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Plataforma Hilo de seguimiento del juicio a los golpistas independentistas

  1. #31
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    [IMG]El Supremo rechaza expulsar a VOX de la causa del 1-O como pedían los golpistas[/IMG]

    El Tribunal Supremo no entrará en el juego de los separatistas. El ex presidente de Òmnium Jordi Cuixart planteó un recurso auspiciado por ERC para expulsar a Vox de la acusación popular. Pero el Supremo tiene ya tomada la decisión y no aceptará el recurso. Vox seguirá formando parte de la acusación y seguirá elevando el listón de las peticiones de penas defendiendo la existencia del delito de rebelión.

    El presidente de Òmnium Cultural que se encuentra en prisión provisional, Jordi Cuixart, pedía recientemente al Supremo en un escrito presentado por su defensa que se expulsara a VOX de la causa abierta por el “procés”, al entender que la estaba utilizando como “polo de atracción electoral” para los próximos comicios y para legitimar “ideas que contravienen” la Constitución.

    Cuixart, tal y como publicó este diario, defendía que los planteamientos de Vox como acusación popular no eran netamente jurídicos sino que le movía un interés electoralista que, según sus abogados, pervertía el sentido de una acusación legítima.


    Los abogados de Cuixart reclamaban, de hecho, la expulsión de Vox del caso por considerar que se había hecho uso de datos judiciales en el congreso de este partido en el acto de Vistalegre.

    Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, el Supremo rechaza las pretensiones de la defensa de Cuixart y por lo tanto, mantendrá a VOX en la causa para que siga ejerciendo la acusación popular. La decisión del Alto Tribunal se hará pública en las próximas horas o este mismo miércoles.


    En el escrito remitido al Supremo, la defensa de Cuixart mantenía que el partido VOX es de extrema derecha y que no defiende el interés general en la causa por el “procés”, sino que su personación obedece “de forma principal, e incluso única, a la voluntad de utilizar dicha personación como polo de atracción electoral”.

    “La existencia de intereses ajenos a la administración de justicia con exclusivas finalidades partidistas supone la utilización fraudulenta de la institución de la acusación popular en el procedimiento penal”, añadía el escrito.

    La abogada de Cuixart recordaba en su escrito que el reciente acto que VOX celebró en el Palacio de Vistalegre de Madrid demostraba que su ideario “se focaliza especialmente en el desconocimiento y negación del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones” y se caracteriza por “una actitud beligerante de recentralización del Estado y negación de los derechos nacionales”.

    Además, para la defensa del presidente de Òmnium, las repetidas alusiones al papel de VOX en la causa del “procés” en Vistalegre probaban que este partido la está utilizando “para dar una imagen de legitimidad, en actos de propaganda electoral, a ideas que contravienen la misma Constitución”.

    En ese sentido, el escrito alertaba de que el principal objetivo de VOX es “disponer del altavoz mediático que supone la ocupación del estrado de la acusación en la fase del juicio oral en un proceso penal de relevancia pública”, por lo que el partido lo aprovechará, según la defensa, para difundir su programa electoral.

    “La personación de dicho partido político no aporta nada al interés de la justicia, ni siquiera desde la óptica de la acusación”, concluía el escrito, que emplaza al Supremo a no “permanecer impasible con la evidencia del uso espurio de la institución de la acusación popular” por parte de VOX.

    Los argumentos de la defensa de Cuixart no habrían convencido al Supremo. Cabe recordar que VOX que ejerce la acusación popular en la causa se ha caracterizado por mantener una postura muy firme junto a la Fiscalía frente a los golpistas. Un acusación que también era firme por parte de la Abogacía del Estado, hasta que el socialista Pedro Sánchez llegaba a la Moncoa.

    Jordi Cuixart
    Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, a su llegada a la Audiencia Nacional. (Foto: EFE)
    La formación liderada por Santiago Abascal solicitaba en su escrito de acusación presentado en las últimas horas 74 años de cárcel para el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, por dos delitos de rebelión, uno de organización criminal y otro de malversación de caudales públicos.

    En el escrito de acusación que VOX ha presentaba ante el Tribunal Supremo pedía las mismas penas por los mismos delitos para los exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull, Raul Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull.

    Lo cierto es que esa petición por parte de la defensa de Cuixart tenía mucho que ver con ciertas negociaciones políticas. En concreto, con las mantenidas por la gente de ERC con el Gobierno de Sánchez. Y es que, tras haber ordenado rebajar la acusación de la Abogacía del Estado para que no incluyeran el tipo de rebelión, el segundo paso de las negociaciones entre el Ejecutivo de Sánchez y ERC pasaba por favorecer una salida de Vox de la acusación popular. Sin embargo, el Ejecutivo socialista no contaba con un escollo insalvable, los magistrados del Supremo que no se dejarían influir y presionar, manteniendo en todo momento su independencia.

    El plan final era dejar a la Fiscalía aislada y más presionable, con el objetivo de que también ella pasará de la petición del tipo de rebelión al de sedición, con menores penas.

    https://okdiario.com/espana/2018/11/...pistas-3315431

  2. #32
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    La Fiscalía propone como testigos en el juicio al «procés» a 100 agentes lesionados en el referéndum
    El Ministerio Público busca demostrar la violencia que requiere el delito de rebelión

    La Fiscalía del Tribunal Supremo ha propuesto como testigos en el juicio del «procés» a 100 agentes lesionados durante el referéndum independentista ilegal, que tuvo lugar el 1 de octubre de 2017. El Ministerio Público busca, con esta prueba, demostrar el carácter violento del plan secesionista ilegal, una circunstancia necesaria para que haya una condena por el delito de rebelión, el más grave sobre la mesa. El escrito de la Fiscalía asegura que los guardias civiles y policías nacionales sufrieron lesiones por «los violentos enfrentamientos» del 1-0. El juicio oral, la hora de la verdad, se prevé para el mes de enero.

    En total, la Fiscalía propone 256 testigos para probar sus tesis sobre la causa abierta contra los líderes secesionistas. 18 líderes del «procés» se sentarán en el banquillo de los acusados por empujar hacia la independencia por las vías ilegales, empleando la intimidación que suponían las manifestaciones masivas y la disponibilidad para sus servicios de la fuerza de los Mossos d'Esquadra, según el Ministerio Público, que solicita la condena más alta, de 25 años de cárcel, para el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras.

    Entre los testigos propuestos están dos letrados de la Mesa del Parlament que emitieron informes jurídicos que alertaban de la inconstitucionalidad de las resoluciones sacadas adelante por los independentistas, tres asistentes a la Junta de Seguridad celebrada el 28 de septiembre (en la que la cúpula de los Mossos advirtió a los políticos del riesgo de violencia el 1-O) y el coordinador general de la actuación policial en el referéndum, que sería el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos.


    Otras personas citadas tienen relación con el asedio a la comitiva judicial que registró la sede de la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017 por orden de un juez, cuando una masa de militantes independentistas retrasó durante horas su salida y destrozó tres vehículos oficiales. «Los testigos números 24 a 40 se proponen para acreditar diferentes episodios de violencia acaecidos durante el mes de septiembre de 2017», recoge el escrito de la Fiscalía, que omite los nombres de los testigos.

    El Ministerio Público también solicita que comparezcan los mandos policiales que elaboraron los atestados policiales de los incidentes del referéndum secesionista ilegal, y pide que declaran también diversas personas que puedan acreditar el desvío de fondos públicos para financiar la preparación y celebración del referéndum ilegal o las campañas internacionales de los antiguos gobernantes catalanes a favor del «procés». Esto buscaría probar el delito de malversación de caudales públicos.

    El juicio oral a los 18 líderes del plan secesionista ilegal reproducirá, de viva voz, la batalla de los argumentos entre las acusaciones, que consideran que los dirigentes independentistas situaron al Estado al borde del abismo con una insurrección ilegal que incluye episodios de violencia para alcanzar la secesión, y los acusados, que niegan todos los delitos y alegan que solo estaban realizando política. Siete magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo tendrán la última palabra en la sentencia.

    https://www.abc.es/espana/abci-fisca...3_noticia.html

















    Última edición por LELON; 22/11/2018 a las 23:37

  3. #33
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    La Fiscalía propone como testigos en el juicio al «procés» a 100 agentes lesionados en el referéndum
    El Ministerio Público busca demostrar la violencia que requiere el delito de rebelión

    La Fiscalía del Tribunal Supremo ha propuesto como testigos en el juicio del «procés» a 100 agentes lesionados durante el referéndum independentista ilegal, que tuvo lugar el 1 de octubre de 2017. El Ministerio Público busca, con esta prueba, demostrar el carácter violento del plan secesionista ilegal, una circunstancia necesaria para que haya una condena por el delito de rebelión, el más grave sobre la mesa. El escrito de la Fiscalía asegura que los guardias civiles y policías nacionales sufrieron lesiones por «los violentos enfrentamientos» del 1-0. El juicio oral, la hora de la verdad, se prevé para el mes de enero.

    En total, la Fiscalía propone 256 testigos para probar sus tesis sobre la causa abierta contra los líderes secesionistas. 18 líderes del «procés» se sentarán en el banquillo de los acusados por empujar hacia la independencia por las vías ilegales, empleando la intimidación que suponían las manifestaciones masivas y la disponibilidad para sus servicios de la fuerza de los Mossos d'Esquadra, según el Ministerio Público, que solicita la condena más alta, de 25 años de cárcel, para el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras.

    Entre los testigos propuestos están dos letrados de la Mesa del Parlament que emitieron informes jurídicos que alertaban de la inconstitucionalidad de las resoluciones sacadas adelante por los independentistas, tres asistentes a la Junta de Seguridad celebrada el 28 de septiembre (en la que la cúpula de los Mossos advirtió a los políticos del riesgo de violencia el 1-O) y el coordinador general de la actuación policial en el referéndum, que sería el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos.


    Otras personas citadas tienen relación con el asedio a la comitiva judicial que registró la sede de la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017 por orden de un juez, cuando una masa de militantes independentistas retrasó durante horas su salida y destrozó tres vehículos oficiales. «Los testigos números 24 a 40 se proponen para acreditar diferentes episodios de violencia acaecidos durante el mes de septiembre de 2017», recoge el escrito de la Fiscalía, que omite los nombres de los testigos.

    El Ministerio Público también solicita que comparezcan los mandos policiales que elaboraron los atestados policiales de los incidentes del referéndum secesionista ilegal, y pide que declaran también diversas personas que puedan acreditar el desvío de fondos públicos para financiar la preparación y celebración del referéndum ilegal o las campañas internacionales de los antiguos gobernantes catalanes a favor del «procés». Esto buscaría probar el delito de malversación de caudales públicos.

    El juicio oral a los 18 líderes del plan secesionista ilegal reproducirá, de viva voz, la batalla de los argumentos entre las acusaciones, que consideran que los dirigentes independentistas situaron al Estado al borde del abismo con una insurrección ilegal que incluye episodios de violencia para alcanzar la secesión, y los acusados, que niegan todos los delitos y alegan que solo estaban realizando política. Siete magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo tendrán la última palabra en la sentencia.

    https://www.abc.es/espana/abci-fisca...3_noticia.html
    Hombre, @LELON, por Dios, no me hagas esto. Mira que he valorado tu labor informativa sobre lo que sucede en Cataluña, y me he divertido mucho con ella, pero por favor no caigas en lo mismo que hacen los indepes. Las mentiras del separatismo hay que combatirlas con la verdad, y no con más mentiras que lo único que hacen es ponernos a su altura.

