Esperando a Puigdemont: las cuentas encriptadas de Waterloo

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Esperando a Puigdemont: las cuentas encriptadas de Waterloo
Mañana la Junta Electoral le ha citado para que acuda al Congreso a recoger su acta de europarlamentario. Seguimos el rastro de sus cuentas y a los empresarios que pagan sus facturas




La sombra del ex president.
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Obliga a Puigdemont a acatar la Constitución en el Congreso si quiere ser eurodiputado
El Parlamento Europeo deniega acreditaciones provisionales a Puigdemont y Comín
LEYRE IGLESIAS
LUCAS DE LA CAL








«Veo muchas ganas de que vaya a Madrid para coger el acta... o para que me cojan a mí». Carles Puigdemont se refería así hace 20 días a la cita que mañana tiene en el Congreso de los Diputados. Le ha convocado la Junta Electoral para que, como los otros 53 europarlamentarios españoles electos, jure o prometa la Constitución, paso necesario antes de ocupar su escaño en la Cámara Europea. Pero nadie le espera.


Es el penúltimo revés para el ex president huido, después de que un informe de los servicios jurídicos de la Eurocámara haya subrayado que su presencia en Madrid es obligada si quiere obtener la inmunidad del cargo, y que si fuera arrestado su futuro dependería de las autoridades judiciales españolas.


En la semana en la que el juicio del procés -que ha seguido día a día desde su mansión de Waterloo- ha quedado visto para sentencia, y cuando el Tribunal de Cuentas ha activado la vía para embargarle por la presunta malversación de fondos en la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, Crónica reconstruye la vida y los flujos de dinero del secesionista fugado que pretende gobernar Cataluña desde Bélgica.


GASTOS EXCESIVOS
Las últimas informaciones sobre la vida de Carles Puigdemont en Waterloo hablan de que necesita dinero; de que su voluntad de ocupar un asiento en el Parlamento Europeo no sólo tiene que ver con lograr influencia política sino con conseguir un sueldo, de modo que, si como parece no puede convertirse en eurodiputado pese a haber sido elegido, su plan B podría pasar por hacerse asistente de uno de los europarlamentarios de su partido. Fuentes consultadas por este suplemento dicen que al ex president le sigue llegando el dinero de empresarios afines, pero que sí se ha visto obligado a reducir su tren de vida.


«Desde Barcelona le han dado un toque de atención porque la vida de lujo que ha llevado en Bélgica no era normal para un tipo que dice ser un preso político que huyó de la represión del Estado», cuenta una persona muy cercana a la familia del ex president. «En sus constantes visitas a Bruselas y a Lovaina se ha llegado a dejar más de 1.000 euros invitando a cenar en restaurantes de lujo. Buenos solomillos y vinos nunca faltaban. Lo hacía para ganarse el favor de políticos europeos. Y también de empresarios a los que quería captar para su causa». Un puñado de esos gastos superfluos en cenas y fiestas está recogido en un informe judicial español.


Su mansión blanca de 1.000 metros cuadrados, cuyo alquiler alcanza los 4.000 euros al mes, es ahora un búnker lleno de videocámaras y de sensores volumétricos. «Se gastó miles de euros [200.000, según publicó La Razón] en blindar su casa [seis habitaciones, tres baños, un garaje en el que caben cuatro vehículos y una amplia terraza]», cuenta a Crónica una fuente del Ministerio del Interior. «Ese dinero no ha salido de su bolsillo ni de la Generalitat, sino de sus donantes, sus amigos empresarios y la gente que ha puesto dinero a través de varias asociaciones u organizaciones como el Consell per la República».


«Puigdemont empezó a vender a su gente y a los belgas que tenía miedo de que lo matasen, secuestrasen o que llenaran la casa de Waterloo de micrófonos para espiarlo», prosigue este interlocutor del Ministerio. «Se montó una película de odio y de persecución que no es real. Ahora se habla de que se ha quedado sin dinero. Lo que ha pasado es que le han parado los pies para que deje de gastar tanto en caprichos y se modere un poco. Y también hay que coger eso con pinzas porque puede ser parte de una estrategia de la Generalitat para que a los catalanes les dé pena y empiecen a enviar dinero».


Desde la Generalitat, una fuente relata que hace unos meses el ex president sufrió una crisis. «Se derrumbó. Incluso se planteó volver. Pero le pararon los pies desde Barcelona. Tiene que llegar hasta el final porque si vuelve todo lo que ha pasado no habrá servido para nada». Aunque, dentro del Parlament, un sector de Esquerra Republicana discrepa de ese planteamiento. «Se ha vuelto muy hermético y paranoico. Está lleno de manías y quiere controlarlo todo», asegura una fuente de ERC. El equipo de Puigdemont en Bruselas utiliza cuentas encriptadas con servidores en Suiza para que no intercepten sus correos electrónicos. Una fuente cercana cuenta que cada vez sale menos de su mansión y que las visitas de seguidores le molestan.


«Aquí muchos pensamos que tendría que haber regresado hace tiempo. Hay una deriva en todo el proyecto original que habíamos planteado en sus inicios que no nos gusta», prosigue el portavoz de Esquerra. «Él [Puigdemont] ha estado viviendo a todo tren en Bélgica mientras otros de sus compañeros llevan demasiado tiempo encerrados en una celda».


