Las lagunas del informe de los relatores de la ONU sobre el ‘procés’

Torra exhibe un dictamen 'a la carta' de la ONU cuyos firmantes ni pisaron España
El presidente del grupo de trabajo que ha elaborado el informe, José Antonio Guevara Bermúdez, tiene tras de sí una agria polémica por sus actuaciones en México
Foto: El presidente de la Generalitat, Quim Torra. (EFE)
El presidente de la Generalitat, Quim Torra. (EFE)
A. FERNÁNDEZ. BARCELONA
https://www.elconfidencial.com/espan...emont_2043630/
Cuando aún no se han apagado los ecos de una durísima sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra los independentistas catalanes, estos encienden otro fuego para apagar aquel incendio. Y sacan del cajón un informe del Grupo de Derechos Humanos de la ONU fechado el pasado 25 de abril. Sin embargo, este informe, que acaban de hacer público los abogados defensores de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y los Jordis, adolece de algunas irregularidades que ponen en entredicho su neutralidad. Aparte de que los firmantes del informe jamás pisaron España, tienen otro flanco al descubierto: eran compañeros de despacho del letrado Ben Emerson, contratado por los independentistas para representar sus intereses ante organismos internacionales.

Y, por si fuera poco, le dan la vuelta a la prueba de carga y afirman literalmente que “el grupo de trabajo ha establecido en su jurisprudencia la manera de proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables de una vulneración de la normativa internacional sobre la libertad personal, constitutiva de detención arbitraria, debe entenderse que la carga de prueba recae en el Gobierno, en caso de que desee refutar las alegaciones”. En otras palabras: el Gobierno español es culpable porque lo acusan, salvo que demuestre que es inocente, lo que contradice la lógica y la praxis jurídica tradicional y democrática.


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En su dictamen, y al contrario que Estrasburgo, los relatores dan por hecho que en España no se respetan los derechos humanos ni las más elementales normas democráticas y determinan que “la privación de libertad de los señores Jordi Cuixart, Jordi Sànchez y Oriol Junqueras es arbitraria”, por lo que pide a España que “adopte las medidas necesarias para remediar su situación sin dilación”. Y añade: “El grupo de trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner a los señores Cuixart, Sànchez y Junqueras inmediatamente en libertad y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación”.

Asimismo, insta a que el Gobierno español “lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de los señores Cuixart, Sànchez y Junqueras y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”. En otras palabras: que el Ejecutivo investigue a los jueces que dictaron las medidas judiciales pertinentes.


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Los polémicos Emmerson y Guevara
Pero ¿cómo ha conseguido el independentismo un informe de esta naturaleza, donde se dan por ciertas las alegaciones de los independentistas y se pide a España que demuestre que es inocente?. Muy sencillo: contratando a un abogado que hasta poco antes de la presentación de la demanda había trabajado en el grupo de trabajo de los Derechos Humanos de la ONU. Se trata de Ben Emmerson, el letrado de minuta de oro contratado por el independentismo para desacreditar a España ante los organismos internacionales. Emmerson trabajó en el grupo de trabajo de los Derechos Humanos de la ONU entre 2011 y 2017 e incluso llegó a firmar algunos informes junto con algunos de los que ahora firman el que él pidió sobre Cataluña. Y eso desacredita, al menos jurídicamente, toda conclusión del dictamen.


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Además, el presidente del grupo de trabajo que ha elaborado el informe, José Antonio Guevara Bermúdez, tiene tras de sí una agria polémica por sus actuaciones en México. En 2015, era el presidente de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, una organización señalada en su país porque, a cambio de un porcentaje, defendía a “presuntos responsables” y alegaba tortura para obtener la libertad de detenidos e indemnizaciones. Es la misma organización que consiguió que la ONU exigiera, a finales de 2015, la libertad de cuatro sanguinarios narcotraficantes (acusados incluso por sus compañeros de secuestros, homicidios y decapitaciones) con indemnizaciones millonarias. En otro sonado caso, esa misma comisión pretendió cobrar millones de pesos “por gastos” ocasionados en su mediación en la desaparición de un líder social. Los tribunales determinaron que la petición carecía de “razonabilidad”. Es, pues, el arquetipo de lo que el escritor y periodista mexicano Héctor de Mauleón calificaba como “mercenario de los derechos humanos”.