    Siria



    Epidemia de gripe española



    Colombia



    México




    Brasil



    Canarias



  4. #34
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    El Supremo vuelve a denegar la libertad a Forn
    Considera que la defensa no ha aportado "ningún elemento nuevo" para cambiar su situación


    La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha vuelto a denegar la puesta en libertad del exconsejero del Interior de la Generalitat Joaquim Forn, en prisión preventiva y aún pendiente de juicio por la causa del procés independentista. El tribunal considera que su defensa no ha aportado ningún elemento nuevo que pueda modificar su situación.

    El auto apunta que las alegaciones de la defensa respecto del riesgo de reiteración delictiva y el peligro de fuga "son una recapitulación de las formuladas en anteriores peticiones" de libertad, "sin que revelen ningún elemento nuevo" que pudiera modificar dichos riesgos.

    Marchena, ponente del auto
    El ponente del auto ha sido el presidente del tribunal que enjuiciará los hechos, Manuel Marchena, que deberá dejar su puesto una vez haya sido elegido presidente del CGPJ, después del acuerdo alcanzado entre PP y PSOE sobre el poder judicial.

    En su escrito ante el Supremo, Forn --cuya última petición de libertad fue denegada el 12 de septiembre-- hace un recorrido sobre los argumentos que ha utilizado para pedir su libertad todas las veces que ha pedido su excarcelación.

    Pide medidas cautelares
    En esta ocasión, Forn alega la conexión entre la causa que enjuiciará el Tribunal Supremo y la que sigue la Audiencia Nacional contra responsables del departamento de Interior de la Generalitat y de los Mossos d'Esquadra, entre ellos el mayor Josep Lluis Trapero.

    El exconseller de Interior pide las mismas medidas cautelares de estos acusados, que se encuentran en libertad con medidas cautelares y "han padecido unan restricción mínima a su libertad".

    Forn argumenta que la prisión preventiva "solo cabe cuando otras medidas menos gravosas se muestran ineficaces y debe extinguirse" cuando no sea idónea para el cumplimiento de sus fines. Pero los magistrados indican que dicho argumento, amparado en las vicisitudes de otro procedimiento judicial distinto y sin conexión procesal con el que se sigue en el Supremo, carece de virtualidad para dejar sin efecto la medida cautelar acordada en su momento.


    https://cronicaglobal.elespanol.com/...00692_102.html
    Última edición por LELON; 22/11/2018 a las 23:38

  5. #35
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    El independentismo exige apartar a Marchena del juicio por el 1-O
    Cs y PSOE "honoran su profesionalidad" y lo erigen como "ejemplo de imparcialidad" tras su renuncia al CGPJ



    https://www.elperiodico.com/es/polit...io-1-o-7157439

    Última edición por LELON; 22/11/2018 a las 23:39

  6. #36
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    La policía disparó pelotas de goma el 1-O ante ataques de “odio extremo”
    El abogado de dos de los agentes ha afirmado que utilizaron las pelotas de goma, por orden de superiores y siguiendo los protocolos



    Cuatro agentes de la Policía Nacional de la Unidad de Intervención Policial (UIP) han prestado declaración hoy como investigados en el Juzgado de instrucción número 7 de Barcelona por su actuación el 1-O en el colegio Ramon Llull. Han asegurado que utilizaron las pelotas de goma, por orden de su jefe y siguiendo los protocolos, ante la violencia de los manifestantes que mostraban un "odio extremo".

    Antonio Suárez-Valdés, abogado de dos de los cuatro agentes ha atendido a los medios donde ha incidido que los policías hicieron un uso proporcionado de la fuerza, que dispararon las pelotas de goma cuando se estaban replegando al ser "brutalmente agredidos" con vallas, piedras y otros objetos.

    Herida en el ojo
    Suárez-Valdés también se ha referido a la herida en el ojo de Roger Español --la abogada de este asegura que la lesión del manifestante "es consecuencia de una pelota de goma"--, el letrado ha dudado que la acción policial causara la contusión.

    El abogado ha matizado que aquel día Español agredió a agentes y les tiró vallas --el activista está investigado por este hecho en el mismo juzgado-- además ha añadido que "allí estaban lloviendo toda clase de objetos y le pudo dar cualquiera".

    Siempre diswpararon al suelo


    Los policías han asegurado ante el juez que siempre dispararon al suelo y que no vieron el impacto que causó la herida a Español. Suárez-Valdés ha confiado en que "en breve haya un sobreseimiento" del caso.

    Franquesa --abogada de Español-- ha recordado que ellos tienen identificado qué agente disparó a su cliente pero que les falta su número. Además ha defendido que "las pelotas de goma el 1-O no deberían haberse usado" porque están prohibidas en Cataluña.

    "Absolutamente improcedente"
    La letrada ha añadido que usar este armamento el 1-O fue "absolutamente improcedente" e innecesario, además de que se hizo de manera antirreglamentaria.

    Finalmente ha destacado que las imágenes grabadas en el momento de las cargas desmienten que hubiera violencia y hostigamiento.

    https://cronicaglobal.elespanol.com/...00992_102.html
    Última edición por LELON; 22/11/2018 a las 23:39

  7. #37
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    Un descuido deja en un cajón más de un año de investigación sobre la organización del 1-O
    Ramírez Sunyer


    El juez Juan Antonio Ramírez Sunyer en una imagen del pasado mes de febrero (Foto: EFE).

    Un juzgado guardó por error una documentación dirigida a la Audiencia Nacional y en la que se reflejaban año y medio de investigaciones sobre la hacienda catalana y el proceso independentista
    El fiscal llegaba a la conclusión de que habían diseñado y puesto en marcha "un catálogo de estructuras de Estado no amparadas por el ordenamiento jurídico"
    La Audiencia Nacional investigó durante más de un año y medio la creación de una Hacienda catalana dentro de las “estructuras de Estado” que quería poner en marcha la Generalitat de Cataluña para culminar el proceso de independencia de España. Sin embargo, un error burocrático impidió al juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, recientemente fallecido, que investigaba la organización del referéndum del 1 de octubre conocer todos los informes que la Guardia Civil había elaborado sobre este asunto.

    En concreto, las pesquisas en la Audiencia Nacional comenzaron en marzo de 2016, un año antes de que el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona se hiciese cargo de la investigación de la organización del referéndum y todo lo relacionado con la construcción de una hipotética república catalana.

    La investigación estuvo encabezada por el entonces fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, quien puso al frente de las pesquisas a Daniel Campos, con el respaldo de la entonces fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal. La instrucción empezó así con tres fiscales, pero a medida que pasaron los meses fue cambiando de manos: Madrigal fue sustituida por José Manuel Maza, Zaragoza por Jesús Alonso y Campos por Miguel Ángel Carballo. Los tres continuaron firmando los escritos que hacían avanzar la investigación.

    Se da la circunstancia de que Zaragoza y Madrigal son dos de los cuatro fiscales que acusarán de rebelión, malversación y desobediencia en el juicio del ‘procés’ que se celebrará el año que viene el Supremo, así que cuando empiece la vista oral los dos ya habrán cumplido más de tres años investigando el proceso independentista.

    Sin embargo, el Juzgado de Barcelona no ha tenido hasta ahora acceso a los resultados de más de 19 meses de investigación de estos fiscales ni a los informes de la Guardia Civil sobre las estructuras de Estado que habían recabado debido a un error: cuando la documentación llegó a Barcelona en septiembre de 2017, nadie se percató de que procedían de la Audiencia Nacional y pensando que eran papeles duplicados no se tuvieron en cuenta.

    Un año de investigación
    El 17 de marzo de 2016, mucho antes incluso de que se pusiera fecha a la consulta independentista, Zaragoza incoó diligencias de investigación en la Audiencia Nacional tras el examen de un atestado policial levantado por presuntos delitos de sedición, malversación de caudales públicos, prevaricación y/o desobediencia en Cataluña.

    Dicho atestado del Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la VII Zona de la Guardia Civil analizaba la creación de la “nueva Administración Tributaria Catalana como una de las estructuras de Estado que darán soporte al proceso unilateral de independencia que han puesto en marcha las instituciones autonómicas y locales de Cataluña, al margen de la legalidad constitucional, eludiendo abiertamente el cumplimiento de las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional”.

    En una exposición de motivos que recuerda mucho al escrito de acusación del Ministerio Público de cara al juicio del ‘procés’, Zaragoza justificaba la apertura de diligencias porque ya desde 2012 CiU y ERC habían pactado “impulsar y materializar la creación de las estructuras necesarias para garantizar la efectividad del proceso de construcción de Cataluña como un Estado nuevo”.

    El entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional hacía después un relato de los pasos que había ido dando la Generalitat, de la que Carles Puigdemont acababa de tomar los mandos, de cara a la creación de la Hacienda catalana y la aprobación de planes para la preparación de las estructuras de Estado así como el inicio del proceso de independencia aprobado el 9 de noviembre de 2015. También recordaba las sentencias del Tribunal Constitucional suspendiendo estos planteamientos.

    El fiscal concluía que tanto el Govern como el Parlament habían incumplido todas las resoluciones del tribunal de garantías y que habían diseñado y puesto en marcha “un catálogo de estructuras de Estado no amparadas por el ordenamiento jurídico” mediante la “contratación de las obras y servicios necesarios con diversas empresas y destinando recursos económicos públicos”.

    La Audiencia era competente
    Javier Zaragoza justificaba la competencia de la Audiencia Nacional para investigar porque la conducta de la Generalitat respondía a delitos contra la forma de Gobierno, que incluye “los actos constitutivos de rebelión y sedición cuando la finalidad de los mismos sea cambiar ilegalmente la organización territorial del Estado y declarar la independencia de una parte del territorio nacional”.

    Según el escrito de 2016, hacer caso omiso de decisiones del Tribunal Constitucional y llevar a cabo “actos de ejecución y/o desarrollo” de un mandato ilegal como el que hizo la Generalitat podrían constituir “no sólo delito de sedición”, sino también de “prevaricación, desobediencia, usurpación de atribuciones o malversación de fondos públicos”.

    “Es evidente que la puesta en marcha de estructuras de Estado como viene sucediendo en Cataluña desde hace años son conductas que encajan en los tipos penales antes mencionados”, añadía Zaragoza, que tras justificar así la intervención de la Audiencia Nacional encargó al fiscal Daniel Campos la instrucción de las actuaciones.

    https://okdiario.com/general/2018/11...el-1-o-3374460
    Última edición por LELON; 22/11/2018 a las 23:40

  8. #38
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    El juez Llarena reivindica la “independencia de todos los jueces” sin importar cómo hayan sido elegidosJuez Pablo Llarena






    Pablo Llarena, juez del Tribunal Supremo citado en Bélgica. (Foto: EFE)

    El instructor en el Tribunal Supremo de la causa del ‘procés’ independentista en Cataluña, Pablo Llarena, ha defendido este martes que la independencia es patrimonio de todos los jueces sin importar el sistema por el que hayan sido designados.

    “Cuando somos nombrados de forma discrecional ejercemos con la misma independencia, invito a todos a que lo proclamen”, ha manifestado al recoger el premio que la web de información jurídica Confilegal le ha otorgado ante numerosos representantes de la cúpula judicial.

