PSOE de Extremadura: 25 sindicalistas imputados por robo masivo de subvenciones

Un caso que denuncia el robo masivo de subvenciones con los cursos de formación -exactamente igual a lo ocurrido en Andalucía bajo mandato también del PSOE.

Dos juzgados extremeños han confirmado ya que tramitan una investigación contra ocho entidades y 25 personas vinculadas a la patronal extremeña y los sindicatos UGT y CCOO, como reveló el 15 de julio de 2018 Carlos Cuesta.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz es el que lleva el procedimiento contra la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) y la Confederación de organizaciones empresariales de la provincia de Badajoz (Coeba).

También analiza las actuaciones de Emilio Doncel Rodríguez, actual presidente de Coeba; Nuria Lavado, del área de formación; Fernando Herrera, expresidente de la Cámara de Comercio de Badajoz y exdirigente de Coeba; y Juan Manuel Arribas, exsecretario general de la Creex.

En este mismo procedimiento figura como investigado Antonio Masa Godoy, expresidente de Creex y Coeba, aunque el juzgado ha aceptado el sobreseimiento provisional sobre su labor a causa de su estado de salud. En el mismo juzgado se han lanzado las diligencias contra UGT Extremadura y la delegación territorial del Instituto de formación y estudios sociales (Ifes), la fundación de UGT centrada precisamente en los cursos de formación.

Este procedimiento se centra, entre otros, en Francisco Capilla, secretario general del sindicato en la región en el momento de los supuestos delitos; Lorenza Mansilla, exsecretaria de Formación y Cultura de UGT Extremadura; Jacinto Cerezo, exsecretario de Administración; Rosa María García Vidal, técnica de formación; y Teodoro Casares, como delegado territorial de Ifes-Extremadura.

El tercer procedimiento es el que se centra en CCOO, se sigue en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Mérida.

El Gobierno del Partido Popular, con José Antonio Monago a la cabeza, denunció ante la Fiscalía Anticorrupción diversas irregularidades registradas desde 2012 en la facturación de cursos de formación gestionados por sindicatos y patronal (Creex, CCOO, UGT y Cepes), advirtiendo de que podría haber delito contra la Hacienda Pública por falsear las condiciones para cobrar subvenciones públicas.

El 26 de marzo de 2015, la entonces consejera de Empleo del Gobierno extremeño, M.ª Ángeles Muñoz y el director del Servicio Extremeño de Empleo, Miguel Lozano, informaron, de este modo, de un fraude a gran escala con los cursos de formación de ocupados en Extremadura, con un alcance, sólo en la convocatoria de 2011, de más de 3 millones de euros.

El Gobierno ‘popular’ aseguró que había indicios suficientes que podrían determinar que en Extremadura se creó y alimentó un sistema irregular en la gestión de la formación a ocupados, afectando a la patronal extremeña, los sindicatos UGT Extremadura, CCOO de Extremadura y CEPES como entidades beneficiadas y sus administradores, es decir, los secretarios generales de estas organizaciones, así como todos aquellos que la Justicia considere oportunos en el ámbito político o empresarial.

De lo que se hablaba era de un posible delito contra la Hacienda Pública por fraude en las condiciones para la obtención y justificación del destino de subvenciones públicas.

La historia de esta corrupción es incluso más antigua. Desde 2007 existe una Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, una fundación nacional conformada por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y el Servicio Público de Empleo Estatal.

Mediante convenios con las comunidades autónomas, esa Fundación es la encargada de ofrecer el apoyo técnico en las solicitudes e impartición de los cursos de ocupados, y también es la responsable de valorar y analizar la justificación de estos cursos y hacer las propuestas de liquidación del pago de las subvenciones.

El sistema de la Fundación Tripartita es el que se empleó para la convocatoria de 2011 y fue allí precisamente donde se detectó una evidente falta de control riguroso para verificar si las facturas pagadas correspondían a gastos reales y se ajustaban a valor de mercado.

Ahí es donde se detectaron las irregularidades y un presunto fraude a gran escala.