PSPV y Bloc encubrían como gastos de marketing pagos de constructoras.

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  1. #1
    Último Navegante
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    PSPV y Bloc encubrían como gastos de marketing pagos de constructoras.


    El actual presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera, y el ex secretario general del PSPV Joan Ignasi Pla, en una imagen de archivo.

    La documentación incluida en la causa que ha diseccionado la financiación de las campañas de PSPV-PSOE y Bloc Nacionalista Valencià (BNV), el socio más importante de Compromís, en las elecciones del año 2007 recoge cómo los dos partidos habrían camuflado como gastos de marketing o comunicaciones donaciones o pagos de constructoras.

    Las dos formaciones contrataron actos de campaña a Crespo Gomar, una agencia de comunicación con sede en Gandía que, según ha concluido la Policía, ejercía funciones similares a las de Orange Market en Gürtel: falsear o modificar facturas para que terceros asumieran los gastos que en realidad correspondían a contratos con los socialistas y nacionalistas valencianos.

    La investigación tributaria ha confirmado este entramado, pero todo apunta a que no se practicarán más diligencias judiciales para esclarecer la financiación de PSPV y Bloc porque los delitos están prescritos.

    En cambio, el resto de delitos atribuibles a dirigentes socialistas serán investigados por otros cuatro juzgados: dos en Madrid, Gandía y Benidorm. La investigación ha puesto el foco en seis contratos adjudicados a Crespo Gomar o empresas de su órbita que suman un millón de euros.

    Aparecen al menos tres ministerios de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero implicados (Vivienda, Medio Ambiente y Sanidad); así como adjudicaciones irregulares en los ayuntamientos de Gandía y Benidorm tras la campaña de 2007.

    Entre los documentos que los dirigentes del Partido Popular (PP) depositaron en una comisaría de la ciudad de Valencia, a mediados de 2016, destacan varios correos electrónicos entre Crespo Gomar y diversas empresas para concretar cómo elaboraban las facturas.

    De las comunicaciones examinadas por la Policía, a las que ha tenido acceso ELMUNDO, se desprende que el enlace del Bloc con la agencia de comunicación era Lluís Miquel Campos, en la actualidad jefe de gabinete del presidente de las Cortes Enric Morera; y el del PSPV Pepe Cataluña, ex responsable de finanzas y ex vicepresidente de Bancaja.

    2007 fue la primera convocatoria electoral en la que participó la coalición Compromís. En aquellas elecciones estaba integrada por el Bloc, Esquerra Unida (EUPV) y Els Verds. El acuerdo recogía que EUPV, entonces el partido mayoritario de la coalición, se hacía carga de la organización de la campaña autonómica.

    En cambio, el Bloc, un partido que tradicionalmente ha exhibido su fuerza en los ayuntamientos valencianos, contrató una serie de trabajos al margen de la coalición para desarrollar una campaña de las municipales por su cuenta.

    Según recoge la documentación que estaba almacenada en el disco duro de Crespo Gomar, el coste de la campaña de las elecciones municipales del Bloc ascendió a 739.217 euros (con IVA) y el dinero «cobrado» a empresas 736.707 euros. Esta cantidad aparece en la tabla de la cuenta del Bloc con IVA porque se habría recaudado a través de facturas falsas, según ha concluido la investigación policial.

    Entre los donantes del partido nacionalista aparecen Egevasa -empresa con participación pública de la Diputación de Valencia-; Lubasa -una de las sociedades que ha reconocido en el juicio de Gürtel que financió en negro al PP de Francisco Camps-; Blauverd -una constructora que también aparece como donante del PSPV-; Fomento Urbano -con sede en Castellón- o Castellonense Contenedores.

    Uno de los correos intervenidos sobre la financiación de la campaña del Bloc lleva fecha de 10 de abril de 2006. En la comunicación se dan una serie de instrucciones para que conste como cliente el Centro Comercial y de Ocio La Vital SL de Gandía, construido por Metrovacesa.

    «Anótala en la hoja del Bloc y mándaselo a Lluís Miquel. Ojo que los datos de envío son diferentes a los de facturación». Según diversas fuentes, los investigados se referían a Lluís Miquel Campos, la persona de máxima confianza de Enric Morera en la campaña.



    Las instrucciones se siguieron al pie de la letra. Tal y como muestra una de las facturas intervenidas, la agencia de comunicación facturó 40.000 euros a nombre del centro comercial de Metrovacesa por la «realización de manual de identidad corporativa». El dinero quedó reflejado en la cuenta publicitaria del Bloc el 15 de mayo de 2006.



    Respecto a la campaña del PSPV, la Policía ha investigado un correo electrónico, remitido en noviembre de 2005, en el que se trasladan instrucciones para facturar a la constructora Blauverd los trabajos realizados para el PSPV.