Emmerson, igual que otros abogados defensores del ‘procés’, es más un activista que un jurista. Sus planteamientos son más políticos que jurídicos. Y así queda claro en sus intervenciones públicas y los mensajes lanzados a través de las redes sociales. En julio del año pasado, vaticinaba que a finales de 2019 Cataluña será un Estado independiente con silla en la ONU. Pero también había vaticinado poco antes que “Carles Puigdemont volverá a ser presidente de Cataluña muy pronto”. Vanas promesas que le sirven para pasar una minuta multimillonaria a los líderes independentistas. ¿Quién paga los abultados honorarios de casi 2.000 euros diarios? En teoría, habría de ser la caja de resistencia, pero de esta no ha salido ningún fondo para Emmerson. La pregunta no tiene respuesta. Es otro más de los oscuros misterios que rodean todo el montaje del ‘procés’.

Emmerson, igual que otros abogados defensores del ‘procés’, es más un activista que un jurista. Sus planteamientos son más políticos que jurídicos

La lista de clientes estrella es larga: Julian Assange, el activista (‘socio’ de los independentistas catalanes, al que ahora también vuelve a reclamar Suecia por violación), es uno de ellos. Otro es Abu Qutada, uno de los líderes de Al Qaeda en Europa, extraditado a Jordania, donde fue absuelto de terrorismo. Marina Litvinenko, esposa del espía ruso Alexander Litvinenko, envenenado en el Reino Unido, fue, asimismo, clienta del abogado estrella. Y Ramush Haradinaj, líder kosovar acusado de crímenes de guerra durante el conflicto bélico en la antigua Yugoslavia, al que logró que absolvieran.

En el currículo del famoso abogado figura una denuncia por acoso sexual a una abogada en el año 2016. El turbio asunto se conoció con posterioridad, pero acaeció durante la investigación sobre abuso sexual infantil. El letrado dimitió y, aunque en su propio despacho se abrió una investigación interna, esta fue cerrada por falta de pruebas fehacientes.

"Intoxicaciones independentistas"
Fuentes de la Secretaría de Estado de la España Global, refrendadas en términos parecidos luego en un comunicado de Moncloa, señalaron que los redactores del informe “han desempeñado una labor poco rigurosa, dejándose intoxicar y desinformar por los independentistas más radicales y debilitando así su mandato. No se abordan hechos como los de los días 6 y 7 de septiembre de 2017, cuando los independentistas suspendieron la Constitución en el Parlament; se critica la falta de independencia de los jueces, pero pide a los políticos que interfieran en una decisión judicial para dejar libres a los hoy apresados; y se insta a liberar a estas personas en mitad de un procedimiento judicial que se está dirimiendo con todas las garantías”.

Los redactores del informe "han desempeñado una labor poco rigurosa, dejándose intoxicar y desinformar por los independentistas radicales"

Para los representantes del Ministerio de Exteriores, “es imprescindible mejorar sus métodos de trabajo y su independencia”. Y resaltan, al mismo tiempo, “el rigor y buena fundamentación de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el caso ‘Forcadell + 75’, que es un ejemplo de buen funcionamiento de un sistema jurisdiccional de protección de los derechos fundamentales”.

Pero precisamente es ese informe el que ha precipitado la presentación del dictamen de la ONU. Lo que ha hecho el Gobierno catalán es intentar esconder el varapalo del alto tribunal europeo con este ‘dictamen a medida’. Y es que el TEDH falló esta semana que el Constitucional español había actuado correctamente al anular el pleno del Parlament con el que independentistas trataban de justificar el 1-O. Y además atacaba al soberanismo entendiendo que había “una necesidad social imperiosa” y que era “necesario en una sociedad democrática” el suspender ese pleno porque “había que preservar el orden constitucional”.

