Plataforma Hilo de seguimiento del juicio a los golpistas independentistas

amo ESPAÑÑA

TSJC SENTENCIA FIRME


Artur Mas, inhabilitado hasta febrero de 2020
El TSJC ejecuta la condena por desobediencia contra el 'expresident', Joana Ortega e Irene Rigau por el 9N y los aparta temporalmente de la política



La sentencia por desobediencia contra Artur Mas por el 9N ya es firme. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ejecutó ayer lunes, 4 de enero, la condena por desobediencia contra el expresidente catalán, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera catalana de Enseñanza, Irene Rigau, tras la corrección que hizo el Tribunal Supremo de la misma. Ello significa que Mas queda apartado de la política durante un año y un mes; Ortega, nueve meses y Rigau, seis meses.

En un auto dado a conocer hoy, el TSJC recuerda que ante el auto del Supremo de diciembre "no cabe recurso", por lo que la sentencia contra los tres expolíticos nacionalistas es firme desde el 23 de enero de 2019. En otras palabras, la "inhabilitación especial" de Mas le deja apartado de la política hasta el 23 de febrero de 2020. Ello lo deja fuera, como mínimo, de las elecciones europeas y municipales que se celebrarán el próximo 26 de mayo. Asimismo, el trío de políticos que organizaron la pseudoconsulta del 9 de noviembre de 2014 encajan multas de doce meses a cien euros diarios (Mas); diez meses a cien euros diarios (Ortega) y ocho meses a cien euros diarios (Rigau).

Desobediencia
El fallo del TSJC confirma un auto anterior de la propia instancia judicial, en la que se concluye que Mas cometió un delito de "desobediencia cometido por autoridad o funcionario público". Por su parte, la que fuera vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, incurrió en el mismo tipo penal, mientras que la consellera de Enseñanza cuando se celebró la pseudoconsulta del 9 de noviembre de 2014, Irene Rigau, encaja una condena por ser "cooperadora necesaria" en el delito de desobediencia.

artur mas inhbailitado febrero 2020



Artur Mas, entrando a declarar en el TSJC / EFE

La condena al trío de expolíticos de la extinta CiU, ahora PDeCAT, llegó en marzo de 2017. El TSJC concluyó entonces que el expresident ignoró deliberadamente las resoluciones del Tribunal Constitucional que prohibían la consulta del 9N y lo halló culpable por ello. No obstante, el tribunal lo absolvió de otro delito de prevaricación que pedía la Fiscalía, que llevaba aparejada la inhabilitación por un periodo de ocho años.

"Pervirtió los principios democráticos"
Pese a salvarlo de un delito más grave, el TSJC afeó al expresident, el primero de la democracia condenado por desobedecer una resolución judicial, "haber pervertido los principios democráticos" al seguir con la pseudoconsulta del 9N pese a que el Tribunal Constitucional la había prohibido. En aquel momento, los magistrados recordaron en su falló que él convocó el "proceso de participación" del 9N en el que votaron 2,3 millones de catalanes. Aunque tenía "perfecto conocimiento del contenido y los efectos" de la resolución del TC --porque fue verificada por los juristas de la Generalitat-- "no hizo nada" para detener la jornada de votación.

Aunque a última hora Mas y su gobierno se escudaron en que la cita electoral la ejecutaron voluntarios, el Ejecutivo autonómico "dispuso lo necesario" para mantener "los contratos de aprovisionamiento de los materiales y equipamiento" --incluyendo la apertura de colegios y los ordenadores con el censo-- para hacer posible el pseudoreferéndum. Desmontando la versión del Govern, el TSJC recordó que quedaron en manos de la Generalitat el portal web del 9N; la campaña publicitaria; el mailing; la correspondencia oficial, el software, la póliza de seguros para los voluntarios; la infraestructura material y el centro de prensa desde el que el propio expresidente dio a conocer los resultado de la cita electoral ilícita.

https://cronicaglobal.elespanol.com/...19483_102.html

Junqueras será el primero en declarar ante el Supremo en el juicio del 1-OOriol Junqueras
Oriol Junqueras en una imagen de archivo. (Foto: Francisco Toledo)
María Jamardo
06/02/2019



El ex vicepresidente de la Generalitat, y miembro de Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras, será el elegido para prestar declaración ante el tribunal en primer lugar, por la gravedad de las penas que solicita la Fiscalía para él como presunto autor de un delito de rebelión
La comparecencia del ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ante el Tribunal Supremo inaugurará las declaraciones de los líderes independentistas en el juicio del 1-O.

Fuentes jurídicas indican a OKDIARIO que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, presidida por el juez Manuel Marchena, se inclina por que el político de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) sea el primero en responder al interrogatorio durante la inminente fase oral del juicio.

El calendario de sesiones fijado por el tribunal en el auto donde se confirmaba el martes 12 de febrero como día definitivo para el arranque de la causa, estima que las comparecencias de los acusados -que deberán estar presentes en Sala desde dicha fecha- se harán efectivas a partir del día 19, una vez hayan sido resueltas los aspectos preliminares.


Junqueras será de los primeros en sentarse frente a los magistrados y, previsiblemente, para responder sólo a las preguntas de su abogado defensor. La línea estratégica será la misma mantenida hasta la fecha por el político de ERC, quien siempre ha sostenido que lo sucedido en las movilizaciones independentistas de los días previos y durante el propio 1-O fueron “pacíficas”.

También insistirá en que “no se ha dedicado un solo euro del Presupuesto al proceso” soberanista en Cataluña, en relación con la agravante de malversación de fondos públicos que completa su auto de procesamiento.


Junqueras ha defendido en todo momento que convocar un referéndum no es delito y el derecho a la autodeterminación está amparado por normas internacionales.

Sánchez, Cuixart y Forcadell

Pese a que la legislación procesal española no contiene una norma cerrada que detalle cuál debe ser el orden de las intervenciones de los acusados ante la sede judicial -sino que deja dicha decisión a criterio del tribunal competente de enjuiciar la causa- lo habitual en estos casos es que la Sala se incline por escuchar en primer término a los acusados para los que se solicita una mayor cantidad de pena o aquellos que ostentasen una mayor responsabilidad en el momento de producirse los hechos por los que están siendo juzgados.

Durante la fase de instrucción, liderada por el magistrado Pablo Llarena, el Tribunal Supremo citó para declaración indagatoria a Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart; Joaquim Forn, Josep Rull y Raül Romeva; y, Jordi Turull, Dolors Bassa y Carme Forcadell, por ese orden, en tres jornadas distintas.Criterio que, en opinión de los expertos consultados por OKDIARIO mantendrá la Sala de lo Penal durante los días 19, 20 y 21 del presente mes.

Primero las pruebas

El orden en el que deben practicarse las pruebas durante el juicio del 1-O viene, por el contrario, legalmente predeterminado en el artículo 701 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim).

De modo que las primeras pruebas que analizará el tribunal serán las propuestas por la Fiscalía, continuando con la propuesta por las de la Abogacía del Estado y las de la acusación popular de VOX y dejando, en último lugar, las de las defensas de los acusados.

Por ello, teniendo en cuenta que el uso habitual del Ministerio Fiscal es solicitar la declaración de los acusados al comienzo del juicio oral, éstas definirán el arranque de las sesiones. Una vez resueltas las cuestiones preliminares al comienzo de la causa, los próximos días 12, 13 y 14 de febrero.

En relación con las pruebas de cada una de las partes, atenderán al orden con que hayan sido propuestas en el escrito de acusación o defensa correspondiente en cada caso. Aunque podrían verse alteradas si el Presidente del Tribunal, de acuerdo al criterio mayoritario del conjunto de la Sala, así lo decide si considera que será más útil para esclarecer los hechos o descubrir la verdad de lo ocurrido.


https://okdiario.com/espana/2019/02/...el-1-o-3642800

https://okdiario.com/espana/2019/02/...rchena-3672027



Supremo rechaza que observadores internacionales se reúnan con Marchena antes del juicio del 1-OTribunal Supremo
Manuel Marchena, magistrado del Tribunal Supremo.
María Jamardo
06/02/2019

La Sala de lo Penal ha rechazado la petición al entender que dicha solicitud trata de cuestionar, extrajudicialmente, la decisión del Supremo de no permitir su presencia durante el juicio del 1-O dado que será público y televisado
El Tribunal Supremo, competente para juzgar la causa del ‘procés’ catalán, rechaza la petición de la plataforma de observadores International Trial Watch para reunirse con el presidente de la Sala de lo Penal, el juez Marchena, antes del comienzo del juicio del 1-O.

La Sala considera, en una escueta nota emitida esta misma mañana, que la decisión de rechazar la presencia de esta plataforma durante el juicio, en calidad de observadores neutrales, “sólo puede ser combatida por la vía de los recursos promovidos por las partes y no mediante visitas informales de los propios interesados” a los que recuerda que ni siquiera están personados en la causa. Motivo por el que no ha respondido de manera oficial a la solicitud cursada.

El Tribunal Supremo acordaba dejar fuera de la sala de la vistas, durante las sesiones de la vista oral que comenzarán en la sede del tribunal a partir del próximo martes 12 de febrero, a los observadores internacionales que habían sido solicitados por las defensas de los líderes golpistas catalanes.


Así lo señalaba en el auto de admisión de prueba, de 145 páginas, notificaba el pasado viernes este viernes por la sala de siete magistrados que preside Marchena. “Todo ciudadano que quiera convertirse en observador podrá hacerlo”, recogía la Sala al motivar la ausencia de observadores internacionales acreditados como tales en las sesiones de la fase oral, dado que la causa será televisada en tiempo real.

El abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, pidió al Tribunal Supremo a comienzos de enero que habilitase “cinco sillas para observadores internacionales” durante las sesiones del juicio. Consideraba la defensa de los ex consejeros de la Generalitat de Cataluña que era necesaria la presencia de los mismos, dado que la causa no será justa ni imparcial para sus clientes.


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Con dicha estrategia se trata de reforzar la puesta en escena de los políticos independentistas catalanes -acusados de sendos delitos de rebelión y sedición agravada con malversación- para la proyección en el extranjero de la causa al ‘procés’. La búsqueda de personalidades de diferentes países que acudiesen como espectadores independientes para fiscalizar la actuación de la justicia española se inició mucho antes por parte de la entidad separatista Òmnium Cultural, presidida por Jordi Cuixart.