    Al acto ha acudido la ministra de Justicia, Dolores Delgado; el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Juan José González Arribas, la vicepresidenta de este órgano, Encarnación Roca, y una numerosa representación de magistrados del Tribunal Supremo, jueces de la Audiencia Nacional y miembros de la Fiscalía.


    Tras recoger este galardón de manos del presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Manuel Almenar, el juez Llarena ha llamado la atención de la existencia, en nuestro ordenamiento jurídico, de normas que algunos pueden aprovechar para influir en el poder judicial, como ha advertido en alguna ocasión el propio Tribunal Constitucional, un riesgo del que debe tomar nota el legislador.

    En este sentido, Llarena ha manifestado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “es una institución constitucional de la que depende la realización de la justicia para 48 millones de personas“.


    Por ello, considera que debe pedirse al legislador “que introduzca instrumentos que alejen los riesgos de politización de la justicia, pero también que permitan al órgano de gobierno de lo jueces discutir de intereses colectivos y no solo corporativos”.

    “El riesgo existe pero la materialización no tiene por qué existir”, ha añadido el magistrado, tras aludir al comunicado por el que el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, ha renunciado a presidir el CGPJ en virtud del pacto anunciado entre el PP y el PSOE.

    “Siempre he defendido que los jueces atienden sus funciones con rabiosa independencia con autonomía y con responsabilidad -ha añadido- Y lo están haciendo con independencia del órgano en el que cumplen sus funciones o con independencia de cómo son designados por el propio Consejo del Poder Judicial”.

    Apoyo a Marchena

    Igualmente han sido premiados el magistrado Manuel Ruiz de Lara – que también ha elogiado la decisión de Marchena de renunciar a presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha elogiado su dignidad e independencia- los abogados Luis de Carlos y Ofelia Tejerina, y el Turno de Oficio de abogados y de procuradores.

    En el mismo acto la ministra Delgado ha hecho entrega de una placa al presidente de TC, “órgano que ha contribuido de forma decisiva a estos 40 años de estabilidad democrática”, según el jurado.

    https://okdiario.com/espana/2018/11/...egidos-3373785
    Última edición por LELON; 22/11/2018 a las 23:42

  9. #39
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    Torra teme un Guantánamo español para los presos independentistas
    El presidente catalán se aprovecha de la crisis judicial y culpa el Gobierno del accidente de Vacarisses por no ejecutar las inversiones previstas en Rodalies



    El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha aprovechado de nuevo la sesión de control del Parlament para arremeter contra el Estado. Ha compartido con los diputados de su grupo el temor a que los presos independentistas sean tratados como en Guantánamo –la cárcel de Estados Unidos donde se han denunciado torturas a los presos—por la situación de deterioro de la Justicia española. Asimismo, ha culpado al Gobierno del accidente ferroviario ocurrido ayer en Vacarisses (Barcelona) por los atrasos en las inversiones en Rodalies.

    La sesión parlamentaria ha arrancado con las preguntas de Alejandro Fernández, líder del PP, quien se ha interesado por el “otoño caliente” que auguró Torra. “Usted pidió a la sociedad catalana un nuevo momento de desobediencia colectiva”, ha dicho el popular, lo cual “ha sido un rotundo fracaso”. Aunque ha señalado la gravedad del intento de asalto al Parlament por parte de CDR. “Debe usted dimitir, a usted esto de la política no le va y se le nota. Se le ve taciturno y melancólico. Vuelva usted a la activismo, porque como presidente es una auténtica calamidad”, ha dicho.

    Otoño caliente
    Torra ha dicho que el resumen de ese “otoño” nos deja un escrito acusación contra los independentistas. “La sociedad catalana ha demostrado una gran capacidad de movilización. Salen cada semana a protestar por la situación de los presos, hemos creado órganos para la república y yo voy a explicar a la comunidad internacional la situación en la que estamos, con una Justicia española politizada”, ha dicho.

    Jessica Albiach, presidenta del grupos parlamentario de Catalunya en Comú-Podem, ha preguntado por la reforma fiscal que prepara el Govern. “Nosotros queremos aprobar unos presupuestos sociales y expansivos. No sé si usted habla con personas que lo están pasando más. Llevamos una década oscura de recortes. Ya es hora de redistribuir los esfuerzos y la riqueza. Una república catalana requiere recursos, que vienen del Estado, pero también de una reforma fiscal valiente y progresiva en Cataluña”, ha dicho la dirigente de los comunes. Y ha recordado las huelgas de médicos, funcionarios y bomberos convocadas.

    Torra ha invitado a Albiach a negociar. “Se os convocará muy pronto. Respecto a las huelgas, estamos preocupados. Hemos puesto a las personas en el centro de las políticas del Govern. Estamos haciendo todo lo posible para que estas huelgas no se produzcan”, ha respondido el presidente catalán.

    Restituir la convivencia
    El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha hecho un llamamiento a restaurar la convivencia y evitar episodios como el ataque al dirigente del PP Alejandro Fernández, cuyo coche apareció con pintadas nazis y ruedas reventadas.

    Quim Torra ha recordado que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue el primero hacer un llamamiento a la prudencia. El mandatario catalán ha lanzado balones fuera, instando a “no banalizar ni jugar con las palabras”, en referencia a quienes comparan episodios del procés “con la noche de los cristales rotos” del régimen nazi. “Hemos condenado todos los hechos. Nosotros hemos recibido varias amenazas de muerte. Apostamos por la resolución pacífica y política de los problemas”.

    La portavoz de ERC, Anna Caula, se ha referido a los atrasos del Estado en el pago de las inversiones en Renfe, después del accidente ocurrido ayer en Vacarisses.

    El plan de Rodalies
    Torra ha criticado que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, instara ayer a los independentistas a apoyar los presupuestos generales del Estado. “ No era el día para que nos pidiera aprobarlos ¿en qué país viven?. Hoy sí toca comenzar a analizar qué ha pasado. La causa son las inversiones. El traspaso de Rodalies contemplaba 130 millones anuales de inversión anuales que no se están cumpliendo. No se ha ejecutado ninguna nueva línea, ni desdoblamiento, solo la estación de Sagrera

    Sesenta años se necesitarían para desplegar el plan de Rodalíes. ¿Nos merecemos esto?”.

    Albert Batet, portavoz de Junts per Catalunya, ha arremetido contra la Justicia española. “Hemos pasado del atado y bien atado al Cosido y bien Cosido”, en alusión al dirigente popular que hizo alarde de controlar el Consejo General del Poder Judicial.

    “España actúa como Turquía y tememos que convierta la situación para los presos de Guantánamo”, ha dicho Batet, en alusión a la cárcel de máxima seguridad estadounidense donde se han denunciado torturas a terroristas islámicos.

    No tendrán un juicio justo
    Torra ha dicho compartir ese análisis y esa preocupación, tras las condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “Nos encontramos con una Justicia politizada. Es imposible que los presos independentistas tengan un juicio justo y eso lo debemos denunciar cada día”, ha dicho.

    La líder catalana de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha preguntado al presidente catalán sobre las medidas aplicadas por el Govern para combatir la corrupción.

    “A usted solo solo le interesa el procés. Ayer tuvimos un registro sobre el 3%, un caso en el que está implicado el partido con el que ustedes se presentaron a las elecciones. ALDE le ha echado del grupo europeo por la corrupción”, ha dicho Arrimadas.

    Torra le ha recordado que “nosotros ayudamos a echar al gobierno más corrupto de Europa, el del PP. Nosotros creemos en la tolerancia cero contra la corrupción y estamos analizando las contrataciones”.



    https://cronicaglobal.elespanol.com/...01178_102.html
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  10. #40
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    Quim Torra pide "sacrificio" a los catalanes y defiende las sesiones del 6 y 7 de septiembre
    El presidente de la Generalitat pone como ejemplo a seguir las leyes de ruptura con el Estado de hace un año y sostiene que "nadie le ha de decir a ningún catalán qué tiene que hacer





    Quim Torra insiste en "desobedecer" y "combatir" al Estado español para conseguir la independencia. El presidente de la Generalitat reclama "el sacrificio de la ciudadanía" catalana para alcanzar su objetivo, y se muestra partidario de impedir que le llamen "supremacista" en el Parlament a pesar de sus numerosos escritos y tuits de corte xenófobo.

    Torra pone como ejemplo a imitar las sesiones del 6 y 7 de septiembre de 2017, fechas en las que la cámara catalana aprobó dos leyes de ruptura con el Estado: la de transitoriedad jurídica y la de referéndum, contrarias a la Constitución y al criterio de los letrados del Parlament.

    "No aceptaré las sentencias"
    El presidente de la Generalitat considera que ese es el camino a seguir, al ver "imposible" llegar a un acuerdo con el Gobierno español para realizar un referéndum independentista. Según declara en una entrevista a El Món, "apelaremos a la comunidad internacional", y cree que "este país se debe plantear un eje fundamental en términos de la desobediencia civil e institucional al Estado, o lo que es lo mismo, en términos de obediencia civil e institucional al Parlament y al pueblo de Cataluña, como hicimos el 6 y 7 de septiembre y el 1-O".

    Torra da a entender que ese momento de desobediencia llegará después de las sentencias a los dirigentes independentistas en prisión preventiva por el referéndum ilegal del 1-O y por declarar la independencia. Y subraya que, si son condenatorias, "yo he dicho que no aceptaría las sentencias, y me reafirmo". "Ante un hecho tan grave y trascendente como puede ser condenar a compatriotas porque pusieron urnas para expresar la voluntad del pueblo de Cataluña, esperamos que haya una respuesta de altura".

    "Sacrificio" y "catalanofobia"
    Sobre en qué consistirá esta respuesta, pide "trabajarla desde ahora y de forma unitaria" y apela "a la esperanza y al sacrificio de la ciudadanía", porque "estoy totalmentente convencido de que saldremos adelante porque estamos en el lado correcto de la Historia. La ciudadanía se ha de organizar, porque somos un pueblo adulto y ya no depende de aquello que el presidente de la Generalitat pueda decir. Nadie le ha de decir a ningún catalán qué tiene que hacer".

    Torra, por otra parte, acusa a "la política española" de haber "llegado muy lejos en esta catalanofobia". Y le "sabe mal que incluso partidos de izquierda hayan caído en eso".

    "Supremacismo"
    El autor de tuits como "los españoles sólo saben expoliar", o de artículos como "La lengua y las bestias", por otra parte, lamenta ser tildado de "supremacista". Una palabra cuyo uso considera "perverso" en su caso: "Da escalofríos pensar que alguien se pueda imaginar que yo soy así. Es terrible para mí, para mi familia y para la gente que me conoce", sostiene. En su opinión, se trata "la construcción falsa de un personaje negro". "Cada vez que me lo dicen a mí o a la consejera de Cultura, pienso que en el Parlament no estábamos acostumbrados a oírlo, ni a permitir que se oyera". Y se muestra partidario de impedir que no se lo digan: "Desde el primer día se tendría que haber actuado para que estas expresiones no se oyeran en el Parlament".

