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Plataforma Hilo de seguimiento del juicio a los golpistas independentistas

  1. #61
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    30 ene, 16
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    BENEFICIARÍA RETROACTIVAMENTE A JUNQUERAS
    Suavizar el Código Penal, la última y fracasada petición 'indepe' para los presos
    Ante la llegada del juicio y la perspectiva de una condena de muchos años, hay quien sigue buscando palancas. El Ejecutivo de Sánchez ni ha contestado al planteamiento




    A la desesperada, el entorno de los partidos independentistas ha trasladado al Gobierno la última petición que podría salvar a los presos del 'procés'... y los Presupuestos. Se trataría de reformar en el Código Penal los delitos de rebelión y sedición, de forma que lo sucedido en Cataluña se pudiese ajustar a tipos con penas más bajas. Como las reformas favorables a los reos se aplican de forma retroactiva, esto beneficiaría a Junqueras y compañía. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ni ha contestado a esa complicada operación, según fuentes conocedoras de lo ocurrido.

    La primera petición de los independentistas, declarada públicamente, era que el Gobierno de Sánchez instase a la Fiscalía para que no acusase por rebelión o sedición. El Ejecutivo nombró a la fiscal general del Estado, María José Segarra, pero una vez en su puesto tiene autonomía. Moncloa se negó a tocar a los fiscales y estos acusaron por rebelión pidiendo más de 20 años de prisión.

    Moncloa hizo lo que sí estaba en su mano, rebajar la acusación de la Abogacía del Estado, dependiente jerárquicamente del Ministerio de Justicia. Aunque la ministra portavoz, Isabel Celaá, y el propio Pedro Sánchez señalaron que no darían indicaciones, se ordenó acusar por malversación y sedición, un escalón por debajo. La acusación choca con la Fiscalía y acabó costando el puesto al jefe del departamento penal de la Abogacía, Edmundo Bal, un progresista que llevaba 16 años en el cargo. Bal no quiso firmar un escrito de acusación que no era suyo, aunque afirmó que defendería en el juicio lo que le mandaran sus superiores, según fuentes jurídicas.


    Pero ante la llegada del juicio y la perspectiva de una condena de muchos años, hay quien sigue buscando palancas. Incluso si la sentencia descarta rebelión —que exige violencia y muchos juristas discrepan de que lo ocurrido en Cataluña encaje en un tipo penal para un golpe de Estado tipo el del 23-F, cuando entraron a tiros en el Congreso—, las penas pedidas son enormes.

    El entorno independentista se ha dirigido al Gobierno pidiendo que se comprometa a reformar el Código Penal, ahora o más adelante, para rebajar los tipos de sedición y rebelión. El derecho penal tiene un principio básico de que hay que aplicar la pena más favorable al reo incluso si se hace retroactivamente. El artículo dos del Código Penal establece que "tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena".

    Es decir, que si dentro de un año el Gobierno cambia el Código Penal, lo que exige la aprobación del Congreso, para reformar los tipos penales de rebelión y sedición, esa reforma podría aplicarse a Junqueras y demás presos (siempre que finalmente sean condenados). Esa es la petición que ha llegado al Ejecutivo.

    El Gobierno de Pedro Sánchez ni ha contestado. La rebaja de la acusación de la Abogacía del Estado era el gesto que podía ofrecer y fue desestimado por los independentistas como insuficiente. El mensaje que lanza el Ejecutivo es que da por perdidos los Presupuestos, para los que necesitaba el apoyo de ERC y la abstención de PDeCAT, y que gobernará por decreto hasta que llegue el adelanto electoral.




    https://www.elconfidencial.com/espan...icion_1666074/

  2. #62
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    La investigación la lleva a cabo el Área de Delitos Económicos de los Mossos por orden de un juzgado de Barcelona y está bajo secreto de sumario.

    Se sospecha que desde la ILC se fraccionaban los encargos de los servicios informáticos para rebajar su coste y así esquivar el concurso público preceptivo.

    Borràs defiende su gestión
    Borràs, que dirigió la ILC entre 2013 y 2018, ha afirmado que no tiene "nada que esconder". "Estoy orgullosa del trabajo hecho al frente de la ILC durante cinco años. Un orgullo que no es personal sino colectivo. Un trabajo determinado, honesto y transparente. Y un trabajo que ha puesto el acento, también, en el ámbito digital", ha añadido.

    La consejera ha insistido en que "intentar generar sombras sobre este trabajo me entristece. Y en cierto modo me rebela, pero no tengo nada que esconder". Además, ha asegurado que pondrá todos los medios para esclarecer hasta la última cuestión.

    El CTTI
    El CTTI es la empresa pública de innovación tecnológica de la Generalitat y ha sido objeto de varios registros en los últimos meses.

    En la mayoría de los casos anteriores, las inspecciones fueron realizadas por la Guardia Civil --antes y después del 1-O-- en busca de pruebas de la organización del referéndum independentista ilegal.



    https://cronicaglobal.elespanol.com/...02762_102.html

  3. #63
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    Las razones de Cuixart para recusar a los magistrados que juzgarán el 1-O
    Los mensajes de Cosidó, declaraciones de Sáenz de Santamaría o Lesmes o el hecho de que el fiscal que interpuso la querella fue compañero de sala de los jueces son algunos de los argumentos de la defensa | Extiende la recusación a otros miembros de la Sala en base a la reciente sentencia del TEDH sobre Otegi



    Jordi Cuixart ha recusado al presidente de la Sala II del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, y a otros seis magistrados de la Sala que juzgará el procés y el 1-O en el alto tribunal a principios del próximo año. Otros líderes soberanistas habían presentado incidente de recusación contra el presidente de la Sala II -de lo Penal- tras revelarse los mensajes del senador del PP Ignacio Cosidó en los que aseguraba que tendrían controlada la Sala II “desde detrás” con Marchena como presidente del Poder Judicial y del alto tribunal, además de la Sala especial 61.

    Pero el presidente de Òmnium Cultural, representado por la letrada penalista Marina Roig, la ha hecho extensiva a los demás magistrados en base a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Fuentes del Supremo han apuntado a este medio que ello no debería dilatar más allá de finales de enero o principios de febrero el inicio del juicio.


    Los otros magistrados recusados son Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Antonio del Moral García, Luciano Varela Castro, Andrés Palomo del Arco y Ana María Ferrer García. Los cinco primeros ya habían sido recusados hace unos meses, pero el alto tribunal rechazó los incidentes al considerar que “carecían de justificación” y que buscaban “empañar la honorabilidad de la justicia española”.

    En el escrito, además del mentado mensaje de WhatsApp del portavoz del PP en Senado enviado a sus compañeros de bancada, cuestiona la relación de los jueces con quien interpuso la querella: el difunto Fiscal General del Estado, José Manuel Maza. El fiscal fue magistrado de la Sala II durante 14 años y coincidió en ella con la mayoría de miembros que la integran y en concreto los que admitieron a trámite su escrito en el Supremo. La defensa argumenta que ello vulnera “la apariencia de imparcialidad y neutralidad” en base a la jurisprudencia europea del año 2000, en el caso de Wettstein contra Suiza.

    También pone en duda la competencia del Tribunal Supremo en la causa al tratarse de hechos acaecidos en Catalunya los que han motivado el procesamiento de los líderes soberanistas. Esa misma cuestión ya la han planteado otros abogados de los presos soberanistas.

    La defensa de Cuixart argumenta además de los mensajes de Cosidó que la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría se atribuyó en plena campaña electoral del 21-D el “descabezamiento” de los líderes soberanistas, en referencia a los encarcelamientos preventivos dictados por el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional unas semanas antes.

    Asimismo, cuestiona el hecho de que Marchena, propuesto por el PP para presidir el Consejo General del Poder Judicial, fuera anunciado por los políticos como presidente de la cúpula judicial y del alto tribunal antes de la elección de los vocales que formaran el órgano.


    Sobre la renuncia de Marchena, posterior a la filtración de los mensajes de Cosidó, concluye que “no elimina la sombra de duda que se ha instaurado” sobre su figura. Cosidó, que es el portavoz del PP en la cámara alta y fue jefe de la Policía Nacional, se refirió a todo ello como “jugada estupenda” y “un resultado esperanzador”, además de jactarse de que sacar a Ricardo de Prada de la Audiencia Nacional -se opuso a la prisión preventiva de ‘los Jordis’ y juez de la Gürtel- “era bueno”. De Prada había sido propuesto como vocal del CGPJ.

    Otros de los vínculos entre la política y el poder judicial que nombra es la cena de Pablo Llarena, instructor de la causa especial del procés en el alto tribunal, con Alberto Fernández Díaz, del PP catalán o el hecho de que el magistrado que tramitó el anterior incidente de recusación, Vicente Magro, había sido senador del PP en la década de los noventa. Para la abogada de Cuixart, los mensajes de Cosidó “ponen blanco sobre negro” en la falta de imparcialidad que se ha denunciado de forma reiterada en este procedimiento judicial.

    Cita una sentencia del TEDH de 2014 que sostiene que el derecho a la imparcialidad “constituye una garantía fundamental” para que haya un proceso jurisdiccional en un Estado de Derecho y que es exigible “que se garantice al acusado que no concurre ninguna duda razonable sobre la existencia de prejuicios o prevenciones en el órgano judicial”.


    Además, recoge la doble valoración subjetiva y objetiva respecto a la imparcialidad de un tribunal. Lo hace con una sentencia de Estrasburgo de 2009 que apunta que debe determinarse si hay imparcialidad con “una valoración subjetiva donde se deben tener en cuenta la convicción personal y el comportamiento de un juez en particular” y una valoración objetiva que asegure “si el tribunal en sí mismo y su composición ofrecen suficientes garantías para excluir cualquier duda legítima” -respecto a la imparcialidad-. “La justicia no sólo debe realizarse, también debe verse realizada”, recoge Roig de otra sentencia.

    A la hora de señalar hechos objetivos, señala un fragmento de la confirmación del auto de conclusión de la Sala de Recursos del Supremo del pasado mes de junio, en el que se señala sobre el referéndum: “Era ya fácilmente previsible que el Estado español no fuera a permanecer pasivo ante esa actitud, y que adoptara las medidas oportunas para hacer cumplir la Ley, entre ellas el uso legítimo, y como tal, proporcionado, de la fuerza, cuyo monopolio le reconocen las leyes”.