    En el asunto aparece «factura Blauverd» y en el correo los investigados explican que hay que enviarla «por mensajería a la sede del PSPV en calle Blanqueries a la att. de Pepe Cataluña. En el sobre además de la dirección solo deben poner eso».



    A continuación, Crespo Gomar giró una factura a esta constructora por «servicios de asesoramiento de marketing y comunicación Feria Urbe», tal y como figura en una anotación manuscrita incluida en la causa.



    La causa

    Este paquete de documentos es la mirilla por la que se asomó la Policía para rastrear presuntas donaciones a ambas formaciones políticas. Las diligencias judiciales están abiertas por presuntos delitos electorales, prevaricación, falsedad documental continuada y malversación de caudales públicos que se habrían cometido entre los años 2007 y 2011. El líder socialista era en ese momento Joan Ignasi Pla y el nacionalista, Morera.

    Así, tras más de un año de investigación secreta, las diligencias policiales han acreditado una presunta red que presuntamente financió de forma irregular a los dos partidos. El sistema, según explicaron fuentes conocedoras de las pesquisas, consistía en que Crespo Gomar facturaba servicios a PSPV y Bloc de cuyos pagos se hacían cargo otras empresas y no los destinatarios mediante una presunta trama de falsedad continuada.

    La causa incluye un informe de la Agencia Tributaria sobre estos hechos, documentación del tribunal de Cuentas sobre las elecciones de 2007 y análisis periciales elaborados por la Intervención General del Estado (IGE), añadieron estas fuentes.

    http://www.elmundo.es/comunidad-vale...4698b45ab.html

  2. #2
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    O todos moros o todos cristianos, si el pp valenciona robaba tambien tiene derecho a hacerlo el psoe y compromis.

  3. #3
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    Franco, facha, ...

  4. #4
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    Vaya vaya... qué picuetos estos socialistas y compromiseros valencianos, tanta gurtel, tanto premio de formula 1 y tanta polla en vinagre y resulta que ellos están de corrupción hasta las cejas con las facturas de campaña.

    ¿Para cuando se espera la dimisión de Sánchez que decía que "en un partido corrupto quien primero debe dimitir es su máximo dirigente por ser también el máximo corrupto"

  5. #5
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    balla no me lo ecsperava

  6. #6
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    Este sábado especial de la secta

  7. #7
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    El único que se salva es el que AÚN no ha tenido acceso al dinero.

    Linda clase política que habita la piel de toro

  8. #8
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    Este sábado especial de la secta
    y con un reportaje sobre los tuits incendiarios que inciaron la revuelta de lavapiés.

  9. #9
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    Aquí, esperando a ciertos foreros...

  10. #10
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    Es que el PP

  11. #11
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    cadena `perpetua no revisable a estos ladrones

  12. #12
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    Este sábado especial de la secta
    Pues en Al Rojo Vivo acaba de salir la noticia

  13. #13
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    Pufff, me preocupa mucho el cirio que van a montar ahora contra el gobierno valenciano todos los defensores de la limpieza y persecutores de la corrupción...

    ... ¡Oh wait!

  14. #14
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    Solarium, condones o una avioneta: la campaña del PSPV y Bloc que compitió con 'Gürtel' en Valencia

    Una avioneta, condones, ropa, eventos para celebrar la aprobación del Estatut valenciano y hasta el alquiler de una máquina solarium para que el candidato apareciera bronceado ante sus votantes.

    La documentación relacionada con la presunta trama de falsificación de facturas que habría servido al PSPV-SOE y Bloc Nacionalista Valencià (BNV), el socio mayoritario de Compromís, para financiar la campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 recoge cómo ambas formaciones no escatimaron en gastos para reforzar sus mensajes.

    La investigación policial y tributaria habría acreditado que Crespo Gomar, la empresa de comunicación con sede en Gandía que a juicio policial habría asumido funciones similares a las de Orange Market con el PP valenciano en Gürtel, recaudó centenares de miles de euros de empresas, en su mayoría constructoras, para ir saldando las deudas generadas por las cuentas publicitarias de Bloc y PSPV. Esta campaña compitió con la que desarrolló Gürtel en Valencia para el ex presidente Francisco Camps.



    Crespo Gomar no solo trabajaba para la izquierda, también realizó trabajos electorales para el PP de Dénia, renovó el logotipo de Canal 9 y sus socios han compartido intereses empresariales con el ex alcalde popular de Gandía Arturo Torró, a quien diversas fuentes atribuyen la filtración que ha motivado esta investigación judicial.