International Trial Watch

International Trial Watch – Catalan Referendum solicitaba hace unos días al Supremo una entrevista con el presidente de la Sala de lo Penal, el juez Manuel Marchena, tras conocerse el rechazo del tribunal a permitir su presencia, como tales, en el desarrollo del juicio del 1-O. Tal y como manifestaba en su cuenta oficial de twitter:

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International Trial Watch @interTrialWatch
➡️ Els observadors/es Dominique Nogueres, Claire Dujardin, Fabio Marcelli, Frederic Ureel i Javier Perez Royo seran a la porta del TS el dia 12 de febrer, a l'inici del judici, per poder realitzar la seva feina ‼️

Podeu llegir l'escrit presentat al TS���� https://internationaltrialwatch.org/...on-de-soporte/ …

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11:19 - 5 feb. 2019
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International Trial Watch se presenta como una “plataforma de entidades dedicadas a la defensa de derechos y libertades de la ciudadanía con el fin de gestionar y facilitar la presencia de observadores estatales e internacionales en el juicio que se desarrollará ante el Tribunal Supremo contra políticos y líderes sociales catalanes”.

Cuixart quiso colar al Tribunal Supremo como testigo a un falso Premio Nobel de la PazJordi Cuixart




El falso Premio Nobel de la Paz, Ahmed Galai, junto al ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en una reunión que mantuvieron en el Palau en septiembre de 2017 (Foto: Europa Press)
Gonzaga Durán 06/02/2019

Ahmed Galai fue presentado por Carles Puigdemont en 2017 como un Premio Nobel de la Paz que defendía el referéndum ilegal. Lo cierto es que Galai fue uno de los cuatro vicepresidentes de la Liga Tunecina de los Derechos Humanos (LTDH), una asociación que fue premiado junto a otras tres con el Premio Nobel de la Paz en 2015. Pero Galai no recibió galardón alguno y se desvinculó de la asociación en octubre de 2016. La defensa de Jordi Cuixart pidió su declaración como testigo en el juicio del 1-O, algo que el Tribunal Supremo ha descartado finalmente.
La defensa del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, pidió que declarara como testigo en la causa del 1-O Ahmed Galai, un periodista tunecino que según el separatismo catalán ganó el Premio Nobel de la Paz en 2015, pero que en realidad no recibió galardón alguno. Galai formó parte de la cincuentena de personalidades que firmaron el manifiesto ‘Let catalans vote’, una declaración escrita que defendía el “derecho a decidir de Cataluña” de cara al referéndum ilegal del 1-O.

“Para su declaración será preciso intérprete de lengua inglesa”, llegó a solicitar la defensa de Jordi Cuixart en su petición como testigo al Tribunal Supremo. No obstante, el alto tribunal rechazó hace unos días su declaración como testigo en el juicio del referéndum que dará comienzo el próximo 12 de febrero.

“La Sala estima que las valoraciones personales de relatores, premios Nobel, lingüistas, o historiadores –algunos de ellos de un incuestionable peso intelectual- son prescindibles. No existe en nuestro sistema una figura procesal para identificar al declarante invitado a juicio para ofrecer sus valoraciones personales sobre los hechos”, argumentó el Supremo para descartar la declaración de Galai. El alto tribunal también rechazó a casi medio centenar de testigos que habían pedido las defensas de los acusados.


En septiembre de 2017, semanas antes del 1-O, el entonces president Carles Puigdemont invitó a Ahmed Galai a un encuentro en el Palau de la Generalitat como acto de propaganda para hacer creer que un Premio Nobel de la Paz apoyaba el referéndum ilegal. “La democracia está en juego, yo defiendo el derecho democrático de Cataluña a votar”, afirmó el propio periodista tunecino en una rueda de prensa junto a Puigdemont al terminar su reunión. El activista tunecino también participó en el acto independentista de la Diada de aquel año.


El falso Premio Novel de la Paz, Ahmed Galai, en la Diada separarista de 2017
El fraude

Pero lo cierto es que Ahmed Galai no recibió ningún Premio Nobel de la Paz en 2015, según reveló el diario ‘La Vanguardia’ en septiembre de 2017 y ahora recuerda el portal ‘Dolça Catalunya’. El Premio Nobel de la Paz fue concedido en 2015 al Cuarteto del Diálogo Nacional de Túnez “por su contribución decisiva a la construcción de una democracia plural en Túnez tras la revolución de 2011”.

Este Cuarteto está formado por la Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT), la patronal (UTICA), la Liga Tunecina de los Derechos Humanos (LTDH) y la Asociación Nacional de Abogados. Ahmed Galai formó parte de la LTDH entre 2011 y 2016, en concreto como uno de los cuatro vicepresidentes de la asociación. El periodista tunecino accedió a este cargo tras ser el decimotercero más votado entre los miembros de la entidad, al lograr tan sólo 87 votos. Desde octubre de 2016 ya no tienen ningún puesto en la Liga Tunecina de los Derechos Humanos, por lo que desde entonces no guarda ninguna vinculación con este organismo.

Ahmed Galai no posee ningún Premio Nobel y tampoco asistió a la ceremonia de entrega de galardones organizada por el Comité Nobel Noruego en 2015. Este fraude lo reveló el periodista Joaquín Luna. El periodista se puso en contacto en 2017 con el presidente de la LTDH, Jamel Msallem. “¿Usted cree que un *vicepresidente de uno de los cuatro *organismos del Cuarteto está autorizado a presentarse como Nobel de la Paz 2015? Yo no lo creo”, le aseguró Msallem a Luna.

“Ya enviamos una carta a la Generalitat el 6 de septiembre avisando de que Ahmed Galai no representa a nuestra organización y sólo habla en su nombre. A nosotros no nos informó”, reveló también el presidente de la Liga Tunecina de los Derechos Humanos en alusión a la reunión que mantuvo Carles Puigdemont con Ahmed Galai el 4 de septiembre de 2017.


https://okdiario.com/espana/cataluna...el-paz-3666943

JUICIO DEL ‘PROCÉS’
Cuixart pide al Supremo que reconsidere incluir un informe de expertos de Scotland Yard como prueba

La abogada volverá a solicitar la práctica de tres pruebas periciales que el tribunal denegó y que considera de especial relevancia para la defensa del presidente de Òmnium




Jordi Cuixart, junto a su abogada, en la Audiencia Nacional (Emilia Gutiérrez)

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, tiene previsto solicitar al Supremo que reconsidere aceptar varias pruebas periciales para el juicio del procés que le fueron denegadas, entre ellas un informe realizado por dos expertos de Scotland Yard sobre el 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2017. Será una de las cuestiones que planteará la defensa de Cuixart, acusado de rebelión, el próximo martes durante el trámite de las cuestiones previas del juicio, según han informado fuentes jurídicas.

La abogada de Cuixart, Marina Roig, volverá a solicitar la práctica de tres pruebas periciales que el tribunal denegó y que considera de especial relevancia para la defensa del presidente de Òmnium, para quien la Fiscalía pide 17 años de prisión.


Una de ellas es un informe realizado por dos expertos de Scotland Yard elaborado a raíz de vídeos sobre los sucesos del 20 de septiembre frente a la Conselleria de Economía y del referéndum del 1-O, aportados a la causa por las acusaciones y las defensas y algunos de los cuales fueron grabados por las propias cámaras de seguridad de la Conselleria.

Cuixart, que es el único acusado que no es político, también quiere que se acepte otro análisis elaborado a partir de informaciones de cinco medios de comunicación sobre el 1 de octubre en relación a la actuación policial; y otro sobre la actividad en las redes sociales durante el 20-S.


Lo que intenta conseguir el presidente de Òmnium con estas periciales es desmontar el relato de la Fiscalía en relación a la violencia en ambas convocatorias e incidir en que únicamente se estaba ejerciendo el derecho de manifestación y reunión de forma pacífica y cívica, según las fuentes.

Cuixart no está entre los acusados que solicitaron de nuevo más tiempo al tribunal para preparar su defensa, si bien presentó un escrito el pasado lunes ante el Supremo en el que ponía de manifiesto que no cuenta con las pruebas documentales del resto de las defensas y, por tanto, no ha podido estudiarlas; un asunto que, según sus abogados, podría ser objeto de suspensión del juicio.


El escaso plazo entre el auto de admisión de prueba, dictado el pasado viernes, y el inicio de juicio, previsto el próximo martes, fue uno de los motivos por los que el tribunal reconsideró su idea inicial de comenzar el juicio esta semana y le dio a las defensas algo más de tiempo, 11 días.


https://www.lavanguardia.com/politic...rd-prueba.html

El TSJC admite investigar a una diputada de ERC por la expulsión de policías de hoteles de Pineda



Un juez de Arenys de Mar remite la causa en que la investigaba a Mònica Palacín como concejal de la localidad



Mònica Palacín, concejal por ERC en Pineda de Mar (ERC)
EFE, BARCELONA

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) estudia este miércoles si imputa a la diputada de ERC, Mònica Palacín, después de que un juez de Arenys de Mar (Barcelona) le ha remitido la causa en que la investigaba por coaccionar supuestamente a responsables de hoteles para que expulsaran a policías del 1-O. Según ha informado el TSJC, la sala civil y penal del alto tribunal catalán ha designado ponente al magistrado Jordi Seguí para que decida si acepta asumir la investigación relativa a Palacín, que al ser diputada goza de la condición de aforada.

El titular del juzgado de instrucción número 2 de Arenys de Mar abrió en abril del pasado año una investigación, a instancias de una querella de la Fiscalía, contra tres tenientes de alcalde de Pineda de Mar (Barcelona) del PSC, la concejal de ERC Mònica Palacín y el jefe de la Policía Local, por coaccionar supuestamente a los responsables de hoteles de la localidad que alojaban a agentes de la Policía Nacional destinados a Catalunya para impedir el referéndum del 1-O.


Magistrado
La sala civil y penal designa ponente a Jordi Seguí para que decida si acepta asumir la investigación relativa a Palacín, que al ser diputada en el Parlament es aforada

Sin embargo, el juez acordó en diciembre pasado inhibirse de la investigación sobre Mònica Palacín y remitir el caso a la sala penal del TSJC, dada la condición de aforada de la actual diputada de ERC en el Parlament. Una vez recibido el escrito del juez inhibiéndose respecto a la investigación abierta a Palacín, el TSJC ha designado ponente al magistrado Jordi Seguí, que integra la sala de admisión junto al presidente del alto tribunal catalán Jesús María Barrientos y la magistrada Mercedes Armas.