    Para Roig, “la Sala está expresando un posicionamiento de la actuación que entiende que se espera del poder judicial frente a la propuesta política del referéndum en Catalunya”. “Efectivamente no se refiere la Sala a la actuación del Gobierno o de las Cortes, sino que escoge el término que incluye precisamente el conjunto de poderes del Estado y por lo tanto el propio poder judicial, expresando una posición de hostilidad del mismo hacia el propio referéndum y la legitimidad de la violencia policial materializada en las calles de Catalunya el pasado día 1 de octubre, todo un ejemplo de expresión de prejuicio y de evidente implicación en los hechos objeto de enjuiciamiento del máximo órgano judicial del Estado”, apunta.


    En ese sentido, se incluyen declaraciones de Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo, antes de la celebración del referéndum del 1-O. Para la abogada, todo en conjunto “compromete la imparcialidad objetiva” de la Sala II en la causa especial del procés, a juicio de la abogada que representa a Cuixart.

    En última instancia, Roig argumenta que esa imparcialidad es extensible a los demás miembros de la Sala que deben juzgar el procés en base a la reciente sentencia del TEDH sobre la vulneración de derechos de Arnaldo Otegi ante una magistrada de la Audiencia Nacional.

    En la sentencia de Estrasburgo, el TEDH consideraba que la imparcialidad manifiesta de la magistrada Ángela Murillo podía afectar a los demás jueces de la causa. La juez de la Audiencia Nacional había afirmado durante otro juicio con el dirigente de EH Bildu que “ya sabía yo que no me iba a contestar a esa pregunta”, al cuestionar al líder de la izquierda abertzale por su condena al terrorismo de ETA.

    Por ahora, la Fiscalía ha rechazado de plano la recusación de Marchena y ha elogiado su renuncia como dirigente del Poder Judicial. Será la Sala especial 61, la que interviene en la ilegalización de partidos políticos, la que se pronuncie al respecto.


    Este lunes, en base a otra sentencia de Estrasburgo sobre un diputado kurdo del Partido Democrático de los Pueblos (HDP) que lleva encarcelado más de dos años de forma preventiva y al que el TEDH ordenó liberar, la defensa de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, a cargo de Jordi Pina, reiteró su petición de amparo al Tribunal Constitucional al considerar análoga la situación y que se suspendiera la prisión preventiva y se rehabilitaran sus derechos políticos, ahora suspendidos por Pablo Llarena.

    https://www.lavanguardia.com/politic...rina-roig.html

  4. #64
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    La Fiscalía se opone también a las recusaciones de Cuixart contra los jueces del 1-O
    El ministerio público considera “fraudulentos” y “contrarios al derecho” los incidentes presentados contra los magistrados de la Sala II del Supremo de Cuixart, Carme Forcadell y Anna Simó






    La Fiscalía del Tribunal Supremo también se opone a las recusaciones planteadas por las defensas de Jordi Cuixart, Carme Forcadell y Anna Simó contra el presidente de la Sala II del alto tribunal, Manuel Marchena, y los demás magistrados que juzgarán el procés. El ministerio público pide en un escrito a la mentada Sala que se rechacen de plano las recusaciones al considerarlas “fraudulentas” y “contrarias al derecho”.

    Rechaza todas las causas de recusación planteadas contra los magistrados que juzgarán el 1-O y el procés, pues Cuixart hizo extensibles sus recusaciones a los otros integrantes de la Sala en el escrito que presentó su abogada, la penalista Marina Roig, en base a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo.

    Tanto Forcadell como Simó, que formaban parte de la Mesa del Parlament el 1 de octubre del año pasado y en los meses previos al referéndum, presentaron incidente contra Marchena a raíz de los mensajes del senador del PP Ignacio Cosidó.

    El presidente de Òminum Cultural, por su parte, recusó además a otros seis magistrados de la Sala Penal del Supremo al haber formado parte de esa Sala quien interpuso la querella que dio origen a la causa, el exfiscal general del Estado, el difunto José Manuel Maza. Lo hizo también en base a la reciente sentencia de Estrasburgo sobre la falta de imparcialidad en juicio a Arnaldo Otegi en la Audiencia Nacional. Cuixart considera que la parcialidad que ve en Marchena podría influir en los demás magistrados que juzgarán la causa a partir de enero.

    Fuentes del Supremo apuntaban a este medio que las recusaciones planteadas no debían retrasar el inicio del juicio, algo que ha expresado este mismo miércoles Roig en una entrevista en la emisora Ser Catalunya.

    En lo referente a la recusación de Marchena por parte de los tres procesados, la Fiscalía del Supremo se remite al escrito presentado el lunes para rechazar la recusación del presidente de la Sala II por parte de Oriol Junqueras y Raül Romeva y de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez. “El escrito que promueve el incidente de recusación es extremadamente parco en argumentos”, apuntó en el otro escrito el ministerio público.


    La Sala especial 61, presidida por Carlos Lesmes, debe resolver los incidentes de recusación. En septiembre ya rechazó la recusación de cinco magistrados de la causa de plano y señaló que buscaban dañar la imagen del sistema judicial español. Ahora deberá pronunciarse de nuevo.

    Cosidó había afirmado en un mensaje de WhatsApp enviado a los demás senadores de la bancada popular que con Marchena como presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, tal y como habían pactado PP y PSOE en el marco de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, tendrían controlada “desde detrás” la Sala II del alto tribunal. Es la Sala Penal, la que juzga el procés y las causas contra partidos como la corrupción de los populares. Además, en lo que señalaba como una “jugada estupenda”, se jactaba de tener controlada también así la Sala especial 61, que resuelve sobre recusaciones e ilegalización de partidos políticos.

    Finalmente, Marchena renunció a presidir el Poder Judicial y se mantiene como presidente de la Sala II y previsiblemente encabezará el tribunal que juzgará el 1-O a partir de enero o principios de febrero. Con todo, Cuixart manifestaba que la renuncia “no elimina la sombra de duda que se ha instaurado”.


    La Fiscalía rechazó categóricamente la falta de imparcialidad no sólo porque Marchena renunció a ser elegido para presidir el Poder Judicial al conocer el contenido de aquel mensaje, sino porque el mensaje se refiere a expectativas expresadas por terceros con el objetivo de “convencer” a senadores reticentes. “Unas expectativas que no han podido vincularse a palabras u obras precedentes del magistrado y que han quedado refutadas por la renuncia y las razones en ella ofrecidas”, explica el Ministerio Público en un escrito presentado este lunes.

    Sobre la elección política de los miembros del Poder Judicial y de Marchena, que había sido propuesto por el PP, la Fiscalía argumenta que los jueces de Estrasburgo también son elegidos por políticos en activo; lo cual “elimina cualquier tacha de imparcialidad sobre la forma de elección de los vocales del CGPJ, aseveración que destruye el fundamento y la entraña de esta especulativa y arbitraria recusación”, en palabras del ministerio público.

    Los otros magistrados recusados, además de Marchena, son Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Antonio del Moral García, Luciano Varela Castro, Andrés Palomo del Arco y Ana María Ferrer García.

    https://www.lavanguardia.com/politic...proces-1o.html

  5. #65
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    Torra apoya la huelga de hambre de Sànchez y Turull ante las "barbaridades" de la justicia española



    "El poder judicial español está cometiendo una de las peores barbaridades que se han visto en Europa en los últimos años", ha dicho el president.
    Los separatistas Sànchez y Turull anuncian una huelga de hambre para coaccionar al TC
    1 diciembre, 2018 13:09
    ralitat, Quim Torra, ha criticado este sábado la "estrategia de dilatación del Tribunal Constitucional" (TC) en los recursos de amparo presentados por dirigentes independentistas en prisión provisional y ha mostrado su apoyo a la huelga de hambre iniciada por el expresidente de la ANC y diputado de JxCat, Jordi Sànchez, y el exconseller y diputado de JxCat Jordi Turull.

    En un comunicado, Torra ha considerado que el TC dilata los recursos de los presos "porque saben que es un paso previo a un recurso superior a los tribunales europeos" y ha recordado las negativas a la extradición de los líderes soberanistas que están en el extranjero.

    Ha declarado que esta situación supone una "mala praxis que implica una negación clara de las garantías de defensa" y que, a su juicio, la imagen y el prestigio de la justicia española han tocado fondo entre la comunidad internacional.

    "El poder judicial español está cometiendo una de las peores barbaridades que se han visto en Europa en los últimos años", ha manifestado, y ha asegurado que hasta 2017 se estaban mostrando muchas señales de degradación por la politización de los estamentos judiciales por arbitrariedades procesales y judiciales, según él.

    Ha afirmado que "la falta de imparcialidad ideológica de la justicia española y el sistema de elección de la cúpula del poder judicial han sido motivo de preocupación del Consejo de Europa y de muchos países europeos" y que se está aplicando el derecho penal como venganza contra la disidencia política, según ha dicho


    https://www.elespanol.com/espana/pol...7464863_0.html

  6. #66
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    La administradora de Unipost no reclama al Govern un millón de euros por los repartos del 1-O






    La administradora concursal de Unipost, la empresa encargada de realizar el reparto de la documentación para las mesas electorales del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, no reclamará a la Generalitat el casi millón de euros (sin IVA) que costaba el trabajo. Esta cantidad forma parte de los 4,02 millones de dinero público que la Guardia Civil considera que se gastaron o comprometieron en el 1-O y en la creación de estructuras de Estado en Cataluña.

    Según el último informe que ha entregado el Instituto Armado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, la administradora concursal alega que las facturas fueron anuladas, pero los investigadores presentan ante el juez pruebas con las que alegan que, aunque las facturas se anularon, se volvieron a generar y la deuda aún está viva.

    Los agentes del Instituto Armado han tomado declaración a Eulalia Folguera Sans, la administradora concursal de Unipost, que se encuentra en concurso de acreedores. Esta ha explicado a los agentes que no tiene intención de solicitar el pago del servicio de Unipost a la Generalitat porque “esas facturas no figuran como cobradas, ni compensadas, ni tampoco se han incluido en la relación de créditos de dudoso cobro ni serán objeto de reclamación”, puesto que son “facturas anuladas y no figuran como pendientes de cobro en la contabilidad de la concursada”.

    Se trata del encargo que tenía Unipost, realizado por cinco consejerías de la Generalitat catalana, para repartir 56.000 tarjetas censales y cartas certificadas para los componentes de las mesas electorales del 1 de octubre. De esa cantidad, la Guardia Civil intervino un total de 45.240 cartas en una operación llevada a cabo el 19 de septiembre de 2017 en unas naves de Unipost en Tarrasa y Manresa.