    La documentación relacionada con la cuenta publicitaria del Bloc recoge gastos por valor de 739.217 euros (con IVA) en las municipales de 2007 y las generales de 2008, las primeras elecciones en las que concurrieron los nacionalistas, Iniciativa del Poble Valencià -el partido que lidera la vicepresidenta Mónica Oltra- y Els Verds.

    Mientras, el estadillo que incluye el nombre de diversas empresas con aportaciones económicas suma 736.400 euros (con IVA). Esta documentación apuntaría indiciariamente un presunto delito electoral atribuible a diversos dirigentes del Bloc que ya estaría prescrito, según confirmaron fuentes conocedoras del procedimiento.

    En total aparecen 86 apuntes contables. Entre los gastos destacan los de la campaña Adéu PP, la reimpresión de 700 pancartas (9.535 euros), la instalación de vallas en Castellón -18.96 euros-, un spot de campaña de afiliación -19.800 euros-, la creatividad de la campaña -58.000 euros- o facturas por valor de 2.847 euros en preservativos.



    La grabación de unos planos de Enric Morera, ex secretario general del Bloc y actual presidente de las Cortes, ascendió a 1.136 euros; el patrocinio "sudoku de Castellón" a 5.028 euros y el alquiler de un tren media a 17.110 euros. El alquiler de un publibus llegó a los 31.030 euros y el de una avioneta, a 25.392 euros.

    Semanas antes de las elecciones municipales, Morera convocó a los medios para anunciar que el Bloc había fletado una avioneta para recorrer la costa de la Comunidad Valenciana todos los fines de semana hasta la celebración de las elecciones del 27 de mayo arrastrando un cartel con el lema Adéu PP junto al logotipo del partido nacionalista. El objetivo de esta campaña era, según Morera, "el de decir adiós al PP y lograr echarlo fuera de las instituciones valencianas y la Generalitat".

    En las últimas horas fuentes del Bloc han reiterado a esta redacción que el equipo de la actual secretaria general, Àgueda Micó, sigue con las diligencias internas para localizar la documentación y contratos con Crespo Gomar y contrastarla con la que entregó el PP en Comisaría.

    Mientras, por lo que respecta a la campaña del PSPV, la agencia de comunicación de Gandía se hizo cargo de la campaña del candidato al Palau de la Generalitat, Joan Ignasi Pla, y del candidato a la Alcaldía de Benidorm, Agustín Navarro, en la actualidad diputado provincial en Alicante por el PSPV.

    Además de los 4.190 euros en vestuario para Pla, Crespo Gomar alquiló, por 360 euros, una maquina solárium OC para el candidato. Las fotos de un mitin de José Luis Rodríguez Zapatero ascendieron a 1.000 euros y la impresión de un catálogo político, 6.380 euros.

    Según consta en la documentación entregada en la Policía, Crespo Gomar facturaba mensualmente al PSPV por contratos derivados de la precampaña y campaña. Sólo la factura del mes de enero de 2006, más de un año antes de la cita electoral, llegó a los 138.518 euros.

    Al margen de los recibos de la campaña autonómica, entre la documentación figuran gastos electorales de la campaña de Navarro como un entrenador (2.000 euros), sin especificar si se refiere a un entrenador personal.

    Crespo Gomar se encargó también de la redacción de notas de prensa del PSPV de Benidorm a 200 euros cada una. La cobertura periodística de los eventos se pagaba a 600 euros el acto. La Policía cree que Crespo Gomar facturaba estos servicios a los socialistas valencianos y de los pagos se hacían cargo otras empresas y no los destinatarios mediante la presunta falsificación de facturas.

    La principal constructora vinculada a la presunta cuenta B del PSPV es Blauverd. Esta empresa, con sede en Alzira, realizaba ingresos mensuales a la agencia por servicios que a juicio policial se falsificaron. Los importes oscilaban entre los 60.000 y 25.000 euros al mes.

    Cuatro juzgados de Madrid, Gandía y Benidorm han asumido las diligencias que hasta enero ha dirigido el juzgado de Instrucción 21 de Valencia, el órgano que ha dirigido investigaciones como la del IVAM, el caso Cooperación o la tragedia del metro.

    http://www.elmundo.es/comunidad-vale...2178b46ba.html

    Más:
    http://www.abc.es/espana/comunidad-v...9_noticia.html

  15. #15
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    Ahora la Secta estará todo el día con el tema, seguro.

  16. #16
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    pero eso no importa, sólo importa el PP, los demás pueden robar lo que quieran.

  17. #17
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    Ahora mismo en la sexta noche están hablando de....



    Cataluña y que los CDR son gentes de paz.

  18. #18
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    El actual presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera, y el ex secretario general del PSPV Joan Ignasi Pla, en una imagen de archivo.