    Torra, asimismo, reconoce que "no hay ningún" hilo de contacto entre él y la líder de la oposición, Inés Arrimadas. Y critica al PSC por no querer negociar los Presupuestos de la Generalitat, después de que él diera portazo varias veces a apoyar los de Pedro Sánchez en el Gobierno español. "Mi última preocupación es quién gobierna España. No me da miedo nada de lo que pueda venir del Estado español, ni políticamente ni judicialmente".


    https://cronicaglobal.elespanol.com/...01139_102.html

    Última edición por LELON; 22/11/2018 a las 23:43

  11. #41
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    La Fiscalía quiere reabrir la causa de los acompañantes de Puigdemont durante su detenciónCarles Puigdemont
    Carles Puigdemont



    La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido a la Sala de lo Penal que reabra la causa en la que se investigaba por encubrimiento a dos mossos d’esquadra, al empresario Josep María Matamala y al historiador Josep Lluís Alay, que acompañaban al ex president fugado Carles Puigdemont cuando fue detenido en Alemania.

    En un recurso de apelación la Fiscalía pide a la Sala revocar la decisión del juez Diego de Egea de archivar este caso, al entender que los cuatro trataron de ayudar a Puigdemont a evitar su captura durante un traslado desde Finlandia a Bélgica, donde reside desde su huida.

    El juez decidió archivar esta investigación el mes pasado con el argumento de que los dos mossos y el historiador desconocían que se había reactivado la euroorden contra él cuando le acompañaban en el mismo vehículo en el que se produjo la detención del expresidente catalán en una gasolinera en Alemania, en la frontera con Dinamarca.


    Respecto a Matamala, a quien el juez no pudo citar por estar en paradero desconocido, De Egea optó por preguntar a la Fiscalía si procedía emitir contra él una orden de búsqueda y captura, aspecto sobre el que no se pronuncia la Fiscalía en su recurso.

    Para oponerse al cierre de esta causa, el fiscal invoca el atestado policial sobre la detención de Puigdemont en el que se indica que el ex president “tenía conocimiento de dicha orden (de detención), tras aportar algunos datos propios”.


    Según refleja el atestado, “dicha reactivación tuvo lugar cuando se encontraba en Helsinki (Finlandia), país al que se había desplazado el día 22 de marzo, procedente de Suiza. La OEDE fue reactivada el día siguiente, viernes 23 de marzo y en la tarde de ese mismo día (Carles Puigdemont) abandonó Helsinki”.

    A esto añade el recurso la declaración que prestaron los dos mossos como investigados el pasado junio. Uno de ellos, Carlos Pedro López, afirmó que al tener “varios días de permiso”, el día 23 de marzo -la detención se produjo dos días después- “se les pidió si podían recoger al President por el tema de la Euroorden”.

    Explicó que “subieron a recogerlo para presentarlo a los jueces” y que lo “recogieron en Suecia”.

    El otro policía autonómico, Xabier Goicoechea, relató por su parte que el 19 de marzo se desplazó a Waterloo (Bélgica), donde se ubica la mansión en la que reside Puigdemont, “aprovechando un permiso que tenía”.

    Sin especificar quién, ya que, al igual que su compañero declaró solo a preguntas de su letrado, relató que se les pidió “si podían hacer de chófer” del expresident para trasladarle al aeropuerto el 22 de marzo.

    “El 23 se les pide si pueden ir a buscar al Sr. Puigdemont ya que su abogado se ha puesto en contacto con él para que se presente a la justicia belga” y con ese objetivo “salieron de Bruselas hasta Estocolmo, donde lo recogieron”, según declaró este agente.

    Añadió que la detención se produjo “a los pocos kilómetros de cruzar la frontera alemana” y que para el desplazamiento “utilizaron el vehículo Renault Espace” que habitualmente utilizaba Puigdemont, y que, según él, “todo el mundo conocía”.

    Para el fiscal, todo indica que la actuación de los investigados “estaba dirigida a evitar la captura del huido Carles Puigdemont, logrando de esta forma su sustracción a la acción de la justicia”, incurriendo de este modo en un delito de encubrimiento.

    Expone además “como hecho notorio” de esa colaboración para evitar la captura de Puigdemont que éste se encontraba ya entonces investigado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de rebelión, que no había comparecido ante el órgano judicial y que residía en Bélgica.

    Estos datos eran por tanto conocidos por estas cuatro personas “cuando prestaban ayuda a Carles Puigdemont para desplazarse por carretera desde Helsinki (Finlandia) hasta Bruselas” a “requerimiento de una persona no identificada”.

    Por contra el juez, al archivar la causa, sostuvo que ninguno de los cuatro tenía conocimiento de que se hubiera activado la orden europea de detención y que ese día le acompañaban por “simples relaciones de amistad”.


    https://okdiario.com/espana/cataluna...encion-3376682


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  12. #42
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    CESE FULMINANTE
    El Gobierno destituye al abogado del Estado que defendía la rebelión en el 'procés'
    Cesado tras las discrepancias por la acusación en el juicio contra los políticos independentistas



    El Gobierno ha destituido al abogado del Estado encargado de la causa del 'procés' Edmundo Bal, informan a El Confidencial fuentes jurídicas. El encargado del departamento penal de la Abogacía se oponía a la acusación en la causa que conduce el Tribunal Supremo por el delito de sedición y defendía que debía mantenerse la rebelión en la línea de la Fiscalía. La decisión le ha sido comunicada esta tarde por la abogada general, Consuelo Castro.

    Según aseguran las fuentes consultadas, el motivo esgrimido ha sido la pérdida de confianza que provocó su negativa a firmar el escrito que se presentó ante el alto tribunal, en el que se descartaba la violencia durante los hechos de hace un año y se reclamaban penas mínimas de 12 años de cárcel para el principal de los responsables, Oriol Junqueras.



    Edmundo Bal. (EFE)
    La decisión del Ejecutivo de oponerse a la línea de la Fiscalía, que mantuvo la rebelión y 15 años para el exvicepresident, fue interpretado como un gesto hacia los de ERC en plena negociación de los presupuestos. En julio, Pedro Sánchez fue preguntado en eldiario.es sobre si iba a dar instrucciones a la Abogacía del Estado. "Creo que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado tienen que basarse en fundamentos jurídicos para fijar la posición del Estado. Yo voy a respetar las decisiones que tomen". Hace una semana, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, insistió en que la abogacía del Estado está trabajando únicamente con "criterios técnicos y jurídicos, con imparcialidad". Añadió que no existía ningún plan para cambiar la calificación del escrito de la Abogacía.

    https://www.elconfidencial.com/espan...roces_1660618/
    Última edición por LELON; 22/11/2018 a las 23:44

  13. #43
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    El Supremo apartará temporalmente a Marchena del juicio del 1-O
    El alto tribunal estudiará la recusación del juez a petición de los políticos presos, lo que obliga al magistrado afectado a inhibirse durante la tramitación



    El Tribunal Supremo tramitará las alegaciones presentadas por seis acusados del procés para recusar a Manuel Marchena como juez del 1-O. La Sala de lo Penal nombrará un instructor que decidirá si la solicitud se eleva a la sala correspondiente --la 61-- para este tipo de reclamaciones. Mientras se tramite, Marchena quedará apartado del procedimiento, y le sustituirá en la presidencia del tribunal el magistrado de más antigüedad: Andrés Martínez Arrieta.

    El instructor, según publica El Confidencial citando fuentes jurídicas, sería Francisco Monterde. El juez Arrieta, que ya fue presidente provisional del juicio del procés durante las semanas en que Marchena fue propuesto para dirigir el Alto Tribunal y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), asumirá el caso hasta que el asunto haya quedado resuelto.

    Procedimiento
    El pasado mes de septiembre, la Sala 61 inadmitió otras recusaciones contra miembros del tribunal, entre ellos, su presidente. En la misma participan el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, y los presidentes de las cinco salas de este tribunal, menos el afectado. Y también el magistrado más antiguo y más reciente de todas ellas.

    Los abogados de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, en prisión preventiva desde hace un año por el referéndum ilegal del 1-O, han pedido apartar a Marchena después de haber trascendido los polémicos whatsapps del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en los que justificaba su nombramiento como presidente del Supremo y del CGPJ, poniendo además en cuestión la independencia del poder judicial. Y piden que este último declare como testigo.

    Las defensas de los acusados del procés independentista denuncian una presunta "politización general de la Justicia". Varios de los procesados por delitos de rebelión y malversación han pedido, además, una ampliación del plazo para presentar sus escritos de defensa. Y, en algunos casos, tener hasta 90 días para estar en igualdad de condiciones respecto a las acusaciones, que tuvieron tres meses para entregar sus calificaciones provisionales. La intención, pese a todo, es no alterar el calendario previsto y arrancar la vista oral en diciembre. La tramitación de la recusación también afectará.



    https://cronicaglobal.elespanol.com/...01454_102.html
    Última edición por LELON; 22/11/2018 a las 23:45

  14. #44
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    Sánchez tendrá que rendir cuentas en el Congreso por la purga al abogado del ‘procés’





    El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá que explicar en el Congreso, a petición del Partido Popular, la destitución del abogado del Estado que ejercía la acusación en la investigación del procés, Edmundo Bal, y que era partidario la acusación por rebelión.

    Sánchez tendrá que rendir cuentas sobre este asunto en la comparecencia prevista en la Cámara para el próximo 12 de diciembre, después de que este martes, el PP registrase en la Junta de Portavoces una solicitud para que el jefe del Ejecutivo explique las “directrices a la Abogacía del Estado para la preparación del escrito de acusación” contra los dirigentes independentistas catalanes. Según fuentes ‘populares’, el presidente del Gobierno tendrá que explicar también las razones de la destitución de Bal.

    En esa comparecencia, Sánchez tendrá que explicar además la situación en Cataluña -a petición de ERC y PDeCAT- y la “situación general del país”, como reclamaron que PP y Ciudadanos.


    En el escrito, aprobado este martes por la Junta de Portavoces y firmado por la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, el PP pide la comparecencia de Sánchez “para que explique las directrices que el Gobierno ha impuesto a la Abogacía del Estado para la preparación del escrito de acusación en el procedimiento penal que se sigue contra los presuntos autores del delito de rebelión, sedición y malversación por los hechos del 1-O en Cataluña”.

    El relevo de Edmundo Bal como jefe del departamento Penal y responsable de dirigir la acusación del Gobierno en la causa contra Oriol Junqueras y el resto de los golpistas de la Generalitat se conocía este miércoles.


    La abogada del Estado, Consuelo Castro, ha alegado que cesa a Bal por pérdida de confianza. Sin embargo, detrás de la decisión está la diferencia de criterios respecto al juicio del procés. Edmundo Bal era partidario de seguir la línea marcada por la Fiscalía y acusar a los golpistas de la Generalitat como autores de un delito de rebelión.

    Como abogada general del Estado, Consuelo Castro impuso un cambio de criterio para acusar a los procesados sólo por sedición y de malversación. Si prospera esta tesis, se traducirá en una sensible rebaja de penas para los golpistas.

    Fuentes del Ministerio de Justicia han indicado que el puesto que ocupaba hasta ahora Edmundo Bal es un cargo de confianza dependiente de la Abogacía general, del que ha sido destituido ahora porque se ha producido una “quiebra de esa confianza”.


    https://okdiario.com/espana/2018/11/...proces-3377525

  15. #45
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    Torrent tilda de “farsa y venganza política” la causa contra los políticos independentistas de Cataluña




    El presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, ha calificado de “farsa y venganza política” la causa judicial contra los políticos soberanistas y agentes sociales catalanes por el proceso independentista, en su intervención en la entrega del Premio Coppieters en Córcega (Francia).