    El total del encargo generó un “compromiso de gasto” de 979.661,56 euros y el pago del mismo se repartió entre cinco consejerías, repartido entre cinco facturas de algo menos de 200.000 euros, sin contar el IVA. Pero Unipost solo intentó cobrar una de ellas a la Consejería de Trabajo. El pago de la misma fue rechazado en dos ocasiones. Sin embargo, la Guardia Civil sostiene que la deuda sigue viva, por que el encargo se hizo tal y como han demostrado documentalmente y comportó ese “compromiso de gasto” de casi un millón de euros. Si el trabajo no se completó, fue “por la acción de la Justicia”, recalcan los investigadores en sus conclusiones.

    Y para demostrar que las facturas aún siguen vigentes, han estudiado toda la trazabilidad de las mismas, con todas las anotaciones que se han hecho en el sistema informático de Unipost. Para ello, pidieron todos los datos, los soportes SAP de Unipost, a la empresa de gestión de archivos 3HOLD.

    Según éstos, Unipost anotó primero el pedido de cada una de las consejerías –Cultura, Vicepresidencia, Salud, Presidencia y Trabajo–, el 5 de septiembre; ese mismo día emitieron una factura proforma, y al día siguiente, otra, la factura como tal se emitió el 6 de septiembre, y unos minutos mas tarde se anuló. En las anotaciones aparece una anulación, pero usando un código que dejaba en suspenso la factura y no la anulaba por completo.

    De hecho, asegura el informe de Guardia Civil, “no consta comunicación a la Generalitat de la anulación de ese pedido, sino que se estaba realizando y no se llevó a efecto, no por causas atribuibles a Unipost, sino por la acción de la Justicia”.

    Anularon las facturas
    Acto seguido de anotar la anulación de las facturas, tan sólo unos segundos después, se volvió a generar la factura proforma de nuevo. Esas facturas proforma últimas, fueron las que se incautaron en el despacho de uno de los responsables de la empresa, Pablo Raventós, durante el registro y “no están anuladas”.

    En el caso de la factura de la Consejería de Trabajo, Unipost no solo realiza la anotación de proforma que viene a reflejar internamente la ejecución de los pedidos, sino que emite de nuevo la factura y realiza una anotación en la contabilidad de que ésta está pendiente de abono.
    “Es decir, el 18-9-2017 Unipost estaba reconociendo un derecho de cobro por los servicios prestados al Departamento de Trabajo por importe de 197.492,04 euros sin IVA, en base a una solicitud del propio Departamento que se desprende de su nota de entrega”, señalan los investigadores.

    El informe concluye que “el modo de actuar en la creación y anulación de las facturas, es una forma de evitar la acción de la justicia, pues carece de toda lógica realizar cuatro anulaciones temporales para, segundos después, realizar unas proformas manteniendo vigente el pedido”.

    La Guardia Civil también expone que la trazabilidad de las facturas, cuyas pruebas ha logrado ahora, era lo que buscaban en los registros que efectuaron en las oficinas de Unipost y que, “a pesar de solicitarlo, no solo no fue entregado, sino que evitaron que fueran hallados”.

    https://okdiario.com/espana/cataluna...el-1-o-3414067

  7. #67
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    El Constitucional empezará a evaluar los recursos del 1-O la semana que viene
    El tribunal tenía previsto abordar tres de los amparos antes de que Sànchez y Turull iniciaran su huelga de hambre




    El Tribunal Constitucional (TC) empezará a estudiar los recursos de amparo de los políticos independentistas procesados por el 1-O la próxima semana.

    La deliberación sobre las tres primeras impugnaciones a examinar estaba incluida en la orden del día del próximo pleno, y se había adoptado antes de que Jordi Sànchez y Jordi Turull iniciaran sus huelgas de hambre este fin de semana, según publica La Vanguardia. El pleno se iniciará el próximo 11 de diciembre y durará unas tres sesiones, hasta el jueves siguiente.

    Sànchez, Gabriel y Boya
    Los primeros recursos que se examinarán son los presentados por las dirigentes de la CUP Anna Gabriel y Mireia Boya. Ambos hacen referencia a la supuesta vulneración de su derecho a ser juzgadas por el juez predeterminado por la ley.

    El tercer recurso es uno de los presentados por Jordi Sànchez al inicio de su entrada en prisión. El proceso de elaboración del borrador de la sentencia no está tan avanzado, y es posible que caiga de la orden del día, según dicho rotativo. El recurso planteaba la falta de fundamentos de la decisión tomada por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela cuando lo encarceló.

    El Constitucional empezará estudiando estos recursos porque son los que considera de menor dificultad. El de Sànchez habría perdido sentido porque el juez Pablo Llarena y el Tribunal Supremo confirmaron la orden de Lamela.

    El TC tramitará los incidentes de Turull, Rull y Sànchez
    El Pleno del TC, por otra parte, ha decidido por unanimidad tramitar nuevas peticiones de los exconsellers de la Generalitat Jordi Turull y Josep Rull y del diputado Jordi Sànchez contra su prisión provisional y su suspensión como parlamentarios al estar procesados.

    Así lo ha acordado en sendas providencias en relación con los escritos incidentales presentados por los tres procesados en el caso del procés que afectan a sus situaciones personales con motivo de autos dictados por el Tribunal Supremo y el propio TC en los que incorporan una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.


    https://cronicaglobal.elespanol.com/...03967_102.html

  8. #68
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    El Tribunal Supremo acepta revisar la competencia del juicio del ‘procés’
    El alto tribunal convocará la próxima semana una vista de previo pronunciamiento para resolver la demanda de las defensas sobre su falta de jurisdicción



    El Tribunal Supremo ha aceptado celebrar una vista de previo pronunciamiento para estudiar su competencia para enjuiciar a los líderes independentistas antes de que arranque formalmente la vista oral. Y esto previsiblemente ocurrirá, según fuentes del alto tribunal, la próxima semana, antes de que los abogados del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el resto de acusados presenten sus escritos de defensa.

    En esta vista, los letrados solicitarán que la causa sea juzgada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya al entender que el Tribunal Supremo no es competente para enjuiciar el delito de rebelión y de malversación de caudales públicos por organizar el referéndum del 1 de octubre en contra de los marcado por l Tribunal Constitucional, y con dinero público, y por declarar la independencia de Catalunya de manera unilateral e ilegal.


    Cuando el Tribunal Supremo recibió la querella de la Fiscalía contra la Mesa del Parlament por estos mismos hechos, la Sala, presidida por Manuel Marchena, ya analizó la competencia y resolvió que debía ser el alto tribunal el órgano que instruyera y enjuiciara el asunto por varios motivos. Primero porque en aquel momento, Carme Forcadell seguía siendo aforada por en aquel entonces miembro de la Diputación Permanente del Parlamento catalán, y ante el hecho de que, según sostenía la Fiscalía en su querella al referirse a los aspectos internacionales del proceso soberanista, parte de los hechos imputados se han producido fuera del territorio de la comunidad autónoma catalana.


    Rebelión en el conjunto del Estado

    “El carácter plurisubjetivo del delito de rebelión hace perfectamente explicable, a la hora de valorar la verdadera entidad de cada una de cada una de las aportaciones individuales, un reparto de cometidos en el que la coincidencia en la finalidad que anima la acción –la declaración de independencia de Catalunya—tolera contribuciones fácticas de muy distinto signo y, precisamente por ello, ejecutadas en diferentes puntos geográficos”, recogía el auto de admisión a trámite de la querella presentada después de que el Parlament aprobara la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). El tribunal ya señalaba entonces que el delito de rebelión adquiere una incuestionable vocación territorial proyectada sobre el conjunto del Estado.


    No obstante, el tribunal va a volver a analizar la cuestión de competencia, tal y como han solicitado las defensas, que insisten que argumentan que los hechos deben ser enjuiciados en Catalunya. Con esta vista de previo pronunciamiento -similar a las cuestiones previas-, se retrasa la entrega de los escritos de defensa.

    Será una vez se resuelva a través de un auto las pretensiones de los letrados cuando éstos dispongan de 10 días para presentar sus escritos, siempre y cuando no se admita la alegación de falta de jurisdicción. En este último caso, entonces toda la causa sería remitida al tribunal correspondiente. Si, al contrario, rechazara la cuestión de competencia, la Sala dictará un auto en el que se notificará toda la prueba propuesta para la vista oral que haya sido propuesta tanto por las defensas como por la Fiscalía, Abogacía del Estado y acusación.

    Nuevas pruebas

    En una providencia, a la que ha tenido acceso La Vanguardia, la Sala acepta celebrar la vista y da tres días a las partes para que aporten los documentos “en que funden sus pretensiones, si los tuviesen en su poder, o designando el archivo u oficina en que se hallen”, según establece la ley de Enjuiciamiento Criminal.


    Estos documentos ya han sido aportados por las partes, entre ellos que se testimonien diligencias acordadas por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona que investiga la preparación del 1-O, entre otras pruebas. Según fuentes jurídicas, en las próximas horas la Sala dictará un auto fijando que diligencias acepta y una vez sean aportadas se fijará la fecha de la vista, a priori prevista para la semana que viene.

    Según estas fuentes, Junqueras y el resto de exconsellers y demás acusados no estarán presentes porque no lo han pedido y ya no están a tiempo de hacerlo.

    Una vez quede resuelto la vista y se resuelva definitivamente la competencia, todavía las defensas podrán recurrir en apelación la decisión. Teniendo en cuenta todo este proceso, estas fuentes sostienen que la previsión es que el juicio arranque a finales de enero o principios de febrero.


    https://www.lavanguardia.com/politic...junqueras.html

  9. #69
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    El TC empieza a debatir hoy si puede intervenir en el proceso penal del 1-O
    El Alto Tribunal estudiará los recursos presentados por Forcadell, Gabriel y Boya



    El Tribunal Constitucional (TC) se reúne hoy en un pleno que puede tener una gran importancia para el proceso penal por el caso 1-O. Los magistrados van a empezar a discutir si pueden intervenir en dicha causa o no, y en qué términos. Es decir, van a tratar de fijar los límites de su actuación en respuesta a los más de treinta recursos de amparo presentados por los procesados en ese procedimiento y, en especial, por los formalizados por los acusados del delito de rebelión.

    La percha para este primer debate introductorio la van a proporcionar los recursos presentados por la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y por las dirigentes de la CUP Anna Gabriel y Mireia Boya. Se han elegido estas tres impugnaciones porque tienen un común denominador, en el sentido de que plantean que la instancia para juzgar los hechos del 1-O no sería el Tribunal Supremo (TS), sino el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).