Tabla de salvación de Torra
El ‘president’ Quim Torra presentó este miércoles por la tarde una declaración institucional. Pasó por alto el fallo del TEDH (sentencia cuyo acatamiento es obligatorio) y presentó el dictamen de la ONU (que además no es vinculante) como su tabla de salvación.

Torra aseguró que la resolución “es de obligado cumplimiento. Si el Reino de España no la cumple, estará vulnerando el derecho internacional”

En una dura declaración institucional, Torra acusó al juicio seguido en el Supremo de ser un “juicio farsa” (tal y como lo denominan los ultraindependentistas) y anunció que haciendo uso de sus prerrogativas, el Govern “se dirigirá a la Fiscalía General del Estado para que promueva ante el Supremo y las demás instancias judiciales la retirada de todas las acusaciones y pida la libertad de todos los presos políticos”. Acusó también al Estado español de actuar “con espíritu de venganza y no de justicia”. Por otro lado, aseguró que la resolución del grupo de trabajo “es de obligado cumplimiento. Si el Reino de España no la cumple, estará vulnerando el derecho internacional”. Esa afirmación, no obstante, es falsa, ya que los dictámenes de los grupos de trabajo no comprometen ninguna obligación.

En realidad, el Govern guardaba este informe: lleva fecha del 25 de abril, por lo que tanto Torra como los suyos lo tenían como un comodín en la manga. El fallo del TEDH obligó a ‘quemar’ este cartucho. Ya lo venía advirtiendo desde hace días Jaume Alonso Cuevillas, abogado de Carles Puigdemont: “En los próximos meses, pasarán cosas que permitirán una intervención que obligue al Estado a mover ficha”.

A la cárcel por golpistas

ONU anillo para gobernarlos a todos...

¿Qué responsabilidad tienen los autores sobre el documento, si por ejemplo contiene incorrecciones, sesgos, ocultaciones, o mentiras deliberadas?.

¿Ningua?. Pues todo dicho. Así también soy yo juez-consultor-ejperto-relator.
Supongo que la nómina este mes la habrán cobrado igual, y que no será pequeña.

Iniciado por Dark Gandalf

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¿Qué responsabilidad tienen los autores sobre el documento, si por ejemplo contiene incorrecciones, sesgos, ocultaciones, o mentiras deliberadas?.

¿Ningua?. Pues todo dicho. Así también soy yo juez-consultor-ejperto-relator.
Supongo que la nómina este mes la habrán cobrado igual, y que no será pequeña.

si que tiene, esta gente ni estuvo en España y leyendo el pdf, ni distinguen el poder ejecutivo del judicial, entre un montón de burradas como solamente incluir a tres y excluir al resto, /inaceptable jurídicamente
Borrell ya les señala

Borrell se queja a Bachelet por la connivencia entre el Grupo de la ONU y los independentistas presos
El ministro de Exteriores solicita formalmente una auditoria interna, que se revise el informe y se aparte a dos de los miembros del grupo
https://www.lavanguardia.com/politic...me-presos.html



Borrell se queja a Bachelet por la connivencia entre el Grupo de la ONU y los independentistas presos
Josep Borrell, fotografiado este 31 de mayo (Jesús Hellín / EP)
CARMEN DEL RIEGO, MADRID
31/05/2019

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, cree que ha habido connivencia entre el grupo de la ONU que hizo el informe sobre los presos independentistas que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo, y los abogados de éstos, según aseguró el titular de exteriores en rueda de prensa en Madrid con su homólogo libanés.