    La documentación incluida en la causa que ha diseccionado la financiación de las campañas de PSPV-PSOE y Bloc Nacionalista Valencià (BNV), el socio más importante de Compromís, en las elecciones del año 2007 recoge cómo los dos partidos habrían camuflado como gastos de marketing o comunicaciones donaciones o pagos de constructoras.

    Las dos formaciones contrataron actos de campaña a Crespo Gomar, una agencia de comunicación con sede en Gandía que, según ha concluido la Policía, ejercía funciones similares a las de Orange Market en Gürtel: falsear o modificar facturas para que terceros asumieran los gastos que en realidad correspondían a contratos con los socialistas y nacionalistas valencianos.

    La investigación tributaria ha confirmado este entramado, pero todo apunta a que no se practicarán más diligencias judiciales para esclarecer la financiación de PSPV y Bloc porque los delitos están prescritos.

    En cambio, el resto de delitos atribuibles a dirigentes socialistas serán investigados por otros cuatro juzgados: dos en Madrid, Gandía y Benidorm. La investigación ha puesto el foco en seis contratos adjudicados a Crespo Gomar o empresas de su órbita que suman un millón de euros.

    Aparecen al menos tres ministerios de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero implicados (Vivienda, Medio Ambiente y Sanidad); así como adjudicaciones irregulares en los ayuntamientos de Gandía y Benidorm tras la campaña de 2007.

    Entre los documentos que los dirigentes del Partido Popular (PP) depositaron en una comisaría de la ciudad de Valencia, a mediados de 2016, destacan varios correos electrónicos entre Crespo Gomar y diversas empresas para concretar cómo elaboraban las facturas.

    De las comunicaciones examinadas por la Policía, a las que ha tenido acceso ELMUNDO, se desprende que el enlace del Bloc con la agencia de comunicación era Lluís Miquel Campos, en la actualidad jefe de gabinete del presidente de las Cortes Enric Morera; y el del PSPV Pepe Cataluña, ex responsable de finanzas y ex vicepresidente de Bancaja.

    2007 fue la primera convocatoria electoral en la que participó la coalición Compromís. En aquellas elecciones estaba integrada por el Bloc, Esquerra Unida (EUPV) y Els Verds. El acuerdo recogía que EUPV, entonces el partido mayoritario de la coalición, se hacía carga de la organización de la campaña autonómica.

    En cambio, el Bloc, un partido que tradicionalmente ha exhibido su fuerza en los ayuntamientos valencianos, contrató una serie de trabajos al margen de la coalición para desarrollar una campaña de las municipales por su cuenta.

    Según recoge la documentación que estaba almacenada en el disco duro de Crespo Gomar, el coste de la campaña de las elecciones municipales del Bloc ascendió a 739.217 euros (con IVA) y el dinero «cobrado» a empresas 736.707 euros. Esta cantidad aparece en la tabla de la cuenta del Bloc con IVA porque se habría recaudado a través de facturas falsas, según ha concluido la investigación policial.

    Entre los donantes del partido nacionalista aparecen Egevasa -empresa con participación pública de la Diputación de Valencia-; Lubasa -una de las sociedades que ha reconocido en el juicio de Gürtel que financió en negro al PP de Francisco Camps-; Blauverd -una constructora que también aparece como donante del PSPV-; Fomento Urbano -con sede en Castellón- o Castellonense Contenedores.

    Uno de los correos intervenidos sobre la financiación de la campaña del Bloc lleva fecha de 10 de abril de 2006. En la comunicación se dan una serie de instrucciones para que conste como cliente el Centro Comercial y de Ocio La Vital SL de Gandía, construido por Metrovacesa.

    «Anótala en la hoja del Bloc y mándaselo a Lluís Miquel. Ojo que los datos de envío son diferentes a los de facturación». Según diversas fuentes, los investigados se referían a Lluís Miquel Campos, la persona de máxima confianza de Enric Morera en la campaña.



    Las instrucciones se siguieron al pie de la letra. Tal y como muestra una de las facturas intervenidas, la agencia de comunicación facturó 40.000 euros a nombre del centro comercial de Metrovacesa por la «realización de manual de identidad corporativa». El dinero quedó reflejado en la cuenta publicitaria del Bloc el 15 de mayo de 2006.



    Respecto a la campaña del PSPV, la Policía ha investigado un correo electrónico, remitido en noviembre de 2005, en el que se trasladan instrucciones para facturar a la constructora Blauverd los trabajos realizados para el PSPV.

    En el asunto aparece «factura Blauverd» y en el correo los investigados explican que hay que enviarla «por mensajería a la sede del PSPV en calle Blanqueries a la att. de Pepe Cataluña. En el sobre además de la dirección solo deben poner eso».



    A continuación, Crespo Gomar giró una factura a esta constructora por «servicios de asesoramiento de marketing y comunicación Feria Urbe», tal y como figura en una anotación manuscrita incluida en la causa.