    El objetivo que persigue el Constitucional, en definitiva, es sentar una doctrina sobre esta cuestión aplicable a todos los demás recursos en que se haya planteado el *mismo motivo para impugnar la actuación del Tribunal Supremo.


    Tal es el propósito de la elección de la impugnación de Forcadell, que cuestiona su permanencia en prisión provisional. También aquí el asunto previo que se va a plantear el TC es si puede entrar o no a valorar las decisiones del Supremo sobre la situación personal de los procesados –en este caso, la de la expresidenta del Parlament– y en qué términos.

    El Constitucional decidirá si es recurrible la duración del encarcelamiento de la expresidenta

    El Constitucional, por tanto, busca sobre todo definir el terreno de juego en que podrá moverse para resolver no sólo unos concretos recursos de amparo, sino las impugnaciones presentadas en su conjunto, muchas de las cuales comparten un buen número de aspectos en común. En otras palabras, el objetivo que persiguen los magistrados es sentar doctrina con el máximo consenso interno posible respecto a puntos clave. Por ejemplo, los dos a los que el Constitucional le va a dedicar la primera aproximación. Uno, la competencia o no del Supremo en el caso 1-O. Y dos, la posibilidad de que, una vez rechazados los múltiples recursos presentados por los procesados contra su situación de prisión provisional, el Constitucional entienda que esta medida cautelar es ya revisable ante este tribunal en amparo .


    En el primer asunto, el pronóstico no es favorable a las recurrentes, porque el Supremo va a celebrar en breve una vista específica para resolver sobre su propia competencia. Esta cuestión se discutirá al resolver las cuestiones de previo pronunciamiento que las defensas plantearán antes del juicio oral. Probablemente el Constitucional entenderá, por tanto, que el planteamiento de este extremo es prematuro.

    Es más difícil aventurar *hipótesis sobre el segundo punto, dada la larga duración del encarcelamiento preventivo de los presos del 1-O y la doctrina del propio TC sobre la excepcionalidad de este tipo de medidas cautelares.

    Hay otros factores añadidos que proporcionan especial relevancia a esta deliberación. Y es no ya sólo la propia doctrina del TC, sino la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre la materia. Esta instancia judicial a escala europea acaba de dictar una sentencia en la que cuestiona la actuación de la justicia turca con respecto a un diputado kurdo. Es el caso Demirtas vs. Turquía, en el que el Tribunal de Estrasburgo consideró incompatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos el hecho de “mantener privado de su libertad a un cargo parlamentario durante un prolongado periodo de tiempo y sin fundamentar por qué no se le somete a medidas cautelares menos gravosas”. El Supremo cree que son casos distintos, pero el TC entrará en enero próximo en el siguiente punto de su debate interno, consistente en los recursos de amparo de Jordi Sànchez –presentado el 22 de noviembre del 2017 y que ha invocado el mencionado precedente en un reciente escrito de ampliación– y Jordi Cuixart.


    https://www.lavanguardia.com/politic...o-supremo.html

  10. #70
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    El juicio del 1-O empezará el 18 de diciembre
    El Tribunal Supremo convoca la primera vista de cuestiones previas, en la que estudiará los escritos de las defensas, para la próxima semana




    El juicio por la organización del referéndum ilegal de independencia del 1-O arrancará el 18 de diciembre. El macroproceso por la organización de la consulta ilícita del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia (DUI) del mismo mes se iniciará con una primera vista en el Tribunal Supremo denominada de artículos de previo pronunciamiento, equivalente a las cuestiones previas, en la que las defensas de los investigados en la causa contra los líderes del procés en Cataluña alegarán la falta de competencia del alto tribunal para juzgarlos.

    La Sala Segunda de lo Penal del Supremo ha fijado la sesión para el próximo martes 18 de diciembre. La vista, en la que el tribunal debatirá si es competente o no para juzgar a los independentistas investigados por organizar y orquestar el órdago secesionista de 2017 en Cataluña, es el prólogo del propio juicio contra los 18 exconsejeros y dirigentes secesionistas acusados rebelión, sedición, desobediencia y malversación de caudales públicos. Para empezar, el alto tribunal ha rechazado dar más información a las defensas para su incidente competencial, ya que que "se da por informado" que las defensas argumentan que "no es competente" para juzgar a los investigados.

    Sin traslado a Madrid
    Al ser un trámite inicial, los exconsejeros del Gobierno catalán que están en prisión preventiva en las cárceles de Lledoners (Barcelona), Puig de les Basses (Girona) y Mas d'Enric (Tarragona) no deberán comparecer y, por lo tanto, no serán trasladados a prisiones en la Comunidad de Madrid. En otras palabras, los nueve procesados por la organización del 1-O y la DUI, los exconsellers del Govern Oriol Junqueras; Joaquim Forn; Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa, el exresponsable de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, pasarán la Navidad en las penitenciarías catalanas.



    Oriol Junqueras, ex vicepresidente del Govern (d), llegando al Tribunal Supremo a declarar / EFE

    Antes, el jueves, las defensas de los investigados en prisión preventiva y en libertad con medidas cautelares argumentarán ante el TS que la instancia judicial competente para juzgar los supuestos tipos penales es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El procedimiento es similar al que siguió el incidente procesal presentado por la defensa de la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, cuando recaló en el Supremo la querella de la Fiscalía contra la Mesa del Parlament. En aquel momento, el tribunal que preside Manuel Marchena --a quien los independentistas trataron de apartar, sin éxito-- rechazó la petición, ya que consideró que parte de los hechos supuestamente constitutivos de delito habían ocurrido fuera de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

    Juicio, en enero
    Pese al inicio de las cuestiones previas la próxima semana, el Supremo sigue manteniendo que las declaraciones de los investigados --nueva figura de imputado tras la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC)-- se producirán a finales de enero o febrero, la primera fecha citada para el arranque del macroproceso. Será en aquellas momento en el que los nueve independentistas que están en prisión preventiva a la espera de juicio serán acercados a penitenciarías cercanas a la sede del Supremo en Madrid para facilitar los desplazamientos. Antes de ello, habrá otro trámite previo: la presentación de los escritos de calificación de las defensas diez días después de las cuestiones previas.

    Ya se conoce que los letrados pedirán la libre absolución de los dirigentes independentistas por organizar y supervisar el referéndum del 1-O, que fue prohibido por el Tribunal Constitucional, y por declarar la independencia unilateral en el Parlamento de Cataluña el 27 de octubre del pasado año.

    La petición de las defensas dista, y mucho, de las calificaciones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. El ministerio público solicita 25 años de privación de libertad para Oriol Junqueras; 17 para Cuixart, Sànchez y Forcadell y 16 para Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull y Dolors Bassa. Por su parte, los exconsejeros Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs encajan una petición de 7 años de prisión por presunta malversación, mientras que la exdiputada de la CUP, Mireia Boya, se enfrenta a una pena de multa e inhabilitación, igual que los exmiembros de la Mesa del Parlament Lluís Corominas; Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet. Por su parte, Fiscalía pide ocho meses de multa e inhabilitación de un año y ocho meses para Joan Josep Nuet. Las peticiones fiscales son

    https://cronicaglobal.elespanol.com/...06139_102.html

  11. #71
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    La izquierda independentista llama a «pararlo todo» desde el primer día de juicio
    La CUP y el resto de organizaciones pretenden que el juicio del 1-0 sea un «boomerang democrático» contra el Estado




    Pararlo todo. La consigna es simple e intranquilizadora, y sirve tanto para tratar de boicotear la celebración del Consejo de Ministros previsto en Barcelona para el día 21, como para poner Cataluña patas arriba desde el primer día que arranque el juicio del 1-0 (el próximo martes).

    Diversas organizaciones vinculadas a la izquierda independentista (CUP, Arran, Alerta Solidaria...) han presentado esta mañana la estrategia de movilizaciones de cara al juicio del Tribunal Supremo, haciendo una llamada a "aturar-ho tot" (pararlo todo) desde el priemr día. El objetivo declarado, "alterar la normalidad cotidiana y económica del país",

    Carles Riera, diputado de la CUP, y en coincidencia con lo que pretende el conjunto del independentismo, ha anunciado que se pretende convertir los juicios en un “boomerang democrático" contra el Estado.

    "La movilización", ha anunciado la portavoz de una de las organizaciones convocantes, "debe empezar desde el primer día del juicio, tiene que ser geenral en todo el territorio, en todos los Països Catalans, y debe tener incidencia en la vida económica y social".



    La campanña comenzará el 19 de diciembre -al día siguiente del inicio del juicio- con un acto en Barcelona y la pretensión es extenderla a todo el territorio.




    https://www.abc.es/espana/catalunya/...7_noticia.html
    Última edición por LELON; 11/12/2018 a las 23:35

  12. #72
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  13. #73
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    Hola @LELON. ¿Cómo lo ves tú? ¿Ves al doctorsito aplicando un 155 en Cataluña?

    El día 21, con el consejo de ministros en Barcelona, aquello puede ser una apoteosis.
    Con la Patria y con la madre, con razón y sin razón.

  14. #74
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    Cita Iniciado por Deitano Ver mensaje
    Hola @LELON. ¿Cómo lo ves tú? ¿Ves al doctorsito aplicando un 155 en Cataluña?

    El día 21, con el consejo de ministros en Barcelona, aquello puede ser una apoteosis.
    El 155 no a corto plazo o mas duro el 166 , pero no lo descarto mas adelante , para el 21 ya abro hilo, porque se lia seguro..

  15. #75
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    El 155 no a corto plazo o mas duro el 166 , pero no lo descarto mas adelante , para el 21 ya abro hilo, porque se lia seguro..
    Se va a liar.

    Y creo que no será malo. Sólo espero que no pase nada irremediable.
    Con la Patria y con la madre, con razón y sin razón.

  16. #76
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    Aparte...



    El Constitucional rechaza los primeros recursos de los líderes del 'procés'
    EL TC desestima la petición de Forcadell, Gabriel, Boya y Simó sobre la supuesta falta de competencia del Supremo para juzgar el proceso secesionista



    El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado por unanimidad los primeros recursos de los líderes del procés que cuestionan la competencia del Tribunal Supremo (TS) para enjuiciar los hechos. El alto tribunal argumenta que estos recursos de amparo "han sido planteados de forma prematura", pues deberían haber agotado previamente la vía judicial ante el TS.