En su querella, la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación de Barcelona acusaba a los cuatro concejales de presionar a la cadena hotelera Checkin de Pineda de Mar para que expulsaran a cerca de 500 policías nacionales, amenazándoles con cerrar sus establecimientos durante cinco años.

Medio millar de policías nacionales se alojaron en dos hoteles de esta cadena en Pineda de Mar desde finales de septiembre de 2017 y fueron expulsados el 3 de octubre de sus respectivos establecimientos, después de las concentraciones que se organizaron a sus puertas en protesta por la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para impedir el referéndum del 1-O.


La querella se dirigía concretamente contra Carme Aragonés, primera teniente de alcalde; Jordi Masnou, segundo teniente de alcalde y coordinador de Territorio; Silvia Biosca, tercera teniente de alcalde de Comunicación; Mònica Palacín, concejal de ERC en la oposición, y Carles Santecreu, jefe de la Policía Local de Pineda de Mar.

Los presuntos delitos
El juez de Arenys acordó en su día abrir causa por un delito de falsedad documental oficial y otro de coacciones

El juez de Arenys acordó abrir diligencias por un delito de falsedad en documento oficial y otro de coacciones contra los querellados, que según la Fiscalía acudieron la noche del 2 de octubre de 2017 al hotel Checkin Mont Palau de Pineda “con el firme propósito de conminar a la dirección de la cadena hotelera, prevaliéndose de la autoridad que representaban, para lograr la expulsión de los funcionarios de Policía que permanecían albergados en sus hoteles”.

El ministerio público acusa a Palacín, como responsable de Comunicación, de haber exigido a los responsables hoteleros que firmaran un documento “confeccionado mendazmente” para simular un comunicado de prensa conjunto que mantenía que la salida de policías obedecía a una decisión “conjunta” del ayuntamiento y de la cadena para “garantizar la convivencia” en la población.


La carta negaba cualquier “medida de presión” sobre los representantes de la cadena hotelera, quienes “al ver el texto se negaron expresa y rotundamente a firmarlo por no ser ciertas las manifestaciones contenidas en el mismo”, sostiene la Fiscalía, lo que no impidió que el consistorio lo distribuyera a los medios de comunicación.

El ministerio público considera que la “trascendencia pública” de ese documento “supone un desprestigio, con el consiguiente descrédito para la compañía hotelera ante posibles clientes de toda España, por la aparente imagen de trato discriminatorio transmitida y cometido por motivos de origen nacional de sus clientes, en este caso policías”.


https://www.lavanguardia.com/politic...es-pineda.html

De cuántas cosas nos vamos a enterar en el juicio al golpe, escolti.


La lectura del auto del juicio al golpe de Estado sobre las diligencias de prueba

(léalo aquí)PDF
https://www.eldiariomontanes.es/apoy...cio-proces.pdf

es muy interesante. Allí nos enteramos de que oiremos el testimonio de muchas docenas de policías, guardiaciviles y funcionarios de la Gene. Y de que están citados a declarar como testigos estos ciudadanos hasta ayer desconocidos:

Vicente Nos Ripollés: “experto en tecnología al que fue encargado por el Gobierno de la Generalitat un sistema de votación que permitiera realizar una votación telemática segura entre ciudadanos”.

Quim Franquesa Padrós: “Estudiante de informática, socio del anterior”.

Teresa Guix Requejo. “Perceptora de fondos mediante factura presentada a la Presidencia de la Generalitat”.

Olga Solanas García. “Directora de Oficina de Focus Media SL, empresa con contrato marco con la Generalitat para fomentar la participación en el referéndum”.

Ferrán Burriel Alier. “Director Agencia Nothingad Comunicació S.L, emisor de factura por trabajos de publicidad digital”.

Nuria Llorach i Boladeras. “Vicepresidenta Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), emisora de factura por trabajos de difusión del referéndum”.

Xavier Virgo Teixidor, “director de El Punt Avui, emisor de facturas por trabajos para la difusión del referéndum”.

Pablo Raventós Saenz. “Administrador de Unipost. Empresa encargada de los envíos postales”.
Antonio Manuel Santos Falcón, “jefe de producción de UNIPOST de Cataluña y Baleares”.

David Palanqués Bonagua. “Departamento de Trabajo de la Generalitat, detenido por la Guardia Civil, responsable de proyectos del CTTI”.

Josue Sallent, “Director de Estrategia e Innovación del CTTI”.

Rosa Maria Sans Travé. “Responsable recursos humanos de Artyplan”.

Enrique Mary Yriarte, “trabajador de la empresa Artyplan“.

Rosa Mª Rodriguez Curtó, “Directora General de Servicios de la empresa T. SYSTEMS ITC Iberia S.A“.

Albert Donaire Malagelada (Mosso de Escuadra).

Lluís Llach Grande “en su calidad de testigo presencial en los hechos ocurridos en la Consejería de Economía y Hacienda el 20 de septiembre de 2017”.
Por cierto, que Jordi Cuixart Navarro (sisplau faci’s una pericial al catalanitzador de cognoms) pide que testifiquen extranjeros timados con el prusés como Alfred de Zayas, el Príncipe D. Zeid Ra’ad Al Hussein, un par de premios Nobel, Noam Chomsky o Paul Preston. I la resposta del Tribunal és una delícia per als juristes:

“La Sala estima que las valoraciones personales de relatores, premios nobel, lingüistas, o historiadores –algunos de ellos de un incuestionable peso intelectual y autores de una obra que merece la admiración y el reconocimiento colectivo- son prescindibles, sin embargo, cuando son llamados a juicio para opinar «…sobre los hechos objeto de acusación». En el proceso penal el testigo es examinado sobre los hechos de los que tiene conocimiento directo o referencial; el perito dictamina acerca de una materia en la que hay que aportar nociones científicas, técnicas o artísticas. No existe en nuestro sistema una figura procesal para identificar al declarante invitado a juicio para ofrecer sus valoraciones personales sobre los hechos. El objeto del presente proceso (…) no puede ser enriquecido con debates ajenos a lo estrictamente fáctico y jurídico”.

(Juicio Procés) Una docena de abogados asumirán la defensa de presos independentistas
Feb 07, 2019


(Juicio Procés) Una docena de abogados asumirán la defensa de presos independentistas

Efe – “Rara avis” entre los abogados del procés, Xavier Melero no sólo no forma parte de los entornos convergentes o republicanos que se sentarán en el banquillo, sino que hace unos quince años frecuentó las reuniones en las que se fundó el partido que hoy está a las antípodas del procesismo: Ciudadanos. Como Pina, Melero, de 61 años, es un defensor habitual de convergentes perseguidos por la justicia -Oriol Pujol o el extesorero de CDC Daniel Osàcar- y también formó parte del equipo de Pau Molins, hasta que en 2009 montó despacho propio con Judit Gené. Madrid (España), jueves 7 de febrero de 2019




Combo de fotografía de los presos independentistas. De izquierda a derecha y de arriba abajo, Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat; Joaquim Forn, exconsejero de Interior; Raül Romeva, exconsejero de Asuntos Exteriores; Jordi Turull, exconsejero de Presidencia; Josep Rull, exconsejero de Territorio y Sostenibilidad; Jordi Sánchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC); Carles Mundó, exconsejero de Justicia; Carmen Forcadell, expresidenta del Parlament; Meritxell Borrás, exconsejera de Gobernación; Dolors Bassa, exconsejera de Trabajo; Santiago Vila, exconsejero de Empresa de la Generalitat; Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural. Estos son los doce acusados que se sentarán próximamente en el banquillo del Supremo en el juicio del “procés”. Efe.

Conscientes de que llevan sobre los hombros el peso del que probablemente será el juicio de sus vidas, una docena de abogados de reputados bufetes de Barcelona se arremangan estos días la toga para preparar las líneas de defensa que esgrimirán ante el Tribunal Supremo a partir del 12 de febrero.

Mientras cultivan una imagen de unidad frente a las acusaciones, los letrados del juicio del procés trabajan en estrategias dispares, desde el enfoque más técnico al más ideológico, y no todos comparten por igual afinidades políticas con sus clientes.

Los que más peliagudo lo tienen, aquellos que representan a líderes políticos todavía en activo, como Oriol Junqueras (ERC) o Jordi Turull (PDeCAT), y que se enfrentan a la incómoda tarea de combinar la defensa jurídica con la táctica política: la mirada puesta en la sentencia y, de reojo, en las próximas lizas electorales.

ANDREU VAN DEN EYNDE: Oriol Junqueras y Raül Romeva.

Abogado de cabecera de ERC, Andreu Van Den Eynde es uno de los letrados más jóvenes de los que se sentarán en el Supremo, experto en ciberdelitos y en la responsabilidad penal de entidades jurídicas, lo que le sirvió para confeccionar la “compliance penal” o plan de prevención del fraude de la formación republicana.

Este descendiente de flamencos e hijo de troskistas -nació en 1975 en París, adonde su padre había huido de la policía franquista- dio sus primeros pasos entre 1998 y 2005 en el bufete Luis del Castillo, antes de montar su propio despacho, sin dejar de trabajar en el turno de oficio, que considera su cuota solidaria.

Van Den Eynde conoce la ofensiva jurídica del procés desde sus inicios: defendió a Carme Forcadell en las primeras querellas y el 20S presenció los registros de la Guardia Civil por los preparativos del 1-O, como abogado del exnúmero de dos Junqueras.

Activo en Twitter, donde desgrana su habitual socarronería, y en sus ratos libres guitarrista de la banda de trash metal “Vientos de Poder”, los escritos de defensa de Van Den Eynde rezuman carga política y continuas invocaciones al Tribunal de Estrasburgo; no en vano tiene puestas en la justicia europea sus esperanzas.

JORDI PINA: Jordi Turull y Josep Rull

Es quizá el rostro más mediático de los togados del procés, ya que durante la instrucción de la causa se ha prodigado en los platós con su vehemente defensa de la inocencia de los líderes independentistas y duras invectivas contra la cúpula judicial.

Penalista del prestigioso bufete Molins & Silva, hay pocas causas de corrupción política en las que no esté Pina, especialmente las que acechan a la extinta CDC: era el letrado de Jordi Montull cuando en 2017 los exresponsables del Palau de la Música delataron a la formación convergente, para sobresalto de sus élites.

Con un verbo incontenible y un estilo vehemente, Pina suele brillar en los informes finales: antológica fue su encendida defensa de la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau en el juicio por la consulta del 9N, salpicada de dardos políticos como sus escritos en la causa del procés.