    Durante su intervención, Torrent ha recordado que tendría que ser la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, quien entregara el galardón, pero está encarcelada “por haber defendido la democracia”.

    Torrent ha afirmado que “lo que están sufriendo la presidenta Forcadell y el resto de víctimas de la misma causa judicial, es un acto de crueldad injusta que ningún demócrata puede aceptar” y, por eso, ha agradecido “las muestras de apoyo y de solidaridad de ciudadanos y representantes del pueblo corso”.


    Presos políticos

    En el acto también ha intervenido el galardonado Edmon Simeoni, el presidente del Consejo Ejecutivo de Córcega, Gilles Simeoni, y el presidente y la vicepresidenta de la Coppieters Foundation, Xabier Macias y Antonia Luciani. Previamente, Torrent se ha reunido con el presidente del Consejo Ejecutivo de Córcega, Gilles Simeoni en un encuentro en el que ambos han analizado la situación política en Cataluña, Córcega y Europa.



    Simeoni se ha solidarizado con los presos y exiliados catalanes, y ha coincidido con Torrent en la necesidad de resolver políticamente el conflicto catalán en el marco europeo.

    La Coppieters Foundation es una fundación política reconocida por el Parlamento Europeo desde 2007 y que tiene por objetivo promover la investigación política en el ámbito internacional, especialmente en cuanto a la gestión de la diversidad cultural y lingüística en sociedades complejas, la gobernanza multinivel, la descentralización y la autodeterminación.

    El premio, que en 2017 recayó en Carme Forcadell, reconoce a personas u organizaciones destacadas en la defensa de la diversidad cultural y lingüística, el diálogo intercultural, la autodeterminación, los derechos de las minorías, la paz, la democracia y la unidad de Europa.


    https://okdiario.com/espana/cataluna...taluna-3387877


  16. #46
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    BENEFICIARÍA RETROACTIVAMENTE A JUNQUERAS
    Suavizar el Código Penal, la última y fracasada petición 'indepe' para los presos
    Ante la llegada del juicio y la perspectiva de una condena de muchos años, hay quien sigue buscando palancas. El Ejecutivo de Sánchez ni ha contestado al planteamiento




    A la desesperada, el entorno de los partidos independentistas ha trasladado al Gobierno la última petición que podría salvar a los presos del 'procés'... y los Presupuestos. Se trataría de reformar en el Código Penal los delitos de rebelión y sedición, de forma que lo sucedido en Cataluña se pudiese ajustar a tipos con penas más bajas. Como las reformas favorables a los reos se aplican de forma retroactiva, esto beneficiaría a Junqueras y compañía. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ni ha contestado a esa complicada operación, según fuentes conocedoras de lo ocurrido.

    La primera petición de los independentistas, declarada públicamente, era que el Gobierno de Sánchez instase a la Fiscalía para que no acusase por rebelión o sedición. El Ejecutivo nombró a la fiscal general del Estado, María José Segarra, pero una vez en su puesto tiene autonomía. Moncloa se negó a tocar a los fiscales y estos acusaron por rebelión pidiendo más de 20 años de prisión.

    Moncloa hizo lo que sí estaba en su mano, rebajar la acusación de la Abogacía del Estado, dependiente jerárquicamente del Ministerio de Justicia. Aunque la ministra portavoz, Isabel Celaá, y el propio Pedro Sánchez señalaron que no darían indicaciones, se ordenó acusar por malversación y sedición, un escalón por debajo. La acusación choca con la Fiscalía y acabó costando el puesto al jefe del departamento penal de la Abogacía, Edmundo Bal, un progresista que llevaba 16 años en el cargo. Bal no quiso firmar un escrito de acusación que no era suyo, aunque afirmó que defendería en el juicio lo que le mandaran sus superiores, según fuentes jurídicas.


    Pero ante la llegada del juicio y la perspectiva de una condena de muchos años, hay quien sigue buscando palancas. Incluso si la sentencia descarta rebelión —que exige violencia y muchos juristas discrepan de que lo ocurrido en Cataluña encaje en un tipo penal para un golpe de Estado tipo el del 23-F, cuando entraron a tiros en el Congreso—, las penas pedidas son enormes.

    El entorno independentista se ha dirigido al Gobierno pidiendo que se comprometa a reformar el Código Penal, ahora o más adelante, para rebajar los tipos de sedición y rebelión. El derecho penal tiene un principio básico de que hay que aplicar la pena más favorable al reo incluso si se hace retroactivamente. El artículo dos del Código Penal establece que "tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena".

    Es decir, que si dentro de un año el Gobierno cambia el Código Penal, lo que exige la aprobación del Congreso, para reformar los tipos penales de rebelión y sedición, esa reforma podría aplicarse a Junqueras y demás presos (siempre que finalmente sean condenados). Esa es la petición que ha llegado al Ejecutivo.

    El Gobierno de Pedro Sánchez ni ha contestado. La rebaja de la acusación de la Abogacía del Estado era el gesto que podía ofrecer y fue desestimado por los independentistas como insuficiente. El mensaje que lanza el Ejecutivo es que da por perdidos los Presupuestos, para los que necesitaba el apoyo de ERC y la abstención de PDeCAT, y que gobernará por decreto hasta que llegue el adelanto electoral.




    https://www.elconfidencial.com/espan...icion_1666074/

  17. #47
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    La Fiscalía pide que se archive de plano la recusación de Marchena presentada por los golpistas catalanes




    La Fiscalía ha registrado un escrito ante el Tribunal Supremo en el que interesa la inadmisión “a límine”, es decir, directa y sin más trámite, de la recusación del presidente de la Sala Segunda, Manuel Machena, que han presentado los encausados en el ‘procés’ Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull para apartarle del caso del ‘procés’

    El escrito, de 22 páginas y difundido este lunes, la Fiscalía afirma que “el incidente de recusación es extremadamente parco en argumentos” y pretende apartar a Marchena basándose en una supuesta vinculación con el PP “sin ningún dato objetivo sobre la conducta o disposición del Magistrado que permita fundar alguna sospecha”.

    El objetivo de este incidente, según la Fiscalía, no es otro que el de “alterar la composición del Tribunal legalmente constituido y
    conseguir un Tribunal a la carta para este proceso penal, con el propósito de retrasar la celebración del juicio oral”.


    En concreto, los líderes soberanistas solicitaron que se apartase al magistrado después de que se filtrase un mensaje de ‘whatsapp’ que el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, envió al resto de senadores afirmando que designar a Marchena como presidente del Tribunal Supremo les permitiría controlar la Sala Segunda “desde atrás”.

    En relación con estos mensajes, el escrito señala que “no puede hacerse depender del albur de un tercero que expresa o da publicidad a su propia opinión y expectativas individuales que constituyen no un hecho sino un juicio de inferencia, la facultad de sustituir ‘ad libitum’ la
    composición de un Tribunal”.


    “Esto no solo equivaldría a la posibilidad de castigar al juez por el juicio de valor gratuito y frívolo de alguien interesado en la recusación, sino la posibilidad de configurar a capricho la composición del Tribunal”.

    No hay constancia de la veracidad de los ‘whatsapps’

    El escrito, que firman los fiscales Fidel Cadena y Consuelo Madrigal, incide en que “ni siquiera existe constancia y prueba sobre la veracidad o
    autenticidad” del objeto del comentario que el ‘whatsapp’ de Cosidó transmite.

    Se trataba de explicar en el ámbito de un partido político el contexto que había justificado la elección anticipada de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), señalan los fiscales sobre los mensajes de Cosidó.

    Explican que en dicho contexto político los señalado por el portavoz popular en el Senado “parece inspirar tranquilidad a los correligionarios y presentar el pacto acordado para la designación de vocales del Consejo como favorable”. Presumir que ello deviene en “comportamientos ad futurum” o afinidades presumidas en las “personas designadas, etiquetadas con absoluta frivolidad”, nada tiene que ver con la realidad objetiva.

    Aseguran asimismo los fiscales que “no existe dato alguno” ni tampoco lo mencionan los recusantes para atribuir al Partido Popular, no personado en la causa del ‘procés’ independentista ningún interés en la causa “fuera de la acción de la Justicia”.

    “Honestidad ética e intelectual” de Marchena

    De hecho, el escrito se refiere también a la nota que Marchena hizo pública con las razones personales de la renuncia, “favorablemente acogida en la generalidad de la opinión pública como un acto de generosa defensa de la imagen de independencia judicial, junto con el sacrificio personal que la renuncia comporta, evidencian por sí mismas, el alto nivel de honestidad ética e intelectual” del magistrado.

    “No cabe un gesto de mayor desvinculación con las afinidades políticas que se “sospechan” que la renuncia al más alto honor en la carrera profesional de un magistrado, en salvaguardia, no de una independencia real, incuestionable y públicamente incuestionada, sino de su mera apariencia”, añaden sobre el presidente del tribunal del ‘procés’.

    Dicen también los fiscales Cadena y Madrigal que existe una “presunción de imparcialidad del juez”, y que por ello “la ausencia de imparcialidad, en cuanto excepción, ha de probarse en cada caso”.

    Y en este caso concreto, insisten en que “no existe el menor elemento corroboratorio de que las infundadas sospechas estén legítimamente justificadas”, puesto que son otros los que emiten sobre él, con motivo del acuerdo parlamentario para elegir presidente del órgano de gobierno de jueces y magistrados, “auténticos e infundados juicios
    de valor o juicios de inferencia”.

    Además, no es posible atribuir a Marchena, “de forma especulativa -y sin un mínimo de seriedad- concretas ideas políticas o afinidades ideológicas que él mismo nunca ha expresado con dichos o hechos, y mucho menos en su quehacer judicial”, concluyen.

    https://okdiario.com/espana/2018/11/...proces-3393442

  18. #48
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    El TSJC abre investigación contra Jové (ERC) por el 'procés'

    El Tribunal Superior descarta iniciar pesquisas contra Pere Aragonès, 'número dos' del Gobierno catalán, al no ver probada su vínculo con el órdago independentista de 2017

    Josep Maria Jové (d), junto a Oriol Junqueras, exvicepresidente del Govern y Pere Aragonès, 'número dos' del Ejecutivo autonómico / CG




    El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha abierto investigación por presunta malversación de fondos públicos y desobediencia grave contra Josep Maria Jové, diputado de ERC en el Parlamento catalán y el que fuera segundo de Oriol Junqueras en el Departamento de Economía cuando éste era vicepresidente del Govern. Por contra, la misma instancia judicial rechaza iniciar pesquisas contra el actual número dos del Ejecutivo autonómico, Pere Aragonès, al considerar que no queda claro su rol en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia (DUI) frustrada.

    En un auto con fecha de hoy, la instancia judicial considera que Jové tomó parte en el "comité ejecutivo del entramado creado presuntamente por el Govern" junto a las llamadas entidades independentistas pseudociviles como la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural desde 2015. Dicho grupo de trabajo, recalca el TSJC, trabajó para conseguir la independencia tras el pseudoreferéndum del 9 de noviembre de 2014. Este trabajo se realizó "prescindiendo de las leyes y mandatos del Tribunal Constitucional (TC)".