    Es la primera vez que el TC se pronuncia sobre algunos de los alrededor de treinta recursos sobre el proceso secesionista catalán admitidos a trámite. En este caso se trata de los presentados por la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, las exdirigentes de la CUP Anna Gabriel --fugada a Suiza-- y Mireia Boya, y de Anna Simó, que formaba parte de la Mesa de la cámara autonómica que tramitó las leyes de desconexión. Aunque el fallo de estos recursos ya se ha hecho público, la sentencia no se notificará hasta dentro de unos días.

    Ajenos a la huelga de hambre
    El TC tiene previsto celebrar dos plenos consecutivos antes de que finalice el año, esta semana y la siguiente, y la inclusión en ellos de los primeros recursos de procesados en la causa por rebelión responde a la lógica del calendario de este órgano.

    Fuentes del alto tribunal consultadas por Europa Press rechazan que su orden del día se haya visto afectado por la huelga de hambre iniciada por cuatro de los procesados en prisión (Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn).

    El TS lo resolverá el martes
    El Constitucional considera que los recursos han sido planteados de forma prematura en el proceso de amparo, porque deberían haber agotado previamente la vía judicial ante el Tribunal Supremo con el planteamiento de un artículo de previo y especial pronunciamiento que solicitara la declinatoria de jurisdicción.

    Y eso es precisamente lo que el propio Tribunal Supremo resolverá el próximo martes tras celebrar la vista de las cuestiones previas, en la que las defensas plantearán que sea el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y no el Supremo quien siente en el banquillo a los líderes soberanistas. Dicho de otro modo, los magistrados señalan que primero debe resolver la cuestión de la competencia el propio Tribunal Supremo en la vista de los artículos de previo pronunciamiento, como así viene recogido en la ley, para que después el Constitucional pueda pronunciarse sobre ello.

    Las encausadas prefieren en TSJC
    Los cuatro recursos de amparo se dirigían a las primeras decisiones de la Sala Penal del Tribunal Supremo, antes incluso de que la instrucción de la causa recayera en el juez Pablo Llarena, en las que se declaraba la competencia objetiva y funcional de este órgano judicial para instruir y juzgar a las recurrentes.

    Al respecto, las acusadas manifestaban que el órgano competente para juzgarlas era la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y no el Tribunal Supremo. Una cuestión que se decidirá el próximo día 18, pero no por el TC sino en primer lugar por el propio Tribunal Supremo, de manera que queda abierta la vía para que después las defensas puedan volver al Constitucional a plantear este mismo asunto.


    https://cronicaglobal.elespanol.com/...06499_102.html

  17. #77
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    El Constitucional rechaza por precipitados cuatro recursos de amparo del 1-O





    El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado por unanimidad rechazar los recursos de amparo presentados por los investigados en el 1-O Carme Forcadell, Anna Gabriel, Mireia Boya y Anna Simó contra las decisiones del Tribunal Supremo que declaraban su competencia para juzgarles, según han informado fuentes jurídicas Las recurrentes sostenían que el órgano competente para juzgarlas era la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
    Los magistrados consideran que sus recursos se han planteado de forma prematura, ya que antes debían haber agotado la vía judicial ante el Tribunal Supremo.
    En concreto, que debían haber planteado el artículo de previo pronunciamiento reclamando la llamada declinatoria de jurisdicción. Sin embargo, sus defensas no hicieron ese trámite y se dirigieron directamente al Constitucional, lo que ha llevado a los magistrados a acordar la inadmisión.
    Sólo se ha conocido el sentido de la decisión del TC. Las sentencias con la argumentación completa se conocerán en los próximos días. Precisamente el Supremo fijó ayer la fecha para resolver ese artículo de previo pronunciamiento, que se abordará el próximo martes.
    Entre quienes lo han planteado están Forcadell, Boya y Simó, que con la previsible negativa del Supremo en la mano sí podrán ya volver al Constitucional para presentar el recurso de amparo.
    Anna Gabriel está en Suiza fugada de la Justicia y no ha planteado la declinatoria de jurisdicción, por lo que en principio no podría recurrir al TC.
    La supuesta lentitud del Constitucional en la tramitación de los recursos relacionados con el 1-O ha sido el argumento en el que varios de los acusados han iniciado ayunos en prisión.
    El tribunal tiene sobre la mesa en torno a una treintena de recursos que tiene intención de resolver antes incluso de que dentro de mes y medio se inicie el juicio en el Supremo. A juicio de esos presos el TC está demorando sus resoluciones para bloquear su acceso al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
    Fuentes del TC recuerdan que han aceptado estudiar todos los recursos que llegan en ese ámbito (frente al 99% de inadmisiones de media) y que se están gestionando con celeridad pese a su gran número y complejidad.


    https://www.elmundo.es/espana/2018/1...b4c8b468b.html

  18. #78
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    DEBEN DESPLAZARSE PARA EL JUICIO EN ENERO
    La huelga de hambre puede precipitar el traslado de los presos a Madrid en Navidad
    Si la privación de alimentos continúa, el alto tribunal se inclina por garantizar de forma inmediata la cercanía y el control ya en la capital de su situación médica




    BEATRIZ PARERA

    13/12/2018
    La huelga de hambre que iniciaron hace ya 12 días cuatro de los políticos presos en prisión provisional en cárceles catalanas puede desembocar en un traslado anticipado de los procesados por rebelión y sedición antes de enero a Madrid. A pocas semanas de que arranque el juicio más mediático de la historia de España, esta protesta amenaza con precipitar la salida de Lledoners de los acusados, que pasarían de nuevo a centros penitenciarios de Madrid en plenas navidades.

    Fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial advierten de que esta protesta conlleva serios riesgos para su salud que implicarán, inevitablemente, graves deterioros físicos en la antesala del juicio que, según el calendario que maneja el Supremo, debería arrancar a finales del próximo mes. El estado de salud de Jordi Sànchez, Joaquim Forn, Josep Rull y Jordi Turull complicaría seriamente tanto el duro desplazamiento de una ciudad a otra, en furgones por carretera o, en casos especiales, en ambulancia, como su presencia en las condiciones adecuadas en una vista oral en la que se enfrentan a penas de hasta 17 años de prisión.

    No descartan, por tanto, que si la privación de alimentos continúa, el alto tribunal se incline por garantizar de forma inmediata la cercanía y el control ya en la capital de su situación médica. También avisan de que es posible que una medida de estas características provoque un efecto dominó y alcance también a aquellos de los presos que no están siguiendo la huelga, entre ellos Oriol Junqueras.



    Los presos soberanistas en huelga de hambre han perdido entre 3 y 7 kilos
    EC/AGENCIA


    Una portavoz de los presos ha concretado que toman entre un litro y medio y tres de agua al día con complementos minerales, por consejo de los médicos del centro penitenciario
    La duración de la huelga de hambre no ha sido determinada por aquellos que la están siguiendo. Fuentes cercanas a los presos no descartan que se extienda hasta la vista oral y destacan que, en ningún momento, han vinculado su final a que se produzca una acción del Tribunal Constitucional sobre los recursos que presentaron. Es decir, solo ellos conocen dónde está el límite y hasta dónde quieren llegar.

    El tribunal de garantías ha respondido precisamente este miércoles, eso sí, de forma negativa, a los primeros recursos que plantearon los líderes del 'procés' y en los que se cuestionaba la competencia del Supremo para enjuiciar los hechos. El TC da cerrojazo sin entrar al fondo y entiende que "han sido planteados de forma prematura", ya que deberían haber agotado previamente la vía judicial ante el TS. Las fuentes jurídicas consultadas inciden en que no será hasta enero cuando el Constitucional aborde en pleno aquellos recursos que afectan al primero de los acusados en huelga de hambre, Jordi Sànchez. Los de Turull se verán posiblemente más tarde. Quieren resolverlos, en cualquier caso, antes del arranque del juicio.


    En la vista se estudiará la postura de las defensas que sostienen que el Supremo no es competente para juzgar el 'procés' y piden que se encargue del mismo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
    No obstante, la respuesta ofrecida este miércoles a los asuntos refuerza la posibilidad de que la huelga se alargue ya que, expresamente, no se valora la petición sino que se comunica a los recurrentes que deben esperar a la decisión final del Supremo. La huelga de hambre iniciada por los políticos catalanes presos del PDeCAT se fundamentó en la falta de resolución de estos recursos de amparo que han ido presentando al tribunal de garantías y que interpretan como un intento de impedir que accedan a la Justicia europea mediante un 'tapón' a sus reclamaciones de amparo.

    Segundo escenario
    Las fuentes consultadas avisan también que es legalmente posible que, si la situación se prolonga y el deterioro físico es patente, hasta el punto de impedir a los cuatro afectados estar presentes en el juicio, Sànchez, Forn, Rull y Turull queden apartados de la vista oral. El tribunal juzgaría en ese caso a aquellos que presenten las condiciones físicas adecuadas y celebraría un nuevo juicio más adelante para los que no las tengan.


    El rechazo de las recusaciones despeja el calendario para la celebración de la vista oral de los políticos catalanes
    Juristas recuerdan, además, el precedente sentado por el TC ante la huelga de hambre de los grapo que desembocó, en 1981, en el fallecimiento de un preso de la organización terrorista que permaneció tres meses privado de alimento para protestar por el régimen penitenciario impuesto. En una sentencia de 1997, el tribunal sentó jurisprudencia y respaldó la alimentación forzosa a los presos cuya vida corra peligro. Eso sí, estableció el modo de suministrar el alimento y fijó que debía hacerse por vía parenteral sin amparar la suministración bucal de alimentos contra la voluntad del interno.

    Según precisó una portavoz de los líderes independentistas, Sànchez y Forn, que ayunan desde hace 12 días, han perdido cinco kilos, mientras que Rull y Forn, que se unieron después a la protesta, tres y siete kilos, respectivamente. Explicó en rueda de prensa que el estado de salud de los cuatro presos es, en "líneas generales", bueno, aunque todos ellos empiezan a notar el "agotamiento" físico.


    https://www.elconfidencial.com/espan...adrid_1702242/

  19. #79
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    El Constitucional mantiene la suspensión de los diputados independentistas
    El tribunal desestima el recurso de amparo de Junqueras y el resto de acusados del 'procés'




    El Tribunal Constitucional mantiene la suspensión de los diputados independentistas. Este jueves, el Pleno ha acordado por unanimidad mantener la suspensión de funciones que decidió el Tribunal Supremo, que impidió al exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y a los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull y Raúl Romeva, así como al líder de la ANC, Jordi Sánchez, ejercer sus cargos como diputados en la Cámara catalana.