Entre caso y caso, Pina fue elegido en 2017 vicedecano del Colegio de la Abogacía de Barcelona en la candidatura encabezada por Eugenia Gay -una lista plural que intentó sortear el debate independentista en tiempos difíciles para la equidistancia- y aún le queda tiempo para practicar aficiones tan catalanas como los viajes, buscar setas o el senderismo.

XAVIER MELERO: Joaquim Forn

“Rara avis” entre los abogados del procés, Xavier Melero no sólo no forma parte de los entornos convergentes o republicanos que se sentarán en el banquillo, sino que hace unos quince años frecuentó las reuniones en las que se fundó el partido que hoy está a las antípodas del procesismo: Ciudadanos.

Como Pina, Melero, de 61 años, es un defensor habitual de convergentes perseguidos por la justicia -Oriol Pujol o el extesorero de CDC Daniel Osàcar- y también formó parte del equipo de Pau Molins, hasta que en 2009 montó despacho propio con Judit Gené.

Aficionado al boxeo, su aspecto indolente y sus gafas de carey le dan un aire británico que adornan a la perfección su gusto por la ironía, que despliega tanto en sus intervenciones públicas como ante el tribunal y, a menudo, también en sus escritos.

Poco dado a exhibirse en los medios, entró en la sala de estar de los hogares de Cataluña cuando defendió al expresidente catalán Artur Mas en el mediático juicio del 9N, con una estrategia estrictamente jurídica -similar a la que urde en la causa del procés-, a riesgo de desentonar en ocasiones con la gallardía de su cliente ante el tribunal.

OLGA ARDERIU: Carme Forcadell

Reservada y discreta, la abogada de Carme Forcadell se curtió durante nueve años en el despacho Molins antes de emprender, en 2007, su andadura en solitario como fundadora del bufete MDA.

Nacida en Berga (Barcelona) hace 43 años, Arderiu es desde hace dos años diputada de la junta del Colegio de la Abogacía de Barcelona, donde fue vocal de la Comisión de Mujeres Abogadas, y tiene una larga trayectoria en ámbitos como la violencia machista y las políticas públicas en materia de género.

MARINA ROIG: Jordi Cuixart

La abogada del presidente de Òmnium Cultural, esquiva con la prensa y una de las caras del procés menos expuestas a los medios, se estrena en el Supremo en un asunto de calado político, tras haber llevado principalmente casos relacionados con el blanqueo de capitales y los delitos contra la administración pública.

Socia fundadora del despacho Roig & Bergés & Martínez y presidenta de la sección penal del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Roig confía su estrategia jurídica a una futura revisión del caso por parte del Tribunal de Estrasburgo y centra el debate en la autodeterminación como derecho humano: trató, sin éxito, llevar al juicio como testigos a referentes de ese ámbito como el filósofo Noam Chomsky o a dos Premios Nobel de la Paz.

MARIANO BERGÉS: Dolors Bassa

Cofundador del despacho de Marina Roig, el letrado de Dolors Bassa se embarca con los intríngulis políticos del “caso procés” tras una trayectoria centrada en la defensa de grandes empresas y multinacionales.

Es profesor asociado de Derecho Penal en la Universidad de Barcelona y en másteres de formación para acceder a la abogacía, así como experto en “compliance penal”.

JOSEP RIBA: Carles Mundó

Años de experiencia en la defensa de políticos, empresarios, banqueros o deportistas -exdirectivos de Javier De la Rosa, Eto’o o un exalcalde socialista se cuentan entre sus clientes- hacen de este abogado un referente en los juicios por delitos de “cuello blanco”.

Sereno y de trato exquisito dentro y fuera de la sala de vistas, Josep Riba, de 51 años, es miembro del reputado despacho barcelonés Morales Abogados y atesora una amplia experiencia docente, como profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) o Esade.

JUDIT GENÉ: Meritxell Borràs

Es otra de las abogadas formadas en el despacho Molins Advocats, donde conoció a Xavier Melero, con quien en 2009 montó un bufete propio que se ha convertido en referente para políticos convergentes investigados por corrupción.

Nacida en el pequeño pueblo ilerdense de Torà, Gené, miembro de la sección de derecho penal del Colegio de la Abogacía de Barcelona, trabajó también, durante un paréntesis de tres años, en el reconocido bufete Cuatrecasas de Barcelona.

PAU MOLINS: Santi Vila

Vástago de una de las emblemáticas familias de la burguesía catalana, y de las más acaudaladas de España, Pau Molins fundó en 1994 el despacho Molins & Silva, desde 2013 asociado al bufete que lidera Miquel Roca y erigido en uno de los más prestigiosos de Barcelona.

De 57 años, Molins compagina el ejercicio de la abogacía, que le ha llevado a representar en los tribunales a acusados ilustres como la infanta Cristina, el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell o el exministro y expresidente de Catalunya Caixa Narcís Serra, con su actividad en el consejo de administración de la centenaria empresa familiar Cementos Molins.


https://www.lasvocesdelpueblo.com/ju...ependentistas/

El relator de la ONU, subvencionado por Puigdemont, critica el juicio del 1-O
Ciudadanos envía una carta de queja a Varennes, responsable sobre minorías del organismo internacional, quien se negó a reunirse con el primer partido de la oposición




La disidencia política no violenta de las minorías no debería dar lugar a cargos penales”. Así opina el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre cuestiones de las minorías, Fernand de Varennes. Y así lo hizo constar en un informe publicado tras una visita a España que incluyó, entre otros, un encuentro con el consejero del consejero de Acción Exterior, Alfred Bosch, y el Síndic de Greuges, Rafael Ribó. Ciudadanos acaba de enviar una carta a Varennes en la que lamenta su rechazo a reunirse con el partido que ganó las elecciones en Cataluña lo que, afirma la formación naranja, le hubiera permitido elaborar un informe, cuando menos más completo, sobre el procés, así como de la situación de las “minorías lingüísticas” que el representante de Naciones Unidas asegura estar obligado a proteger.

La posición del relator de la ONU sobre los presos independentistas se enmarca en las estrechas relaciones que mantiene el Govern con ese organismo internacional y que, durante el gobierno de Carles Puigdemont, se tradujo en acuerdos y subvenciones por parte de la Generalitat que en algunos casos superaban los 100.000 euros. Esos acuerdos fueron firmados en Ginebra, ciudad que forma parte de la red de 'embajadas' de la Generalitat que dirige Bosch. El pasado mes de octubre, el presidente Quim Torra pronunció una conferencia en la capital suiza, en la que reclamó la mediación internacional. Ana Gabriel (CUP) y Marta Rovira (ERC) se fugaron a Ginebra para eludir a la Justicia española.

Convenio entre la Generalitat y las Naciones Unidas en el que Carles Puigdemont firma como representante de la Generalitat y del Reino de España / CG

Convenio entre la Generalitat y las Naciones Unidas en el que Carles Puigdemont firma como representante de la Generalitat y del Reino de España / CG

Varennes hizo una visita oficial a España entre el 14 y el 25 de enero de 2019. Durante su estancia se reunió con los ministerios españoles de Asuntos Exteriores, Justicia, Interior o Educación; la fiscal general del Estado y miembros del Tribunal Supremo. En Cataluña, el relator mantuvo un encuentro con el consejero de Acción Exterior, Alfred Bosch, y el Síndic de Greuges, Rafael Ribó.

Ciudadanos cree que el informe elaborado por el relator de la ONU --que puede leerse en este enlace-- adolece de una visión parcial de la realidad catalana. La formación naranja solicitó una reunión con Varennes, pero éste alegó motivos de agenda para rechazar la petición.

"Actos que no involucraban violencia"
Varennes alude en su documento a un “Estado unitario fuertemente descentralizado” cuando, según sostiene Cs, en realidad “el Estado autonómico español es un sistema de corte federal, atendiendo al alto nivel de competencias”. Pero lo más “sorprendente”, a juicio de la formación naranja --y así lo hace constar en una carta dirigida al delegado de Naciones Unidas-- es la referencia “al proceso judicial contra los líderes políticos que llevaron a cabo un intento de subvertir el ordenamiento democrático constitucional declarando la independencia de Cataluña mediante la secesión unilateral del Reino de España”.

En el informe, De Varennes recuerda que “el relator especial de la ONU sobre libertad de opinión y expresión emitió un comunicado el 6 de abril de 2018 instando a las autoridades españolas a abstenerse de presentar cargos penales de rebelión contra figuras políticas y manifestantes pertenecientes a la minoría catalana. Indicó que tales cargos por actos que no involucraban violencia o incitación a la violencia podían interferir con los derechos de protesta pública y disensión. Aunque consideró el asunto estrictamente desde el punto de vista de la libertad de opinión y expresión bajo este mandato, también me sumo a sus preocupaciones en términos sobre el mensaje que esto da a las minorías en general, ya que la disidencia política no violenta de las minorías no debería dar lugar, como señala el Relator Especial, a cargos penales, ya que tales restricciones solo deben imponerse cuando son estrictamente necesarias y proporcionadas”.

La queja de Cs
En este sentido, afirma Cs que “nos parece de todo punto improcedente y errónea la catalogación como ‘disidencia política no violenta de una minoría’ que el Relator hace de los autores de ese intento de subvertir del orden político de un Estado miembro de la Unión Europea como España, considerada por todos los estándares internacionales una de las democracias más avanzadas del mundo. ¿Cómo puede catalogar de “disidentes políticos no violentos” a los políticos que desde las propias instituciones del Estado (en este caso el Gobierno regional) han tratado de romper la unidad territorial del Estado, violando así los derechos de ciudadanía y las libertades de los ciudadanos catalanes y del resto de España?”.

El relator alude en su informe al mandato que tiene en materia de protección de la minorías, concepto con el que alude a “cualquier grupo lingüístico, religioso o étnico que cuente menos de la mitad de la población del Estado (en este caso el Estado español)”. Cs recuerda que en Cataluña “se imparten 0 horas de español a la semana en Educación Infantil, 2 en primaria, 3 en educación secundaria obligatoria y 2 en bachillerato. Todo el resto de asignaturas son en catalán. De la misma manera, todas las comunicaciones y todo el material escrito son siempre en catalán. Muchas familias, especialmente las venidas recientemente de fuera, se quejan de que los profesores realizan las reuniones en catalán y se niegan a cambiar de idioma aunque se les diga que tienen problemas para entenderlo. Este modelo se empieza a extender por la Comunidad Valenciana y Baleares”.