    Aragonès se libra
    Con lo que respecta a Aragonès, el tribunal considera que la documentación remitida por el juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que inició las pesquisas por organizar y orquestar el proceso secesionista en Cataluña no aclara el vínculo directo del republicano cuando era secretario del Departamento de Economía con la organización del 1-O. Por ello, el TSJC rechaza investigarle de momento, aunque sí recuerda que el alto cargo fue apercibido por el Tribunal Constitucional de que debía impedir o paralizar cualquier acción relacionada con la consulta ilícita de 2017.

    Pere Aragonès (i), vicepresidente del Govern, junto al jefe del Ejecutivo catalán / EFE

    Pere Aragonès (i), vicepresidente del Govern, junto al jefe del Ejecutivo catalán / EFE

    Cabe recordar que la Guardia Civil vinculó al también diputado en el Parlamento catalán con cuatro proyectos clave para construir estructuras de estado e incluso con contactos con China para conseguir un crédito puente para costear la separación de Cataluña de España. No obstante, la Fiscalía del TSJC ya había declinado investigar a Aragonès con el procés en septiembre por "falta de indicios suficientes".

    Organización, fondos y datos
    Por contra, la investigación contra Jové se sustenta en muchos más indicios. El auto desgrana los posibles vínculos del alto cargo de ERC con la hoja de ruta para alcanzar la secesión, eludiendo las resoluciones contrarias del Tribunal Constitucional (TC). El electo en el hemiciclo se encargó de crear las "estructuras administrativas que garantizarían el funcionamiento del nuevo ente y la desconexión con la estructura del Estado". El tribunal subraya que sin estos pilares el intento de independencia catalana.

    Hay más. El TSJC cree que el diputado en el Parlament pudo tener una "eventual responsabilidad" como secretario general del departamento de Economía, que en el momento del órdago secesionista en Cataluña lideraba Oriol Junqueras, actualmente investigado por rebelión y sedición. Con ello, Jové habría podido colaborar en la inyección de fondos para organizar el referéndum ilegal de secesión. También sospecha el Tribunal Superior que el republicano accedió de forma ilegal a la base de datos de ciudadanos del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) para nutrir la consulta ilícita.





    https://cronicaglobal.elespanol.com/...02618_102.html

  19. #49
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    La investigación la lleva a cabo el Área de Delitos Económicos de los Mossos por orden de un juzgado de Barcelona y está bajo secreto de sumario.

    Se sospecha que desde la ILC se fraccionaban los encargos de los servicios informáticos para rebajar su coste y así esquivar el concurso público preceptivo.

    Borràs defiende su gestión
    Borràs, que dirigió la ILC entre 2013 y 2018, ha afirmado que no tiene "nada que esconder". "Estoy orgullosa del trabajo hecho al frente de la ILC durante cinco años. Un orgullo que no es personal sino colectivo. Un trabajo determinado, honesto y transparente. Y un trabajo que ha puesto el acento, también, en el ámbito digital", ha añadido.

    La consejera ha insistido en que "intentar generar sombras sobre este trabajo me entristece. Y en cierto modo me rebela, pero no tengo nada que esconder". Además, ha asegurado que pondrá todos los medios para esclarecer hasta la última cuestión.

    El CTTI
    El CTTI es la empresa pública de innovación tecnológica de la Generalitat y ha sido objeto de varios registros en los últimos meses.

    En la mayoría de los casos anteriores, las inspecciones fueron realizadas por la Guardia Civil --antes y después del 1-O-- en busca de pruebas de la organización del referéndum independentista ilegal.



    https://cronicaglobal.elespanol.com/...02762_102.html

  20. #50
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    La Fiscalía se opone también a las recusaciones de Cuixart contra los jueces del 1-O
    El ministerio público considera “fraudulentos” y “contrarios al derecho” los incidentes presentados contra los magistrados de la Sala II del Supremo de Cuixart, Carme Forcadell y Anna Simó






    La Fiscalía del Tribunal Supremo también se opone a las recusaciones planteadas por las defensas de Jordi Cuixart, Carme Forcadell y Anna Simó contra el presidente de la Sala II del alto tribunal, Manuel Marchena, y los demás magistrados que juzgarán el procés. El ministerio público pide en un escrito a la mentada Sala que se rechacen de plano las recusaciones al considerarlas “fraudulentas” y “contrarias al derecho”.

    Rechaza todas las causas de recusación planteadas contra los magistrados que juzgarán el 1-O y el procés, pues Cuixart hizo extensibles sus recusaciones a los otros integrantes de la Sala en el escrito que presentó su abogada, la penalista Marina Roig, en base a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo.

    Tanto Forcadell como Simó, que formaban parte de la Mesa del Parlament el 1 de octubre del año pasado y en los meses previos al referéndum, presentaron incidente contra Marchena a raíz de los mensajes del senador del PP Ignacio Cosidó.

    El presidente de Òminum Cultural, por su parte, recusó además a otros seis magistrados de la Sala Penal del Supremo al haber formado parte de esa Sala quien interpuso la querella que dio origen a la causa, el exfiscal general del Estado, el difunto José Manuel Maza. Lo hizo también en base a la reciente sentencia de Estrasburgo sobre la falta de imparcialidad en juicio a Arnaldo Otegi en la Audiencia Nacional. Cuixart considera que la parcialidad que ve en Marchena podría influir en los demás magistrados que juzgarán la causa a partir de enero.

    Fuentes del Supremo apuntaban a este medio que las recusaciones planteadas no debían retrasar el inicio del juicio, algo que ha expresado este mismo miércoles Roig en una entrevista en la emisora Ser Catalunya.

    En lo referente a la recusación de Marchena por parte de los tres procesados, la Fiscalía del Supremo se remite al escrito presentado el lunes para rechazar la recusación del presidente de la Sala II por parte de Oriol Junqueras y Raül Romeva y de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez. “El escrito que promueve el incidente de recusación es extremadamente parco en argumentos”, apuntó en el otro escrito el ministerio público.


    La Sala especial 61, presidida por Carlos Lesmes, debe resolver los incidentes de recusación. En septiembre ya rechazó la recusación de cinco magistrados de la causa de plano y señaló que buscaban dañar la imagen del sistema judicial español. Ahora deberá pronunciarse de nuevo.

    Cosidó había afirmado en un mensaje de WhatsApp enviado a los demás senadores de la bancada popular que con Marchena como presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, tal y como habían pactado PP y PSOE en el marco de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, tendrían controlada “desde detrás” la Sala II del alto tribunal. Es la Sala Penal, la que juzga el procés y las causas contra partidos como la corrupción de los populares. Además, en lo que señalaba como una “jugada estupenda”, se jactaba de tener controlada también así la Sala especial 61, que resuelve sobre recusaciones e ilegalización de partidos políticos.

    Finalmente, Marchena renunció a presidir el Poder Judicial y se mantiene como presidente de la Sala II y previsiblemente encabezará el tribunal que juzgará el 1-O a partir de enero o principios de febrero. Con todo, Cuixart manifestaba que la renuncia “no elimina la sombra de duda que se ha instaurado”.


    La Fiscalía rechazó categóricamente la falta de imparcialidad no sólo porque Marchena renunció a ser elegido para presidir el Poder Judicial al conocer el contenido de aquel mensaje, sino porque el mensaje se refiere a expectativas expresadas por terceros con el objetivo de “convencer” a senadores reticentes. “Unas expectativas que no han podido vincularse a palabras u obras precedentes del magistrado y que han quedado refutadas por la renuncia y las razones en ella ofrecidas”, explica el Ministerio Público en un escrito presentado este lunes.

    Sobre la elección política de los miembros del Poder Judicial y de Marchena, que había sido propuesto por el PP, la Fiscalía argumenta que los jueces de Estrasburgo también son elegidos por políticos en activo; lo cual “elimina cualquier tacha de imparcialidad sobre la forma de elección de los vocales del CGPJ, aseveración que destruye el fundamento y la entraña de esta especulativa y arbitraria recusación”, en palabras del ministerio público.

    Los otros magistrados recusados, además de Marchena, son Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Antonio del Moral García, Luciano Varela Castro, Andrés Palomo del Arco y Ana María Ferrer García.

    https://www.lavanguardia.com/politic...proces-1o.html

  21. #51
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    Sànchez y Turull EFE

    POLÍTICA CATALUÑA
    Los separatistas Sànchez y Turull anuncian una huelga de hambre para coaccionar al TC
    Denuncian su situación y exigen al Tribunal Constitucional que conteste a sus recursos porque denuncian "la falta de imparcialidad de la Justicia española".
    El Gobierno emite una nota en la que no se da por aludido y recuerda que "el Poder Judicial es independiente y hará justicia".
    Los separatistas encarcelados difunden una foto de grupo para mantener vivo el 'procés'.

    Redacción | Agencias
    El expresidente de la ANC y diputado de JxCat, Jordi Sànchez, y el también diputado de esta formación y exconseller Jordi Turull han comunicado a la dirección del centro penitenciario de Lledoners (Barcelona) que este domingo inician una huelga de hambre, según fuentes penitenciarias.

    La comunicación de Sànchez y Turull es la confirmación del anuncio del inicio de una serie de protestas de los independentistas presos con el objetivo de mantener e incrementar la presencia internacional de sus reivindicaciones, según ha explicado la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie.

    Los independentistas presos quieren denunciar su situación y exigir al Tribunal Constitucional que conteste a sus recursos, con el fin de que, si son desestimados, puedan acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

    Precisamente con el objetivo de dar a conocer las nuevas medidas que los políticos encarcelados han decidido llevar a cabo, Òmnium Cultural ha convocado este domingo una rueda de prensa. Según Òmnium, su objetivo es "denunciar la falta de imparcialidad de la Justicia española".

    Reacción del Gobierno
    El Gobierno no ha tardado en reaccionar. La Moncloa ha emitido un comunicado reaccionando "ante la comunicación a la dirección del centro penitenciario Lledoners de que Jordi Turull y Jordi Sànchez, diputados del Junts per Catalunya. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha recordado que "los dirigentes independentistas cuentan con la protección y las garantías que les ofrece el Estado de Derecho" y que "como todos los ciudadanos sometidos a la Ley y protegidos por las leyes, en nuestro Estado de Derecho los dirigentes independentistas van a tener un juicio justo".

    Sin entrar en el fondo de las reivindicaciones de los huelguistas, Moncloa insiste en que "el Poder Judicial es independiente y se hará justicia". Y añade explícitamente que "para el Gobierno de Pedro Sánchez, la Justicia es la única que puede dictar sentencias", sugiriendo que no se da por aludido por la medida de presión de los separatistas.



    https://www.elespanol.com/espana/pol...7464781_0.html

  22. #52
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    Calvo advierte a los separatistas presos ante su huelga de hambre: "Todos somos iguales ante la ley"
    La vicepresidenta del Gobierno les recuerda que el Ejecutivo "no toma ninguna decisión al respecto" y que "tienen las garantías del Estado de derecho"





    La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha señalado este sábado que "se puede respetar la decisión personal" de los líderes separatistas presos que han iniciado una huelga de hambre indefinida, pero ha dicho que todos son iguales ante la ley y que cuentan "con las garantías de la Justicia y de un Estado de derecho" como es España.

    Calvo es una de las galardonadas con los premios de la Fundación Ramón Rubial que se entregan en el centro Tabakalera de San Sebastián en un acto en el que participará también la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia.

    En declaraciones a los periodistas, Calvo ha hecho referencia a la decisión del expresidente de la ANC y diputado de JxCat, Jordi Sànchez, y del también diputado y exconseller Jordi Turull, de comunicar a la dirección del centro penitenciario de Lledoners (Barcelona) que inician este sábado una huelga de hambre.