    En su auto, el Alto tribunal explica que “acceder a la suspensión equivaldría a anticipar un eventual fallo estimatorio del recurso de amparo y supondría no aplicar temporalmente una norma de rango legal, cuya utilización jurisdiccional goza de presunción de legitimidad”. Es decir, que los líderes soberanistas no podrán ejercer sus cargos en el Parlament mientras se encuentren en prisión provisional.

    "Oportuna sentencia"
    La resolución señala que “en este trámite procesal no puede efectuarse el análisis de la cuestión de fondo" y tampoco anticipar "lo que debe ser resuelto en la oportuna sentencia”.

    Así, el Constitucional desestima el recurso de amparo presentado por un grupo de particulares, encabezado por Jaume Cabré Fabré, quienes consideraban que la decisión del Supremo había vulnerado su derecho a participar en los asuntos públicos por medio de representantes libremente elegidos mediante unas elecciones.

    Primeros recursos
    Esta es la segunda vez que el tribunal se pronuncia sobre algunos de los más de 30 recursos que han presentado los independentistas catalanes. Este mismo miércoles, el tribunal ya rechazó los primeros recuros de los soberanistas que ponían en tela de juicio la competencia del TC para hacerse cargo de la causa.

    En ese caso, se trababa de los presentados por la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, las exdirigentes de la CUP Anna Gabriel --fugada a Suiza-- y Mireia Boya, y de Anna Simó, que formaba parte de la Mesa del Parlament.


    https://cronicaglobal.elespanol.com/...06763_102.html

  20. #80
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    recordatorio de leyes y sentencias en firme

    PARLAMENTO DE CATALUÑA
    LEY 20/2017, de 8 de septiembre, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República.
    EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA



    PDF



    https://www.boe.es/ccaa/dogc/2017/7451/f00001-00027.pdf

  21. #81
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    Sentencia del TC contra la Ley del Parlamento de
    Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, intitulada “del Referéndum de Autodeterminación”

    PDF

    https://www.tribunalconstitucional.e...17-4334STC.pdf

    pero erre que erre.undeppe torra que tirra. y erre que erre.

    La Onu solamente da tres supuestos para ello y cataluña ni por imaginación

    Guinea ecuatorial se independizó de España al ser uno de los supuestos (una colonia)
    https://es.wikipedia.org/wiki/Guinea_Ecuatorial
    Reconocidade España
    15 de diciembre de 1963

    actualmente el gobierno es República presidencialista dentro del marco de una dictadura militar

  22. #82
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    Sentencia del TC contra la Ley del Parlamento de
    Cataluña 20/2017, de 8 de septiembre, denominada “de transitoriedad jurídica y fundacional de
    la República”

    PDF

    https://www.tribunalconstitucional.e...17-4386STC.pdf

  23. #83
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    Los golpistas en prisión piden “unidad estratégica granítica” ante el juicioGolpistas




    Los ex conseller Raül Romeva, Oriol Junqueras y Jordi Turull (Foto: Efe).

    Los políticos independentistas presos apelan hoy, ante la proximidad del inicio del juicio a través de un artículo de opinión a la “unidad estratégica granítica”, que desde “el respeto y la generosidad” sea capaz de “superar los embates del Estado español”.

    El artículo, publicado por el rotativo El Punt Avui, está firmado por Dolors Bassa, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Sànchez y Jordi Turull.

    Ante la cercanía del inicio del juicio ante el Tribunal Supremo, los firmantes del artículo piden “la máxima firmeza por parte nuestra, pero también toda la serenidad” de sus seguidores.


    Los independentistas presos entienden que alguien pueda considerar, “fruto de esta indignación que generan los abusos, que la solución debería ser abrir las cárceles”, pero advierten que “lejos de favorecer nuestra causa, la perjudicaría, igual que también perjudicaría los objetivos políticos del país”.

    Añaden que no esperan un juicio justo, porque “nadie duda de la fundamentación política, y no jurídica, que tiene esta causa” y aseguran que “el juicio es el espejo en el que los diferentes poderes del Estado, y en particular el judicial, tendrán que mirarse”.


    Con el juicio, agregan, todo el mundo descubrirá “la quiebra de la democracia en España y la justicia de nuestras reivindicaciones”.


    https://okdiario.com/espana/cataluna...juicio-3473944

  24. #84
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    RECHAZA LA RECUSACIÓN DE MARCHENA
    El Supremo reprocha a las defensas del caso 1-O su estrategia “dilatoria”

    Los jueces subrayan que quieren abreviar el proceso para no perjudicar a los presos



    15/12/2018 10:38
    Los prolegómenos del juicio por el caso 1-O no dan idea de una especial sintonía procesal entre el Tribunal Supremo (TS) y las defensas de los acusados. Lo pone de manifiesto el auto, dado a conocer ayer, por el que el Alto Tribunal ha decidido rechazar la recusación del presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena, a quien le corresponde presidir la vista oral. En esta resolución se subrayan “las repetidas veces” en que las defensas han actuado contra los magistrados relacionados con el caso, estrategia a la que se atribuye una “patente finalidad dilatoria”, puesta en marcha con la “intención de dilatar el procedimiento”.

    El auto corresponde a la Sala del 61, una instancia especial prevista en este artículo de la ley del Poder Judicial. La componen el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, y todos los presidentes de los órdenes civil, contencioso, laboral y militar, y el magistrado más antiguo y el más moderno de cada uno de los correspondientes tribunales de cada especialidad. También los de la Sala Penal, ausentes esta vez porque el primer recusado era el propio Marchena y después lo fueron también los seis jueces restantes que con él van a componer el tribunal encargado de juzgar el caso 1-O. Por su composición, se trata en definitiva de una instancia muy representativa del conjunto del Tribunal Supremo.

    El auto resalta que el watsap de Cosidó sobre Marchena no “retrata” al juez, sino al diputado del PP

    Por eso mismo resulta especialmente significativo el tono y el contenido de la resolución, al referirse a las defensas del caso 1-O en unos términos que hasta ahora no había empleado el Supremo. Y ello porque en sustancia el auto reprocha a las defensas que estén alargando el proceso en perjuicio de los propios procesados.

    La resolución subraya que las defensas recusaron tres veces al juez instructor, Pablo Llarena, que luego plantearon lo mismo dos veces contra la Sala de Enjuiciamiento, la que juzgará el caso 1-O, y que actuaron también contra los dos magistrados que instruyeron las propias recusaciones. Todo lo cual supuso trámites y paralizaciones del proceso. Y en este último caso las mismas actuaciones se formularon sin “un poder especial”, en los términos que lo exige la ley. A pesar de lo cual el TS dice que pasa por alto esta circunstancia porque “al tratarse de una causa con preso –o presos, en este caso– debe evitarse cualquier retraso”.

    En cuanto al fondo del asunto, el auto estima que no se puede cuestionar la imparcialidad de un juez, en concreto de Marchena, por lo que un político diga de él en un *watsap. Pero el hecho es que la recusación se basó en el mensaje que el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, envió a otros parlamentarios populares en el que se justificaba el pacto con el PSOE para que Marchena presidiera el Supremo como una fórmula para controlar la Sala Penal “desde atrás”. El auto concluye que “el watsap atribuido a Cosidó le retrata a él, pero eso no es extensible a nadie más”.


    https://www.lavanguardia.com/politic...-marchena.html

  25. #85
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    Retiran el Cristo de la sala de plenos del Supremo en la que se celebrará el juicio del 'procés'




    El crucifijo, obra de un preso republicano que lo labró para el TS, ha sido enviado a restaurar cuatro días antes de la primera vista del proceso.
    El Supremo fija para el 18 de diciembre la vista de las cuestiones previas al juicio del 'procés'

    María Peral @Maria_peral
    La imagen del Cristo crucificado que desde los años 40 adorna una de las paredes enteladas del salón del plenos del Supremo, el recinto más solemne del alto tribunal, ha sido retirada de su emplazamiento el pasado viernes, cuatro días antes de la vista de las cuestiones previas al juicio por la secesión unilateral de Cataluña, señalada para el próximo martes.

    Se trata de una talla religiosa obra de Fernando de Castro Martín, un preso republicano que labró en los talleres penitenciarios la escultura con destino al Tribunal Supremo. Fuentes de la institución señalaron que hace pocos años el hijo del autor visitó el tribunal y confirmó con bocetos y otras pruebas documentales que la talla fue realizada por su padre, que estuvo recluido en la cárcel de Alcalá de Henares hasta 1946.

    El Cristo "ha sido retirado para su restauración", explican las mismas fuentes, que desvinculan este hecho de la inminente celebración del juicio del 'procés' y de la presunta intención de evitar que la presencia de una obra religiosa en la sala puede ser utilizada por los abogados de la defensa -que no están siendo especialmente colaboradores con la buena marcha del proceso- para provocar un conflicto alegando una supuesta falta de neutralidad ideológica.

    Las fuentes consultadas aseguraron que "simplemente es que a esa obra le tocaba ser restaurada". "Llevamos un orden riguroso de restauración del patrimonio artístico del palacio de justicia y era el momento del Cristo del salón de plenos. Tenemos un presupuesto que hay que ejecutar", añadieron.

    No se sabe cuánto tiempo será necesario para la restauración, aunque no se prevé excesivo porque la obra se encuentra en buen estado de conservación. "Igual para cuando empiece el juicio el trabajo está terminado y la escultura vuelve a su lugar", manifestaron las mismas fuentes.

    Lo que de momento es seguro es que el Cristo crucificado no estará en su emplazamiento para la vista del próximo martes, primera prueba de fuego pública de la Sala encargada de juzgar el 'procés'. El alto tribunal ha decidido que los actos jurisdiccionales relacionados con esta causa se celebren en el salón de plenos porque tiene el suficiente espacio para que las numerosas partes personadas puedan trabajar con comodidad. Con ese mismo fin se van a introducir algunos cambios en el mobiliario de los estrados. En esa sala se celebraron todos los procesos de ilegalizacion de ETA/Batasuna y juicios como el de Segundo Marey o Filesa.

    En la vista del martes no estarán los encausados del 'procés' ya que su objeto es debatir las cuestiones previas al juicio. Las 18 defensas coinciden en sostener la falta de competencia de la Sala Penal para conocer del proceso relacionado con la declaración unilateral de independencia de Cataluña y esta cuestión tiene que ser resuelta antes del juicio para determinarse si éste debe ser celebrado por el Tribunal Supremo o por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

    Según las defensas, la competencia sobre el 'procés' corresponde al TSJC "por haberse realizado la totalidad de los elementos típicos de los delitos que las acusaciones atribuyen a los procesados íntegramente en territorio catalán".