    La causa

    Este paquete de documentos es la mirilla por la que se asomó la Policía para rastrear presuntas donaciones a ambas formaciones políticas. Las diligencias judiciales están abiertas por presuntos delitos electorales, prevaricación, falsedad documental continuada y malversación de caudales públicos que se habrían cometido entre los años 2007 y 2011. El líder socialista era en ese momento Joan Ignasi Pla y el nacionalista, Morera.

    Así, tras más de un año de investigación secreta, las diligencias policiales han acreditado una presunta red que presuntamente financió de forma irregular a los dos partidos. El sistema, según explicaron fuentes conocedoras de las pesquisas, consistía en que Crespo Gomar facturaba servicios a PSPV y Bloc de cuyos pagos se hacían cargo otras empresas y no los destinatarios mediante una presunta trama de falsedad continuada.

    La causa incluye un informe de la Agencia Tributaria sobre estos hechos, documentación del tribunal de Cuentas sobre las elecciones de 2007 y análisis periciales elaborados por la Intervención General del Estado (IGE), añadieron estas fuentes.

    http://www.elmundo.es/comunidad-vale...4698b45ab.html
    Han tardado poco en salir cosas de éstos. Y es que la superioridad moral de la izquierda les hace inmunes a toda crítica. Por cierto, ya verás como nadie sale criticando al P¨SOE y a Compromís por la corrupción, como sí hacen constantemente con el PP.

    Es lo que hay.

  19. #19
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  20. #20
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    Vaya vaya... qué picuetos estos socialistas y compromiseros valencianos, tanta gurtel, tanto premio de formula 1 y tanta polla en vinagre y resulta que ellos están de corrupción hasta las cejas con las facturas de campaña.

    ¿Para cuando se espera la dimisión de Sánchez que decía que "en un partido corrupto quien primero debe dimitir es su máximo dirigente por ser también el máximo corrupto"
    Y en Andasulía porque han hecho la callada por respuesta, no se cómo se las han apañado para acallar toda la podredumbre cortijera de 40 años. Si saliesen los casos de corrupción de la PSOE en España la Gǘrtel sería para partirse de risa...

  21. #21
    Último Navegante
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    La juez ve delito en la red para financiar a PSOE y Bloc

    El juzgado que en el último año y medio ha instruido la denuncia que presentó el PP en una Comisaría por la presunta financiación irregular de PSPV-PSOE y Bloc Nacionalista Valencià, el socio mayoritario de la coalición Compromís, ha constatado indiciariamente la existencia de una presunta trama de falsificación de facturas que permitió a ambas formaciones políticas superar el presupuesto en las elecciones municipales y autonómicas de 2007.

    En concreto, las diligencias apuntan a «unos hechos de financiación irregular de dos formaciones política, PSPV y Bloc/Compromís», que se habrían materializado a través de una presunta red de «falsedad documental con carácter continuado».

    Así consta en las diligencias judiciales, a las que ha tenido acceso EL MUNDO, que se practicaron en Valencia y que han sido derivadas a dos juzgados del partido judicial de Madrid, entre otros, para que se investigue la relación entre Crespo Gomar, la agencia de comunicación a la que recurrieron ambos partidos en 2007, con los contratos que obtuvo de diversos ministerios en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero.

    El sistema que describen las actuaciones judiciales calca el modus operandi al que recurrió la Gürtel para financiar campañas del PP de Francisco Camps.

    Así, según concluyó el juzgado de Valencia, para obtener financiación en 2007 la «mercantil Crespo Gomar facturaría unos servicios a dichas formaciones políticas durante la campaña electoral del año 2007, de cuyo pago se habrían hecho cargo otras empresas y no los destinatarios de los servicios prestados mediante la confección de facturas falsas, coincidentes en su cuantía con las presentadas por Crespo Gomar, siendo precisamente esta última mercantil la que facturaría a las terceras por servicios no prestados».

    Varios de los juzgados que han asumido las diligencias ya han levantado el secreto de sumario y, pese a que indiciarimante se han constatado presuntos delitos electorales, todos están prescritos y no tendrán recorrido judicial. No obstante, las diligencias continuarán abiertas en los juzgados de Madrid, Gandía y Benidorm por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.

    La apertura del sumario ha sacado a la luz que fue el presidente del PP en la provincia de Alicante, el diputado autonómico José Císcar, quien interpuso la denuncia acompañada de «facturas y correos» entre los que aparecían las mercantiles Hospimar 2000 y Quick Meals Ibérica, una franquiciadora vinculada a Burger King.

    Según consta en los expedientes enviados al Decanato de Madrid, estas sociedades habrían «abonado facturas emitidas por Crespo Gomar por importes de 8.700 euros y 20.880 euros, la primera y 6.960 euros la segunda».