    La vicepresidenta del Gobierno ha indicado que los dos líderes independentistas en prisión preventiva "tienen todas las garantías propias de un Estado de derecho", así como de la independencia del Poder Judicial.

    Ha recalcado que el Gobierno "confía plenamente" en la Justicia y en la independencia con la que actuará el Poder Judicial.

    "Estamos en un Estado de derecho y se pueden respetar las decisiones personales, pero todos somos iguales ante la ley y contamos con las garantías de la Justicia de un Estado de derecho como España", ha insistido.

    Ha puntualizado que el Ejecutivo "no toma ninguna decisión al respecto" porque los reclusos catalanes están "en el ámbito de otro poder que es el judicial", y ha insistido en que "contarán con las garantías que todos los ciudadanos tienen, sea cual sea su situación, independientemente de las decisiones personales que adopten".

    https://www.elespanol.com/espana/pol...7464854_0.html

  23. #53
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    CESE FULMINANTE
    El Gobierno destituye al abogado del Estado que defendía la rebelión en el 'procés'
    Cesado tras las discrepancias por la acusación en el juicio contra los políticos independentistas



    El Gobierno ha destituido al abogado del Estado encargado de la causa del 'procés' Edmundo Bal, informan a El Confidencial fuentes jurídicas. El encargado del departamento penal de la Abogacía se oponía a la acusación en la causa que conduce el Tribunal Supremo por el delito de sedición y defendía que debía mantenerse la rebelión en la línea de la Fiscalía. La decisión le ha sido comunicada esta tarde por la abogada general, Consuelo Castro.

    Según aseguran las fuentes consultadas, el motivo esgrimido ha sido la pérdida de confianza que provocó su negativa a firmar el escrito que se presentó ante el alto tribunal, en el que se descartaba la violencia durante los hechos de hace un año y se reclamaban penas mínimas de 12 años de cárcel para el principal de los responsables, Oriol Junqueras.



    Edmundo Bal. (EFE)
    La decisión del Ejecutivo de oponerse a la línea de la Fiscalía, que mantuvo la rebelión y 15 años para el exvicepresident, fue interpretado como un gesto hacia los de ERC en plena negociación de los presupuestos. En julio, Pedro Sánchez fue preguntado en eldiario.es sobre si iba a dar instrucciones a la Abogacía del Estado. "Creo que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado tienen que basarse en fundamentos jurídicos para fijar la posición del Estado. Yo voy a respetar las decisiones que tomen". Hace una semana, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, insistió en que la abogacía del Estado está trabajando únicamente con "criterios técnicos y jurídicos, con imparcialidad". Añadió que no existía ningún plan para cambiar la calificación del escrito de la Abogacía.

    https://www.elconfidencial.com/espan...roces_1660618/

  24. #54
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    El Supremo apartará temporalmente a Marchena del juicio del 1-O
    El alto tribunal estudiará la recusación del juez a petición de los políticos presos, lo que obliga al magistrado afectado a inhibirse durante la tramitación



    El Tribunal Supremo tramitará las alegaciones presentadas por seis acusados del procés para recusar a Manuel Marchena como juez del 1-O. La Sala de lo Penal nombrará un instructor que decidirá si la solicitud se eleva a la sala correspondiente --la 61-- para este tipo de reclamaciones. Mientras se tramite, Marchena quedará apartado del procedimiento, y le sustituirá en la presidencia del tribunal el magistrado de más antigüedad: Andrés Martínez Arrieta.

    El instructor, según publica El Confidencial citando fuentes jurídicas, sería Francisco Monterde. El juez Arrieta, que ya fue presidente provisional del juicio del procés durante las semanas en que Marchena fue propuesto para dirigir el Alto Tribunal y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), asumirá el caso hasta que el asunto haya quedado resuelto.

    Procedimiento
    El pasado mes de septiembre, la Sala 61 inadmitió otras recusaciones contra miembros del tribunal, entre ellos, su presidente. En la misma participan el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, y los presidentes de las cinco salas de este tribunal, menos el afectado. Y también el magistrado más antiguo y más reciente de todas ellas.

    Los abogados de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, en prisión preventiva desde hace un año por el referéndum ilegal del 1-O, han pedido apartar a Marchena después de haber trascendido los polémicos whatsapps del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en los que justificaba su nombramiento como presidente del Supremo y del CGPJ, poniendo además en cuestión la independencia del poder judicial. Y piden que este último declare como testigo.

    Las defensas de los acusados del procés independentista denuncian una presunta "politización general de la Justicia". Varios de los procesados por delitos de rebelión y malversación han pedido, además, una ampliación del plazo para presentar sus escritos de defensa. Y, en algunos casos, tener hasta 90 días para estar en igualdad de condiciones respecto a las acusaciones, que tuvieron tres meses para entregar sus calificaciones provisionales. La intención, pese a todo, es no alterar el calendario previsto y arrancar la vista oral en diciembre. La tramitación de la recusación también afectará.



    https://cronicaglobal.elespanol.com/...01454_102.html

  25. #55
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    Sánchez tendrá que rendir cuentas en el Congreso por la purga al abogado del ‘procés’





    El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá que explicar en el Congreso, a petición del Partido Popular, la destitución del abogado del Estado que ejercía la acusación en la investigación del procés, Edmundo Bal, y que era partidario la acusación por rebelión.

    Sánchez tendrá que rendir cuentas sobre este asunto en la comparecencia prevista en la Cámara para el próximo 12 de diciembre, después de que este martes, el PP registrase en la Junta de Portavoces una solicitud para que el jefe del Ejecutivo explique las “directrices a la Abogacía del Estado para la preparación del escrito de acusación” contra los dirigentes independentistas catalanes. Según fuentes ‘populares’, el presidente del Gobierno tendrá que explicar también las razones de la destitución de Bal.

    En esa comparecencia, Sánchez tendrá que explicar además la situación en Cataluña -a petición de ERC y PDeCAT- y la “situación general del país”, como reclamaron que PP y Ciudadanos.


    En el escrito, aprobado este martes por la Junta de Portavoces y firmado por la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, el PP pide la comparecencia de Sánchez “para que explique las directrices que el Gobierno ha impuesto a la Abogacía del Estado para la preparación del escrito de acusación en el procedimiento penal que se sigue contra los presuntos autores del delito de rebelión, sedición y malversación por los hechos del 1-O en Cataluña”.

    El relevo de Edmundo Bal como jefe del departamento Penal y responsable de dirigir la acusación del Gobierno en la causa contra Oriol Junqueras y el resto de los golpistas de la Generalitat se conocía este miércoles.


    La abogada del Estado, Consuelo Castro, ha alegado que cesa a Bal por pérdida de confianza. Sin embargo, detrás de la decisión está la diferencia de criterios respecto al juicio del procés. Edmundo Bal era partidario de seguir la línea marcada por la Fiscalía y acusar a los golpistas de la Generalitat como autores de un delito de rebelión.

    Como abogada general del Estado, Consuelo Castro impuso un cambio de criterio para acusar a los procesados sólo por sedición y de malversación. Si prospera esta tesis, se traducirá en una sensible rebaja de penas para los golpistas.

    Fuentes del Ministerio de Justicia han indicado que el puesto que ocupaba hasta ahora Edmundo Bal es un cargo de confianza dependiente de la Abogacía general, del que ha sido destituido ahora porque se ha producido una “quiebra de esa confianza”.


    https://okdiario.com/espana/2018/11/...proces-3377525

  26. #56
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    La fiscala general estudiará "caso por caso" la investigación contra los alcaldes del 1-O
    La Fiscalía de Barcelona se inclina por presentar querellas contra algunos ediles de la provincia que cedieron locales para el referéndum
    Sobre el aplazamiento de la renovación del CGP, Segarra ha asegurado que en estos momentos es una decisión "prudente"





    La fiscala general del Estado, María José Segarra, ha asegurado este jueves en Barcelona que se decidirá "caso por caso" si, al final, se presenta denuncias o querellas contra los alcaldes que apoyaron el referéndum unilateral del 1-0 o, en algunos casos, cedieron locales de titularidad municipal para la votación. Las investigaciones abiertas contra algunos ediles en la fiscalía ya están "ultimadas", según la máxima representante del ministerio público, que a su vez, ha querido dejar claro que nos existe "ninguna causa generalizada", sino que cada uno de los procedimiento es individual.

    La Fiscalía de Barcelona se inclina por la presentación de algunas querellas contra alcaldes de la provincia. El borrador de algunas de ellas está sobre la mesa del fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres. Se desconoce que pueden hacer otras fiscalías catalanas, aunque Segarra ha señalado la "unidad de acción" de la institución que dirige. La fiscal general del Estado, según las fuentes consultadas, ha mantenido reuniones con los responsables de la fiscalía catalana para estudiar esas diligencias contra los alcaldes por el 1-O. El debate ha sido intenso entre el sector más duro y el más moderado. Una linea divisoria entre la comisión de delito o no podría ser si el ayuntamiento cedió locales municipales. Por ello, se espera que hayan varios archivos.

    Renovación del CGPJ
    Es la primera vez que Segarra acude a la capital catalana, donde ejerció al poco de ingresar en la carrera fiscal, desde que fue nombrada fiscal general. No sólo ha visitado el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, donde se ha entrevistado con su presidente, Jesus María Barrientos, sino también la Fiscalía Superior de Catalunya, donde han mantenido una reunión, y la sede de la Fiscalía de Barcelona, en la Ciutat de la Justicia.

    En un breve encuentro con los medios de comunicación se ha referido, a preguntas de los periodistas, también al embrollo que vive el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la paralización de su renovación tras la retirada del Manuel Marchena como candidato a presidirlo. Segarra ha afirmado que la decisión de Marchena es una cuestión "personal y respetable" y dentro del contexto de la independencia judicial "me parece oportuno" y el aplazamiento de la renovación del consejo "prudente". Ha agregacdo que la fiscalía "siempre estará al lado de cualquier gesto que refuerde la independencia" judicial. La fiscal general ha evitado pronunciarse sobre el cese del abogado del Estado designado para el juicio en el Tribunal Supremo sobre la supuesta rebelión del cesado gobierno de Carles Puigdemont.

    https://www.elperiodico.com/es/polit...el-1-o-7161345

  27. #57
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    Dolors Bassa se sentía mejor en Alcalá-Meco que en la cárcel de Girona
    La exconsejera, en prisión preventiva por su implicación en el 'procés', asegura que el centro madrileño era "como un colegio de monjas" pero en el penal de Basses se siente "en una cárcel"



    La exconsejera de Trabajo Dolors Bassa, en prisión preventiva desde marzo por su implicación en el intento de secesión unilateral de otoño del año pasado, ha explicado que se encontraba mejor en la cárcel de Alcalá-Meco (Madrid) que en la de Basses (Girona).

    Así lo ha confesado en una entrevista por escrito para la Cadena Ser-Radio Barcelona en la que asegura que en la prisión madrileña se sentía "como en un colegio de monjas", mientras que el centro gerundense le parece una cárcel.

    Quería volver a Madrid
    La expolítica ha señalado que, cuando fue trasladada a la cárcel catalana, indicó a sus familiares que quería volver a Madrid.

    "Siempre digo que en Alcalá-Meco me sentía como en un colegio de monjas. Aquí me siento en una cárcel", ha asegurado en la entrevista.