    Se trata de una alegación que ha sido anteriormente planteada al magistrado instructor, Pablo Llarena, y a la Sala de Recursos. Ambos ratificaron la competencia del Supremo señalando que varios actos relevantes para el propósito de la secesión unilateral se realizaron fuera de Cataluña, desde las actuaciones del denominado Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) hasta la contratación en el extranjero de observadores internacionales para el referéndum legal del 1-O, a los que se pagó con fondos públicos por parte de la Generalitat. En el referéndum celebrado pese a la prohibición del Tribunal Constitucional participaron catalanes residentes fuera de la comunidad autónoma.

    Una de las acusadas, la exconsejera Meritxell Borrás, afirmó en sus declaraciones judiciales que las urnas empleadas en el referéndum no se obtuvieron por la Consejería de Gobernación sino que hubo que comprarlas en el extranjero, donde también se imprimieron papeletas para la votación



    https://www.elespanol.com/espana/tri...0964353_0.html

  26. #86
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    La interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal Planella, no sólo ha engañado al titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona que instruye la causa sobre los preparativos del referéndum del 1-O y la creación de “estructuras de Estado”.

    También engañó durante meses al entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para ocultar que el Govern presidido por Carles Puigdemont gastó más de 4 millones de euros públicos en la consulta ilegal de independencia. La interventora Rosa Vidal sólo dejó de mentir tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que sirvió para destituir a todo el Govern que se había puesto al margen de la Ley.

    Tras intervenir las cuentas de la Generalitat para evitar que el gobierno de Puigdemont gastara ni un euro en el referéndum ilegal, el Ministerio de Hacienda envió seis requerimientos de información a la interventora Rosa Vidal, entre el 18 de julio y el 24 de octubre de 2017, ante la sospecha de que algunas partidas presupuestarias podían haberse destinado a este fin.


    En los seis casos, la interventora Rosa Vidal –que actualmente está imputada por este motivo– mintió en sus respuestas. Hacienda pidió a la interventora el 18 de julio de 2017 que aclarara cual era la finalidad de la partida de 6,2 millones de euros que el Govern había reservado en sus presupuestos de ese año para “organización, gestión y seguimiento de procesos electorales”.

    Mintió seis veces a Montoro
    El propio vicepresidente Oriol Junqueras había anunciado en rueda de prensa que este dinero serviría para organizar el referéndum ilegal. Sin embargo, la interventora Rosa Vidal aseguró a Hacienda que se trataba de una partida destinada a la convocatoria de elecciones autonómicas al Parlament (que no estaban previstas en 2017).


    De nuevo, el 27 de julio, Hacienda pidió a la interventora que aclarara la finalidad del concurso que la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, había convocado en mayo para comprar 12.000 urnas y material electoral, por importe de 897.000 euros. El concurso finalmente quedó declarado desierto. Toda la prensa independentista había anunciado que este material serviría para celebrar el referéndum ilegal, pero de nuevo la interventora engañó a Hacienda diciendo que era material para las elecciones autonómicas.

    El Ministerio de Hacienda insistió el 8 de septiembre. Pidió a la interventora que aclarara cómo se había pagado el anuncio de promoción del referéndum ilegal que emitía TV3. La interventora contestó que no le constaba ninguna orden de pago, y que se trataba en realidad de una campaña institucional “para potenciar el civismo, promover los valores de la democracia, el valor social, la cultura de la paz y la solidaridad“.

    Como ha informado OKDIARIO, el director de TV3, Vicent Sanchis, ha intentado, hasta ahora sin éxito, cobrar a la Generalitat dos facturas que suman 277.800 euros por la emisión de este anuncio que animaba a los catalanes a votar en el referéndum.



    1-O
    Hacienda explica al juez el requerimiento enviado el 27 de julio de 2017 a la interventora general de la Generalitat.
    La interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, siguió mintiendo una y otra vez al Ministerio de Hacienda. El departamento que dirigía Cristóbal Montoro se dirigió de nuevo a ella el 27 de septiembre para reclamarle el expediente de otra campaña de publicidad institucional que el Govern había convocado por importe de 3,4 millones de euros.

    Esta vez, Hacienda optó por remitir a la Fiscalía toda la documentación, al constatar que la campaña publicitaria tenía por objeto promocionar el referéndum que había sido prohibido por el Tribunal Constitucional.

    De hecho, una de las empresas a las que el Govern había pedido que presentara una oferta desistió con el siguiente mensaje: “Teniendo en cuenta la creatividad de la campaña de la que hemos tenido conocimiento, y siguiendo directrices legales de la asesoría jurídica de nuestra compañía, les informamos que no podemos cursar la campaña Civismo a causa de los riesgos para nuestra reputación y, eventualmente, legales en los que podríamos incurrir”.

    El Ministerio de Hacienda se dirigió una vez más el 29 de septiembre a la interventora de la Generalitat, para reclamarle la documentación de todos los gastos que había comprometido el Diplocat en concepto de “misiones de observadores electorales“. Rosa Vidal le contestó que el Consorcio de Diplomacia Exterior no tenía previsto gastar ni un sólo euro en dicho concepto. La Guardia Civil ha acreditado ahora que el Diplocat, que en aquel momento dependía del conseller Raül Romeva (hoy en prisión) gastó 305.000 euros públicos para comprar tres grupos de observadores internacionales”, con el fin de que avalaran el resultado del referéndum ilegal.



    1-O
    Hacienda explica al juez el requerimiento enviado el 27 de julio de 2017 a la interventora general de la Generalitat.
    La interventora de la Generalitat Rosa Vidal, mintió por sexta vez al Ministerio de Hacienda el 13 de noviembre de 2017, ya con el artículo 155 de la Constitución en vigor. Hacienda le había pedido que aclarara a qué gasto correspondían las facturas que la empresa postal Unipost (dirigida por el independentista Pablo Raventós) reclamaba a varias Consellerias por importe de 979.661 euros.

    No era ningún secreto: dos meses antes, la Guardia Civil había intervenido en la sede de Unipost 45.000 tarjetas censales que la Generalitat pretendía hacer llegar a los miembros de las mesas del referéndum ilegal. Y pese a ello, la interventora volvió a mentir y aseguró a Hacienda que este gasto de 979.661 euros correspondía a servicios postales ordinarios de la Generalitat que nada tenían que ver con el 1-O.

    Pese a todas estas mentiras, el Gobierno de Rajoy no consideró conveniente destituir a Rosa Vidal como interventora general de la Generalitat mediante la aplicación del 155. A lo largo del año 2018, el Ministerio de Hacienda remitió a Vidal otros ocho requerimientos de información y, esta vez, contestó puntualmente a todos sin evasivas.

    Rosa Vidal se encuentra imputada ahora ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona por estos hechos y por haber intentado engañar, también, al juez instructor y a la Guardia Civil.



    https://okdiario.com/investigacion/2...el-1-o-3473342

  27. #87
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    Los abogados del 'procés' difunden un bulo sobre la Fiscalía
    Los letrados Gonzalo Boye y Jaume Alonso-Cuevillas denuncian como actual un comunicado de abril del ministerio público contra los CDR



    Los abogados del procés difunden un bulo de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Gonzalo Boye y Jaume Alonso-Cuevillas, dos de los letrados que representan a los investigados por orquestar el desafío independentista en Cataluña de 2017, que se ha saldado con una treintena de investigados por rebelión y sedición, entre otros cargos, han denunciado como actual un comunicado del ministerio público contra los CDR que, en realidad, es de abril. La propia Fiscalía lo ha desmentido contestando a uno de los tuiteros.

    gonzalo botye mentira bulo

    Boye y Alonso-Cuevillas han incendiado las redes sociales con una comunicación de la Fiscalía en la que el órgano constitucional asegura que "ante las intolerables actuaciones que en la Comunidad Autónoma de Cataluña vienen desarrollando los autodenominados CDR (Comités de Defensa de la República) pone en conocimiento de la ciudadanía que con el apoyo de la Fiscalía General del Estado (FGE) ha impulsado y lo seguirá haciendo, investigaciones penales de todo tipo para llevar ante la justicia a los autores y promotores de estos vandálicos actos, que ponen en peligro no solo la paz pública y el orden constitucional, sino la misma esencia del sistema democrático que los fiscales estamos obligados a defender".

    Críticas contra un texto...de abril
    El presunto texto actual del ministerio público ha provocado una reacción airada de los dos letrados, que representan a los exconsejeros huidos de la justicia Toni Comín y Meritxell Serret y al expresidente catalán prófugo, Carles Puigdemont, respectivamente. "Francamente preocupante e insólito que una Fiscalía se dedique a hacer comunicados y más aún como este", ha tuiteado Gonzalo Boye desde su cuenta oficial en Twitter. Tras comprobarse que la nota pública era antigua, ha borrado sus mensajes en la red de los 280 caracteres.

    Gonzalo Boye, abogado de los prófugos Toni Comín y Meritxell Serret / EFE

    Gonzalo Boye, abogado de los prófugos Toni Comín y Meritxell Serret / EFE

    Por su parte, Alonso-Cuevillas ha considerado a vuelo de pluma que "el comunicado de la Fiscalía no es ni casual ni una simple caza de brujas. Forma parte de una estrategia planificada para equiparar las protestas independentistas con el terrorismo y poder aplicar medidas excepcionales. Están esperando al 21D para tener una excusa". Cuando se le ha recordado que la comunicación del departamento en cuya cumbre se encuentra María José Segarra como fiscal general del Estado era antiguo, Cuevillas, a la sazón candidato preferido por Carles Puigdemont para las elecciones europeas de 2019, como avanzó este medio, ha borrado el tuit.

    El bulo corre entre 'indepes'
    Tras este desliz, que los letrados han difundido sin contrastar, uno de ellos, Boye, ha insistido en que "estos dos tuits míos han sido un error, se trataba del mismo comunicado de abril y que ya era preocupante". No obstante, su alerta roja ya había corrido como un reguero de pólvora entre la constelación tuitera independentista. Lo han difundido y dado por bueno, entre otros, el bufete que defiende a la exdiputada de la CUP huida a Suiza, Anna Gabriel, Salellas i associats Advocats; el influencer de ERC Joan Mangues; el portavoz de Mossos per la Independència (MxI), Albert Donaire --que incluso ha hecho un vídeo-- y, más preocupante, el corresponsal de TV3 y Catalunya Ràdio en Madrid, Albert Calatrava.