    Entre las empresas donantes también aparece la constructora Blauverd, con sede en Alzira, tal y como ha venido informando este periódico. Esta mercantil habría abonado facturas por importe no inferior «de 60.000 euros, 69.600 euros y 29.000 euros».

    Blauverd también aparece en la documentación que el PP denunció como donante del Bloc -en concreto, habría realizado una aportación a los nacionalistas de 60.000 euros más IVA- y su ex director financiero, Benjamín Maceda, es en la actualidad director general de Vaersa, empresa pública de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente.

    Las diligencias judiciales también recogen la aportación de Metrovacesa que aparece en la cuenta publicitaria del Bloc en Crespo Gomar. En este sentido, las pesquisas del juzgado señalan que «la mercantil Centro Comercial y de Ocio La Vital SL, a través de Metrovacesa, se habría hecho cargo de pagar una factura de 46.400 euros». Este centro comercial se encuentra en Gandía y fue impulsado mientras los socialistas ocupaban la Alcaldía y el concejal del Bloc era Josep Miquel Moya, actual director general de Deportes de la Generalitat.

    Según el sumario, la documentación denunciada por el PP «llevó a recabar información a la Agencia Tributaria en relación con los modelos 347 (resumen general de operaciones, relación de ventas declaradas y relación de compras declaradas), 196 (relación cuentas bancarias), 198 (emisión de transmisiones de valores), 200 (presidentes y apoderados) y 303 (IVA), durante el periodo 2007-2011 respecto de las empresas que aparecían en los documentos que adjuntaba el oficio policial, interesándose posteriormente de la Agencia Tributaria el modelo 160 (retenedores de trabajo).

    Esta documentación venía a corroborar gran parte de lo denunciado y de las «fotocopias aportadas por el denunciante en su comparecencia ante la Policía». Existen coincidencias que han sido constatadas en base a la información tributaria y en uno de los correos se dan una serie de instrucciones para que conste como cliente el Centro Comercial y de Ocio La Vital SL de Gandía.

    «Anótala en la hoja del Bloc y mándaselo a Lluís Miquel. Ojo que los datos de envío son diferentes a los de facturación». Según diversas fuentes, los investigados se referían a Lluís Miquel Campos, jefe de Gabinete del presidente de las Cortes y del Bloc, Enric Morera. Campos, director de la campaña de las municipales del Bloc en 2007, ha estado dos semanas sin acudir a su puesto de trabajo en el Parlamento y ha borrado su perfil en redes sociales.

    Las instrucciones para facturar a este centro comercial se habrían seguido al pie de la letra. Crespo Gomar facturó 40.000 euros a nombre del centro comercial de Metrovacesa por la «realización de manual de identidad corporativa» y el dinero quedó reflejado en la cuenta publicitaria del Bloc en 2006.

    Así pues, de las diligencias de investigación iniciadas, aparecería «indiciariamente una clara vinculación entre Crespo Gomar (...) y el PSOE como empresa intermediaria para facilitar la financiación de dicha formación política (y la del Bloc/Compromís), como ambas, en cuanto a empresas que perciben fondos de las Administraciones gobernadas por aquella formación política».

  22. #22
    ForoParalelo: Miembro Avatar de Meretriz
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    ¡ No puede ser ! En Valencia el ladrón sólo puede ser el PP , me lo han dicho en la Sexta .

    ¿ Dos varas de medir? Me da que sí.

  23. #23
    Último Navegante
    Avatar de Último Navegante
    Primeros tres imputados en Madrid por la red de financiación del PSOE

    El juzgado de Instrucción número 24 de Madrid ha incoado diligencias previas en la causa remitida por el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que ha investigado la presunta financiación irregular del PSPV y Bloc en las elecciones del año 2007, relativa al concurso de publicidad del Plan de Vivienda 2009-2010, por importe de 126.208 euros que ganó Crespo Gomar, por los presuntos delitos de prevaricación y/o malversación, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un comunicado.

    En el marco de esta investigación, el juzgado ha llamado a declarar en calidad de imputados -ahora, investigados-, el próximo jueves 11 de mayo, a partir de las 10:00 horas, a Rosario G.V. y Sandra S.F, respectivamente presidenta y secretaria de la Mesa de Contratación, y a José María A.G., el interventor que presumiblemente autorizó el pago y que formaba parte como vocal de la Mesa de Contratación.

    Estas diligencias parten de un oficio de la Policía Nacional que recibió el juzgado de Instrucción 21 de Valencia a finales del año 2016. Tras un año de investigación, la juez constató indiciariamente un presunto delito continuado de falsedad documental que habría permitido a PSPV y Bloc obtener financiación a través de terceras empresas.