    Unidad ERC-JxCat
    Bassa también ha lamentado las discrepancias que ha vivido en los últimos meses su partido, ERC, con JxCat: "Me subo por las paredes. Ahora mismo el problema es que no hay liderazgos consolidados ni sabemos qué tenemos que hacer". En ese sentido, asume la frase de la portavoz del Govern, Elsa Artadi, sobre cómo deberían afrontar las diferencias entre independentistas: "Tenemos que decir lo mismo, pero no llevar el mismo jersey".

    La exconsejera autonómica ha insistido en que que los secesionistas tienen que presentarse en candidaturas separadas a las elecciones pero, al mismo tiempo, en todo momento tener "una unidad de estrategia" porque tienen un mismo objetivo.

    "Miedo" ante el juicio
    Bassa afronta el juicio contra ella y el resto de dirigentes soberanistas como una oportunidad para explicarse, por un lado, pero también, por el otro, afirma sentir "miedo" de las actitudes que ve en una parte de la judicatura.

    La exdirigente política ha asegurado que la proclamación de independencia del 27 de octubre fue una "declaración de intenciones" y considera que en esas semanas no hizo nada que no volvería a hacer porque siempre buscaron el pacto con el Estado.

    https://cronicaglobal.elespanol.com/...01673_102.html

  28. #58
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    La Fiscalía acorrala a 700 alcaldes 'indepes' por el 1-O
    María José Segarra ha detallado que muchas de las investigaciones están a punto de concluirse y que decenas de regidores se implicaron en el referéndum ilegal





    La fiscal general del Estado María José Segarra ha explicado que las investigaciones abiertas contra decenas de alcaldes catalanes por su implicación en el referéndum ilegan del 1-O están ultimadas. Además, ha precisado que tras un año de pesquisas muchas están a punto de concluirse y cabe la posibilidad de “que se pueda ir dando a salidas a las resoluciones: judicializándolas o archivando".

    Segarra ha asegurado que el ministerio fiscal no tiene ninguna causa general contra los alcaldes. Además ha añadido que ninguna opción se puede dar por definida: "Analizamos caso por caso y siempre desde el pleno principio de legalidad". Sobre la posibilidad de presentar querellas sobre los alcaldes ha sentenciado que no va a decirlo con carácter general. La fiscal que ha visitado por primera vez Cataluña desde que empezó a ocupar el caargo, ha sentenciado que “jamás” se expresará de forma general en muchos procedimientos judiciales”.

    Comportamientos individuales
    Segarra ha precisado que “podrá haber una resolución dependiendo de las conductas personales”. La fiscal ha respaldado la labor de su ministerio y ha ratificado que no se dictará una causa general contra los regidores implicados en el 1-O.



    El concejal de ERC Jordi Pesarrodona y el conseller Jordi Puigneró en una imagen de archivo / TWITTER

    Ha insistido además que estas resoluciones serán públicas y contarán con argumentaciones y motivaciones cuando corresponda: "El derecho penal no puede dar respuestas generales, tiene que analizar comportamientos individuales, y así lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo, siempre con el mismo criterio, respeto al principio de legalidad".

    Preparación del referéndum ilegal
    José Manuel Maza, anterior fiscal general, pidió el 13 de septiembre de 2017 que se abrieran diligencias de investigación a una lista de alcaldes catalanes que participaron en la preparación y gestión del referéndum del 1-0. Maza pidió a los fiscales jefes de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona que siguiera la pista de más de 700 alcaldes involucrados en la consulta por la independencia.

    Decenas de alcaldes catalanes han sido citados durante todo este año en dependencias de la Fiscalía e incluso en la Fiscalía Superior -- ya que muchos son también diputados-- para aclarar el apoyo que proporcionaron al 1-O. Algunos de ellos cedieron locales como puntos de votación

    https://cronicaglobal.elespanol.com/...01511_102.html

  29. #59
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    Marchena decide no apartarse de la presidencia del juicio del caso 1-O El juez Francisco Monterde resolverá si tramita la recusación contra el magistrado





    El presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo (TS), Manuel Marchena, ha decidido no abstenerse y su propósito es, por tanto, mantenerse al frente del proceso y del juicio por el caso 1-O. Marchena ha sido objeto de recusación por parte de nueve de los procesados en este procedimiento judicial, que han alegado una supuesta falta de imparcialidad de dicho magistrado para juzgar a los dirigentes independentistas.

    Ante ello, hubiera podido optar por la abstención, y apartarse del enjuiciamiento del caso. Pero según diversas fuentes de la propia Sala Penal, ha resuelto seguir al frente del tribunal que juzgará el 1-O por estimar, en sustancia, que su imparcialidad no puede ser cuestionada a causa de las con*sideraciones contenidas en el *watsap que el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, remitió a sus parlamentarios.


    En dicho mensaje, Cosidó vinculaba el acuerdo para que Marchena presidiera el Supremo con los intereses de los populares en el ámbito de la justicia, considerando que el pacto alcanzado con el PSOE para renovar la cúpula judicial permitiría, en contrapartida, el control de la Sala Penal del Supremo “desde atrás”.

    El presidente de la Sala Penal rechazará que se cuestione su imparcialidad

    El contenido de mensaje convirtió en inviable el acuerdo alcanzado, al provocar la renuncia de Marchena a presidir el Supremo. Y también dio pie a la presentación de varias recusaciones sucesivas contra el presidente de la Sala Penal. Primero fueron las del exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa y Raül Romeva, así como la del expresidente de la ANC Jordi Sànchez.

    A estas recusaciones se unieron ayer la de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la de Anna Simó, exintegrante de la Mesa de la Cámara catalana. Y a todas ellas se sumó finalmente la del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, quien no sólo recusa a Marchena, sino a la Sala Penal en su conjunto. El motivo estaría en la posibilidad de que el presidente de esta instancia ya haya influido con sus criterios en el resto del tribunal, contaminándolo.

    Para la tramitación de estas recusaciones se tiene que nombrar un instructor. En principio, esta función va a corresponder al magistrado de la Sala Penal Francisco Monterde. Cuando haya estudiado las recusaciones, el instructor puede hacer una de estas dos cosas. La primera, rechazar de plano las pretensiones de las defensas, si las considera manifiestamente infundadas. O en segundo lugar, si entiende que pueden tener alguna base, admitirlas a trámite, para que sea la Sala del 61 –así llamada por el artículo de la ley del Poder Judicial que la prevé– la que decida sobre el fondo del asunto.


    El instructor de la recusación puede archivarla o remitirla a una sala especial

    Una vez que Marchena ha resuelto no abstenerse, lo lógico es que la designación del instructor se produzca de inmediato. Si el asunto llega a la Sala del 61 –compuesta por los presidentes de las cinco salas del Supremo, menos el propio Marchena, obviamente, más el magistrado más antiguo y el más joven de cada una de ellas–, el interés del Alto Tribunal es resolver lo antes posible, para no retrasar el inicio de la vista oral.

    Ahora bien, este incidente procesal de las recusaciones sí puede influir en que el procedimiento se ralentice nuevamente. El motivo reside en que mientras se tramitan la sala no podría tomar decisiones sobre el proceso del 1-O. A principios de semana se le dio a las defensas un plazo de diez días para que presentaran sus conclusiones provisionales, después de que ya lo hayan hecho las acusaciones. Algunas han pedido que ese periodo sea de 90 días. La Sala Penal no se los iba a dar, pero el hecho es que tampoco van a tener sólo diez, porque la tramitación de las recusaciones introduce el mencionado factor de ralentización.

    En principio, la intención de la Sala Penal era que la semana previa a las fiestas de Navidad pudiera celebrarse la vista destinada a *examinar las cuestiones previas al juicio propiamente dicho. Estas cuestiones previas servirían para que las defensas plantearan –como han hecho en diversos escritos durante la tramitación de la causa– que el Supremo no es la instancia judicial que debería juzgar el caso 1-O, porque tendría que hacerlo el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).


    El Supremo intentará que el nuevo incidente procesal no retrase el inicio del juicio oral

    Ahora, según cómo resulte la tramitación de las recusaciones, estos planes pueden verse alterados. En todo caso, por poco que pueda, la Sala Penal convocará la vista de dichas cuestiones previas antes de las fiestas navideñas, para que luego, en fecha aún no concretada del mes de enero, se pueda empezar ya con el juicio oral, salvo, claro está, que el Supremo se inhibiera en favor del TSJ de Catalunya, cosa que ahora aparece como muy poco verosímil.

    En paralelo, en la Sala Segunda han causado cierta perplejidad los motivos por los que ha fracasado el pacto entre PP y PSOE para renovar la cúpula judicial, pero se aplaude la decisión de Marchena de dar un corte seco a su candidatura a presidir el Supremo. El criterio unánime es que el mensaje difundido por Cosidó dejaba muy poco margen, por no decir que ninguno, para que se sostuviera el acuerdo. A este tipo de opiniones se sumó ayer la fiscal general del Estado, María José Segarra, quien consideró “extraordinariamente prudente” que se aplace el proceso de renovación del Poder Judicial. Y añadió que siempre apoyará “cualquier iniciativa” que pretenda reforzar la “imagen de confianza e independencia” que debe tener “la sociedad en su justicia”.





    https://www.lavanguardia.com/politic...n-supremo.html

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    Torrent tilda de “farsa y venganza política” la causa contra los políticos independentistas de Cataluña




    El presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, ha calificado de “farsa y venganza política” la causa judicial contra los políticos soberanistas y agentes sociales catalanes por el proceso independentista, en su intervención en la entrega del Premio Coppieters en Córcega (Francia).

    Durante su intervención, Torrent ha recordado que tendría que ser la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, quien entregara el galardón, pero está encarcelada “por haber defendido la democracia”.

    Torrent ha afirmado que “lo que están sufriendo la presidenta Forcadell y el resto de víctimas de la misma causa judicial, es un acto de crueldad injusta que ningún demócrata puede aceptar” y, por eso, ha agradecido “las muestras de apoyo y de solidaridad de ciudadanos y representantes del pueblo corso”.


    Presos políticos

    En el acto también ha intervenido el galardonado Edmon Simeoni, el presidente del Consejo Ejecutivo de Córcega, Gilles Simeoni, y el presidente y la vicepresidenta de la Coppieters Foundation, Xabier Macias y Antonia Luciani. Previamente, Torrent se ha reunido con el presidente del Consejo Ejecutivo de Córcega, Gilles Simeoni en un encuentro en el que ambos han analizado la situación política en Cataluña, Córcega y Europa.



    Simeoni se ha solidarizado con los presos y exiliados catalanes, y ha coincidido con Torrent en la necesidad de resolver políticamente el conflicto catalán en el marco europeo.

    La Coppieters Foundation es una fundación política reconocida por el Parlamento Europeo desde 2007 y que tiene por objetivo promover la investigación política en el ámbito internacional, especialmente en cuanto a la gestión de la diversidad cultural y lingüística en sociedades complejas, la gobernanza multinivel, la descentralización y la autodeterminación.

    El premio, que en 2017 recayó en Carme Forcadell, reconoce a personas u organizaciones destacadas en la defensa de la diversidad cultural y lingüística, el diálogo intercultural, la autodeterminación, los derechos de las minorías, la paz, la democracia y la unidad de Europa.


    https://okdiario.com/espana/cataluna...taluna-3387877

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