El juez del Tribunal Supremo José Ramón Soriano, que instruye el proceso contra el ex ministro socialista de Fomento José Blanco por supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias, ha confirmado en una resolución conocida esta mañana la procedencia de investigar cómo pagó su vivienda el imputado ya que "en la causa existen datos para entender que en alguna medida se la debía a su amigo Orozco".
José Antonio Orozco, vicepresidente de Azkar, es amigo de Blanco desde la infancia. El fiscal del Supremo Manuel Dolz ya ha adelantado su criterio favorable a acusar al ex ministro por tráfico de influencias por las gestiones que habría desplegado para remover en el Ayuntamiento de Sant Boi los obstáculos que frenaban la concesión de la licencia medioambiental necesaria para que Azkar tuviera una nave logística cerca del aeropuerto de El Prat (Barcelona).
El instructor señala que "según conversaciones telefónicas atribuidas a Orozco no negadas [por éste]" el empresario habría contribuido al pago del chalé en el que Blanco reside, "lo que daba pie para investigar si existían recursos económicos que no procedieran de sueldos, percepciones o ingresos legítimos del aforado, todo ello dentro de la investigación del delito de cohecho impropio por percepciones de cantidades dinerarias en consideración a su cargo".
El magistrado justifica de esta forma la investigación de las cuentas bancarias conjuntas de Blanco y su cónyuge, de lo que la defensa se había quejado dado que ella no está imputada y porque la adquisición de la vivienda, realizada en 2006, es muy anterior al episodio de Sant Boi, que data de finales de 2010.
"No se investiga a una persona distinta, sino a la esposa del imputado en aspectos económicos habida cuenta de que se halla casada en régimen de sociedad de gananciales con aquél", explica Soriano.
Según el juez, no se está realizando una investigación prospectiva, modificando el objeto el procedimiento una vez que no se ha probado que Blanco recibiese del empresario Jorge Dorribo el dinero que éste aseguró haberle entregado en la gasolinera de Guitiriz (Lugo) en febrero de 2011, tal como sostiene la defensa.
El letrado Gonzalo Martínez-Fresneda sostuvo en su recurso que "los pagos a Blanco se han demostrado falsos, pero por lo que se ve ciertas unidades de la Policía han tomado la manija del procedimiento para forzar una pesquisa general contra mi cliente que resulta de todo punto contraria a Derecho".
Investigación 'responsable'
El magistrado, que defiende el trabajo de la Policía afirmando que está realizando una investigación "responsable y correcta", contesta que "una cosa es que existan datos en la causa que apunten en esa dirección exculpatoria y otra muy distinta despejar la existencia de todo elemento inculpatorio". "No cabe pasar por alto que las imprecisiones del denunciante Dorribo no indican que todo lo declarado por éste sea falso", señala.
"A ello se une la anomalía de la parada del ministro en el área de servicio de la gasolinera de Guitiriz para recoger a Dorribo y también en alguna conversación telefónica de un tercero con Dorribo le preguntó que "cuánto le ha pedido".
Para el instructor, "está dentro de las posibilidades de investigación determinar cualquier incremento patrimonial llamativo o anómalo, que no resulta justificado, como dato indiciario de la percepción del dinero que se dice recibido por Blanco" y subraya que "no hemos de olvidar que precisamente la ausencia de datos incriminatorios, después de una exhaustiva investigación, está favoreciendo la posición del recurrente".
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