    No obstante, la juez constató que los delitos electorales que serían atribuible a ambas formaciones políticas han prescrito y archivó las actuaciones. Tras constatar que Crespo Gomar habría recibido contratos públicos de administraciones socialistas tras las elecciones de 2007, la juez repartió en cuatro juzgados el asunto para que las diligencias continúen en los partidos judiciales de Madrid, Benidorm y Gandía por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

    El primer juzgado que ha movido ficha es el que indaga en la contratación de este plan de comunicación por parte del Ministerio de Vivienda. El presidente del Gobierno era José Luis Rodríguez Zapatero y la ministra, Beatriz Corredor, en la actualidad Secretaria federal de Ordenación Territorial y Políticas Públicas de Vivienda del PSOE.

    La juez de Valencia remitió este expediente a los juzgados de Madrid tras detectar que, «del estudio del contenido del expediente, resulta muy llamativo que se procediese a la apertura de la oferta económica sin disponer de los informes técnicos», según consta en el auto de inhibición.

    Según razonó la juez, «en los procesos de licitación pública siempre se produce la apertura en primer lugar de la oferta técnica y posteriormente, una vez puntuada, la económica». Además, el expediente también «pone de relieve la falta de motivación en el rechazo de uno de los licitadores por baja temeraria, lo que claramente favoreció a Crespo Gomar, quien no hubiese resultado adjudicatario de no haberse rechazado al otro licitador».

    Asimismo, afirmó la magistrada en su auto de inhibición, «existen en el expediente una serie de irregularidades, de las que indiciariamente parece concluirse que el expediente estaba adjudicado antes de que formalmente se hubiesen seguido los trámites o pasos legales».

    Así, con anterioridad al día 18 de diciembre de 2008, «fecha en la que todavía no se había firmado el contrato entre Crespo Gomar y la Administración, se requirió a la Intervención General para que mandase delegado al acto de recepción de los servicios contratados, apareciendo ya el nombre de Crespo Gomar».

    Además, «para poder suscribir un contrato administrativo (el del expediente figura firmado el 29 de diciembre) se requiere que previamente el abogado del Estado haya bastanteado los poderes que aporta la persona que comparece a la firma del contrato en representación de la adjudicataria».

    «En el expediente objeto del informe, el bastanteo del abogado del Estado lleva la firma del 5 de enero, por lo que resulta imposible que el 29 de diciembre se firmase el contrato», concluyó la magistrada.

  24. #24
    Cita Iniciado por Pep1234 Ver mensaje
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    Franco, facha, ...
    La corrupción compulsiva del clan Franco

  25. #25
    Último Navegante
    Avatar de Último Navegante
    La Fiscalía aprecia tres delitos en los contratos del Gobierno de Zapatero con la agencia del PSOE valenciano

    La investigación que se ha llevado a cabo durante el último año y medio en el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia sobre la presunta financiación irregular del PSPV-PSOE y el Bloc (partido mayoritario en la coalición Compromís) en las elecciones de 2007 ha puesto en la lupa en contrataciones efectuadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en las que la Fiscalía aprecia al menos tres delitos.

    Las pesquisas comenzaron después de que el juzgado de Valencia recibiera un informe de la Policía en 2016 -tras una denuncia del PP- en el que se apuntaban posibles ilegalidades. Al encontrarse prescrito el delito electoral, pero no los de malversación, prevaricación y falsedad documental, la magistrada decidió trocear la causa en cuatro juzgados de Madrid, Gandía y Benidorm.

    Las primeras declaraciones de imputados (la causa ya suma diecisiete en total) tendrán lugar mañana en Instrucción 24 de Madrid, donde se indaga en uno de los contratos del Gobierno -concretamente del Ministerio de Vivienda- durante la etapa de Zapatero a Crespo Gomar, la sociedad a la que la juez de Valencia ha colocado en el centro de todo este entramado.

    Se trataba de la agencia de comunicación con la que trabajaron los socialistas y los nacionalistas en la campaña electoral y que realizó servicios a los partidos de cuyo pago se habrían hecho cargo terceras empresas mediante la confección de facturas falsas. A cambio, habría sido adjudicataria de contratos públicos en administraciones socialistas -tres Ministerios y dos Ayuntamientos- con un «posible trato de favor», en opinión de la juez, «como pago» de la financiación.

    En el caso del de Vivienda, el sumario de la causa al que ha tenido acceso ABC incluye un escrito de la Fiscalía Provincial de Madrid en el que, pese al estado inicial en el que se halla el procedimiento, aprecia la existencia de los posibles delitos de «prevaricación administrativa en concurso con malversación de caudales públicos y falsedad documental».

