el vicepresidente del Govern y los conselles de los departamentos de la Generalitat.

Al respecto, en la carta del Gobierno se accede a la publicación del primero de los decretos por no plantear “problemas la viabilidad”, pero que “se va a proceder a analizar la viabilidad de publicación del segundo por incluir a los dirigentes encarcelados o desplazados al extranjero. La misiva recuerda “las circunstancias que concurren en las personas citadas y las competencias a ellas atribuidas” y por último advierte de que “la publicación del citado Acuerdo requiere la autorización por parte del Gobierno de la Nación, sin la cual el acto o disposición carecería de validez y efectos”.

El Gobierno remite una carta al secretari Victos Culell en el que le veta la publicación del decreto de nombramiento de los consellers

En su comunicado de este sábado el Gobierno avisaba que estudiaría dar o no luz verde a los nombramientos, y estas alturas lo que se mantiene desde la Moncloa es que se está “estudiando jurídicamente”. Sin embargo, ayer mismo Rajoy llamó a Sánchez y Rivera para abordar la continuidad del 155. El objetivo del Gobierno es obligar a Torra a cambiar los cuatro designados por otros cuatro sin causas con la justicia, de manera que hasta que decidan los próximos pasos, el decreto quedará en un cajón.

En la Orden PRA/1034/2017, de 27 de octubre, el Gobierno establece que las medidas contenidas en el acuerdo del Consejo de Ministros sobre el 155 “se mantendrán vigentes y serán de aplicación hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat, resultante de la celebración de las correspondientes elecciones al Parlament de Catalunya”. De esta manera, el precepto constitucional se mantiene vigente hasta la toma de posesión de los nuevos consellers, algo que el Ejecutivo español se había reservado ante la posibilidad de que el presidente elegido pretendiera vulnerar la ley de nuevo.

En la Orden PRA/1034/2017, de 27 de octubre, el Gobierno establece que las medidas contenidas en el acuerdo del Consejo de Ministros sobre el 155 “se mantendrán vigentes y serán de aplicación hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat”

La firma de Rajoy en el decreto de nombramiento de los nuevos consellers, en principio, no es un acto discrecional, de la misma forma que la rúbrica del Rey en el mismo documento es un acto debido, pero hay que cómo justifica el Gobierno su decisión de no oficializar los nombramientos a través de la publicación en los boletines oficiales, la única forma de hacer que sean efectivos.

De momento, el comunicado del Gobierno de este sábado da algunas razones políticas. En Moncloa consideran una “provocación” la elección de Torra y, en esto habrían coincidido los tres líderes que acordaron imponer por primera vez el precepto constitucional por primera vez en la democracia. “Su propuesta de nuevos consejeros es una nueva provocación porque varios de ellos se encuentran huidos de la Justicia o en situación de prisión provisional”, alegaba el comunicado.

El Ejecutivo de Rajoy abría ya la puerta en el documento a vetar parte o la totalidad de los nombramientos al advertir que el secretariado, “el único órgano competente para autorizar la publicación del decreto de nombramiento propuesto”, analizaría “la viabilidad del nuevo Govern anunciado, dadas las circunstancias personales de algunos de los designados”.

El llamado bloque del 155 (PP, PSOE y Cs) parecen coincidir en que el recién investido president “demuestra que quiere mantener una estrategia de confrontación con el Estado y con la mayoría de la sociedad catalana”

En definitiva, el llamado bloque del 155 (PP, PSOE y Cs) parecen coincidir en que el recién investido president “demuestra que quiere mantener una estrategia de confrontación con el Estado y con la mayoría de la sociedad catalana”.

El líder socialista, en una entrevista que publica hoy La Razón, asegura que apoyará que el Gobierno rechace el nombramiento como consejeros de personas en prisión o huidas en el extranjero y que, en consecuencia, mantenga la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya. Rivera ha venido insistiendo en la necesidad de mantener también el 155 por la actitud de Torra.

Desde el PSOE también se ha pronunciado este domingo la secretaria de Igualdad del PSOE y negociadora con el Gobierno en la aplicación del artículo 155, Carmen Calvo, en una rueda de prensa en Ferraz. “No esperamos nada de Torra”, ha admitido, para recalcar que el secretario general de los socialistas “al habla” con el presidente del Gobierno “encontrarán la respuesta que necesita” de acuerdo al Estado de Derecho.

El PSOE: El “dúo Puigdemont-Torra” es una “pesadilla” y un “calvario”

Calvo ha incidido en que las actuales circunstancias obligan a la “alerta” y “máxima capacidad de reacción” y ha acusado a Torra de querer convertir la política catalana en un “juego irresponsable e inmaduro” donde parece que lo que menos le importa es Catalunya. Y en su opinión, el “dúo Puigdemont-Torra” es una “pesadilla” y un “calvario” para los intereses de los catalanes y el ejercicio diario de los derechos los hombres y mujeres del territorio que pretenden gobernar. Según la dirigente, el equipo de gobierno propuesto por Torra es “inaceptable e inconcebible en cualquier país”.