El ministro ha enviado esta tarde una carta a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos humanos, Michelle Bachelet, en la que expresa una queja formal de España por el informe del Grupo de la ONU que pidió la libertad de los presos independentistas procesados por el 1-O en Catalunya. El Gobierno de España pedirá también que revise el informe y que sustituya a los miembros del Grupo autor del informe, por considerar que hay miembros de ese Grupo que deberían abstenerse. El Ejecutivo español solicitará que se incoe formalmente un procedimiento de auditoría interna sobre “las prácticas y métodos de trabajo del Comité de Coordinación de los Procedimientos especiales.

Protesta formal
El Gobierno hace una protesta formal por la filtración del informe sin cumplir los plazos

Asimismo, Borrell ha transmitido una “protesta formal” “por la vulneración de los métodos de trabajo del Grupo”, debido a la filtración, ya sea entre el propio grupo de trabajo, como entre el personal de la secretaría que lo apoya. A juicio del ministro de Exteriores “alguien actuó con connivencia con la fuente” violando las reglas de procedimiento y la existencia de relación previa entre el abogado de la fuente y dos de los integrantes del grupo. Y además considera que han permitido que los independentistas utilicen este informe “como una cortina de humo”, para tapar algo que a juicio de Borrell es muy importante, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que desestima la demanda de Forcadell y otros independentistas sobre la desobediencia de la sentencia del Constitucional que suspendía el pleno del 9 de octubre en el que se iba a proclamar la independencia.


A juicio del Gobierno, se ha producido una vulneración de las “obligaciones del Código ético de integridad”, imparcialidad e independencia, ya que el abogado Ben Emmerson, que había sido relator hasta 2017, y ahora lo es de algunos independentistas ha mantenido durante tres años estrecha relación con al menos dos miembros de dicho Grupo de Trabajo”: José Guevara Bermúdez y Seon-Phil Hong. Para España, la objetividad e imparcialidad habría exigido la abstención de estas dos personas en el tratamiento de este caso. Por ello considera que los componentes de este Grupo deberían quedar invalidados para sucesivos informes sobre la misma materia.


Informe
El Gobierno subraya la falta de rigor del informe

Eso para el futuro, pero el Gobierno español, formalizará hoy mismo una petición de revisión de la Opinión -nombre con el que se conoce el informe-, y la solicitud oficial de que los miembros del Grupo de trabajo sean apartados. La razón, la falta de rigor del informe, que demuestra que no conocían de qué delitos están acusados los promotores de la comunicación, dan por válido que la acusación se debe a la convocatoria de una simple manifestación, e ignoran la división de poderes y los principios de todo Estado de Derecho al pedir al Ejecutivo interferir en una actuación judicial, yendo, a juicio del Gobierno, más allá de su mandato, al afirmar que no existe base pra el juicio, ignorando así la propia legalidad española.

Pese a todo, el ministro hizo hincapié en que España apoya los procedimientos especiales de Naciones Unidas “de una forma totalmente leal” y considera que es especialmente importante que se doten de métodos financieros transparentes que incluyan un sistema de rendición de cuentas y un control que garantice que no es objeto de manipulación. España, dijo, el ministro, “está dispuesta a contribuir al funcionamiento de Naciones Unidas”.

4-0 y al carrer¡¡

Iniciado por LELON

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@PadreJerome






EL informe del grupo de trabajo PDF

https://estaticos.elperiodico.com/re...162.1512852232

(((El grupo de trabajo)))

Quieren robarnos nuestra patria, nuestra identidad y hasta nuestros calzoncillos. Ese es el resumen de todo.

Iniciado por PadreJerome

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(((El grupo de trabajo)))

Quieren robarnos nuestra patria, nuestra identidad y hasta nuestros calzoncillos. Ese es el resumen de todo.

En ese grupo estaba ejerciendo Manuela Carmena imagínate.

Sectarios y pagados por la generalitat

ni pisaron españa
encima piden libertad a tres solamente y el resto que les den

este informe: lleva fecha del 25 de abril, bueno por llamarle algo