La lengua española, minoritaria
“En Cataluña --añade--, fuera del ámbito educativo, pero que afecta a la lengua española por cuanto es minoritaria en el terreno institucional, se multa a los comercios que no rotulan sus establecimientos”.

El Relator menciona la lengua “a fin de que no sea objeto de discriminación”, pero Cs recuerda “la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la lengua española como lengua vehicular muy minoritaria del sistema educativo en Cataluña. Además, la lengua española es la lengua materna de la mayoría de los catalanes, por lo que tampoco se estarían cumpliendo los estándares de protección para las lenguas maternas de la Unesco”.

La diputada de Cs Susana Beltrán lamenta, en declaraciones a Crónica Global, que el relato Varennes no encontrara un hueco en su agenda para reunirse “con la formación que ganó las elecciones en Cataluña porque lo lógico hubiera sido que recabara información, no solo de instancias gubernamentales, para ser objetivo y conocer la realidad catalana”.

Beltrán confía en que el relator pueda incorporar sus reflexiones en las conclusiones finales, que se presentarán al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2020.

Estrecha relación entre Generalitat y Naciones Unidas
La relación entre Naciones Unidas y la Generalitat es muy estrecha, como se puede comprobar en los acuerdos firmados entre el Gobierno de Puigdemont y Naciones Unidas, a los que ha tenido acceso este diario. A finales de 2016, el expresidente catalán firmó un convenio con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por el que el Govern se comprometía a contribuir económicamente en la defensa de los mismos.

La Administración catalana realizó una aportación de 100.000 euros. El documento está firmado en Ginebra por el alto comisionado de las Naciones unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en representación de la citada Oficina del Alto Comisionado, mientras que, curiosamente, Puigdemont rubrica el acuerdo en representación de “la Generalitat de Cataluña (Reino de España)”.


La disidencia política no violenta de las minorías no debería dar lugar a cargos penales”. Así opina el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre cuestiones de las minorías, Fernand de Varennes. Y así lo hizo constar en un informe publicado tras una visita a España que incluyó, entre otros, un encuentro con el consejero del consejero de Acción Exterior, Alfred Bosch, y el Síndic de Greuges, Rafael Ribó. Ciudadanos acaba de enviar una carta a Varennes en la que lamenta su rechazo a reunirse con el partido que ganó las elecciones en Cataluña lo que, afirma la formación naranja, le hubiera permitido elaborar un informe, cuando menos más completo, sobre el procés, así como de la situación de las “minorías lingüísticas” que el representante de Naciones Unidas asegura estar obligado a proteger.

La posición del relator de la ONU sobre los presos independentistas se enmarca en las estrechas relaciones que mantiene el Govern con ese organismo internacional y que, durante el gobierno de Carles Puigdemont, se tradujo en acuerdos y subvenciones por parte de la Generalitat que en algunos casos superaban los 100.000 euros. Esos acuerdos fueron firmados en Ginebra, ciudad que forma parte de la red de 'embajadas' de la Generalitat que dirige Bosch. El pasado mes de octubre, el presidente Quim Torra pronunció una conferencia en la capital suiza, en la que reclamó la mediación internacional. Ana Gabriel (CUP) y Marta Rovira (ERC) se fugaron a Ginebra para eludir a la Justicia española.




Convenio entre la Generalitat y las Naciones Unidas en el que Carles Puigdemont firma como representante de la Generalitat y del Reino de España / CG

Varennes hizo una visita oficial a España entre el 14 y el 25 de enero de 2019. Durante su estancia se reunió con los ministerios españoles de Asuntos Exteriores, Justicia, Interior o Educación; la fiscal general del Estado y miembros del Tribunal Supremo. En Cataluña, el relator mantuvo un encuentro con el consejero de Acción Exterior, Alfred Bosch, y el Síndic de Greuges, Rafael Ribó.

Ciudadanos cree que el informe elaborado por el relator de la ONU --que puede leerse en este enlace-- adolece de una visión parcial de la realidad catalana. La formación naranja solicitó una reunión con Varennes, pero éste alegó motivos de agenda para rechazar la petición.

"Actos que no involucraban violencia"
Varennes alude en su documento a un “Estado unitario fuertemente descentralizado” cuando, según sostiene Cs, en realidad “el Estado autonómico español es un sistema de corte federal, atendiendo al alto nivel de competencias”. Pero lo más “sorprendente”, a juicio de la formación naranja --y así lo hace constar en una carta dirigida al delegado de Naciones Unidas-- es la referencia “al proceso judicial contra los líderes políticos que llevaron a cabo un intento de subvertir el ordenamiento democrático constitucional declarando la independencia de Cataluña mediante la secesión unilateral del Reino de España”.

En el informe, De Varennes recuerda que “el relator especial de la ONU sobre libertad de opinión y expresión emitió un comunicado el 6 de abril de 2018 instando a las autoridades españolas a abstenerse de presentar cargos penales de rebelión contra figuras políticas y manifestantes pertenecientes a la minoría catalana. Indicó que tales cargos por actos que no involucraban violencia o incitación a la violencia podían interferir con los derechos de protesta pública y disensión. Aunque consideró el asunto estrictamente desde el punto de vista de la libertad de opinión y expresión bajo este mandato, también me sumo a sus preocupaciones en términos sobre el mensaje que esto da a las minorías en general, ya que la disidencia política no violenta de las minorías no debería dar lugar, como señala el Relator Especial, a cargos penales, ya que tales restricciones solo deben imponerse cuando son estrictamente necesarias y proporcionadas”.

La queja de Cs
En este sentido, afirma Cs que “nos parece de todo punto improcedente y errónea la catalogación como ‘disidencia política no violenta de una minoría’ que el Relator hace de los autores de ese intento de subvertir del orden político de un Estado miembro de la Unión Europea como España, considerada por todos los estándares internacionales una de las democracias más avanzadas del mundo. ¿Cómo puede catalogar de “disidentes políticos no violentos” a los políticos que desde las propias instituciones del Estado (en este caso el Gobierno regional) han tratado de romper la unidad territorial del Estado, violando así los derechos de ciudadanía y las libertades de los ciudadanos catalanes y del resto de España?”.

El relator alude en su informe al mandato que tiene en materia de protección de la minorías, concepto con el que alude a “cualquier grupo lingüístico, religioso o étnico que cuente menos de la mitad de la población del Estado (en este caso el Estado español)”. Cs recuerda que en Cataluña “se imparten 0 horas de español a la semana en Educación Infantil, 2 en primaria, 3 en educación secundaria obligatoria y 2 en bachillerato. Todo el resto de asignaturas son en catalán. De la misma manera, todas las comunicaciones y todo el material escrito son siempre en catalán. Muchas familias, especialmente las venidas recientemente de fuera, se quejan de que los profesores realizan las reuniones en catalán y se niegan a cambiar de idioma aunque se les diga que tienen problemas para entenderlo. Este modelo se empieza a extender por la Comunidad Valenciana y Baleares”.

La lengua española, minoritaria
“En Cataluña --añade--, fuera del ámbito educativo, pero que afecta a la lengua española por cuanto es minoritaria en el terreno institucional, se multa a los comercios que no rotulan sus establecimientos”.

El Relator menciona la lengua “a fin de que no sea objeto de discriminación”, pero Cs recuerda “la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la lengua española como lengua vehicular muy minoritaria del sistema educativo en Cataluña. Además, la lengua española es la lengua materna de la mayoría de los catalanes, por lo que tampoco se estarían cumpliendo los estándares de protección para las lenguas maternas de la Unesco”.

La diputada de Cs Susana Beltrán lamenta, en declaraciones a Crónica Global, que el relato Varennes no encontrara un hueco en su agenda para reunirse “con la formación que ganó las elecciones en Cataluña porque lo lógico hubiera sido que recabara información, no solo de instancias gubernamentales, para ser objetivo y conocer la realidad catalana”.

Beltrán confía en que el relator pueda incorporar sus reflexiones en las conclusiones finales, que se presentarán al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2020.

Estrecha relación entre Generalitat y Naciones Unidas
La relación entre Naciones Unidas y la Generalitat es muy estrecha, como se puede comprobar en los acuerdos firmados entre el Gobierno de Puigdemont y Naciones Unidas, a los que ha tenido acceso este diario. A finales de 2016, el expresidente catalán firmó un convenio con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por el que el Govern se comprometía a contribuir económicamente en la defensa de los mismos.

La Administración catalana realizó una aportación de 100.000 euros. El documento está firmado en Ginebra por el alto comisionado de las Naciones unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en representación de la citada Oficina del Alto Comisionado, mientras que, curiosamente, Puigdemont rubrica el acuerdo en representación de “la Generalitat de Cataluña (Reino de España)”.

https://cronicaglobal.elespanol.com/...20239_102.html

Bruselas defiende las instituciones democráticas y el "sistema judicial español"
La Comisión Europea muestra su apoyo a los tribunales españoles ante el intento de los independentistas de desacreditar su imparcialidad





Ante el intento de los independentistas de desacreditar la imparcialidad de la judicaduta en vísperas del juicio del 1-O, Bruselas defiende “las instituciones democráticas y el sistema judicial español”. Así lo ha manifestado este jueves el vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Kataienen.

A pesar de que desde las instituciones comunitarias han evitado pronunciarse, como en otras ocasiones, sobre la situación de Cataluña porque consideran que es un “asunto nacional”, sí han mostrado su confianza en la independencia de los tribunales españoles.

Relator e internacionalización del ‘procés’
Preguntado por la figura del relator en la mesa de diálogo con los partidos independentistas, Katainen tampoco ha emitido ningún juicio. "La situación es demasiado frágil y está únicamente en manos de España", ha expresado.

Sobre la posibilidad de que esta especie de mediador pueda contribuir a internacionalizar el conflicto catalán se ha limitado a expresar que la situación, tanto desde un punto de vista legal como político, depende enteramente del Ejecutivo español.

Estrategia del independentismo
La estrategia soberanista de cara al juicio procés que arrancará el próximo 12 de febrero pasa por desacreditar la labor de los magistrados españoles. De hecho, las defensas de los políticos presos ya presuponen que deberán acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) porque la setencia será condenatoria.

El independentismo asegura que el procedimiento y, por consiguiente el fallo, no cumplirá con las garantías de imparcialidad necesarias.

Democracia plena
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este jueves, ante el Consejo Europeo y TEDH en Estrasburgo, que “España es una democracia plena”, frente a la “ruptura unilateral” que habría intentado el movimiento independentista.