    Albert Cisa Estany @estany33
    · 9h
    El comunicat de la @fiscal_es sembla una nota de premsa de la ultra dreta nacionalista espanyola de VOX. Estan il·legalitzant de facto els drets fonamentals de reunió i manifestació. Per dignitat ens veiem als carrers el #21D. Pacífics i determinats.#Catalunya #CDRenXarxa

    Mostra la imatge al Twitter

    Fiscalía General @fiscal_es
    No se ha emitido ninguna nota por la Fiscalía de la Audiencia Nacional en relación a los Comités de Defensa de la República (CDR) el día de hoy. La nota que se publica es de fecha 2 de abril de este año.

    14:07 - 17 de des. de 2018
    Informació i privacitat dels Anuncis del Twitter
    Llegeix els altres tuits de l'usuari Fiscalía General
    Informació i privacitat dels Anuncis del Twitter
    Más crítico, el subdirector de Nació Digital, Ferran Casas, ha aprovechado para pasar cuentas con otros medios del espectro soberanista y ha señalado que "hoy ha vuelto a circular por las redes una nota de abril de la Fiscalía sobre los CDR. Algunos medios lo dieron por bueno, pero no lo es. Contrastar y preguntar siempre ayuda..aunque la realidad a veces arruine un buen titular". Por su parte, el ministerio público se ha limitado a confirmar al internauta @estany33 que "no se ha emitido ninguna nota por la Fiscalía de la Audiencia Nacional en relación a los Comités de Defensa de la República (CDR) el día de hoy. La nota que se publica es de fecha 2 de abril de este año".



  28. #88
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    El juicio a Trapero se retrasará hasta después de verano
    El alto tribunal afirma que la carga de trabajo es la causa de la demora



    La Audiencia Nacional prevé que hasta enero no podrá fijar la fecha para el inicio del juicio contra el exmayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero​. Además han apuntado que las sesiones para la vista oral no comenzarán antes del verano ya que la carga de trabajo en el tribunal es muy elevada.

    La Sección Primera de la Sala de lo Penal del alto tribunal ha informado que hasta el primer mes del 2019 no se conocerá la fecha de la vista en la que se determinará si la Audiencia Nacional es competente para juzgar la causa en la que está acusado Trapero por rebelión junto al exdirector de la policía catalana Pere Soler y el ex secretario general de Interior de la Generalitat de Cataluña César Puig. Además, Teresa Laplana está acusada de sedición.

    Delito de rebelión
    Trapero se enfrenta a 11 años de de cárcel por el delito de rebelión ya que, según la Fiscalía, el mayor de los Mossos estaba implicado de una manera "decisiva, consciente e intencionada" con los líderes separatistas tanto en los sucesos del 20 y 21 de septiembre frente a la Consejería catalana de Economía como durante el referéndum ilícito del 1-O.

    A diferencia de de los acusado por el Tribunal Supremo, los cuatro acusados de la Audiencia Nacional no están en situación de prisión provisional, por lo que la vista oral no requiere la misma prontitud.

    Juicios en Madrid
    El retraso en esta causa contrasta con el otro juicio que comenzará en enero por el procés --el del Tribunal Supremo-- en el que están acusados 18 exdirigentes independentistas. En este caso, la Sala Segunda de lo Penal del Supremo iniciará los trámites durante este mes.

    El macroproceso por la organización de la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia (DUI) se celebrará en Madrid lo que comportará el desplazamiento de los acusados independentistas en prisión.


    https://cronicaglobal.elespanol.com/...07750_102.html

  29. #89
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    Policías alegan que el 1-O fueron amenazados con "acorralarles" como el 20S
    Los agentes que actuaron para impedir el referéndum secesionista ilegal se sintieron "secuestrados" durante su actuación en la escuela Ramon Llull



    Agentes de la Policía Nacional investigados por su intervención durante el 1-O han justificado hoy las cargas en una escuela de Barcelona porque los manifestantes les amenazaban con "acorralarlos" como hicieron con la Guardia Civil durante el registro de la Consejería de Economía el 20S.

    Los policías --tres escopeteros y un asistente de los mandos sobre el terreno-- han declarado en el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona en relación a su actuación en la escuela Ramon Llull de Barcelona, donde un activista --Roger Español-- perdió la visión de un ojo al recibir el impacto de una pelota de goma.

    "Secuestrados"
    En su intervención, los agentes se sintieron "secuestrados" cuando un grupo hizo una sentada frente a los furgones policiales para impedir que se movieran y les lanzaron material de obra, conos y otros objetos.

    En declaraciones a los medios, la abogada Laia Serra ha explicado que la justificación de todos los agentes que han declarado por la actuación en la escuela Llull es que fueron sometidos "a una situación de beligerancia, hostilidad y agresividad por la masa" y que esto justifica el uso de material antidisturbios, como las pelotas de goma.

    Roger Español
    Todos los policías se han situado en la acera contraria al punto en el que Español sufrió el impacto, lo que para la abogada Serra "ayuda a definir el círculo de posibles autores".

    De hecho, para el próximo viernes estaba prevista la declaración de Español como afectado y también como investigado, pero finalmente se ha aplazado porque podía ser "complicado" por temas de transporte y asistencia, ante la celebración el Consejo de Ministros en Barcelona, y se ha fijado para el 21 de enero.

    Escola Pia
    También este lunes, un miembro de la Brigada de Información de la Policía Nacional ha declarado como investigado en este juzgado por presuntamente propinar una patada a una persona que estaba en el suelo durante el operativo contra el 1-O en la Escola Pia de Sant Antoni, en la ciudad de Barcelona, y lo ha justificado porque tenía que pasar y lo hizo para "apartarlo".

    En declaraciones a los medios tras los interrogatorios judiciales, el abogado del Ayuntamiento de Barcelona --que actúa como acusación popular-- Xavi Muñoz ha dicho que el agente ha reconocido la acción y su explicación ha sido que "había tropezado instantes antes, quedaba relegado de su equipo, lo estaba perdiendo, y avanza detrás de sus compañeros, y con el pie hace un gesto para apartarlo". "Él cree que empujarlo con el pie es la mejor opción", ha dicho el abogado en relación a las declaraciones de este agente, que solo ha respondido al juez, el fiscal y su defensa, y ha expresado que se encontraba en un ambiente hostil. El teniente de alcalde de Barcelona Jaume Asens ha considerado que esta agresión "concentra en sí misma toda la brutalidad e inmoralidad de aquella jornada" porque fue, a sus ojos, una acción totalmente gratuita y sin ningún medio reglamentario pures se trataba de una persona mayor que había caído al suelo.

    Escuela Prosperitat
    También ha declarado este lunes un agente de la policía que presuntamente agarró por la oreja a un votante de la escuela Prosperitat (también en la ciudad de Barcelona) causándole lesiones, pero el agente ha dicho que no estuvo en el punto donde se produjo la agresión y que no hubo situaciones de violencia, según la abogada de Irídia, Sònia Olivella.

    Otro agente denunciado por un ciudadano por golpearle dentro de la escuela Llull ha dicho que "hizo un movimiento para ganar espacio y un movimiento defensivo sin intencionalidad lesiva", según Laia Serra.

    https://cronicaglobal.elespanol.com/...07678_102.html

  30. #90
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    Los presos en huelga acudirán a Europa por un cuestión menor
    Así lo ha anunciado el abogado de Sànchez, Rull y Turull, Jordi Pina en una rueda de prensa junto Pilar Calvo, portavoz de los dirigentes independentistas en prisión



    El abogado Jordi Pina y la portavoz de los políticos catalanes presos en huelga de hambre, Pilar Calvo, ofrecen una rueda de prensa esta tarde en la librería Blanquerna, en Madrid / EFE



    Los dirigentes independentistas en la cárcel de Lledoners (Barcelona) que están en huelga de hambre, Jordi Sànchez, Josep Rull, Jordi Turull y Joaquim Forn han anunciado --a través de su abogado, Jordi Pina-- acciones ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por “las inexplicables dilaciones del Tribunal Constitucional español”.

    El letrado ha destacado “la situación de bloqueo que nos imponen el Tribunal Constitucional español y que nos impide acceder a la justicia europea”, aunque ha afirmado que desde el inicio la huelga, el alto tribunal ha comenzado a responder a esos recursos.

    Situación de bloqueo
    Pina ha sentenciado que el Constitucional está “dilatando de forma inexplicable los recursos de amparo” presentados por sus defendidos y que por ello acuden a Europa, pese a no haber agotado las vías ordinarias en España.

    El abogado ha asegurado que estudian acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los próximos días, para que analice si la "táctica dilatoria" del alto tribunal en resolver sus recursos vulnera su derecho de recurrir a la justicia europea.

    Carta a líderes europeos
    Durante una rueda de prensa hoy en el Centro Cultural Blanquerna de Madrid, Pina y la portavoz de los presos separatistas en prisión, Pilar Calvo, también han comunicado que han enviado una carta a 40 líderes europeos con el objetivo de denunciar la situación de “indefensión” en la que se encuentran

    “Somos nueve personas que estamos en prisión sin juicio, algunos desde hace más de un año. Estamos acusados de rebelión por haber promovido un referéndum pacífico en Cataluña el 1 de octubre del año pasado. Sufrimos un proceso judicial que evidencia una vulneración muy severa de nuestros derechos fundamentales, entre ellos a la presunción de inocencia, la libertad, la representación política y a un proceso judicial con todas las garantías”, comienza la carta.

    Defensores de la UE
    La carta que va con fecha de hoy, 17 de diciembre, va dirigida --entre otros-- a los presidentes de Reino Unido, Theresa May; Francia, Emmanuel Macron, o Alemania, Angela Merkel. Cabe destacar que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, también recibirá la misiva.

    Los presos separatistas en huelga de hambre afirman en sus cartas que se sienten "defensores de los valores fundacionales de la UE" y confían en que su demanda "no quedará en saco roto", aunque son "conscientes de los límites de la división de poderes".

    Estado de salud
    Pina y Calvo también se ha referido al estado de salud de los dirigentes soberanistas que decidieron hacer huelga de hambre, "fuertes, firmes y determinados", y que todos ellos están “trabajando en su defensa” y que “ponen sus esperanzas en la justicia europea”.

    El letrado ha desmentido que Turull haya ingresado en un hospital de Terrassa y que ya "está recibiendo visitas y trabajando en la defensa de su caso".


    https://cronicaglobal.elespanol.com/...07720_102.html

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