    Todo ello sin perjuicio, añade, de que a medida que avance la instrucción se pueda realizar una mejor calificación. A través del análisis previo de la documentación, explica la fiscal, «se ha averiguado que algunas de las empresas han obtenido contratos públicos en procesos de licitación en los que se ha detectado la existencia de patentes irregularidades que pudieran ser constitutivas de delito».

    Conclusiones

    Para ello menciona un informe de la Intervención General del Estado. Una de las conclusiones principales es que la cronología para la adjudicación del contrato que suscribió el ministerio con la empresa Crespo Gomar resulta «incoherente e imposible».

    El documento, incorporado al sumario, detalla los incumplimientos que se dieron durante el procedimiento de adjudicación. Lo cual, en opinión de la juez -tal como se manifestó en el auto de inhibición-, hace sospechar que ya estaba otorgado «antes de que formalmente se hubiesen seguido los trámites o pasos legales».

    El informe alerta de «irregularidades que podrían ser constitutivas de infracción penal» en el contrato de 126.208 euros concedido en 2009 a Crespo Gomar por el ministerio al frente del cual se encontraba Beatriz Corredor (en la actualidad miembro de la Ejecutiva federal del PSOE y posible alcaldable por Madrid para las próximas elecciones).

    El informe aporta una serie de tesis relevantes. Una de ellas es que la propuesta definitiva de adjudicación se plantea en la mesa el 29 de diciembre, el mismo día en el que se aprueba y se firma el contrato. Todo ello sin haberse realizado el bastanteo de poderes por parte del Abogado del Estado -sin el cual no se puede formalizar un contrato-.

    No había urgencia

    El documento también destaca que el contrato, para el que compitieron cinco empresas, se licita de forma urgente por el director de Gabinete de la ministra. Para la Intervención, «parece más una imprevisión», puesto que no cumple con los requisitos que establece la ley en casos de urgencia. El objeto era una campaña de publicidad institucional para difundir los contenidos del Plan de Vivienda 2009-2012, lo que según el documento no resultaría necesario adjudicar de forma inmediata puesto que ese plan del ministerio «no es algo sobrevenido».

    Intervención también remarca una «inobservancia grave en cuanto a la composición y funcionamiento» de la mesa de contratación durante las diversas sesiones en las que se reúne, con la sustitución de algunos miembros cuya presencia no se acredita.

    Advierte también de incumplimientos, como que no se espera a tener un informe técnico de las ofertas presentadas antes de abrir el sobre de la propuesta económica -lo cual es una garantía de transparencia- o que se inadmite una de las ofertas por baja temeraria sin una justificación clara.

    Cronología «imposible»

    14 de octubre de 2008: convocatoria

    El director de Gabinete de la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, convoca el concurso en forma urgente. La Intervención considera que no existen los requisitos para ello. Tampoco se prevé la duración, sólo que deberá ejecutarse antes del 31 de diciembre.

    8 de noviembre de 2008: empresas

    Se publica en el BOE el anuncio de licitación y posteriormente una corrección. Se presentan seis empresas, pero una queda fuera de plazo. El 27 de este mes se abre la documentación.

    5 de diciembre de 2008: ofertas

    La mesa de contratación se reúne para abrir las ofertas económicas sin analizar los informes técnicos como marca la legalidad. Admite a los cinco licitadores y puntúa escasamente a Crespo Gomar.

    29 de diciembre de 2008: adjudicación y firma

    Después de que el 5 de diciembre se comunicara a una de las empresas que su oferta se encontraba en temeridad, la mesa no admite alegaciones y propone adjudicar el día 11 a Crespo Gomar. El 15 de ese mes de adjudica provisionalmente. El 29 se propone la adjudicación definitiva y en el mismo día se fiscaliza, se adjudica y se firma el contrato.

    5 de enero de 2009: bastanteo

    El Abogado del Estado bastantea el poder para formalizar el contrato, cuando éste ya se había firmado el 29 de diciembre. La factura de Crespo Gomar está fechada el 30.

  26. #26
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    Se viene cobertura de 24 horas, 7 días de la Sexta sobre el tema. Ferreras ya está acampado delante de Ferraz.

  27. #27
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    Se viene cobertura de 24 horas, 7 días de la Sexta sobre el tema. Ferreras ya está acampado delante de Ferraz.

  28. #28
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    ...oye ¿y yo cuándo y dónde puedo dar "megustas"? ¿estoy en cuarentena por novato o es que no encuentro el botón?

  29. #29
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    ...oye ¿y yo cuándo y dónde puedo dar "megustas"? ¿estoy en cuarentena por novato o es que no encuentro el botón?
    Estás desde el móvil,no?

  30. #30
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    Estás desde el móvil,no?
    Desde la tablet, pero gracias. Gracias a tu pista veo ahora que en versión PC me aparece la opción.

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