LA GENERALITAT
¿Y quién paga esa vida «a todo tren»? ¿Quién la lleva pagando desde que el 29 de octubre de 2017 huyó a Bélgica?


La Generalitat no le abona un sueldo como ex president, derecho al que ha renunciado; se sigue considerando el presidente legítimo. Puigdemont, según fuentes autorizadas, «no dispone de servicio de seguridad ni chófer ni salario». Pero la Generalitat sí costea los sueldos de su oficina por una cantidad anual de casi 183.000 euros. La componen tres personas. El jefe es Josep Lluís Alay Rodríguez, el historiador que le acompañaba cuando lo detuvieron en Alemania, con una retribución superior a los 100.000 euros. El responsable técnico es Jordi Finestres Martínez (unos 45.000 euros), nombrado en noviembre para atender la correspondencia de Puigdemont, coordinar la organización de sus viajes y ayudarle en sus discursos y escritos, según figura en el Diario Oficial de la Generalitat.


El último fichaje pagado por las arcas públicas catalanas, hace apenas un mes, es una secretaria experta en protocolo y que, según la retribución correspondiente a ese puesto de trabajo, cobrará unos 36.800 euros brutos al año. Se llama Glòria Sala y su marido es Ramón Rovira, adjunto a la presidencia del Grupo Godó, propietario del diario La Vanguardia.


Pero la vía de financiación quizá más importante, y menos transparente, son las aportaciones de empresarios afines. Entre los más conocidos y que han reconocido su aportación están su amigo íntimo Josep Maria (Jami) Matamala y el petrolero independentista Joan Canadell. Los dos han medrado en las últimas semanas.




Puigdemont, con la ex consejera huida Clara Ponsatí y con Joan Maria Piqué, que participó en su campaña.
Matamala, que ha sido el escudero del ex president en Bélgica, acaba de regresar a España para tomar posesión como senador después de que Puigdemont le situara como cabeza de la lista del PDeCAT por Gerona. Curiosamente, en su declaración de bienes ante la Cámara Alta, Matamala -propietario de Incatis SL, que organiza ferias gastronómicas para muchos ayuntamientos, y de una papelería en Gerona llamada Stein- sólo declara haber percibido el año pasado 14.557 euros.


Canadell, fundador de Petrolis Independents, también ha subido un peldaño: es el recién elegido presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona. En el vídeo de un acto que la ANC organizó en Vic, él mismo declaró que ha donado dinero. «Si tú quieres hacer una república, no puedes hablar de dinero. Se ha de hacer y se acabó. Y la haremos y se acabó. Cueste lo que cueste. Cada uno que ponga lo que pueda. Yo no he puesto 10 euros, he puesto unos cuantos más. Y hay empresarios que han puesto miles».


Una fuente cercana al entorno de Puigdemont habla de unas reuniones en el Ateneu de Barcelona para captar fondos y seguir financiando el periplo de los políticos fugados. Reuniones con diversas personas vinculadas al independentismo, de la clase media-alta de Cataluña, presididas por el jefe de su oficina, el historiador Alay, y por Joan Maria Piqué, ex director de comunicación de Artur Mas, ex jefe de campaña de Puigdemont y a sueldo de la Generalitat en Barcelona.


«Se encuentran allí por lo menos una vez al mes y diseñan varias estrategias a seguir en relación al procés y a la situación de sus políticos en el exilio. Mucho del dinero que ha ido de Cataluña a Waterloo ha salido de esas reuniones», asegura. Y menciona en especial un encuentro que hubo en el Ateneu con miembros de la comunidad musulmana pertenecientes a Esquerra. A la cabeza estaba Salwa El Gharbi, marroquí afincada en Barcelona desde 1994 y ahora diputada en el Parlament. También estaba el político Àngel Colom, que en su día montó la Fundación Nous Catalans para captar a la comunidad inmigrante que llegaba desde Marruecos a Cataluña. «Han pasado de convencerlos para votar al PDeCAT o a ERC a pedirles dinero para financiar al líder», añade.


Consultado por este suplemento, Piqué lo niega. «No llevo las finanzas de Puigdemont y hace mucho que no voy al Ateneo», afirma. También rechaza algo que se dice y escribe de él de forma recurrente: que está vinculado al Opus Dei.









EL HERMANO DE 'JAMI'
La vía de financiación con más publicidad es el crowdfunding: la recaudación de fondos a partir de financiadores particulares, que por el momento no está funcionando al ritmo deseado. Una de las colaboradoras más estrechas del ex president, Erika Casajoana (hija de un fundador de Convergència a la que también ha situado en la lista europea después de sí mismo y del ex conseller huido Toni Comín y que, de correr la lista, podría convertirse en eurodiputada), ha lamentado por escrito la «modesta respuesta popular» a estas campañas.