Sánchez ha insistido en que España ha experimentado una “enorme transformación” desde la transición, y que es un país en el que existe una descentralización del poder, con una “gran capacidad legislativa” por parte de las comunidades autónomas.

https://cronicaglobal.elespanol.com/...20209_102.html

El Tribunal de Cuentas auditará la Generalitat por el 1-O
La comisión mixta ha aprobado la propuesta de Ciudadanos, con los votos del PP, que pretende comprobar si hubo desvío de recursos públicos para organizar el referéndum de 2017




El Tribunal de Cuentas del Congreso investigará las cuentas de la Generalitat de Cataluña para saber si hubo desvío de capital público para que se llevara a cabo el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. La propuesta se debatió y votó en la comisión mixta para las relaciones con el tribunal contable, después de que Ciudadanos (Cs) presentara la propuesta.

La luz verde se consiguió con una mínima diferencia entre el sí y el no, ya que la votación resultó muy ajustada. Se sacó adelante gracias a los votos del Partido Popular, que se sumaron a la petición del partido naranja. Por el contrario, los diputados del PSOE, Podemos, PDeCAT, ERC y PNV rechazaron la realización de este informe sobre las cuentas del Govern de Carles Puigdemont. En el recuento se contabilizaron 20 votos a favor y 18 en contra.

"Recursos derrochados"
El partido de Albert Rivera defiende la propuesta de investigación de las cuentas de la Generalitat ya que aseguran que Puigdemont "reunió, organizó y destinó cuantiosos recursos a la organización del referéndum ilegal del 1-O". La idea de Cs es analizar los movimientos económicos que realizaron "todas las consejerías, organismos autonómicos y sociedades mercantiles" del gobierno catalán para comprobar que no hubo "recursos derrochados" en ninguna de ellas.

La formación naranja sospecha, por ejemplo, que podrían haberse desviado fondos públicos para colocar anuncios sobre la consulta independentista en la cadena de televisión pública TV3, en horario de máxima audiencia. También pretende descubrir si se usó dinero público para crear o distribuir las urnas de votación o, incluso, para llevar a cabo la huída del expresidente de la Generalitat y diferentes miembros de su equipo.

Apoyo del PP
El PP ha mostrado sus "reticencias" ante la propuesta de Ciudadanos, según publica La Vanguardia. . Durante el debate en la comisión mixta se ha recordado que ya en octubre de 2017, tras el referéndum, el entonces ministro de Hacienda Critóbal Montoro --de la formación popular-- aseguró que la Generalitat no destinó "ni un solo euro" a la organización . A pesar de estas reticencias, los populares acabaron dando su apoyo a la iniciativa. Tal como declaró el representant del PP en la comisión mixta, "un posible desvío de fondos debe ser investigado desde todas las perspectivas".

Por su parte, los partidos que se han posicionado en contra de la propuesta han esgrimido como argumento principal la competencia sobre esta investigación. Considera que sería la Sindicatura de Cuentas la que tendría la potestad de realizar el estudio de las cuentas de la Generalitat.


https://cronicaglobal.elespanol.com/...20374_102.html

La campaña independentista por el juicio del 1-O arranca en el Parlament
El presidente Roger Torrent lee una "declaración institucional" que vuelve a partir en dos la Cámara catalana y denuncia la "represión" del Estado español



El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha leído una pretendida "declaración institucional" con motivo del juicio del procés que se reanuda la semana próxima, aunque solo han estado presentes las formaciones independentistas y diputados de Catalunya en Comú-Podem.

"La represión no acabará con la voluntad inmensamente mayoritaria de los catalanes y las catalanas de ejercer el derecho a la autodeterminación", indica el texto pactado y que se ha hecho público en plena polémica por la propuesta de un relator que interceda entre el Gobierno español y la Generalitat de cara a solucionar el conflicto catalán. Aunque el PSOE ha accedido a esta pretensión, ha dejado claro que se opone a reconocer el derecho a la autodeterminación que reclaman los secesionistas.

"Múltiples irregularidades"
El próximo 12 de febrero, indica la declaración, comienza el juicio a Carmen Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Josep Rull, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila. "Once de los doce acusados ​​son o han sido diputados del Parlament. Se les acusa de rebelión, sedición, malversación y desobediencia por haber organizado un referéndum. Por haber puesto en manos de la ciudadanía de Cataluña la decisión sobre el futuro político de su país".

A lo largo del procedimiento judicial "se han producido múltiples irregularidades y vulneraciones de derechos que no nos permiten confiar en la celebración de un juicio justo. Seis diputados o ex diputados han tenido que marchar al exilio y los tribunales internacionales han denegado su extradición para que las acusaciones no tienen fundamento. Se han censurado publicaciones. Se han prohibido manifestaciones. Se han intervenido comunicaciones. Se han bloqueado recursos de amparo al Tribunal Constitucional. Se ha fragmentado la causa judicial".

"Crisis democrática sin precedentes"
Asimismo, añade la Declaración, "se ha destituido y encarcelado un Gobierno elegido democráticamente. Se han limitado los derechos políticos de los acusados. Se ha alargado la prisión provisional sin ninguna justificación. Se ha coartado el normal funcionamiento del Parlamento de Cataluña. Y se ha vulnerado la inviolabilidad parlamentaria de los diputados y las diputadas de esta cámara". Avisan de que la "persecución penal de los representantes del pueblo de Cataluña y los líderes de las entidades civiles ha generado una crisis democrática sin precedentes que amenaza los derechos y las libertades de toda la ciudadanía, no sólo los independentistas".

"La instrumentalización del derecho penal para combatir adversarios políticos tiene que preocupar al conjunto de los demócratas. No podemos aceptar que se criminalice la disidencia política ni que se persiga como delito el ejercicio legítimo de derechos fundamentales. Hoy somos los independentistas los que nos sentamos en el banquillo, pero mañana podemos ser las feministas, los antifascistas, los ecologistas o los sindicalistas". El Estado español "juzgará a 12 personas de paz por sus ideas y no por sus acciones. Pero que no se equivoquen, las ideas no se pueden aprisionar. Junto a estas 12 personas encontrarán el 80% del pueblo de Cataluña que rechaza la represión y que no renunciará nunca a decidir democráticamente su futuro".

"Nos comprometemos a trabajar por un país donde los conflictos políticos se resuelvan haciendo política, no con los tribunales. Un país en el que nadie pueda ser encarcelado o deba exiliarse por sus ideas. Un país más democrático, más justo y más libre", concluye la declaración.

https://cronicaglobal.elespanol.com/...20170_102.html

Junqueras ‘cuela’ como testigo en el juicio del 1-O a una asociación a la que subvencionó con 688.856 €


Oriol Junqueras y el presidente de la Fundación Marianao, avier Pedrós Cortasa, una entidad ultrafinanciada por el Govern
Gonzaga Durán 08/02/2019

El Tribunal Supremo ha admitido como testigo en el juicio del 1-O a Xavier Pedrós Cortasa, presidente de la Fundación Marianao. Esta entidad ha sido ultrafinanciada por la Generalitat de Cataluña cuando Junqueras era el vicepresidente. En 2017, año del 1-O , el 63% de sus subvenciones procedieron de la Generalitat de Cataluña: 688.856 euros de los 1.097.497 que recibió en total en aquel ejercicio económico.
El ex vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, ha logrado que declare como testigo a su favor en el juicio del 1-O el presidente de una asociación que recibió 688.856 euros en subvenciones del Govern sólo en 2017, año del golpe independentista. Se trata de Xavier Pedrós Cortasa, presidente de la Fundación Marianao.

El Tribunal Supremo aceptó la “pertinencia” de Pedrós Cortasa para declarar como testigo en el juicio del 1-O, tal y como solicitó la defensa de Junqueras. El auto explicaba los motivos: “Xavier Pedrós Cortasa, presidente de la Fundación Marianao (…) desarrolla proyectos socioeducativos y conocedor del compromiso basado en valores humanitarios de la acción personal y política del Sr. Oriol Junqueras con relación a proyectos del tercer sector y acogida”.

La Fundación Marianao se define en su web como “una entidad sin ánimo de lucro que desde el año 1985 desarrolla proyectos socioeducativos al servicio de la comunidad, con la finalidad de promover el desarrollo personal y comunitario, favoreciendo procesos orientados a la inclusión social de aquellas personas que sufren situaciones de vulnerabilidad social”.


El ámbito de actuación de esta entidad se encuentra en San Baudilio de Llobregat (Barcelona) y en la comarca del Bajo Llobregat (Barcelona). Entre sus objetivos se pone en evidencia su afinidad al separatismo catalán que lleva practicando la Generalitat en los últimos años. “Promover el conocimiento, la estimación y la mejora de nuestra ciudad, San Boi, nuestra comarca, el Bajo Llobregat, y nuestro país, Cataluña, reforzando sus signos de identidad y potenciando la lengua y la cultura catalana en su conjunto”, señala en uno de sus informes de auditoría.

Esta Fundación ha sido ultrafinanciada por el Govern en el que se encontraba Oriol Junqueras a través de subvenciones, tal y como recuerda el portal ‘Dolça Catalunya’. En 2017, el año en el que se llevó a cabo el referéndum ilegal del 1-O, la asociación presidida por Xavier Pedrós Cortasa recibió hasta 688.856 euros por parte de la Generalitat presidida por Carles Puigdemont. Así consta en su informe económico de 2017.



Informe del ejercicio económico de 2017 de la Fundación Marianao (Foto: ‘Dolça Catalunya’)
En ese ejercicio económico, las subvenciones de la Generalitat supusieron el 63% de lo que percibió en concepto de “actividades fundacionales”. Los otros 408.641 euros restantes procedieron de otras instituciones públicas procedieron del Ayuntamiento de San Baudilio de Llobregat, la Diputación de Barcelona, Área metropolitana de Barcelona y del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España (137.000 euros). En 2017 recibió en total 1.097.497 euros en concepto de subvenciones.

En 2015, con Artur Mas en el Palau de la Generalitat, la Fundación Marianao recibió 566.927 del Govern, lo que supuso el 55% del total de las contribuciones que registró en aquel ejercicio económico.



Informe del ejercicio económico de 2015 de la Fundación Marianao (Foto: ‘Dolça Catalunya’)
El “creyente” Junqueras

La defensa de Oriol Junqueras ha logrado que el Supremo admita la declaración de Xavier Pedrós Cortasa para tratar de destacar los “valores humanitarios de la acción personal y política del Sr. Oriol Junqueras” de cara al alto tribunal. El ex vicepresidente de la Generalitat en varias ocasiones ha mostrado públicamente sus “valores cristianos” al reconocer que es “creyente” de cara a justificar su propaganda separatista.