Desde el PP, el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha abogado por que haya una respuesta de “firmeza” frente a la situación generada por el nuevo Govern de Torra, pero desde la “unidad de los partidos constitucionalistas”. Maroto ha dicho que los políticos independentistas catalanes están trasladando que “no quieren estabilidad institucional, ni social ni económica”. Así, “un gobernante que no quiera estabilidad ni para las cuentas, ni para la sociedad ni para la política de sus instituciones no es un buen gobernante y no se está ajustando a lo que una mayoría demanda”, ha afirmado.

El PP: “Nosotros preferimos firmeza pero dentro de la unidad política que ha surtido efectos y vamos a seguir trabajando para que sea así”

Así, ha reivindicado que esta respuesta ante “el reto de los independentistas” debe darse desde “la unidad política de las fuerzas constitucionalistas”, aunque “puede haber alguien que quiera salir corriendo a decir el mensaje más contundente y romper la unidad”. “Nosotros preferimos firmeza pero dentro de la unidad política que ha surtido efectos y vamos a seguir trabajando para que sea así”, ha sentenciado.

Por su parte, el president, en otra entrevista que publica El Punt-Avui, defiende la “restitución” de los exconsellers y considera “inimaginable” que el Estado no levante el artículo 155 ya que cree que, de no hacerlo, “infringirá el decreto aprobado” y provocará una “crisis institucional de dimensiones considerables”.

http://www.lavanguardia.com/politica...rt-rivera.html

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena rechaza la entrega de Carles Puigdemont
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena rechaza la entrega de Carles Puigdemont solo por el delito de malversación

El magistrado destaca la “falta de compromiso” del tribunal alemán que decidió sobre la euroorden dictada contra el expresidente de la Generalitat
Autor
Comunicación Poder Judicial
El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dictado este jueves un auto en el que rechaza la entrega a España del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont en las condiciones acordadas por el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein (Alemania), es decir, para ser juzgado sólo por un delito de malversación de caudales públicos, pero no por los de rebelión o sedición.

Llarena destaca “la falta de compromiso” del tribunal alemán con unos hechos que podrían haber quebrantado el orden constitucional español, y estima que con su decisión han anticipado un enjuiciamiento para el cual no tienen cobertura normativa, sin sujetarse ni a los preceptos de la Decisión Marco sobre la Orden de Detención Europea, ni a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ni al Manual sobre la euroorden elaborado por la Comisión Europea.

Para el magistrado, el control de la doble tipificación por parte del Estado de ejecución debería haberse limitado a comprobar si los hechos descritos por la jurisdicción española están contemplados en la legislación penal de Alemania, y si justificarían por ello que, de haberse perpetrado en el país de ejecución los hechos que se sospechan, se impulsaría una investigación penal semejante a la que aquí se sigue.

“En tal sentido –argumenta- no resulta conforme con la Decisión Marco que se deniegue la tramitación de la orden de detención respecto de unos hechos principales de rebelión o sedición (limitándose el ejercicio de la jurisdicción española a la persecución del delito de malversación de fondos públicos), a partir de un análisis en el que las autoridades judiciales del país de ejecución no realizan una ponderación en abstracto del pronóstico de tipicidad sospechado, sino que abordan el definitivo juicio de subsunción de los hechos en los tipos penales”.

Añade que lo hacen además “desde una conclusión cerrada de cómo se desarrollaron los hechos o de cuáles fueron las intenciones que pudieron guiar a los partícipes. Al actuar de ese modo, el Tribunal de ejecución alemán ha adelantado un enjuiciamiento que no es coherente con la cristalización progresiva de la imputación, y lo hace desde un posicionamiento desacertado”.

El tribunal alemán da valor de prueba definitivo a la versión de Puigdemont

Según el auto, el Tribunal de Schleswig-Holstein llega a valorar en algunos extremos, a efectos de fondo, la declaración del encausado. Y esa ponderación de su relato a la hora de evaluar la antijuridicidad de los hechos que se le atribuyen, entraña, para el juez Llarena, “conferir un valor probatorio definitivo a su versión, pese a que la declaración no pueda confrontarse con el resto de fuentes de prueba recogidas en una extensa instrucción que el Tribunal de ejecución desconoce, y sin que puedan someterse esas manifestaciones a contradicción con unas acusaciones que están privadas de las posibilidad de intervenir en el expediente de entrega”.

El magistrado resalta que el tribunal alemán denuncia que no se aprecian en los hechos algunas de las exigencias típicas identificadas por su propia jurisprudencia, “pero silencia que no ha reclamado a este instructor que le ilustre sobre aquellos extremos de la investigación que pudieran reflejar que sí concurren esos elementos, y ello pese a que este Tribunal (en escrito de 26 de abril de 2018), comunicó al órgano judicial de Schleswig-Holstein que el relato [del Auto de Procesamiento en el que se asienta la euroorden] sólo contiene los hechos que resultan de interés para el enjuiciamiento en España”.