La captación pública de fondos la está haciendo el círculo de Puigdemont a través del denominado Consell de la República Catalana, el embrión del Govern paralelo que pretende liderar desde Waterloo. Se articula a través de una web sin apenas contenido que prácticamente sólo permite una cosa: registrarse en el Consell, para lo que como particular es imprescindible abonar un mínimo de 10 euros. El ex president contaba con lograr un millón de inscritos. Al cierre de esta edición había 67.261, por lo que el Consell habría reudado por esta vía un mínimo de 672.610 euros.


La plataforma no ofrece datos sobre el uso y el control del dinero. Su objetivo, más allá de «internacionalizar» el independentismo catalán y una visión totalitaria de España, pasa por poner en marcha un sistema que permita a los inscritos en esta república virtual votar telemáticamente, según han explicado sus responsables en varios foros. Incluso querrían lanzar una criptomoneda.


La asociación llamada a dar cobertura jurídica a esa recaudación de fondos se llama CATGlobal, una entidad registrada en Bélgica como asociación sin ánimo de lucro.Constituida en marzo del año pasado, primero con sede en un centro de co-working de Bruselas y ahora en la mansión de Waterloo, tiene como fundadores a seis personas, según adelantó El Confidencial.


Como administradores figuran el omnipresente Jami Matamala y el ingeniero industrial Jaume Cabaní Massip. Como presidenta, la citada Erika Casajoana. Como secretario, un abogado belga (casado con una catalana) llamado Piet van den Bergh. Y como tesorero, Jaime Bernis Calatayud, lobista con más de 30 años de vida en Bélgica, fundador de la consultora TAS Europrojects y, según el semanario El Triangle, miembro del Opus Dei. Bernis no ha respondido a las peticiones de Crónica. El sexto es Miquel Esquirol, de 89 años y fundador de Convergència junto a Jordi Pujol.


La mala noticia para Puigdemont y su círculo es que la Comisión Europea ha rechazado el registro de CATGlobal ASBL como grupo de interés ante las instituciones de la Unión Europea, lo que le iba a permitir acceder a subvenciones. Tras la intervención de la eurodiputada liberal Beatriz Becerra, el vicepresidente de la Comisión, Günther Oettinger, ha subrayado que «ninguna acción procedente de la UE o, en consecuencia, de la Comisión, puede, por motivo alguno, socavar o contribuir a socavar el sistema constitucional de un Estado miembro».


Pero ¿a dónde lleva el rastro del dinero? Este suplemento se ha inscrito en el Consell per la República pagando el mínimo de 10 euros. Quien cobra el importe en la tarjeta de crédito no es el Consell ni CATGlobal sino una entidad denominada CATCIP AISBL. Una asociación sin ánimo de lucro cuyo nombre completo es Catalunya Cultura i Progrés, inscrita en mayo de 2018 también en Bélgica y con un fundador de apellido conocido: Joan Matamala Alsina, hermano de Jami Matamala. Apenas existe información pública sobre esta plataforma, más allá de que organizó una exposición itinerante en Cataluña con obras de arte de inspiración independentista y que, con el fin de ayudar a la «construcción de una República libre para todos», pidió donativos para pujar por esas obras a través de una web ya cerrada.


SUS REVESES... Y TERRA LLIURE
En todo caso, la suerte del ex president ha cambiado. No sólo porque el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo le haya dado la espalda en su demanda contra España por impedir el pleno posterior al 1-O. Ni siquiera por las complicaciones que se le agolpan para convertirse en europarlamentario. Otros asuntos merecen también su preocupación. Como el menguante interés que despierta en la prensa internacional, o el hecho de que sus protectores a estas alturas se circunscriban básicamente a Nueva Alianza Flamenca (N-VA), el partido nacionalista que en la Eurocámara está representado por el grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, en el que también se integran los tres eurodiputados de Vox. No son los únicos reveses recientes para Puigdemont. Una empresa le ha estafado vendiéndole un visado falso de entrada a Canadá... Y ha trascendido que Hacienda le cerca por presunta corrupción cuando era alcalde de Gerona.


En los últimos días otro asunto oscuro ha sobrevolando su figura. Es el libro que acaba de publicar con sus memorias Mikel Lejarza, alias El Lobo. En las páginas de Yo confieso: 45 años de espía (editorial Roca), escrito junto al periodista Fernando Rueda, el célebre infiltrado en ETA sitúa a Carles Puigdemont en los años 90 en el entorno de la organización Terra Lliure.


En la promoción que ambos están haciendo del libro afirman que en 1992, el año de los Juegos Olímpicos de Barcelona y de la macrorredada ordenada por Baltasar Garzón que desmanteló a la banda, Puigdemont, entonces periodista de El Punt Avui, se marchó de España para tomarse lo que él siempre ha llamado un año sabático para escribir.


«En Terra Lliure, Puigdemont era uno más. El problema es que Puigdemont siempre huye, y entonces huyó como ahora», ha dicho Lejarza en Abc. «Se pilló un año sabático. Se esfumó. [¿Dónde fue?] A Suiza, qué casualidad...». Gonzalo Boye, abogado del político independentista, ha salido en su defensa: «Es absolutamente falso que mi representado haya pertenecido a Terra Lliure». Es la penúltima sombra del ex president fugado.

Discrepo