En noviembre de 2017, Oriol Junqueras fue encarcelado de forma preventiva por la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos tras el referéndum ilegal del 1-O. Pocos meses después se reveló la declaración de Junqueras ante la juez en la que destacaba sus valores de “creyente” para rechazar que el Govern animara a la violencia durante el 1-O: “Yo soy creyente y, por lo tanto, cualquier cosa relacionada con la violencia me parece fuera de lugar”.

El 27 de octubre de 207 el Parlament proclamó la independencia de Cataluña. Varios dirigentes independentistas dieron un discurso posteriormente al pleno, entre ellos Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. El ex vicepresidente invocó la figura de Dios para su intervención: “Los independentistas actuamos de buena con estima a todos, por eso pedimos confianza. Apelo a los valores universales que el mundo cristiano llama ‘la igualdad a ojos de Dios, o el amor fraterno’, y que el mundo ilustrado llama ‘fraternidad, igualdad y libertad’, que son los mismos valores”, afirmó Junqueras.


https://okdiario.com/espana/cataluna...88-856-3676985

La CUP insta a la desobediencia masiva para calentar el juicio del 'procés'
La izquierda independentista critica la “falta de voluntad” del Govern a la hora de defender la autodeterminación




Lo volvería a hacer”. Bajo ese manifiesto presentado este viernes por la CUP, la izquierda independentista ha llamado a la “desobediencia popular masiva” de cara al juicio de procés y acusa al Govern de “falta de voluntad” para defender una autodeterminación “efectiva”.

El diputado en el Parlament, Carles Riera, junto a la excalcaldesa de Berga, Montse Venturòs y otros miembros independentistas han reivindicado la desobediencia como una “herramienta imprescindible de cambio y de transformación social y política”.

Críticas al Govern y al Parlament
Riera ha lamentado la “falta de voluntad y de capacidad” tanto del Govern como del Parlament a la hora de defender derechos sociales y políticos, entre los que incluye la autodeterminación.

La formación de la izquierda independentista ha asegurado que se trata de “la hora de la gente y de la calle, de que vuelvan a tener el protagonismo”. Riera ha señalado esta como “la mejor defensa” de cara al juicio que arranca el12 de febrero contra los líderes del procés.

Huelga general en el horizonte
Así, el dirigente cupero ha manifestado que estas movilizaciones empezarán el próximo martes 12 de febrero y será el día 16 cuando tenga lugar una manifestación unitaria que servirá como aperitivo de la huelga general convocada el 21 de febrero.

"Alcémonos y parémoslo todo. Un pueblo en pie que lo para todo contra la represión y contra el juicio, que es un juicio contra la democracia", ha asegurado Riera.

Piden implicación a los sindicatos
La CUP ha llamado a la creación de comités de huelga que sirvan como "estructuras populares de autoorganización, que garanticen el paro general de toda la actividad económica" y, en concreto, ha pedido la implicación de las organizaciones sindicales.

Venturòs, por su parte, ha considerado que el juicio del procés no es solo "contra los presos y los exiliados", sino también un "juicio político a los derechos colectivos de todo un pueblo". Así, ha exigido la "liberación de los presos y el regreso de los exiliados".


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Cerca de 400 alcaldes independentistas catalanes pedirán el domingo un juicio justo a los golpistas





Neus Llovera junto a otros alcaldes independentistas. (Foto: AMI)

Unos 400 alcaldes catalanes participarán este domingo en un acto en el Ayuntamiento de Barcelona para pedir que el juicio sobre el proceso soberanista que comenzará el martes en el Tribunal Supremo sea justo.
El acto está organizado por la Associació Catalana de Municipis (ACM) en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona y contará con la presencia de alcaldes del PDeCAT, ERC, la CUP, Podemos e independientes, han explicado fuentes de la entidad.

El acto se celebrará a las 13.00 horas en el Saló de Cent del Ayuntamiento e intervendrán la alcaldesa, Ada Colau; el presidente de la ACM, David Saldoni, y la representante de la Associació Catalana pels Drets Civils y mujer de Joaquim Forn, Laura Masvidal.

Además, varios alcaldes que representen a formaciones políticas diferentes leerán un manifiesto unitario a favor de la libertad, la democracia y la justicia.


Aunque todavía se están cerrando los detalles del texto, el manifiesto también reivindicará el “compromiso del mundo local una vez más para defender los derechos y las libertades democráticas”.

“Acto transversal”


En un comunicado este viernes, la ACM ha explicado que será un “acto transversal del mundo local catalán” y están convocados todos los alcaldes de Cataluña.

La voluntad de la entidad es que sirva para pedir “el respeto a los derechos y libertades fundamentales, y exigir un juicio justo e imparcial para los dirigentes independentistas procesados por el 1-O”.

Cuando anunció la convocatoria del acto, la ACM destacó que pretende ser un encuentro municipal que reúna a alcaldes de toda Cataluña que, al margen de su color político, quiera trasladar un mensaje “de unidad por la democracia y el respeto a los derechos humanos”.



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El Supremo se plantea sesiones de juicio de lunes a viernes si las defensas son “dilatorias”
Las defensas censuran que se les atribuya a ellos intenciones dilatorias cuando hay 500 testigos aceptados y ven imposible acabar las vistas orales antes de la campaña electoral




La sala del Supremo en la que se juzgará la causa del 1-O (Ángel Díaz / EFE)
08/02/2019
El Tribunal Supremo no descarta habilitar todos los días de la semana para el juicio al 1-O y el procés, que arrancará el próximo martes 12 de febrero e incluso los sábados, según ha podido confirmar La Vanguardia de fuentes del Alto Tribunal y de las defensas. En un primer momento se preveía que las sesiones fueran de martes a jueves para facilitar que a lo largo del juicio oral los letrados pudieran ejercer su labor con plenas garantías y por el traslado cotidiano de los presos.

Los abogados de los líderes independentistas han manifestado varias veces que los magistrados tienen intención de que las vistas hayan finalizado antes de que arranque la campaña electoral de mayo, con la fecha del 30 de abril marcada como límite. Y ven que esa es el motivo de las prisas. Pero ese escenario, según las fuentes consultadas en el Alto Tribunal, se daría “si perciben algún ánimo obstruccionista o intención de dilatar injustificadamente el juicio” por parte de los letrados.


Los letrados ven fijación en el Supremo para que el juicio acabe antes de la campaña electoral de mayo

Fuentes de las defensas censuran que se atribuya a los letrados la intención dilatoria cuando hay 500 testigos aceptados entre defensas y acusaciones y señalan que la intención es que no haya interferencia en la campaña electoral, como ya se ha hecho otras veces.

“Son las que ellos han considerado pertinentes las pruebas, que son las que consideran útiles para resolver la causa. Son ellos los que toman la decisión, otra cosa es que haya tiempo material. En tres meses no va a dar tiempo”, valora uno de los letrados en comunión con lo expresado por otra fuente de las defensas, que opina que con las testificales que habrá no hay tiempo material para acabar el juicio antes de mayo. La campaña electoral de las europeas, municipales y autonómicas dará comienzo el 9 de mayo.


Las defensas lamentan no haber recibido a cuatro días del juicio la prueba anticipada que admitieron los magistrados

“Vamos a empezar el juicio sin tener la documentación de prueba anticipada que el Supremo debía requerir y sin conocer su contenido”, lamenta uno de los letrados, que en eso justifica la “fijación” por acabar cuanto antes el juicio y opina que “se ha forzado la máquina”. Explica que es lógico que el juicio no pueda acabar antes de la campaña y que es lógico pedir que empiece más tarde, como sería normal. Lamentan que el Supremo no trate esta causa como debería ser ante su magnitud.


Joan Ignasi Elena, portavoz de las defensas de Esquerra Republicana, recuerda que por celeridad ya se habilitó el mes de agosto para que el juicio arrancara en octubre y todavía no ha empezado y cree que se trata de una medida de presión. Además, considera que el derecho de defensa está por encima de todo, también de la campaña electoral.

El Supremo rechazó la petición de las defensas de retrasar tres semanas el inicio del juicio

El Supremo denegó dilatar el inicio del juicio al menos tres semanas tal y como habían solicitado las defensas después de conocer la prueba aceptada y no tener en su haber la prueba anticipada ya admitida y de que los líderes independentistas no tuvieran acceso a su ordenador en los primeros días en la cárcel de Soto del Real.

Los magistrados explicaban en el auto de este jueves, en el que rechazaban aplazar el juicio, que “hablar de prueba documental anticipada para referirse a los documentos que han sido reclamados, supone distanciarse del genuino significado procesal de la prueba anticipada”, que está contemplado para supuestos de previsible irrepetibilidad de una determinada declaración testifical.

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Torra vuelve a cargar contra el Gobierno y la Justicia tras visitar a los presos


El presidente de la Generalitat insiste en pedir la autodeterminación y reclama "valentía" a Pedro Sánchez



Quim Torra, tras visitar a los políticos presos en las cárceles madrileñas / EFE

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha insistido este sábado en su convencimiento de que los líderes independentistas en prisión preventiva por el referéndum ilegal del 1-O no tendrán un "juicio justo", y ha pedido "valentía" al Gobierno para resolver el "conflicto" político de Cataluña.

El líder posconvergente ha acusado al presidente Pedro Sánchez de romper el diálogo por descartar un referéndum de autodeterminación en Cataluña y la figura de un relator en la mesa de partidos.

"Han roto el diálogo"
"Estábamos avanzando estos últimos días, no entendemos qué ha pasado ni por qué ha reculado el Gobierno. Quizá las movilizaciones de la extrema derecha o las diferentes almas del PSOE han incido. Pedimos valentía y coraje para resolver el conflicto", ha declarado Torra tras visitar este sábado a los políticos presos en las cárceles madrileñas de Alcalá Meco y Soto del Real.

"Nosotros no hemos roto el diálogo, lo ha roto el Gobierno. No nos hemos levantado de la mesa, seguimos ahí. Pero queremos que sea un diálogo con contenido, hablar del derecho de autodeterminación, y ver qué propuestas hace el Gobierno", ha insistido.