Señala el juez que lo relevante a los efectos de mantener la petición de colaboración, es que el tribunal de ejecución, cuando constata unos hechos que satisfacen las exigencias abstractas en las que se asienta un determinado pronóstico de tipicidad, “ni legal ni materialmente puede abordar un juicio sobre la fuerza incriminatoria de unas pruebas que no están a su alcance, ni puede tampoco realizar un juicio definitivo de subsunción de los hechos que se imputan en los diferentes tipos penales”.

‘Cortocircuitada’ la operatividad de la euroorden

Llarena señala que todas esas circunstancias “no sólo cortocircuitan la operatividad del instrumento de cooperación internacional que hemos impulsado, sino que deterioran indebidamente la indiciaria apreciación de responsabilidad que recoge la investigación y un auto firme de procesamiento”, por lo que procede, de un lado, rechazar la entrega de Puigdemont como mero responsable del delito de malversación y, de otro, retirar las órdenes europeas e internacionales de detención dictadas contra él.

El tribunal alemán debió plantear una cuestión prejudicial al TJUE

Asimismo, el juez sostiene que el tribunal alemán debió haber planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que, cuando existen dudas de interpretación de una norma de la UE, en este caso la aplicación de la euroorden, en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no sean susceptibles de posterior recurso judicial debido a su derecho interno, dicho órgano está obligado a formular la cuestión prejudicial al TJUE. Así, se habría obtenido una interpretación uniforme de la norma garantizando el principio de igualdad en su aplicación en toda la UE.

El tribunal de ejecución (en este caso, de Alemania), que es quién debe plantear la cuestión prejudicial de acuerdo al artículo 267 del Tratado de la UE, estaba obligado, según Llarena, a preguntar al TJUE al no tratarse de un acto claro, entre otras razones por existir dudas interpretativas que se hubieron de hacer presentes al tribunal alemán, por la propia posición del fiscal general del Estado de Schleswig-Holstein, quien solicitaba la entrega por los dos delitos y no solo por malversación, y por la información complementaria que les remitió el propio Llarena en defensa de sus tesis.

A ello se añadía que no había jurisprudencia directa del Tribunal europeo sobre el concepto de ‘doble incriminación’ previsto en el procedimiento de la euroorden; y que la jurisprudencia indirecta del mismo TJUE era de sentido contrario a la sostenida por el tribunal alemán.

Falta de compromiso

Por todo ello, el juez destaca “la falta de compromiso del Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein con unos hechos que pudieran haber quebrantado el orden constitucional español”, que “no sólo se refleja en no haber planteado una cuestión prejudicial cuando se estaba obligado a ello, sino por no haberlo hecho conociendo que el Tribunal Supremo español, como órgano judicial de emisión de la euroorden, no puede dirigirse al TJUE para plantear una cuestión prejudicial que intente suplir o colmar el déficit de colaboración padecido (artículo 267 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea)”.

Así, cita las conclusiones del Abogado General del TJUE, recientemente presentadas el 16 de mayo de 2018, que señalan que la decisión del Tribunal de la Unión Europea respecto de una cuestión prejudicial que fuera planteada por el Estado remitente (en este caso España), sería puramente consultiva y carente de efecto vinculante, y en cuanto tal inadmisible.

El auto del juez Llarena realiza un extenso análisis de la Decisión Marco sobre la Orden de Detención Europea y los procedimientos de entrega entre Estados miembros aprobada por el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea el 13 de junio de 2002. Destaca que se concibió como un instrumento de agilización de la cooperación judicial basado en los principios de reconocimiento y confianza mutuas entre los países miembros, y donde la autoridad judicial de ejecución sólo puede negarse a llevarlo a cabo en supuestos excepcionales.

Retiradas la órdenes contra Puig, Comin, Serret, Ponsatí y Rovira

En ese sentido, también hace referencia a la denegación de entrega acordada en Bélgica respecto a otros tres procesados en la misma causa que eran exconsellers del Gobierno de Puigdemont (Antoni Comin, Lluis Puig y Meritxell Serret). Recuerda que las autoridades belgas no aceptaron que el auto de procesamiento contra los tres tuviese la naturaleza ejecutiva que el ordenamiento jurídico español le atribuye, entendiendo así que no había una orden de detención nacional subyacente a la orden de detención europea.

Así, la valoración sobre el alcance del auto de procesamiento, “discrepa abiertamente de la indicación de suficiencia que trasladamos al Tribunal de ejecución, despreciando el conocimiento que cada órgano judicial tiene de su propio ordenamiento jurídico, además de desconfiar de sus aclaraciones. Se muestran así inasumibles las objeciones formales expresadas en la resolución belga”, reitera Llarena, que en su auto retira también las órdenes de detención europeas e internacionales contra Comin, Puig y Serret, reclamados a Bélgica, así como las de Clara Ponsatí, que se encuentra en Escocia, y Marta Rovira.

Auto PDF

http://www.poderjudicial.es/stfls/TR...lio%202018.pdf



http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/...e-malversacion