"No será un juicio justo"
Torra ha lamentado cómo deberán afrontar los dirigentes independentistas procesados por el 1-O el juicio que empezará en el Tribunal Supremo el próximo martes 12 de febrero. En su opinión, se están vulnerando sus derechos, pues con sus traslados diarios desde la cárcel no podrán prepararlo con garantías.

"No será un juicio justo. Cada día tendrán que hacer varios kilómetros para presenciar el juicio, y después regresar a la cárcel... así no se puede preparar", ha denunciado.

"Una farsa"
Sobre su visita a los presos, ha indicado que le han pedido "que seamos sus altavoces en el mundo, para criticar esta causa contra el independentismo, y salir a defender una actuación que fue correcta en todos sus términos", ha dicho.

Asimismo, ha apuntado que "acusarán al Estado" al entender que no existió "violencia" ni "rebelión" durante los hechos de septiembre y octubre de 2017 en Cataluña.

"Tienen todo mi apoyo y el del Gobierno catalán. El martes, estaremos en el juicio en Madrid, y también por todo el mundo, en una campaña internacional para explicar esta farsa, este montaje, y con la idea de la libertad y la autodeterminación por delante", ha manifestado el presidente de la Generalitat.


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TV3 desplaza a decenas de periodistas a Madrid para difundir en varios idiomas el juicio del 1-O







Imagen de la sede de TV3.
Joan Guirado 11/02/2019
La cadena autonómica catalana retransmitirá el juicio que se desarrollará en el Tribunal Supremo en directo durante las sesiones que se celebraran de martes a jueves
La televisión pública de la Generalitat, TV3, montará un dispositivo sin precedentes para la cobertura del juicio a los líderes independentistas por los hechos ocurridos entre septiembre y octubre de 2017 en Cataluña. La cadena dirigida por Vicent Sanchis se volcará en el juicio que empezará este martes en el Tribunal Supremo, modificando su programación habitual para dar una amplia cobertura a lo que pase en el alto tribunal.

TV3 ofrecerá las principales sesiones del juicio íntegramente en directo de martes a jueves, que son los días que la sala segunda del Supremo ha fijado como días de celebración de las vistas. Al finalizar cada sesión, la televisión pública catalana emitirá también mesas de debate con expertos para analizar lo que ha ocurrido dentro del tribunal.

Además, la TV autonómica catalana, que desplazará hasta Madrid una ingente cantidad de profesionales que trabajarán codo a codo con la delegación que TV3 tiene en la capital con cinco periodistas, también prestará una especial atención a lo que ocurra a las puertas del Tribunal Supremo, en la Plaza de la Villa de París, donde se prevé que cada día haya manifestaciones que contarán con la presencia de autoridades como el presidente de la Generalitat Quim Torra o la alcaldesa de Barcelona Ada Colau.


La cadena catalana también dedicará gran parte del ‘Telenoticies’, el informativo que emite diariamente a las 14.30 y a las 21.00 horas, a explicar qué ha pasado durante la jornada de los juicios y a las reacciones al paso de los líderes independentistas ante el juez. TV3 también prestará especial atención a los actos paralelos que se producirán mientras dure el juicio, como campañas de acción exterior del ‘Consejo de la República’ de Carles Puigdemont, de Òmnium Cultural o a las previsibles manifestaciones de los CDR.

Los productores de TV3 han tenido importantes problemas para buscar una localización desde donde emitir, ya que algunos establecimientos les han negado trabajar desde allí. Eso les ha obligado a cambiar incluso de alojamiento y restaurante en un par de ocasiones. También tenían permiso del ayuntamiento de Manuela Carmena para instalar un plató en la vía pública, frente al Tribunal Supremo, que el Ministerio del Interior les ha revocado.


Algunos vecinos de la Plaza de la Villa de París, que acoge el alto tribunal, también han prohibido a algunas productoras poder montar sus cámaras en los balcones a pesar de tener el acuerdo cerrado, al enterarse que darían servicio a la televisión de Torra.

En varios idiomas

La televisión autonómica adaptará sus contenidos, que únicamente se emiten en catalán, tanto en los diferentes canales del ente como en las plataformas multimedia, para vender el discurso del independentismo al mundo. Precisamente a través de las plataformas online, como la web y la aplicación móvil, así como en las redes sociales, la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales tendrá un espacio dedicado a difundir el juicio en inglés y francés.

Cabe recordar que, hace unas semanas, uno de los programas estrellas de la cadena obligó a la alcaldesa de Barcelona a hacer de traductora del ex alcalde de Medellín Sergio Fajardo, ya que la presentadora se negó a hacerle las preguntas en castellano.


https://okdiario.com/espana/cataluna...el-1-o-3689698

Torra pide protección para su visita al juicio del 'procés'


El presidente catalán exige amparo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando acuda mañana al Tribunal Supremo


Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña, durante una rueda de prensa / EFE

IGNASI JORRO @IgnasiJorro


El presidente catalán se encona, amaga con una DUI y impone duras condiciones al Gobierno para negociar, pero no las tiene todas consigo cuando se trata de viajar a Madrid. Quim Torra ha pedido "protección" a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando acuda a la primera sesión del macroproceso en el Tribunal Supremo mañana en la capital.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, el jefe del Ejecutivo autonómico ha indicado que "ir a Madrid en estas condiciones tiene su riesgo". Por ello, ha mandado un mensaje al Ministerio del Interior. "Espero que se me garantice la seguridad como nosotros hicimos con el Consejo de Ministros" de Barcelona el 21 de diciembre de 2018.

Visita con Roger Torrent
Las palabras de Torra llegan horas antes de que dé comienzo en el alto tribunal el juicio a los doce políticos y dirigentes independentistas que orquestaron y acometieron el desafío independentista en Cataluña en 2017. A la primera sesión tutelada por la Sala Segunda del Supremo acudirán el propio president y el jefe del Parlamento catalán, Roger Torrent.


Sede del Tribunal Supremo, donde empezará el juicio del 'procés' mañana martes / EFE

Las dos autoridades autonómicas acudirán al salón de plenos de la máxima instancia judicial, que es la estancia principal y la de mayor singularidad del edificio. El salón donde se enjuiciará a los acusados del procés acoge cada año la apertura del año judicial, un evento oficial que preside el rey Felipe VI.

Defensa política pero no agresiva
Los doce acusados que se sentarán en el banquillo del Supremo son Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat; Joaquim Forn, exconsejero de Interior; Raül Romeva, exconsejero de Asuntos Exteriores; Jordi Turull, exconseller de Presidencia; Josep Rull, exconsejero de Territorio; Carles Mundó, extitular de Justicia; Carme Forcadell, expresidenta del Parlament; Meritxell Borràs, exconsejera de Gobernación; Dolors Bassa, exconsejera de Trabajo; Santi Vila, exconsejero de Empresa y los activistas Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural y Jordi Sànchez, expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC).

A medida que se acerca la hora del juicio, se conocen más detalles de la estrategia de defensa de los doce investigados. Evitarán el cuerpo a cuerpo con el presidente del tribunal, Manuel Marchena, y se prevé que algunos de ellos utilicen el castellano en sus declaraciones. Dejarán pues el catalán para la intervención final, que se prevé que sea de alto voltaje político.

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Los CDR el martes, 12F: colapso de tres arterias de Barcelona en hora punta

Los antisistema llaman a converger en tres puntos de la Ciudad Condal y a marchar hasta el centro de la urbe en el primer día del juicio del 'procés'



Ocupación de tres arterias viarias de Barcelona, al menos temporalmente, y en hora punta. Ésta es la llamada que hacen los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) de cara al primer día del macrojuicio del procés, que se celebrará mañana martes, 12 de febrero.

Los antisistema, mediante sus canales de comunicación habituales, están llamando a sus fieles a concentrarse en la plaza Universidad, los Jardinets de Gràcia y la plaza Urquinaona a las 18:30 horas de la tarde, a la hora habitual de la salida del trabajo. Desde allí convergerán hasta la confluencia de Paseo de Gracia con Gran Via para descender hasta la plaza de Cataluña. Tras finalizar la convocatoria oficial, que es a las 20:00 horas en este punto, los CDR volverán por donde han venido, taponando de nuevo las calles y avenidas por las que habían venido.

"Justicia de mierda"
En un claro desafío al Poder Judicial, los radicales emplazan también a utilizar los lemas Independencia, Somos Ingobernables y Justicia de mierda. Esta última consigna es especialmente lacerante habida cuenta del ataque múltiple con heces y pintura que perpetraron los CDR la semana pasada contra 22 juzgados de toda Cataluña. El envite de los independentistas radicales provocó una reacción del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que condenó el vandalismo y pidió explicaciones al Departamento catalán de Justicia.



Un ataque vandálico de los CDR contra un juzgado catalán / CG

Reaccionó la Generalitat de Cataluña ampliando la Operación Toga, la que protege edificios judiciales y los jueces que trabajan en la autonomía. Interior reforzó con Mossos d'Esquadra medio centenar de equipamientos del Poder Judicial como respuesta a los episodios de intimidación, que llegaron tras ataques directos a jueces como el magistrado instructor del sumario del 'procés', Pablo Llarena.

Semana de manifestaciones
Los bloqueos de los CDR concidirán con las movilizaciones del independentismo pseudocivil, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, que han llamado a salir a la calle en Barcelona mañana, 12 de febrero, así como el sábado 16. Asimismo, el polémico sindicato separatista Intersindical-CSC ha convocado una huelga general para el 21 de febrero tras aplazar el paro anterior por temor a un pinchazo. Un mes después, el 16 de marzo, el independentismo pretende manifestarse en Madrid, ciudad donde se encuentra la sede del Tribunal Supremo y donde mañana arrancará el macrojuicio por organizar y ejecutar el procés.

Antes de ello, Ciudadanos ha anunciado hoy que marchará junto a simpatizantes y ciudadanos constitucionalistas este fin de semana en Barcelona. El partido de Albert Rivera se movilizará por la unidad de España y pidiendo la convocatoria de elecciones generales anticipadas. El propio presidente de la formación naranja ha tildado de "éxito" la protesta de ayer domingo en la plaza de Colón de Madrid, que tenía los mismos lemas.

https://cronicaglobal.elespanol.com/...21097_102.html

@gabrielRufian

La Policia Nacional nos impide el acceso a las puertas del Tribunal Supremo. Algunos tenemos compromisos con medios ahí. La respuesta es: no pasa nadie.

Es un escándolo.



escándolo ,,,se ha cargado la canción
https://twitter.com/gabrielrufian/st...47672112492544